Durante las temporadas de lluvia, Guatemala produce más del 50% de su energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. En los meses de enero a julio del año 2022 Guatemala generó su energía en un 74% con energías renovables y en el mismo período del año 2023, la generación con energías renovables alcanzó un 63.8%.  Entre estas fuentes, la energía hidroeléctrica ocupa un lugar preponderante y ha sido la elección predominante tanto en Guatemala como a nivel global para la generación de electricidad renovable durante muchas décadas.

El desarrollo de las energías renovables en Guatemala ha crecido consistentemente y de forma proporcional al desarrollo económico en industrial del país desde los años 80s y, junto a este crecimiento económico, surgió una importante preocupación respecto a las externalidades negativas que la inversión en energías renovables y no renovables empezó a generar. Especialmente, la preocupación de la población local y de las asociaciones respecto a las inversiones en energía hidroeléctrica, se enfocó en los daños inmediatos a la vida marina de los ríos y lagos y en el desplazamiento de poblaciones para la creación de los embalses. Debido a que los asentamientos humanos se han desarrollado entorno a ríos y lagos, la creación de fuentes hidroeléctricas ha tenido un impacto directo en la vida de poblaciones. En el pasado, estos proyectos hidroeléctricos se realizaron en Guatemala sin ningún medio de discusión y negociación entre las poblaciones que serían afectadas o beneficiadas y junto a otros desarrollos industriales privados se gestionaron sin involucrar y consultar a grupos de interés vulnerables. Como resultado, actualmente ante cualquier noticia de inversión industrial en el campo es recibido negativamente por pobladores y líderes comunitarios ante experiencias pasadas y una mala percepción de la población respecto a la actividad empresarial extractiva.

Ante este breve contexto, a los empresarios y representantes de gobiernos locales detrás de los nuevos proyectos industriales y energéticos en Guatemala se les ha heredado la tarea de reparar los daños de pasado. Debido a los daños sociales y las malas gestiones de proyectos realizadas en el pasado, aún existe en Guatemala una amplia desconfianza de las inversiones extractivistas que no generan beneficios económicos, ambientales y sociales de forma local. Esto a resultado en que los empresarios hayan de buscar mecanismos más efectivos para relacionarse con las comunidades y responder a sus demandas, desde sus realidades socio-económicas y culturales. Es necesario el establecimiento de procesos de información y comunicación transparente desde el inicio del proyecto, y no exclusivamente para la operativización de los programas de responsabilidad social empresarial.

En estas condiciones, el Estado también tiene un rol importante de cambio y liderazgo que realizar debido a que durante décadas se le ha considerado un brazo más de los intereses de grupos de interés clientelares y corporativistas. Un nuevo Estado que genuinamente esté constituido por una burocracia que busque cumplir con sus roles constitucionales y legales es necesario para liderar las concertaciones para el manejo de las relaciones e interacciones de las comunidades con los demás actores de interés, un rol como educador público que permita educar en derechos a los ciudadanos pero también en responsabilidades en aras del bienestar público y de un gobierno que participe activamente en la creación de servicios sociales efectivos en materias de salud y educación.

En las últimas décadas, la actividad minera, industrial y energética lideraba su reparación por daños ambientales a las comunidades mediante la creación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con miras de instalar escuelas, hospitales, carreteras y edificios públicos, liderar programas de reforestación o de gestión de residuos entre otros. Estas acciones desafortunadamente cuando son lideradas por las empresas, generan incentivos negativos que tienen impactos en el largo plazo debido a que debilitan aún más el ya ausente Estado nacional y local, capturan a la política local en la búsqueda de rentas y fomentan el asistencialismo paternalista que desincentivaba la mejora de los IDH de las poblaciones en el largo plazo. Estas prácticas siguen siendo aún muy utilizadas y sus externalidades negativas en el comportamiento social son muy difíciles de corregir posteriormente. El Estado debe de reconocer y recuperar y replantear su rol activo en la prestación de estos servicios de RSE de forma pública y gratuita según lo exige la Constitución de la República. Esta responsabilidad puede replantearse y crecer mediante una visión de economía circular respecto al rol del Estado en la gestión de como una valiosa herramienta para los tomadores de decisiones que busquen gestionar nuevos proyectos industriales de gran escala y contribuir desde el gobierno en el desarrollo de la actividad industrial de capitales privados.

Bajo esta perspectiva, los daños ambientales (y su consiguiente medición y planes de reparación) que se generan en el medio ambiente deben considerarse como parte intrínseca de los proyectos económicos y la actividad que se desarrolla. La reparación y negociación de soluciones con los actores locales y gobierno debe gestionarse en búsqueda de sumas positivas que permitan a todos los actores el ahorro de recursos y la dirección planificada de inversiones que beneficien no solo a la población local sino a futuras generaciones con programas autosostenibles económica y ambientalmente responsables. Aún y haciendo todo lo anterior, habrá fuerte oposición de grupos de interés y autoridades locales que no estén de acuerdo con los proyectos. El dialogo abierto, honesto y en condiciones de igualdad es fundamental para concretar proyectos de largo plazo seguros y evitar futuras tensiones y protestas de grupos que podrían demandar no haber sido escuchados. El componente aristocrático de la política es tan antiguo como las formas de gobierno que la humanidad ha creado. Sin embargo, uno de los valores esenciales del constitucionalismo romano-republicano que nos heredó la Antigua Grecia fue la apertura al diálogo para que líderes de otros grupos ingresaran a las magistraturas electivas que incidieron decisivamente en el desarrollo local de sus comunidades. La implementación de estos nuevos liderazgos políticos requiere de una visión creadora de consensos y diálogos para el desarrollo económico y social de las comunidades tal y como se concluye en el informe analizado.