Agenda 2030: ODS 14

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS, por sus siglas) tiene como meta conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Este ODS se enfoca en la protección de los ecosistemas acuáticos y en la toma de medidas por los individuos, el sector privado y los gobiernos que contribuyan a asegurar no solo el cuidado sino el uso responsable y sostenible de estos ecosistemas.

Para todos los países del sur global, alcanzar el ODS14 implica la prevención y reducción de la contaminación marina por industrias que no cumplen con los requisitos ambientales. Especialmente, este ODS busca que se establezcan normativas en todos los países que mejoren los estándares de calidad de aguas que se utilizan y los desechos de agua que sean parte de programas integrales de tratamiento. La gestión y protección de los ecosistemas marinos requiere que, desde las áreas urbanas en lo alto de las montañas se cuente con el tratamiento adecuado de las aguas vertidas por hogares, comercios e industrias.

Proteger los ecosistemas marinos también requiere de que los países incluyan en sus currículas educativas un plan de educación integral para que desde niños aprendamos a consumir y utilizar el agua de forma responsable. Este ODS es de vital importancia en países donde el estrés hídrico ya es un problema que se vincula con problemas secundarios peligrosos como: incremento de enfermedades por falta de acceso a agua sana y potable, enfermedades por falta de higiene adecuada, entre otros.

el ODS14 también tiene por objetivo la educación sobre la importancia de la protección de ecosistemas marinos y entorno a las zonas marinas. Uno de los pulmones más importantes del mundo es el generado por los ecosistemas de manglares que tienen una capacidad inmensa de absorción de CO2, generación de oxígeno y protección de las costas ante el incremento de las lluvias e inundaciones. Guatemala cuenta con una de las barreras de manglares más importantes del mundo y el ODS14 busca que las personas conozcan y protejan estos ecosistemas.

Pero el ODS14 no solo se relaciona con el agua, sino también con la protección de los bosques y el fomento de la reforestación como una de las herramientas más importantes que tiene el hombre para asegurar que sigamos contando con la suficiente agua dulce para sostener nuestra vida. Desde 1950, la cobertura de bosques en Guatemala se ha reducido a más de la mitad por causa de la deforestación ilegal, agricultura, ganadería y el uso de madera para las cocinas. Es de vital importancia que desde los distintos campos de influencia, fomentemos la reforestación como una de las principales acciones para alcanzar esta meta de la Agenda 2030.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

La nueva gestión de industrias renovables en la era de la RSE y la Economía Circular

Durante las temporadas de lluvia, Guatemala produce más del 50% de su energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. En los meses de enero a julio del año 2022 Guatemala generó su energía en un 74% con energías renovables y en el mismo período del año 2023, la generación con energías renovables alcanzó un 63.8%. Entre estas fuentes, la energía hidroeléctrica ocupa un lugar preponderante y ha sido la elección predominante tanto en Guatemala como a nivel global para la generación de electricidad renovable durante muchas décadas.

El desarrollo de las energías renovables en Guatemala ha crecido consistentemente y de forma proporcional al desarrollo económico en industrial del país desde los años 80s y, junto a este crecimiento económico, surgió una importante preocupación respecto a las externalidades negativas que la inversión en energías renovables y no renovables empezó a generar. Especialmente, la preocupación de la población local y de las asociaciones respecto a las inversiones en energía hidroeléctrica, se enfocó en los daños inmediatos a la vida marina de los ríos y lagos y en el desplazamiento de poblaciones para la creación de los embalses. Debido a que los asentamientos humanos se han desarrollado entorno a ríos y lagos, la creación de fuentes hidroeléctricas ha tenido un impacto directo en la vida de poblaciones. En el pasado, estos proyectos hidroeléctricos se realizaron en Guatemala sin ningún medio de discusión y negociación entre las poblaciones que serían afectadas o beneficiadas y junto a otros desarrollos industriales privados se gestionaron sin involucrar y consultar a grupos de interés vulnerables. Como resultado, actualmente ante cualquier noticia de inversión industrial en el campo es recibido negativamente por pobladores y líderes comunitarios ante experiencias pasadas y una mala percepción de la población respecto a la actividad empresarial extractiva.

Ante este breve contexto, a los empresarios y representantes de gobiernos locales detrás de los nuevos proyectos industriales y energéticos en Guatemala se les ha heredado la tarea de reparar los daños de pasado. Debido a los daños sociales y las malas gestiones de proyectos realizadas en el pasado, aún existe en Guatemala una amplia desconfianza de las inversiones extractivistas que no generan beneficios económicos, ambientales y sociales de forma local. Esto a resultado en que los empresarios hayan de buscar mecanismos más efectivos para relacionarse con las comunidades y responder a sus demandas, desde sus realidades socio-económicas y culturales. Es necesario el establecimiento de procesos de información y comunicación transparente desde el inicio del proyecto, y no exclusivamente para la operativización de los programas de responsabilidad social empresarial.

En estas condiciones, el Estado también tiene un rol importante de cambio y liderazgo que realizar debido a que durante décadas se le ha considerado un brazo más de los intereses de grupos de interés clientelares y corporativistas. Un nuevo Estado que genuinamente esté constituido por una burocracia que busque cumplir con sus roles constitucionales y legales es necesario para liderar las concertaciones para el manejo de las relaciones e interacciones de las comunidades con los demás actores de interés, un rol como educador público que permita educar en derechos a los ciudadanos pero también en responsabilidades en aras del bienestar público y de un gobierno que participe activamente en la creación de servicios sociales efectivos en materias de salud y educación.

En las últimas décadas, la actividad minera, industrial y energética lideraba su reparación por daños ambientales a las comunidades mediante la creación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con miras de instalar escuelas, hospitales, carreteras y edificios públicos, liderar programas de reforestación o de gestión de residuos entre otros. Estas acciones desafortunadamente cuando son lideradas por las empresas, generan incentivos negativos que tienen impactos en el largo plazo debido a que debilitan aún más el ya ausente Estado nacional y local, capturan a la política local en la búsqueda de rentas y fomentan el asistencialismo paternalista que desincentivaba la mejora de los IDH de las poblaciones en el largo plazo. Estas prácticas siguen siendo aún muy utilizadas y sus externalidades negativas en el comportamiento social son muy difíciles de corregir posteriormente. El Estado debe de reconocer y recuperar y replantear su rol activo en la prestación de estos servicios de RSE de forma pública y gratuita según lo exige la Constitución de la República. Esta responsabilidad puede replantearse y crecer mediante una visión de economía circular respecto al rol del Estado en la gestión de como una valiosa herramienta para los tomadores de decisiones que busquen gestionar nuevos proyectos industriales de gran escala y contribuir desde el gobierno en el desarrollo de la actividad industrial de capitales privados.

Bajo esta perspectiva, los daños ambientales (y su consiguiente medición y planes de reparación) que se generan en el medio ambiente deben considerarse como parte intrínseca de los proyectos económicos y la actividad que se desarrolla. La reparación y negociación de soluciones con los actores locales y gobierno debe gestionarse en búsqueda de sumas positivas que permitan a todos los actores el ahorro de recursos y la dirección planificada de inversiones que beneficien no solo a la población local sino a futuras generaciones con programas autosostenibles económica y ambientalmente responsables. Aún y haciendo todo lo anterior, habrá fuerte oposición de grupos de interés y autoridades locales que no estén de acuerdo con los proyectos. El dialogo abierto, honesto y en condiciones de igualdad es fundamental para concretar proyectos de largo plazo seguros y evitar futuras tensiones y protestas de grupos que podrían demandar no haber sido escuchados. El componente aristocrático de la política es tan antiguo como las formas de gobierno que la humanidad ha creado. Sin embargo, uno de los valores esenciales del constitucionalismo romano-republicano que nos heredó la Antigua Grecia fue la apertura al diálogo para que líderes de otros grupos ingresaran a las magistraturas electivas que incidieron decisivamente en el desarrollo local de sus comunidades. La implementación de estos nuevos liderazgos políticos requiere de una visión creadora de consensos y diálogos para el desarrollo económico y social de las comunidades tal y como se concluye en el informe analizado.

Agenda 2030: ODS13

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (ODS, por sus siglas) tiene como meta adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este ODS se enfoca principalmente en la toma de medidas por los individuos, el sector privado y los gobiernos que contribuyan a la reducción de los efectos antropogénicos del cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero (GEI).

El Cambio Climático lo debemos entender como la variación del estado del clima identificable según las variaciones durante largos períodos del tiempo. Este cambio es resultado de procesos internos naturales del planeta y también por forzamientos externos como las modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos en la atmósfera y el uso del suelo.

Según la IPCC, al 2023 las emisiones globales netas de gases de efecto invernadero eran de 59,000 millones de toneladas de CO2eq. De este valor, China genera el 30.2%, seguido de USA (13.5%), India (7.3%), Unión Europea (7.2%), Rusia (5.1%), resto de países del G20 (17.5%) y solo un 19.2% es generado por el resto de países del sur global en donde viven las poblaciones más pobres y vulnerables. Guatemala generó 31.6 millones de toneladas de CO2eq y representa tan solo el 0.05% del total mundial.

Ante estos porcentajes, la presión para que los países realicen cambios a sus dinámicas de producción se ha enfocado durante las últimas décadas a solicitar ante las convenciones mundiales de ambiente que los países que más CO2eq generan sean los que más acciones para reducir la contaminación implementen. Lo anterior implicaría que los países como China y Estados Unidos reduzcan el consumo y fabricación de energía mediante carbón, petróleo y gas y utilicen sistemas de energía renovables más eficientes. Esto a su vez, implicaría que según lo acordado en la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático de 1992, los países desarrollados “estabilicen las concentraciones de GEI para impedir interferencias peligrosas en el sistema climático (…) en un plazo que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente, asegurar la producción de alimentos y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.“

**Fuente de los Gases de Efecto Invernadero en Guatemala según datos de MARN a 2022. Elaboración propia.**

Desde la Convención de 1992 a la COP 21 del Acuerdo de París, se ha trabajado por conseguir que la Mitigación para reducir los GEI se acelere y que la adaptación de los sistemas productivos sea más rápida en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo. Para los países más pobres como Guatemala, la transición hacia medidas para combatir el cambio climático incluye la adaptación a uso de energías más eficientes. Como se observa en la gráfica anterior, del total de las emisiones generadas por Guatemala, la principal fuente de GEI es la tala de madera y la deforestación ilegal o no sostenible. Evitar la tala en los hogares requiere de inversión pública y privada para el mejoramiento de los hogares más pobres, reducir la práctica de la tala ilegal y también mediante la mejora de las técnicas agrícolas para reducir la deforestación con fines industriales. Consolidar estos cambios permitirá reducir más de la mitad de la fuente de los GEI que genera el país y contribuir con un pequeño grano de arena al inmenso reto de generación de contaminación que hacen las naciones más industrializadas.

Acabar con la desigualdad, un factor clave para detener la violencia en América Latina

La evidencia es contundente cuando se correlaciona el incremento de la violencia y la alta desigualdad especialmente con la abundante investigación multidisciplinaria y los estudios realizados en las zonas más pobres del planeta. Algunos son los nombres de importantes académicos que han estudiado estos temas y es valioso mencionar los trabajos de Charles Tilly, quien fue uno de los primeros sociólogos en proponer que la desigualdad económica conduce a la violencia en su libro “The Politics of Collective Violence“. Junto a él, otros autores de diversas disciplinas han analizado tan complejos temas desde sus arenas de investigación. Desde el campo de la psiquiatría, James Gilligan estudio cómo la desigualdad social es un factor importante en el aumento de la violencia en las prisiones debido a que crea un ambiente de frustración y desesperación que puede conducir a la agresión. Para grupos sociales más amplios, los politólogos Joshua Goldstein y David Green elaboraron importantes estudios sobre estos temas explicando cómo la desigualdad económica es un factor importante en el estallido de las guerras civiles y en la creación de descontentos sociales que pueden conducir a la violencia. Para los estudios del sur global también se han realizado múltiples investigaciones y el informe “Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece una perspectiva actualizada de cómo al 2021 la región se encontraba atrapada entre la creciente desigualdad económica y el lento crecimiento económico de las economías. Partiendo de esta perspectiva de largo plazo, se evidencia que desde 1995 a la fecha tanto la tasa de homicidios como la desigualdad de ingresos han disminuido en América Latina. Sin embargo, las tasas de homicidio en América Latina continúan siendo significativamente superiores a los promedios mundiales que se ha mantenido influenciados por el crimen organizado, el narcotráfico y las maras que mantienen aún muy altos los niveles de la criminalidad en América Latina.

Como resultado de este crecimiento lento versus el resto de las economías del mundo, la violencia en la región de América Latina y el Caribe ha crecido y limitado la capacidad de progreso en los índices de desarrollo humano y económico. Ante esta situación, se suman las dificultades económicas generadas por COVID-19 que resultaron en un atraso del crecimiento de la región y en un encarecimiento generalizado de los costos de vida de los latinoamericanos. Antes de la pandemia la desigualdad económica en la región latinoamericana mostraba que el 45% de la riqueza se encontraba concentrada en el 10% más rico de la población. Este porcentaje se incrementó con la pandemia y la pérdida de empleos para millones de latinoamericanos que durante 2021 alcanzó casi un 24% afectando principalmente a los jóvenes entre 15 y 24 años. Como resultado, el desempleo y el crecimiento de la desigualdad económica repercutieron en todos los aspectos de la vida de los latinoamericanos, desde el acceso a la educación y la salud hasta las oportunidades de empleo y la participación política.

La historia de lento crecimiento económico en las últimas décadas ha sido en América Latina alrededor de un 2% anual según informa el PNUD y como resultado, se ha limitado la generación de empleos, la creación de nuevos negocios y se ha reducido la productividad de las industrias regionales. Lo anterior ha conllevado a que el crecimiento empresarial se mantenga muy reducido al control empresarial de un grupo y se reduzca el acceso al crédito para emprendimientos de escala nuevos. Asimismo, los Estados han fallado en extender el control del estado de bienestar mediante proyectos de fortalecimiento emprendedor, transferencias de crédito y fomento del empleo y sistemas de seguridad social y de educación para tecnificación de la mano de obra. El débil estado de los países latinoamericanos y el bajo gasto e inversión estatal ha resultado en pocos empleos, poca educación y malas condiciones sanitarias que redundan en incrementos del crimen en los grupos menos favorecidos de la población.

La desigualdad es un factor muy importante de la violencia, pero no es la única causa. Existen factores multidimensionales como la pobreza, la discriminación racial y la carencia de oportunidades para grupos vulnerables que también contribuyen a acentuar este problema y otros que aquejan al sur global. En el futuro, los gobiernos de la región deberán de afrontar las causas del crimen de forma integral buscando soluciones no solo a la discriminación económica, social y política sino mediante la implementación de políticas de bienestar que fomenten la creación de oportunidades, la igualdad y protección de grupos históricamente discriminados, la prevención de violencia y fortalecimiento de la justicia en alianza con el empresariado privado y las organizaciones de la sociedad civil.

El Poder de la Palabra en el Análisis Crítico del Discurso: Ideologías, Identidades y Transformaciones Sociales

Shylock después del juicio, una ilustración para *El mercader de Venecia*. Ejemplo de un estereotipos discursivo con el que se ha representando al pueblo judío

Uno de los versículos bíblicos más atingentes a comprender el poderoso rol de la palabra sobre la acción humana es Proverbios, 18:21 que lee “Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto”. De las palabras hechas verbo se ha construido el lenguaje que ha permitido configurar ideologías e identidades de poder social en las cuales surge la teoría del Análisis Crítico del Discurso (ACD, por sus siglas) sobre el cual Ruth Wodak y Michael Meyer presentan el libro “Métodos de análisis crítico del discurso”. El ACD se origina en el trabajo de lingüistas que exploraron la relación existente entre el lenguaje, el poder y las estructuras sociales que parten del reconocimiento del poder de la palabra para modificar el comportamiento de uno o varios individuos. En el lenguaje que se utiliza según indican los autores, se esconden estructuras de poder e ideologías de los sujetos actuantes que actúan siempre bajo una ideología y dentro de dinámicas de poder incrustadas en el discurso. Así, la acción dentro del contexto social en el que se interactúa tendrá una contribución que formará una sociedad, sus normas, las conductas y las legislaciones. A la vez, también el lenguaje y la ideología detrás de este tendrá un poder sobre la no creación o prohibición dentro de una sociedad de aquellas ideas y conceptos no compartidos por una ideología o por los sujetos que detenten el poder. Según Wodak y Meyer el lenguaje es un eje central del estudio del ACD y cita a Habermas exponiendo que el lenguaje “es también un medio de dominación y una fuerza social. Sirve para legitimar las relaciones del poder organizado, En la medida en que las legitimaciones de las relaciones de poder, r, .. ] no estén articuladas, [ … ] el lenguaje es también ideológico” (Habermas, 1977, pág. 259). En este proceso de acción del lenguaje, el discurso involucra la participación de diversos actores y también de diversas disciplinas que interactúan para la conducción de un discurso específico que es utilizado por los actores para dominar y dividir a la sociedad en grupos.

Junto con el lenguaje hablado, la palabra escrita es también uno de los principales motores de la acción y Wodak y Meyer explican que los textos escritos son también un medio fundamental para la construcción y crecimiento de las ideologías e ideas dentro de una sociedad y para que, los actores en el poder continúen su dominación sobre los otros. Los textos son una herramienta que según Wodak y Meyer ha permitido a los humanos moldear sus ideologías y relaciones de poder de acuerdo con las dimensiones históricas detrás de las cuales eventos han pasado para pueblos que comparten los mismos idiomas y que incluso llegan, gracias al idioma, a distinguirse entre ellos mismos de los otros. De esta manera, el idioma fue la causa principal por la cual las actuales naciones en Europa se establecieron y no debido a la geografía o las migraciones a las que muchos pueblos se vieron forzados. El idioma de un pueblo funcionó para estructurar y construir las identidades sociales y como explican Wodak y Meyer, la etnicidad, el género y la nacionalidad de un pueblo constituyeron pueblos y marginaron a otros pueblos. Así, las relaciones de poder dentro de estas sociedades permitieron constituir una historia común para algunos miembros de los grupos.

El análisis del ACD permite estudiar las estrategias que actualmente utilizan los políticos para manipular la opinión pública, construir narrativas y legitimar sus acciones. Es en este estudio de los actores y de sus discursos que una compleja ideología y prácticas lingüísticas permiten propagar y popularizar ideas a través del lenguaje. Por lo cual, el continúo estudio de las teorías del discurso, permitirán al estudioso comprender cómo la evolución de las tecnologías de la comunicación influencia el discurso en la opinión pública y estructuran la formulación de nuevas políticas y dinámicas sociales en el siglo XXI. Asimismo, el estudio del ACD es una herramienta que permite a las personas comprender los mensajes ocultos detrás de los discursos políticos, exponer el racismo y las desigualdades y comprender las formas enmarañadas en que el lenguaje que utilizan las personas en el poder puede llegar incluso a cambiar la forma de nuestro mundo en pro de la vida o de la muerte.