Con el PPWR, ¿quién pagará la factura? Cómo funcionará la “Responsabilidad Ampliada del Productor” y el tan cuestionado rol del “Representante autorizado”

Ante de iniciar les comparto los cinco posts que he escrito en esta serie: Post 1: El panorama, el PPWR como punta del iceberg · Post 2: Obligaciones núcleo y calendario 2026–2040 · Post 3: Reciclabilidad y grados A–E · Post 4: Contenido reciclado obligatorio · Post 5: Reutilización, recarga y minimización · Post 6 (este post)

Cerré el post anterior con una pregunta incómoda, y nos toca responderla hoy: cuando todas las obligaciones del PPWR como la “calificación entre A-E” de reciclabilidad, el contenido reciclado, las metas de reutilización, la seguridad alimentaria completa, entre otras; alguien tendrá que pagar para que el sistema funcione. Además, alguien tendrá que responder legalmente ante la autoridad de cada Estado miembro cuando algo falla.

En el lenguaje del reglamento, eso tiene nombre y se traduce a español como la “Responsabilidad Ampliada del Productor” (RAP; en inglés, Extended Producer Responsibility, EPR). Otros también le llaman, Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Y se crea, además, una figura asociada que —lo digo con conocimiento de causa— es la que más he visto subestimar a quienes están evaluando sus exportaciones hacia la UE: la figura del representante autorizado.

¿Qué es, en la práctica, la Responsabilidad Ampliada del Productor?

La RAP traslada el costo del fin de vida del embalaje —recolección, clasificación y reciclaje— a quien lo puso en el mercado, y no al contribuyente europeo ni al municipio o comuna que gestiona la basura. Quien coloca embalaje o producto empacado por primera vez en un Estado miembro paga una tarifa a un sistema de gestión (un Producer Responsibility Organisation, o PRO, si cumple de forma colectiva) que financiará esa cadena. Es, en el fondo, la misma lógica que ya conocemos de otros regímenes de manejo y gestión sostenible de residuos como ocurren en el de Baterias y aparatos eléctricso, ahora se extenderá a todos los embalajes bajo el Reglamento 2025/40.

Pero, ¿quién es, exactamente, “el productor”?

Aquí está el primer punto que conviene tener muy claro: “productor” no es sinónimo de “fabricante” ni de “exportador”. El PPWR define al productor como quien coloca el embalaje o el producto empacado por primera vez en el mercado de un Estado miembro. En la mayoría de las relaciones comerciales que conocemos como el cacao o el café verde vendido a un tostador europeo, los camarones o el azúcar vendidos a un importador que después distribuye bajo su propia marca, ese “primer colocador” suele ser nuestro comprador europeo. Buena noticia, entonces, para quien exporta materia prima a granel o bajo marca del comprador.

La noticia deja de ser buena en dos escenarios que sí nos impactan como exportadores hacia la UE directamente:

si tenemos una filial o un representante propio dentro de la Unión que introduce el producto ya empacado bajo nuestra marca, o
si vendemos directo al consumidor europeo por comercio electrónico. En esos casos, el productor —con toda su carga de obligaciones— somos nosotros.

¿Qué obligación es la que de verdad afectará a quien exporta?

Aquí es donde entra el representante autorizado, y aquí es donde el reglamento creó (sin quererlo) una trampa de esas que van escondidas en la letra pequeña de los contratos. ¿Por qué? porque el PPWR no contempla una figura de representante, sino dos, con alcance y lógica completamente distintos que tuve que consultar y me indicaron esta información:

El representante de conformidad del producto (artículo 17): cubre la declaración de conformidad UE y la documentación técnica que ya conocemos del post 2 (Post 2: Obligaciones núcleo y calendario 2026–2040). Es opcional para fabricantes de fuera de la UE y cuando se designa, un solo mandato cubre los veintisiete Estados miembros.
El representante autorizado para la Responsabilidad Ampliada del Productor (artículo 45): esta es la figura que administra el registro, reporta los volúmenes de embalaje colocados y paga las tarifas de RAP en nombre del productor. A diferencia del anterior, es obligatorio cuando el productor no está establecido en el país donde coloca el embalaje por primera vez y hay que designar uno distinto en cada Estado miembro donde vendamos. Esta figura no existe todavía (aún y a pesar de que el propio reglamento lo exige por acto de ejecución desde febrero de 2026) y debería de tener un registro único europeo con formato armonizado. Como resultado, quien venda en Bélgicva, Alemania, Francia o España, por ejemplo, estaría necesitando, hoy 7 de septiembre de 2026, contar ya con cuatro registros y cuatro representantes.

El gran problema que no se previó fue el establecer un sistema más sencillo o simplificado para quienes exportan poco volumen a varios países a la vez. Esto ha causado en estas semanas un gran revuelo y no hay solución al día de hoy.

¿Se suspendió esta obligación, como algunos titulares sugieren?

Aquí quiero ser especialmente detallado porque el tema se ha prestado a confusión en los medios de comunicación. En diciembre de 2025, la Comisión Europea publicó, dentro del paquete de simplificación ambiental conocido como “Ómnibus VIII”, la propuesta COM(2025) 982, que plantea suspender el artículo 45(3) —el que exige el representante autorizado de RAP— hasta el 1 de enero de 2035. Varios titulares lo resumieron como “la UE aplaza el representante autorizado hasta 2035”. Sin embargo, esa versión es incompleta en un punto clave que tiene dos matices que conviene tengamos claros:

Al día de hoy, la COM(2025) 982 es una propuesta, no ley vigente. Sigue en trámite dentro del procedimiento legislativo ordinario y no ha sido adoptada.
La suspensión propuesta cubre a productores establecidos dentro de la Unión que venden de un Estado miembro a otro —el caso, por ejemplo, de una empresa alemana que vende también en Bélgica. Los productores de terceros países no estamos cubiertos por esta propuesta. Para quien exporta desde Guatemala o cualquier país fuera de la UE, la fecha del 12 de agosto de 2026 sigue firme, tal como está escrita en el reglamento.

Dicho de otra forma: el alivio que están negociando en Bruselas no es, por ahora, para nosotros. Vale la pena seguir el expediente —si algún día se extiende a terceros países, será una noticia real—, pero planificar como si ya estuviera aprobado sería un error caro.

¿Qué tan grave es esto para una micro o pequeña empresa, y qué dice realmente la UE al respecto?

Es complicado, en especial para una MiPyME ya que requirá tener veintisiete registros y veintisiete representantes autorizados: uno por cada Estado miembro donde se venda, sin ventanilla única europea sus productos y esto no será “papeleo adicional”. Como resultado, esto se convirtió inadvertidamente en una barrera de entrada que puede pesar más que el arancel o el flete.

Ya que no hay ni descuento ni eliminación por el tamaño, el PPWR no exime a la microempresa de registrarse, solo le simplifica el formato del reporte anual si coloca menos de diez toneladas de embalaje en un mercado (un alivio de formulario, no de la obligación misma). Y el costo no baja con el volumen: pagar seis representantes y seis registros cuesta prácticamente lo mismo si enviamos 40 kilos al mes que si enviamos 40,000 kilos. Este mal calculo económico es exactamente el que ha llevado a comerciantes europeos, no solo de fuera de la UE, a anunciar públicamente que dejan de vender hacia ciertos países del bloque porque “no es financieramente viable”. Si esto le duele a quien ya está establecido dentro de la UE, imaginemos lo que representa para una pequeña cooperativa cafetalera o una empresa de especialidades no tradicionales que exporta desde Centroamérica.

Afortunadamente, la UE es consciente del problema y aquí es donde conviene mantener las esperanzas de modificaciones ya que hasta ahora:

La Comisión propuso, en el paquete “Ómnibus VIII” de diciembre de 2025, suspender el artículo 45(3) hasta 2035 (pero ojo que ya vimos que solo aplica para productores establecidos en la UE).
En el Parlamento Europeo, la comisión de Medio Ambiente (ENVI) publicó en mayo de 2026 sus proyectos de informe sobre estos expedientes (2025/0395 y 2025/0396), proponiendo algo más acotado: limitar cualquier exención a micro y pequeñas empresas (hasta 49 empleados y hasta 10 millones de euros de facturación anual), en lugar de a todos los productores de la UE sin distinción.
Pero el 24 de junio de 2026, el Consejo de la UE discontinuó las negociaciones sobre estos dos expedientes específicos de suspensión del representante autorizado, citando “fuertes reservas de una amplia mayoría de Estados miembros“. Esto ocurrió por dos motivos: 1. la mayoría de gobiernos europeos no quiere renunciar a esta figura de control, ni siquiera para sus propios productores y 2. esta medida les iba a generar ingresos extras en el erario público de cada estado miembro que no querían perder.

Y, entonces, ¿qué haremos?

En el comunicado que hizo el Consejo el 24 de junio, se indica que se “remite el asunto a un ejercicio más amplio: una revisión integral de los esquemas de responsabilidad ampliada del productor“. Pero esto se esperaría que llegue hasta con la futura Ley de Economía Circular (Circular Economy Act) prevista para el otoño de 2026. Aquí quiero ser honesto sobre lo que sabemos y lo que no: no existe, al día de hoy, una fecha exacta de octubre confirmada ni un texto publicado; “otoño de 2026” es la única referencia temporal que ha dado el Consejo y en Bruselas ese tipo de plazos se mueve con frecuencia. Lo prudente es leerlo como una ventana (septiembre–diciembre de 2026) y no como una fecha fija en el calendario.

Y hay un matiz final, quizás el más importante para nosotros: incluso si esta revisión avanza y simplifica algo, no hay ninguna garantía de que incluya a los productores de terceros países. Todo lo que se ha discutido hasta ahora en Bruselas con lapropuesta de la Comisión y en los informes del Parlamento, fue diseñado para aliviar a las empresas dentro de la Unión que venden de un país miembro a otro. El debate sobre si conviene mantener esta figura para quienes exportamos desde terceros países sigue siendo un problema vivo y dividido ya que algunas asociaciones industriales presionan por simplificar en general, mientras que otras, argumentan (con razón) que el representante autorizado es precisamente la pieza que permite a las autoridades europeas exigir cuentas a un productor que no tiene presencia física en el continente y que quitarla abriría la puerta al “free-riding” de quien no cumple. Ese argumento juega, estructuralmente, en contra de que la excepción se extienda algún día a nosotros.

¿Cómo se conecta esto con la “calificación” de reciclabilidad del post 3 Post 3: Reciclabilidad y grados A–E?

Dieciocho meses después de que entren en vigor los actos delegados y de ejecución sobre los grados de reciclabilidad (artículo 44(8)) se esperaría que los cobros de la RAP se modularán en base a esa calificación entre A–E. Un embalaje grado A pagará menos; uno grado D o E pagará más. La reciclabilidad deja de ser solo una casilla de cumplimiento y se convierte, literalmente, en una línea del costo de exportar.

¿Qué hacer, entonces, desde ya?

Mapear, contrato por contrato, quién es “el productor” en cada relación comercial que tenemos con Europa. No es un ejercicio legal abstracto sino netamente una responsabilidad del área de Ventas ya que de esa respuesta depende si la carga cae en nuestro comprador o en nosotros.
Si vendemos bajo marca propia o tenemos presencia directa en la UE, empezar ya la identificación de un representante autorizado de RAP en cada país objetivo (esto es exigible desde el 12 de agosto de 2026).
Pedir, contractualmente, evidencia de que nuestro comprador europeo cumple su parte (registro, PRO, declaración), sobre todo si el contrato de venta condiciona el pago a la conformidad del embalaje.
Seguir con mucha atención el avance y negociación de dos expedientes: el que se quedó estancado en el Consejo: COM(2025) 982 (con la suspensión para productores de la UE) y, sobre todo, la discusión y redacción que tendrá la futura Ley de Economía Circular que habría de estar para el otoño de 2026. Ya que acá es donde realmente podría discutirse algo que también sea aplicable a terceros países.

Nota: el artículo 45 del Reglamento (UE) 2025/40, el estado de los expedientes 2025/0395(COD) y 2025/0396(COD), y el comunicado del Consejo del 24 de junio de 2026 pueden consultarse en el Observatorio Legislativo del Parlamento Europeo y en el portal de simplificación ambiental de la Comisión Europea. Recomiendo revisarlos antes de tomar cualquier decisión contractual, porque este es, de los ocho posts de la serie, el expediente que más rápido estará evolucionando en los próximos meses.

En el próximo post damos un paso atrás y armamos el rompecabezas completo: cómo el PPWR se relaciona con otro montón de reglamentos como el ESPR, el Pasaporte Digital de Producto, el EUDR y el CBAM, y por qué ninguno de estos reglamentos se entiende bien si se lee por separado. El tema seguirá siendo muy complejo en esta materia.

Las opiniones y análisis expresados en este texto son estrictamente personales del autor, se basan exclusivamente en información de acceso público y no representan la posición de ninguna institución ni gobierno.

Feudalismo climático en el nuevo orden global

Esta semana se reunieron los jefes de Estado, CEOs y organismos multilaterales en el World Economic Forum de Davos para debatir sobre los cambios globales. Los debates giraron en torno a la fragmentación del comercio, seguridad económica, la necesidad de continuar la transición verde y la complicada reconfiguración de las cadenas globales de valor. Como se pudo ver en las presentaciones de los líderes del norte global, el tono dominante no fue el optimismo por la globalización democratizadora de décadas pasadas, sino el de la gestión del riesgo a nivel local-regional, la resiliencia selectiva y delimitada a intereses de seguridad económica y la protección estratégica de intereses nacionales. Para quienes observamos estos debates desde el Sur Global, Davos nos da conclusiones claras: el comercio internacional ya no se concibe como un espacio neutral de integración transcontinental, sino como un campo de disputa de intereses que nos hacen recordar las relaciones entre el centro-periferia con jerarquías muy demarcadas por los condicionamientos climáticos, la geopolítica y la búsqueda de poder explícito.

Pero esto no es nuevo. Desde una perspectiva interdisciplinaria y global, en la que analizamos los fenómenos económicos, políticos y ambientales como procesos interconectados a escala internacional, este momento puede entenderse como una coyuntura crítica (critical juncture), en la que decisiones políticas y económicas adoptadas en el corto plazo tienen el potencial de reconfigurar de manera duradera las trayectorias institucionales, comerciales y de poder entre regiones. Esta reconfiguración fue curiosamente muy bien analizada por académicos preocupados por los límites ecológicos del crecimiento y la concentración del poder económico. Desde entonces se anunciaba el riesgo “futuro” de una neofeudalización del orden global que aparentemente se ha acelerado en estos últimos años.

Límites ecológicos y el fin del comercio “neutral”

El debate intelectual se remonta a los años setenta, cuando el Club de Roma cuestionó en 1972 la sostenibilidad de un sistema económico basado en la expansión material ilimitada. A partir de entonces, autores clave que estudiamos como el antiindustrialista Ivan Illich o el economista keynesiano E. F. Schumacher advirtieron en sus obras que los sistemas productivos intensivos en energía y capital generaban dependencias estructurales y erosionaban la autonomía de comunidades y economías periféricas.

Junto a ellos, desde la tradición del liberalismo económico clásico, economistas como Friedrich Hayek advirtieron desde la década de 1940 que la combinación de crisis, planificación centralizada y concentración del poder regulatorio tendría la inevitable capacidad de desembocar en una regresión institucional comparable a formas premodernas de dominación. En la obra Caminos de Servidumbre, Hayek sostuvo que, bajo contextos de emergencia (económica, social o ambiental), los Estados tienden a justificar una expansión del control sobre la producción, el comercio y la asignación de recursos, erosionando la competencia y sustituyéndola por relaciones de dependencia jerárquica. Desde esta óptica, la feudalización del siglo XXI no surge por exceso de mercado, sino por su supresión selectiva: cuando el acceso a energía, tecnología, financiamiento o mercados queda mediado por permisos, subsidios condicionados y alianzas político-corporativas, el sistema económico se transforma en un orden de vasallaje regulatorio, donde pocos actores “protegidos” concentran poder y el resto depende de su acceso. Junto a él, otro de mis favoritos, Milton Friedman, alertó que la sustitución de mercados abiertos por capitalismos administrados, incluso con fines supuestamente nobles como la seguridad o la “estabilidad”, conduce a estructuras rígidas y excluyentes. Según explicaba Friedman, cuando el comercio deja de operar bajo reglas generales y previsibles y pasa a organizarse mediante excepciones estratégicas, sanciones o aranceles, controles tecnológicos y proteccionismo selectivo, se consolida una economía de privilegios que recuerda más a un orden feudal corporativo que a un sistema competitivo en el cual los vasallos tienen las de perder. Desde esta visión clásico-liberal, la actual fragmentación del comercio internacional se está acelerando con la guerra comercial, políticas industriales altamente proteccionistas en el norte global y por regulaciones no armonizadas que están siendo disfrazadas como “regulaciones climáticas”; ante esto, corremos el riesgo de que se esté institucionalizando una jerarquía global donde centros económicos aseguran su resiliencia mediante poder normativo y coerción, mientras las periferias quedan atrapadas en relaciones de dependencia estructural, con movilidad económica limitada y escasa capacidad de decisión soberana.

En el primer cuarto del siglo XXI, estas advertencias se reflejan en un comercio internacional cada vez más condicionado por huellas ambientales, estándares regulatorios complejos y barreras técnicas disfrazadas de preocupaciones ambientales que afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global y a las economías emergentes . La crisis climática no solo redefine qué se comercia, sino quién puede hacerlo y en qué condiciones.

Escasez, poder y comercio como instrumento geopolítico

A finales de los años setenta, el pionero en el movimiento medioambiental moderno William (Patrick) Ophuls planteó que la escasez ecológica conduciría al debilitamiento del liberalismo económico y a la emergencia de órdenes más jerárquicos y coercitivos (léase el autoritarismo tan popular entre las democracias occidentales), que él mismo calificó como “neomedievales”. Esta lógica es visible hoy en el uso del comercio como herramienta de poder estratégico con el apoyo de la población y en detrimento de los principios básicos protegidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La administración del gobierno estadounidense actual marcó un punto de inflexión al normalizar la “Guerra Comercial” (un término con una larga historía que empezó a aparecer en la prensa económica anglosajona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en contextos de proteccionismo arancelario entre potencias industriales). La versión actual, es una guerra comercial sin precedentes entre los países del norte global industrializados, basada en aranceles, sanciones y controles tecnológicos. Más allá de su liderazgo, este enfoque neoconservador consolidó finalmente en la práctica, la visión del comercio como mecanismo de dominación y alineamiento político que se había mantenido constante y tras bambalinas de grupos politicos y académicos estadounidenses desde el siglo pasado. El debilitamiento del multilateralismo comercial y la fragmentación de la OMC son consecuencias directas de este giro y su resultado acelera la feudalización global.

Cambio climático, regulación y nuevas jerarquías centro-periferia

Desde el Sur Global, los debates de Davos sobre transición verde y comercio “sostenible” revelan una tensión central. Si bien los líderes continúan reconociendo que los objetivos climáticos son legítimos, su implementación se ha debilitado reforzando las relaciones centro-periferia históricas mediante regulación asimétrica, ajustes en frontera y exigencias de diligencia debida sin que estas vayan acompañadas de financiamiento, transición justas, incentivos a la transferencia tecnológica y el factor clave del reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas.

Aquí resulta clave la aportación del sociologo y economista Ulrich Beck que explicó en los 80s que los riesgos ambientales se distribuían de forma desigual y que los actores (países y multinacionales) con mayor capacidad económica pueden comprar resiliencia, asegurar acceso a mercados y proteger sus cadenas de suministro; y que, por nuestra parte, los países periféricos, en cambio, internalizamos los costos de adaptación climática sin potencializar plenamente a los beneficios del comercio internacional. Este fenómeno ha sido reconceptualizado recientemente como feudalismo climático y explica cómo empieza a surgir en nuestra época un nuevo sistema global en el que la seguridad climática, económica y comercial se privatiza y concentra.

El comercio global como arquitectura neofeudal

Desde una lectura estructural que aún se está configurando, el orden comercial actual presenta rasgos inequívocos de neofeudalización:

Centros que definen nuevas normas, redefinen valores y que controlan tecnologías, finanzas y acceso a mercados.
Periferias obligadas a cumplir estándares crecientes, exportar recursos naturales y asumir riesgos climáticos.
Relaciones de realineamiento estratégico que sustituyen principios universales como la no discriminación y el trato especial y diferenciado.

Sobre esto, las advertencias ya se han venido acumulando desde hace décadas por ambientalistas y ecólogos como Richard Heinberg, científicos en inteligencia artificial como Raymond Kurzweil e incluso por urbanistas como Ramón Fernández Durán que no solo anticiparon que la crisis climática y energética del siglo XXI conduciría a procesos de refeudalización económica y social sino que alertaron de la velocidad en que estos cambios se realizarían. Lo que hoy se discute en Davos confirma que estas dinámicas ya no son teóricas.

El mundo que viene

Los debates de Davos muestran un mundo que se reorganiza alrededor del riesgo, la escasez y finitud de los recursos naturales y la acumulación de poder y reconfiguración de alianzas, más que de la cooperación regional y global. Desde el Sur Global, el desafío de los gobiernos será potencializar sus beneficios ante las crecientes amenazas climáticas y la fragmentación geopolítica que consolidará un sistema comercial jerárquico cada vez más claro.

La agenda que viene es un gran reto y requerirá que continuemos fomentando una visión del comercio internacional como herramienta de desarrollo y justicia ante estas nuevas condiciones geopoliticas, y no como mecanismo de subordinación. Las advertencias formuladas por intelectuales de distintas especialidades desde el siglo pasado nos deben servir hoy como un un marco indispensable para comprender —y disputar— el rumbo del orden económico global.

Referencias bibliográficas sugeridas

Ulrich Beck: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad
Club of Rome: Los límites del crecimiento
Raúl Prebisch: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas
Celso Furtado: Formación económica de Brasil
Ramón Fernández Durán: El inicio del fin de la energía fósil
Friedrich A. Hayek: Camino de servidumbre
Friedrich A. Hayek: La constitución de la libertad
Richard Heinberg: El pico de todo: despertando al siglo de los descensos
Ivan Illich: Energía y equidad
Ludwig von Mises: La acción humana: tratado de economía
Ludwig von Mises: Burocracia
Lewis Mumford: El pentágono del poder
William Ophuls: Ecología y política de la escasez
Marta Peirano: Contra el futuro: resistencia ciudadana frente al feudalismo climático
E. F. Schumacher: Lo pequeño es hermoso: economía como si la gente importara
Karl Polanyi: La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo
James C. Scott: Ver como un Estado: cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado
Wolfgang Streeck: Comprando tiempo: la crisis aplazada del capitalismo democrático
Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia
Daniel Yergin: El nuevo mapa: energía, clima y el choque de las naciones
Blog con más contexto del significado de las gráficas: McKenzie, B. Economía más allá de los límites de la Tierra

Trabajemos por una Guatemala competitiva y sostenible: mis reflexiones y nuevos retos hacia el 2025

Durante este primer año en el gobierno, he tenido el privilegio de conocer diversas perspectivas, tanto nacionales como internacionales, de actores comprometidos con el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Mi labor en el Ministerio de Economía, asesorando en temas de Comercio Sostenible, ha sido una experiencia profundamente transformadora que me ha permitido derribar paradigmas y contribuir al desarrollo de planes para que Guatemala se consolide como un actor económico atractivo, sólido y sostenible. Estoy profundamente agradecido con el equipo del Ministerio y con los representantes de organizaciones internacionales, el sector productivo y la sociedad civil, quienes generosamente nos han compartido su conocimiento y visión para contribuir a la construcción de una Guatemala más sostenible y competitiva.

Sin duda, Guatemala tiene una oportunidad única en este momento para cultivar su especialización y manufactura con valor agregado trascendiendo la dotación básica de commodities para el mundo. Guatemala debe continuar invirtiendo estratégicamente en capital humano, impulsando la educación, la investigación y la formación especializada y para esto se requiere de un equipo desde el gobierno comprometido con la construcción de un mejor país. Este compromiso ha sido la guía de nuestro equipo de trabajo en el gobierno y continuará siéndolo en futuras posiciones en las que trabajaremos en 2025.

Pero cultivar esta oferta con valor agregado también requiere que entendamos las complejas condiciones de la demanda global y nos preparemos con prácticas resilientes. Desde el gobierno debemos continuar fortaleciendo un mercado interno exigente y sofisticado que impulse a las empresas a la innovación constante. Para lograr esto, el desarrollo de la competitividad de las MIPYME es una prioridad y también la construcción de las redes de negocios e infraestructura que permitan llevar este desarrollo a toda Guatemala. Un mercado interno que demande altos estándares de calidad y se mantenga a la vanguardia de las necesidades globales, como lo demuestra un estudio del BID que vincula la exigencia local con un 20% más de probabilidades de exportar, es crucial para el éxito de nuestro país. Asimismo, el desarrollo de clústeres de industrias interconectadas, como el exitoso caso del turismo de salud y tantos otros ejemplos de dinamismo empresarial, permitirán la colaboración, el intercambio de conocimientos y la generación de sinergias que multiplican la competitividad.

Como grandes retos para los próximos tres años, tenemos el centrarnos en la estrategia sostenible que la Política de Gobierno 2024-28 ha presentado y mantenerla alineada con el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032 velando porque prioricemos los cinco pilares estratégicos del plan: 1. Reducir las brechas de desigualdad entre la Guatemala urbana y rural, 2. Fomentar un bienestar para toda la gente y 3. Contribuir a facilitar la creación de riquezas para todos y para todas velando porque estos no comprometan el aprovechamiento sostenible de 4. Recursos naturales para hoy y para el futuro. Todo esto, recordando la obligación de todos nosotros por velar se mantenga un sólido 5. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo,

Entre mis principales metas para el 2025 estarán contribuir a promover un entorno que estimule la creación de empresas dinámicas, capaces de innovar y adaptarse a los desafíos cambiantes del mercado global en distintos territorios del país. Debemos contribuir a reducir el bajo desempeño en el pilar de “Dinamismo empresarial” del Índice de Competitividad Global, donde Guatemala ocupa el puesto 98 de 141 países, asegurando que el Estado fortalezca su participación en el impulso del espíritu emprendedor y la competencia en todos los departamentos. Asimismo, trabajaremos con todo nuestro compromiso en fomentar una competencia e innovación para fomentar un crecimiento inclusivo. Para esto, la mejora de los servicios estatales cumpliendo estándares de economía circular será vital en los nuevos desarrollos territoriales aprovechando el uso de la digitalización, las energías renovables y los sistemas de saneamiento y reciclaje. Para lograr esto, deberemos continuar contribuyendo al desarrollo y cumplimiento de un marco regulatorio que aproveche su potencial innovador sin comprometer la equidad. Pero la inversión y la infraestructura no son suficientes. En 2025, me comprometeré a buscar aumentar y mejorar la educación en el país y unir los esfuerzos público-privados para mejorar la tan necesaria inversión en educación como recomienda la UNESCO para construir una fuerza laboral capacitada y reducir las raíces de la migración. Para esto, invertir en infraestructura digital a nivel municipal y promover la alfabetización digital son esenciales para cerrar la brecha digital y facilitar la participación en la economía global de todos los guatemaltecos.

Cierro el 2025 con una profunda alegría con el trabajo que realicé este año junto a tantos compañeros y con un firme compromiso de trabajar por mi país. Estoy convencido de que Guatemala tiene en sus manos la oportunidad de construir un futuro próspero basado en la innovación, la competitividad y el crecimiento inclusivo. Este es el momento crucial para unirnos como nación y enfocar nuestros esfuerzos hacia un propósito común. Si trabajamos juntos, estoy seguro de que las metas de Desarrollo Sostenible estarán cada vez más al alcance, permitiendo que Guatemala libere todo su potencial y se posicione en el mapa global por las razones correctas, generando beneficios reales y duraderos para todos y todas.

Biocombustibles: un impulso verde para la logística marítima de Guatemala

La transición hacia biocombustibles en la industria naviera es un paso crucial para que Guatemala reduzca su huella de carbono y fortalezca su posición en el comercio internacional. Con el compromiso adecuado y el apoyo de políticas gubernamentales, el país tiene la oportunidad de liderar en prácticas sostenibles, promoviendo una cadena logística que no solo sea competitiva, sino también respetuosa con el medio ambiente.

En este contexto, la industria naviera es un pilar fundamental de la cadena logística global y, en el caso de Guatemala, es esencial para el comercio exterior que debe cumplir con las metas globales de reducciones de emisiones. Estrategias como la de la OMI para la reducción de emisiones en combustibles de las navieras es un ejemplo claro de estas nuevas regulaciones globales. Dado que la naviera es uno de los sectores más dependientes de combustibles fósiles, contribuyendo significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) la innovación verde es una obligación para mantener la competitividad. En este contexto, los biocombustibles emergen como una alternativa prometedora para reducir las emisiones y avanzar hacia una logística más sostenible.

Los biocombustibles son combustibles renovables derivados de biomasa, como aceites vegetales, residuos agrícolas y forestales, que se pueden utilizar en motores diésel sin necesidad de grandes modificaciones. Su utilización en la industria naviera ofrece una reducción notable en las emisiones de GEI, ya que, al contrario de los combustibles fósiles, los biocombustibles emiten menos CO₂, azufre y partículas contaminantes.

En la industria naviera, la adopción de biocombustibles puede reducir hasta un 80% las emisiones de CO₂ en comparación con los combustibles tradicionales. Para Guatemala, esta reducción no solo contribuye a los objetivos de sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático, sino que también mejora la competitividad del país en el comercio internacional. Las regulaciones medioambientales son cada vez más estrictas, y el uso de biocombustibles ayuda a que las exportaciones guatemaltecas cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad.

De estas y muchas otras innovaciones sostenible depende el futuro cercano de la industria global y el crecimiento del transporte transcontinental de bienes.

El rol de las instituciones ante el Cambio Climático, los Estudios Globales y las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson

Los Estudios Globales fueron el campo de especialización que estudié durante mis maestrías en Alemania y Dinamarca hace más de diez años. En ese entonces, esta disciplina era aún difícil de explicar y entender, y a menudo enfrentábamos críticas debido a su enfoque interdisciplinario, que examina exhaustivamente procesos, sistemas y problemas globales con énfasis en la interconexión de las dinámicas económicas, políticas y sociales entre las naciones. Esto nos llevaba a complejas discusiones ad infinitum que a los académicos suele irritar. Con la reciente entrega del Nobel de Economía 2024 a Acemoğlu, Robinson y Johnson, en particular por su análisis de los marcos institucionales y su impacto en el desarrollo económico en Why Nations Fail, considero relevante compartir cómo sus ideas se alinean con los Estudios Globales. Estos académicos exploran el papel fundamental de las instituciones políticas y económicas en la configuración de las desigualdades entre países, y cómo estas instituciones resultan clave para enfrentar la crisis climática actual.

Las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson y de los Estudios Globales se alimentan de una gran diversidad de autores, perspectivas e ideologías y son complementarios por ramas muy importantes como la Teoría de los Sistemas Mundiales de Wallerstein, que considera al capitalismo global como un sistema que mantiene dependencias entre el centro y la periferia, reforzando las disparidades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Asimismo, el análisis de Marx del capitalismo y las luchas de clases ofrece perspectivas fundamentales sobre las estructuras económicas y las relaciones de poder que los Estudios Globales examinan, especialmente para comprender cómo el capitalismo global puede perpetuar las desigualdades. Juntos, estos académicos y muchos otros que se han especializado en territorios o ramas de las ciencias humanas más específicas, contribuyen a una comprensión integral dentro de los Estudios Globales de cómo los sistemas económicos globales y los factores institucionales influyen en las disparidades y dan forma al orden global.

En mi caso, mi especialización en el impacto que el cambio climático y la práctica de nuevos modelos económicos de comercio sostenible como la economía circular me han llevado a ver cómo fenómenos globales, han suscitado preocupaciones no solo en términos de sus impactos medioambientales, sino también en relación con sus efectos en la estructura y funcionamiento de las instituciones. Este artículo busca explorar la relación entre el cambio climático y las instituciones de forma breve y con temas que podrían tomarnos un libro entero para analizar. Asimismo, presentaré cuál es su rol dentro del contexto de la “big history” o “gran historia” que ha inspirado la ideología detrás de estos autores laureados al presentar una perspectiva histórica que sitúa los eventos humanos dentro de la vasta cronología del universo.

La Big History y el cambio climático: un contexto macrohistórico

Cuando hablamos de “big history” nos referimos a un enfoque donde se considera la historia del ser humano no de manera aislada, sino como una pequeña parte de un proceso mucho más extenso que abarca desde el Big Bang hasta el presente. En este marco, el cambio climático representa un punto de inflexión que puede ser interpretado como un desencadenante de transformaciones a gran escala, similar a otros eventos disruptivos como la Revolución Agrícola o la Revolución Industrial y la actual Revolución del Internet y la Inteligencia Artificial que está reconfigurando desde ya el futuro de la humanidad.

El cambio climático es un evento dentro de esta narrativa que fuerza una reinterpretación de la relación de los seres humanos con el entorno natural y con las instituciones que continuarán sosteniendo esta sociedad vulnerable a las dinámicas de la naturaleza planetaria. Este cambio, se ha convertido en un catalizador que no solo modifica el clima y los ecosistemas, sino que también exige la adaptación de las instituciones y las estructuras económicas y políticas.

El rol de las instituciones y su vinculación con el cambio climático. La Adaptación y Resiliencia son clave

Las instituciones, entendidas como los sistemas de normas, reglas y estructuras organizativas que regulan el comportamiento social y económico, juegan un papel fundamental en la respuesta a la crisis climática. Las instituciones políticas y económicas se encuentran ahora en una encrucijada, ya que deben responder a desafíos sin precedentes que ponen a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia. En este contexto, es útil aplicar conceptos de la teoría institucional para analizar cómo las instituciones han reaccionado —o no— ante el cambio climático y cómo otras instituciones han sido las causantes —o no— de la aceleración de este cambio. Al respecto, mencionaré tres funciones clave que pueden resaltar el rol de las instituciones frente a esta problemática:

Regulación ambiental y gobierno eficiente: conforme se intensifica el cambio climático, las instituciones deben desarrollar e implementar regulaciones que promuevan la sostenibilidad y mitiguen los efectos ambientales. Para esto, se requiere crear desde políticas de control de las emisiones de CO2 hasta acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030. La efectividad de estas regulaciones dependerá de la capacidad de las instituciones para adaptarse a la incertidumbre y coordinar respuestas integrales.
Rediseño económico: el cambio climático también ha implicado una reconfiguración económica y el surgimiento de mecanismos de gobierno autoritarios que limiten el libre mercado y regulen la acción humana hacia sistemas proteccionistas y autoritarios. La transición hacia una economía baja en carbono y sostenible requiere una transformación significativa de las instituciones financieras y comerciales que en algunos países ha dependido de sistemas unipartidistas y totalitarios para reafirmar sus objetivos. Otros, como en la Unión Europea, han logrado establecer el consenso para alcanzar estas metas a la vez que protegen sus economías y cierran sus fronteras a la importación de CO2 vía fletes de transporte o productos fabricados como resultado de la deforestación. Es aquí donde el rol de economistas, internacionalistas y politólogos es crucial para analizar y promover políticas que permitan esta transición sin perjudicar el desarrollo económico.
Innovación social y tecnológica: las instituciones también son fundamentales para fomentar la innovación social y la aceleración de la adaptación tecnológica. Estos son elementos necesarios para enfrentar el cambio climático y para fortalecer una población responsable de sus acciones bajo marcos regulatorios sólidos y certeza jurídica. Las universidades, centros de investigación y principalmente las empresas multinacionales han desempeñado un papel clave en esta reeducación social y aceleración tecnológica mediante la promoción de tecnologías limpias, creación de modas “verdes” y cumplimiento de certificaciones y prácticas sostenibles como el uso de empaques reciclables o de fuentes renovables. La colaboración interinstitucional es esencial para que estas innovaciones puedan escalar y ser efectivas a nivel global.

El rol de las Instituciones en el contexto de la Big History y el cambio climático

En el marco de la “big history” y de los estudios globales, el cambio climático puede ser visto como un momento crucial que demanda una reevaluación de las instituciones existentes de la misma manera en que Acemoglu-Robinson analizaron a países, regiones y civilizaciones. A lo largo de la historia, cada gran cambio estructural ha dado lugar a una reconfiguración de las instituciones, desde las primeras civilizaciones hasta las actuales democracias industriales capitalistas y los sistemas totalitarios de economía mixta. Actualmente, las instituciones enfrentan un reto similar: evolucionar o quedar obsoletas y ser víctimas del cambio climático. Las instituciones que logran adaptarse y promover una economía resiliente y sostenible podrían no solo sobrevivir, sino también liderar un nuevo capítulo en la gran historia de la humanidad. Algo que no ocurre por primera ocasión y que el caso de la caída de la civilización maya es un excelente ejemplo respecto a otros momentos críticos en la historia, en los que la respuesta institucional al cambio climático determinó el curso de la civilización humana.

El camino que queda ante nosotros para combatir el cambio climático desde instituciones nuevas y fortalecidas

Para los académicos y los tomadores de decisiones en el gobierno y las empresas, la relación entre el cambio climático y las instituciones ofrece un campo fértil para el análisis de cómo las estructuras de poder y gobernanza están respondiendo a este desafío global. La historia ha demostrado que las instituciones son capaces de cambiar en respuesta a crisis significativas y hoy nos encontramos ante una oportunidad similar. Por su parte, los globalistas tenemos el inmenso reto de diseñar modelos y estrategias socioeconómicas y políticas que faciliten la transición hacia economías sostenibles, considerando no solo los beneficios ambientales, sino también las implicaciones socioeconómicas para diferentes sectores de la sociedad. El cambio climático, en este contexto, se convierte no solo en un problema que resolver, sino en una oportunidad para reformular y reforzar el papel de las instituciones en el desarrollo humano. La premiación que hicieron del Nobel a Acemoğlu-Robinson-Johnson, nos debe invitar a continuar haciendo siempre análisis interdisciplinarios para entender cómo podremos enfrentar el futuro y construir sociedades más resilientes y sostenibles en el marco de los desafíos actuales y venideros.