El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS, por sus siglas) es poner fin al hambre en el mundo.
El fin del hambre es uno de los objetivos más importantes que la Agenda 2030 busca alcanzar mediante acciones desde los gobiernos para asegurar la provisión de seguridad alimentaria de todos los habitantes y la mejora de la nutrición.
Los gobiernos democráticos tienen como uno de los pilares más importantes de sus obligaciones constitucionales el asegurar acceso a alimentos para la población y para alcanzar esto muchos gobiernos requieren implementar acciones como:
Asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de toda la población,
Combatir la especulación en precios de alimentos y eliminar monopolios
Producir o importar alimentos que sean necesarios para atender las necesidades nutricionales de los países.
Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“
Para alcanzar la reducción del hambre en Guatemala es necesario que los gobiernos y las empresas privadas tomen acciones para reducir y eliminar distintos aspectos que mantienen en condiciones de pobreza a la población más afectada por el hambre y la desnutrición. La eliminación del hambre requiere de una serie de acciones que están íntimamente vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas. Junto a la reducción del hambre, es necesario mejorar y proteger la existencia de más y mejores sistemas de salud, provisión de agua limpia y sana, creación de fuentes de trabajo, creación de sistemas de educación nutricional para la mejora de la ingesta de alimentos nutritivos, acceso a la electricidad, tuberías y drenajes para todos los hogares, entre otras. Asimismo, la cooperación internacional y la protección de las cadenas internacionales de suministro de alimentos son vitales para velar por la reducción del hambre en los países del sur global y ante este indicador es fundamental que exista una participación colaborativa global.
Según el Índice Global del Hambre, en el año 2022 Guatemala mejoró su posición en el índice ubicándose en el nivel “moderado” de problemas de alimentación y aún requiere mejorar la alimentación calórica de la población, desnutrición crónica que retrasa el crecimiento de los niños y vigilar el incremento post-COVID en la proporción de niños menores de 5 años que tienen bajo peso para su estatura, reflejando desnutrición aguda.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS, por sus siglas) es poner fin a la pobreza antes del año 2030.
El fin de la pobreza en el mundo es uno de los principales objetivos que se han trazado todos los países miembros de las Naciones Unidas. Eliminar la pobreza implica reducir también las diferencias y la desigualdad y, en países como Guatemala, implica la implementación urgente de políticas nacionales que faciliten la generación de empleos, la mejora de la educación y de las condiciones de vida de la población.
A pesar de que al 2015, la pobreza extrema se había reducido a la mitad en todo el mundo, en Guatemala este indicador fracasó y casi 4 millones de guatemaltecos vivían en condiciones de extrema pobreza. Como resultado, desde el 2015 las migraciones a Estados Unidos y México de guatemaltecos buscando más y mejores oportunidades económicas se han incrementado.
Guatemala para el año 2030 tiene como objetivo: “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.”
Al año 2023, la pandemia de Covid-19 y los conflictos armados en Europa y Asia incrementaron de nuevos los niveles de pobreza mundiales y los gobiernos del mundo tendrán grandes retos para alcanzar sus objetivos y metas de la Agenda 2030. Centroamérica ha sido uno de los países más afectados por los incrementos de los costos de vida en los últimos años y esto se ha visto reflejado en un incremento de la pobreza, el crimen y la migración. A lo anterior, se suman las condiciones de precariedad existentes en vivienda e infraestructura pública que hacen más vulnerables a las personas en condiciones de pobreza para protegerse de los impactos negativos que el cambio climático está teniendo en la alimentación y el cultivo de alimentos básicos.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
La creciente población humana y la demanda de recursos naturales para atender las necesidades de la población han causado que, durante las últimas décadas, la capacidad productiva anual del planeta sea alcanzada antes de que finalice el año. Como se observa en la Figura 1 se alcanzará un sobregiro del uso de los recursos del planeta el día 02 de agosto de 2023. Como resultado del crecimiento poblacional, el incremento de la producción global y el manejo insostenible de los recursos, desde el año 1971 la población del planeta se gasta cada vez más temprano los recursos del planeta. Como resultado, la Global Footprint Network ha calculado cómo la cantidad de días de biocapacidad del planeta se ha reducido y es insuficiente para reponer la Huella Ecológica de la humanidad. Así, a partir del día 03 de agosto de 2023, los humanos estaremos viviendo con un sobregiro de recursos ya que habremos consumido el equivalente a todos los recursos ecológicos que el planeta genera anualmente.
Figura 1. Estadísticas del día de sobregiro del uso de recursos del planeta desde 1971 a 2023. Fuente: (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2023)
Como resultado de este sobregiro en el uso de los recursos naturales, el consumo no sostenible de los recursos ha causado que crisis poblacionales se aceleren por no existir planes nacionales e internacionales para el manejo y gestión sostenible de los recursos naturales. Según el reporte del (Panel Internacional de Recursos, 2019):
“La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero y con más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.
La extracción de recursos se ha más que triplicado desde 1970, incluido un aumento de cinco veces en el uso de minerales no metálicos y un aumento del 45 por ciento en el uso de combustibles fósiles.
Para 2060, el uso global de materiales podría duplicarse a 190,000 millones de toneladas (desde 92,000 millones), mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar en un 43 %.”
La creación e implementación de Políticas Nacionales de Sostenibilidad, Gestión de los Recursos Naturales y Manejo Financiero Sostenible del erario son herramientas vitales y urgentes en todos los países para reducir el uso insostenible de los recursos que durante los últimos siglos años han causado un crecimiento sin controles y plagado de excesos. Como punto central de partida para el planeta y los gobiernos de cada país ha sido la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven como metas en 17 objetivos de desarrollo (ODS, por sus siglas) que permitirían a los países cambiar el rumbo de sobreexplotación, escasez y bajos niveles de desarrollo humano que afectan, principalmente, a los países del sur global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas con el fin de servir de guía a la creación de Políticas, Planes y Proyectos de escala nacional unificados en una visión hacia la creación de países sostenibles económica, social y políticamente.
Así, la creación de programas en los ministerios encargados del cumplimiento de cada uno de los 17 ODS es una herramienta fundamental para la aceleración de proyectos que permitan enfrentar las actuales crisis, reparar los daños ambientales causados en el pasado, facilitar la resiliencia y adaptación de los países para contrarrestar los efectos del cambio climático y construir una sociedad cuya económica y cultura gire en torno a la sostenibilidad ambiental. El desarrollo de los ODS es una guía inicial y la creación de programas a nivel de país son una herramienta necesaria para hacer ejecutables, fiscalizables y alcanzables los objetivos que cada gobierno se ha trazado. Un ejemplo valioso de estos avances a través de políticas y planes es la “Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos”, esta política creada como un Acuerdo Gubernativo 281-2015 ha permitido que el gobierno establezca metas compartidas con distintos grupos de interés de la sociedad que han contribuido a crear una hoja de ruta con la cual el Gobierno Central y Local cuenta con objetivos claros, indicadores, organizaciones responsables y planes educativos que permitirían a la población cambiar el rumbo de la gestión inadecuada de los residuos y desechos sólidos que actualmente son desechados en lugares no apropiados y sin el manejo adecuado para asegurar la circularidad, el reciclaje, el compostaje y la protección de contaminación por agentes peligrosos. Este es un ejemplo de tantos otros que los gobiernos han creado para empezar a hacer un cambio de rumbo respecto a la mala gestión de los recursos naturales y fomentar una transición más acelerada al desarrollo sostenible y la protección del planeta que está viendo sus recursos naturales agotados. Alcanzar las metas de los ODS para el año 2030 es uno de los retos más importantes que el planeta tiene delante de sí y de la creación de políticas, programas y proyectos nacionales dependerá la ejecución y fiscalización efectiva de los gobiernos electos para cuidar y proteger a sus ciudadanos.
Hablar de políticas de protección social en Iberoamérica invita inmediatamente al lector a tomar una postura paternalista o liberal respecto a quién debe cubrir qué, por qué y para quién. Partiendo de estas tesis y antítesis, las discusiones sobre los resultados de las políticas de protección social son siempre criticadas de forma aislada. Por ejemplo, en Guatemala no se suele escuchar discusiones sobre los impactos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por impuestos a empleados y empleadores formales, está teniendo en la calidad de vida del resto de personas que son excluidas de participar en este beneficio. Hablar de universalidad en los servicios de seguridad social en el país rápidamente se convierte en una discusión sobre si tienes una filosofía paternalista extractivista o una filosofía liberal individualista. Encontrar puntos medios es difícil o imposible y casi siempre termina la gente peleando. Leer el Informe de desarrollo humano 2021 – Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina me llevo a meditar sobre la eficacia de las políticas de protección social y los análisis comparativos que contrastan distintos experimentos regulatorios e institucionales en Iberoamérica con el objetivo de presentar propuestas de futuras públicas con mayores posibilidades de reducir las desigualdades en y entre los países de la región y acelerar el crecimiento.
El informe demuestra la existencia de una correlación entre la protección social universal como un mecanismo para acelerar el crecimiento de la productividad de los países al igualar las condiciones de acceso a servicios para la población que trabaja tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Y que, además, permite a los empleados contar con un sistema de servicios más eficiente y que le permite en el largo plazo asegurar su crecimiento dado que sus necesidades básicas de protección social estarán cubiertas por un sistema universal. Esta universalidad de la protección social deberá tener como objetivo proteger, según explica el informe, a: “i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta por el mismo programa; ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y iii) beneficios en especie de la misma calidad para todos.” En estas condiciones de cobertura universal, los países iberoamericanos tendrán herramientas potentes para que desde el gobierno se fortalezca el capital humano y se mejore la productividad a la vez que se genera resiliencia social, económica y ambiental ante futuras amenazas sociales.
En el capítulo sobre la protección social, el informe de desarrollo humano 2021 compara la gran diversidad de políticas de seguridad social que se han implementado por motivos históricos, políticos y económicos que han respondido a la visión de las sociedades y el rol del gobierno en la intervención de la vida de sus ciudadanos. Así, el informe no pretende comparar a los países, pero sí demostrar cómo unos sistemas han sido más veloces y eficientes que otros para alcanzar sus metas y quedarse cortos en alcanzar los objetivos utópicos por los que fueron creados dado que ninguno de los sistemas ha logrado asegurar un ciento por ciento de la protección social de sus ciudadanos. Lo anterior que tampoco ha sido logrado incluso en los países más desarrollados y que, en aquellos países donde existe cobertura “universal”, todavía se observa un sistema discriminatorio y desigual con respecto a los inmigrantes indocumentados, refugiados políticos, entre otros grupos poblacionales. Las iniciativas vinculadas al universalismo constituyen otra forma de aproximarse a la idea de protección social que fundamentalmente responde al concepto mismo que pretende integrar unas medidas sociales orientadas a construir sociedades más justas, inclusivas y que garanticen niveles mínimos de vida para todos.
En Guatemala y el resto de Iberoamérica esta perspectiva de creación de niveles de protección no se ha basado en un sistema de prestaciones y transferencias universales que buscan crear un sistema de acceso y consumo adecuados de alimentos, salud, educación y otros cuidados para toda la población, sino que se han creado sistemas de seguridad social contributiva (SSC) y sistemas de seguridad social no contributiva (SSNC) que se han alejado de los principios de beneficio para todos. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2021, detalla cómo en distintos países de Iberoamérica desde los años 30s y 40s se buscó primero crear un sistema de combinación de programas de seguridad social enfocado en proteger y beneficiar a los trabajadores de empresas formales y ofrecer regulaciones de protección de los salarios mínimos, acceso a la salud y la estabilidad laboral. Lo anterior, afectando al resto de la población que no participaba de la economía laboralmente activa y la dejaba a la deriva.
Este sistema popularizado en la región durante el resto del siglo XX resultó en la creación de un sistema social de dependencia de la población obligada a ser trabajadora en relación de dependencia en sistemas escalonados de beneficios por los salarios que recibían. Asimismo, esta dependencia del sistema se fortaleció con el control monetario que las empresas continúan manteniendo en los sistemas de seguridad social en los cuales son las empresas las que financian los sistemas sociales en proporción a los sueldos que pagan a sus empleados. Particularmente relevante es el caso de Guatemala donde la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta votos muy poderosos para representantes de las asociaciones o sindicatos patronales. Votos que han utilizado desde los últimos lustros para promover una reforma aún más limitada y concreta respecto a los servicios sociales que se prestan mediante la facilitación para que las empresas privadas puedan elegir el acceso a otros servicios sociales privatizados. Tales servicios según proponen, son seguros opcionales facultativos y pensiones complementarias que serían contratados con empresas privadas, acceso complementario al IGSS de empleados contratados por tiempo parcial y modificaciones al modelo de gobernanza que obliguen al Estado a cumplir con el pago de las prestaciones que adeuda a la entidad. Así, las propuestas en Guatemala de prestación de servicio social continúan alejándose de la universalidad del acceso a los servicios de protección social en salud y, en su lugar, promueven sistemas más limitados de acceso y escalonados que según los estudios comentados por el Informe de Desarrollo Humano tienen un efecto contrariamente negativo en la promoción de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en los países.
Al respecto, esfuerzos internacionales para universalizar el acceso a la protección social continúan avanzando. En la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) del 20 de septiembre de 2022, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Este informe presentó las recomendaciones relacionadas con el proyecto de creación de una Convención o Tratado que sería jurídicamente vinculante para asegurar el Derecho al Desarrollo de los países miembros de la ONU. Actualmente, la meta es que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023 que se realizó la semana pasada empezó a trabajar en avanzar las propuestas de este tratado internacional y buscar la creación de consensos al respecto.
La situación actual en Iberoamérica requiere de la protección del derecho al desarrollo y el acceso universal a los medios de protección social a nivel interno. Pero también, a nivel externo en el concierto de naciones que deben fomentar el desarrollo y la cooperación entre las naciones para reducir las brechas de protección social que existen hoy en día en el norte global. Esto permitirá reducir las desigualdades estructurales del sistema internacional que actualmente son preservadas por el orden hegemónico neoliberal que ha reducido los controles institucionales para ofrecer acceso a servicios sociales y aumentado las desigualdades en y entre los países ya que los países que controlan los capitales financieros y los activos físicos globales construyeron sus riquezas en gran medida gracias a los mercados no regulados del siglo XX que les han permitido el poder político y se benefician ampliamente de la desprotección de los empleados formales e informales. Tal reciprocidad —entre el aumento de la riqueza de unos pocos correspondiente al empobrecimiento de tantos— refleja el núcleo del actual modelo de desarrollo explotador en el mundo que continúa excluyendo a una amplia variedad de trabajadores, desempleados, jubilados y niños y niñas que solamente a través de la universalidad de la protección social podrán abrir un nuevo camino para salir del círculo vicioso de la baja o inexistente calidad de servicios sociales e incrementar la voluntad de empresarios y trabajadores por contribuir al pago de impuestos.
Ya en el siglo XXI, las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países escandinavos y los centroamericanos parecían abismales y, para los planificadores sociales centroamericanos, casi imposibles de alcanzar. ¿Qué ocurrió detrás de este proceso de desarrollo exitoso en una región y lento y rezagado en la otra? Esa es quizás la pregunta central del estudio elaborado por (Abrahamson, 2007) en el estudio comparativo elaborado para ICEFI. En el estudio, se desarrollan capítulos específicos para tratar de forma comparativa los caminos e indicadores de desarrollo que Escandinavia (conformada por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia) recorrió y cómo Centroamérica (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se atrasó en ese camino de crecimiento durante el siglo XX.
Según explica (Abrahamson, 2007), ambas regiones debieron realizar un proceso de modernización durante los inicios del siglo XX para insertarse regional y nacionalmente a la era de la globalización económica y política y, en ambos casos, el rol que jugaron las elites económicas y políticas fue una pieza fundamental. Desde inicios del siglo pasado, los gobiernos y sus aliados fueron determinantes para establecer y consolidar un estado de bienestar sólido, amplio y que alcanzara a toda la población. Desafortunadamente, la historia de Centroamérica dista de esas metas abismalmente y el estado de bienestar que se intentó crear en las décadas de 1950 y 1960 no se consolidó e incluso se redujo en muchos de los países.
A pesar de tener grandes diferencias históricas y culturas, (Abrahamson, 2007) explica que Escandinavia era, al igual que Centroamérica, una región altamente agraria en la década de 1930 y que, debido a las acciones de sus elites, empezaron un veloz camino hacia el estado de bienestar que cambió el destino de la región para siempre. Mientras tanto, en Centroamérica, las décadas posteriores a 1930 fueron escenario para que coaliciones de la política oligárquica evitaran el surgimiento de una mayor cobertura de la seguridad social y educación pública mientras se protegieron los intereses de una industria monocultivista que requería una amplia base de mano de obra barata, poco o nada educada y que, en la mayor de las posibilidades, no requiriese de un estado con una mayor base impositiva ni de una modernización estatal que permitiese construir los caminos del desarrollo a largo plazo.
Junto a este poder político oligárquico jugó un rol importante el actuar de las clases medias y bajas en ambas regiones. En Escandinavia, las condiciones políticas locales e internacionales les permitieron tener una mayor libertad y democracia en sus gobiernos. Libertad y democracia que les permitirían tener un mayor peso en la toma de decisiones en congresos y parlamentos para construir un estado de bienestar amplio y en consenso con las elites económicas. Mientras que, en Centroamérica, el camino fue distinto debido a la injerencia de países que se enfrentaban en la Guerra Fría y Estados Unidos, principalmente, jugó un papel muy importante para fortalecer gobiernos militares, iliberales y poco democráticos, con la mira de evitar el surgimiento de países aliados a los intereses de la URSS.
Debido a la alianza entre una pequeña elite oligarca y un gobierno político militarizado con el apoyo y dominación de Estados Unidos, la creación de un estado de bienestar se vio completamente detenida a partir de la década de 1950. En ausencia de una sólida democracia entre las elites, la modernización se vio fuertemente debilitada ya que según explica (Abrahamson, 2007. p.16) “la presencia de estos movimientos democratizadores fue condición necesaria para un régimen político moderno, fuera éste un duro sistema militar (como en Guatemala y El Salvador) o una democracia progresista (como en Costa Rica)”. Por esta razón, a pesar de que Centroamérica sí inició un proceso de modernización política, no se establecieron las bases para mejorar la recaudación de impuestos, invertir en un amplio y robusto sistema de salud y de educación pública y mucho menos se fortalecieron los derechos laborales de trabajadores que no tenían voz ni voto en la toma de decisiones políticas. Aunado a esto, no se realizaron las acciones necesarias para incluir en este proceso democratizador y modernizador a las poblaciones indígenas en países como Guatemala y El Salvador ya que, desde el período colonial, estos pueblos servían solamente como factores de producción en una sociedad sin posibilidad alguna de movilidad vertical ni de acceso a la participación política plena que suele caracterizar a los sistemas de gobierno más democráticos. (Abrahamson, 2007) indica que la única diferencia observable respecto a la democratización de la política y la economía se observó en Costa Rica que, históricamente no contó con una industria monocultivista controlada por la oligarquía y que esta condición le permitió participar de formas de mercado más liberales en la industria agrícola y desde finales del siglo XIX, construir una competencia electoral que le abrió el paso a desarrollar un sistema plenamente democrático, desarrollar políticas de bienestar público y movilizar a las clases bajas y medias a participar junto con la burguesía dominante.
Un factor determinante de la gran diferencia existente entre Escandinavia y Centroamérica según explica (Abrahamson, 2007) ha sido la desigualdad en la distribución del ingreso que se redujo en el primero y que se mantuvo estática en el segundo. Como resultado de estas condiciones, a lo largo del s. XX Centroamérica observó cómo los índices de pobreza se mantenían y el riesgo de pobreza extrema aumentaba conforme los efectos del poscolonialismo seguían permeados en la sociedad. Las prácticas y políticas poscoloniales, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial desde las capitales mestizas y criollas, la rivalidad y dominación étnica, la distribución desigual de los recursos, las violaciones de los derechos humanos y la falta de presencia del gobierno en amplios territorios se siguen observando en Guatemala haciendo aún más difícil el desarrollo sostenible del país.
En Centroamérica es aún característico que el gasto gubernamental se enfoque en los centros económicos de los municipios y departamentos donde históricamente había una mayoría de población mestiza y criolla. Por lo anterior, no solo existe una baja inversión del gasto gubernamental en la creación de sistemas de salud y educación pública, sino que su distribución territorial es también desigual. Escandinavia por su parte, desde inicios del siglo pasado consiguió establecer una amplia participación de toda la población en la toma de decisiones y el gasto público se distribuyó de una forma más equitativa entre las zonas urbanas y rurales.
La riqueza actual de los países escandinavos resultó de un amplio pacto social que permitió a las elites políticas y económicas construir un estado de bienestar con amplias inversiones en salud y educación pública que con el paso de las décadas permitieron no solo crear empleos más capacitados y mejor pagados, sino otorgar a la población beneficios sociales característicos de un estado democrático con acceso a infraestructura y servicios a lo largo de los territorios y poblaciones. Por su parte, Centroamérica no logró consolidar un estado de bienestar que invirtiera en la creación de estas condiciones y poner un alto a las políticas coloniales de exclusión en beneficio de pequeños grupos de la población.
Referencia bibliográfica
Abrahamson, P. (2007). Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica.
Globalization & Capitalism 