El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga Reducir la desigualdad en y entre los países.
El ODS10 es uno de los objetivos más importantes para el mundo en general pues busca promover la inclusión en igualdad de condiciones para todas las personas tanto en los países ricos como en los más pobres. Ante esto, el ODS10 busca que los países implementen acciones directas a tener un impacto positivo en la economía familiar, en los niveles de educación y en las condiciones de acceso al trabajo de las personas más pobres del mundo. El ODS 10 no propone tomar dinero o expropiar la riqueza de los más ricos sino que se enfoca en la reducción de las desigualdades en y entre los países mediante la promoción de políticas que creen una sociedad más inclusiva y equitativa. Si bien abordar las disparidades de riqueza es un aspecto fundamental del ODS10, el énfasis está en crear un sistema equitativo y equitativo en lugar de apuntar directamente a tomar la riqueza de los individuos y de los países más ricos.
Para lograr lo anterior, el ODS10 se enfoca en entender y reducir la desigualdad de ingresos, promover la inclusión socio-económica y política y reducir las brechas. En países como Guatemala, este ODS busca reducir la disparidad económica que ha causado que el país tenga algunos de los niveles más bajos de educación, salud y expectativa de vida del planeta. Al respecto, la meta del país al 2030 es “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales”. Para lograr esto, se requerirá que los gobiernos prioricen políticas enfocadas en reducir la desigualdad, crear estabilidad económica, atraer inversiones y ofrecer más y mejores servicios públicos de salud y educación. Una población más educada y saludable en Guatemala permitirá romper el ciclo de la pobreza creando una fuerza laboral calificada, industrias más competitivas y una población más sana. Al invertir en la salud y seguridad públicas se podrá romper el ciclo histórico de discriminación y racismo que tanto daño ha causado al país.
Como se observa en las gráficas anteriores tomadas de los estudios del economista francés Thomas Piketty, el mundo ha tenido un lento pero positivo para reducir las desigualdades de la población y el ODS10 se enfoca en acelerar este proceso. Según indica Piketty en su estudio, la desigualdad en el 2020 es la misma que existía en 1870. Sin embargo, tenemos 8 veces menos pobreza y 7 veces más ingresos en la población. Esto ha significado que la tasa de pobreza, que en 1870 era de 80% se ha reducido a tan solo un 10% en la actualidad según las estimaciones de François Bourguignon.
El ODS10 es muy importante para Guatemala y las naciones más pobres del sur global debido a que se convierte en punto de partida para, no solo reducir la desigualdad, mejorar el acceso a los servicios básicos y promover el crecimiento económico, sino que también es el punto de partida para lograr mejoras en el largo plazo de la economía, el bienestar social y el crecimiento económico de doble dígito.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El complejo proceso del razonamiento humano se hace cada vez más difícil de analizar cuando se integran decisiones colectivas, sentimientos, emociones y multiplicidad de opiniones. En los últimos días estuve leyendo el libro “About Behaviorism” de B.F. Skinner y esta corriente psicológica me pareció muy útil para analizar la acción política en estas semanas de elecciones en Guatemala. La corriente psicológica del Conductismo es una herramienta que ofrece explicaciones sobre los comportamientos observables y su relación con los estímulos ambientales que reciben los individuos.
Esta suma de acciones observables permite darnos algunas luces para explicar las causas y efectos de los conflictos sociales y las acciones políticas de personas que son influenciadas por factores y efectos externos. Al respecto, la obra “Sobre el conductismo” de B.F. Skinner ofrece una introducción a la forma en que surge el comportamiento humano y cómo los conflictos son el resultado de interacciones entre individuos cuyos valores, principios o metas están en conflicto. Al respecto, el conductismo propone que mediante le uso de mecanismo e refuerzo o castigo, se puede tener un impacto en el comportamiento de los individuos y en base a estos, crear cambios que impactarán en las interacciones sociales.
El refuerzo, entendiéndolo como una consecuencia positiva o negativa luego de realizada una acción tiene la capacidad de afectar y transformar el comportamiento futuro de los individuos. El refuerzo puede servir como una especie de castigo o recompensa que contribuya a cambiar las acciones de un individuo y facilitar que en el futuro accione según se le ha recompensado en el pasado. De esta manera, el individuo no solo hará una acción porque la considere buena o mala, sino que la hará porque ha aprendido que hay un refuerzo positivo para que actuase de esta manera. Skinner presenta en su obra que el comportamiento humano, por lo tanto, puede ser observado y examinado para predecir acciones futuras en base a estos estímulos y estas ideas son actualmente utilizadas los estudios de las ciencias sociales para enseñar a los individuos desde muy jóvenes a actuar según sea deseado.
Tomando estos conceptos para explicar el comportamiento de las masas, podemos presumir que el conductismo es una herramienta muy valiosa para manipular, para bien o para mal, la conducta de una población y fomentar la paz o el conflicto social. Debido a que los individuos en una sociedad son receptivos a los estímulos del ambiente que les rodea, el conductismo es una perspectiva psicológica muy útil para entender la importancia que el entorno de una persona tendrá en su comportamiento y cómo este actuará en el futuro. Al respecto, esta perspectiva ofrece un enfoque científico para estudiar las acciones y utiliza las evidencias empíricas para comprender cómo los seres humanos actúan como actúan. Humanos que, como animales, también responden a estímulos del ambiente y aprenden lecciones de actos ocurridos en el pasado o de eventos entorno a ellos. Al igual que con los animales, el conductismo indica que los seres humanos tienen procesos mentales internos que son medibles, analizables y explicables de forma objetiva.
Skinner explica en su libro que el comportamiento que se estudia es moldeado por sus consecuencias y permite al individuo modificar acciones futuras mediante el refuerzo y el castigo. Este comportamiento es explicado por Skinner con el concepto de “condicionamiento operante” y le permite explicar cómo una persona puede recibir terapia psicológica para actuar en el futuro de una forma deseada. Para analizar el conflicto humano, este concepto nos permite aplicarlo a entender las decisiones políticas de los individuos como respuestas de su comportamiento a recompensas o castigos que han sido asociados por líderes específicos y, con estas decisiones, se puede utilizar el condicionamiento o refuerzo empírico para manejar futuras acciones en grupos poblacionales. Dado que el conflicto social y la política involucran una multitud de factores psicológicos, culturales, históricos y económicos el uso de una perspectiva conductiva para comprender la acción humana es una herramienta más para analizar la inmensamente compleja capacidad del ser humano para actuar.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Este objetivo de la Agenda 2030 está vinculado de raiz a la capacidad de los gobiernos y de su sector privado organizado para crear las condiciones tecnológicas y de inversión para fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente. Por resiliente se debe entender aquella infraestructura que se diseña tomando en cuenta los riesgos e interrelaciones que existen entre la pobreza de las economías del sur global, el crecimiento poblacional, el cambio climático y las nuevas tecnologías. Interrelaciones que nos permitirían cambiar el enfoque actual de la planificación, la financiación, el diseño, el desarrollo, las operaciones y el desmantelamiento de la infraestructura que no tiene plenamente en cuenta ni la naturaleza interdependiente de la infraestructura y los servicios, ni la naturaleza cada vez más compleja de los riesgos y los efectos en cascada que un desastre puede tener en todo el mundo.
Compontes de infraestructura. Fuente: Fundesa
Una infraestructura resiliente es aquella totalmente distinta a la que nos hemos acostumbrado a ver con un paso a desnivel por un lado o por el otro, una carretera que amplia un carril tan solo por unos kilómetros o un hospital que se construye pero que no cuenta con las camillas ni el equipo suficiente. Resiliencia implica la capacidad de superar las adversidades y dificultades que la poca eficiencia de los recursos públicos y la escasez de los mismos genera. Infraestructura resiliente trata de planear el acceso al agua, a la electricidad, al saneamiento, a carreteras y puertos y aeropuertos dignos y para todos.
Un enfoque de “pensar en la resiliencia” nos permitiriía analizar estas preocupaciones y crear soluciones de larga escala. Para esto, existen ya planes y propuestas desde el sector privado que se han encaminado en esa dirección y tan solo es necesario continuar discutiendo, fiscalizando y proponiendo la inversión pública proba y honesta. Fundesa ha trabajado y consolidado muchas de estas propuestas con el Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad. Este documento es uno de muchos estudios elaborados por la Fundación con el objetivo de incrementar “la inversión en infraestructura de forma estratégica por el impacto que esta tiene en la calidad de vida de las personas, en el medio ambiente y en el crecimiento económico.” Junto a este plan, la Fundación y otras organizaciones han aspirado a construir planes de largo plazo y de gran envergadura que requieren un enfoque proactivo. La inversión resiliente usualmente requiere una inversión alta en costos pero provee de grandes beneficios en el largo plazo, evitando desastres y asegurando la calidad de vida de futuras generaciones.
Retos que deben enfrentar las ciudades resilientes
En Guatemala, la inversión estatal ha sido muy mal vista por la mala gestión que se ha hecho de los recursos y por los resultados de baja calidad que se han obtenido. Sin embargo, la construcción estatal y privada tienen la capacidad de contar con la misma calidad y resiliencia y se realizan en los países del norte global con una amplia participación de distintos actores políticos. El ODS9 busca fomentar esto y conseguir que sean más los actores y municipalidades que se unan y colaboren unos con otros. De esta manera, los costos iniciales más altos no deberían conducir al rechazo sistemático de las mejoras que promueven la resiliencia sino en fomentar la reducción y prevención de riesgos. Además, según evaluó Fundesa, el país tiene dos retos muy importantes aún para solventar en temas de infraestructura resiliente. Al respecto indican,
El primero es un rezago considerable en su stock de infraestructura al compararlo con otros países de la región y el mundo; y el segundo es que a la fecha Guatemala no ha podido suplir y atender de manera adecuada la demanda de los distintos tipos de servicios de infraestructura, esto se agrava al considerar que el fenómeno de urbanización supone la necesidad de una serie de intervenciones estratégicas en materia de gestión de la ciudad, implicando un incremento en la demanda de los servicios de infraestructura.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El proceso de transición en el siglo XX hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas del sur global ocurrió en Guatemala siguiendo patrones similares. Para entender esta urbanización, es necesario preguntarse ¿cómo mirar la situación y los problemas del planeta urbano desde una perspectiva del Sur? ¿cómo pensar el planeta desde las reflexiones del Sur? ¿cómo podemos entender la ineficiencia de las teorías urbanas tradicionalmente basadas y generadas en el Norte global? ¿cómo podemos explicar los problemas causados por la veloz urbanización del sur y cómo podemos generar teorías urbanas desde el Sur global? En otras palabras, cómo podemos analizar el Sur global como la fuente de nuevas teorías contemporáneas y revisiones de conceptos para una aplicación mundial que nos permitan contextualizar los problemas de desarrollo que actualmente enfrenta esta región. En el caso de Guatemala y como resultado de este proceso de urbanización, la población del país tuvo durante el siglo pasado un veloz crecimiento con tasas de natalidad por arriba de la tasa de fertilidad de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo (De Broe et al., 2018) y junto a este crecimiento, la migración interna hacia la ciudad de Guatemala y las ciudades dormitorio del área metropolitana crecieron velozmente sin que se observara un proceso de desarrollo institucional, organización gremial y estatal y sin que se contase con el crecimiento de un estado sólido que atendiese a las necesidades colectivas de estos centros urbanos. Como resultado, la ciudad del Sur global es “un tipo distintivo de asentamiento humano” (Schindler, 2017), totalmente diferente de la ciudad del Norte global. Por esta razón, las teorías generadas en el Norte global enfrentarán inmensos retos para hacerlas funcionar en el Sur global y la cuestión del manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos es un excelente caso de análisis. Además, ni siquiera conceptos como el de “urbanización planetaria” de autores como Brenner y Schmid son útiles para la comprensión del Sur global, ya que continúan ignorando las características de las ciudades del Sur y puede ser un concepto de riesgo, ya que se afirma que es planetario manteniendo un enfoque y una base del contexto del Norte.
Ante este contexto, los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 nos dan herramientas para entender las complejidades del caso guatemalteco. La población rural en Guatemala descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de la zona metropolitana que requeriría que los gobiernos municipales planificaran y gestionaran el desarrollo urbano de manera sostenible y eficiente. Principalmente, los últimos cincuenta años requerían sin que se consiguiera desarrollar, la instalación de infraestructura y redes de transporte para facilitar la movilidad urbana, creación de sistemas de agua potable y saneamiento, creación de zonas de manejo y gestión de residuos sólidos, distribución de energía y telecomunicaciones, creación de plazas y parques, establecimiento de un sistema de seguridad y protección de los ciudadanos y planificación de las zonas de urbanización y ordenamiento territorial con el fin de reducir los conflictos y mantener la calidad de vida de los habitantes. Todo lo anterior, es parte de una planeación inicial base que requería establecer, además, los planes de resiliencia, adaptación y preparación para desastres asociados a los desastres naturales más comunes en la zona y en la respuesta ante los cambios climáticos con el objetivo primordial de proteger la vida y propiedades de todos los habitantes.
Desafortunadamente, el manejo y gestión de los residuos sólidos ha sido uno de estos proyectos cuya responsabilidad local a través de la municipal de Guatemala, las municipalidades en el área metropolitana y el gobierno central de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha quedado inconclusa y estancada en paradigmas del manejo y gestión de residuos que no son viables ni sostenibles en las nuevas condiciones de desarrollo urbano del país. Desde el año 1950, la zona 3 de la ciudad de Guatemala ha sido el escenario donde uno de los barrancos de la ciudad se convirtió en un vertedero a cielo abierto durante el gobierno de Juan José Arévalo (Barillas, 2015). Durante más de 70 años, el vertedero continúo funcionando sin los controles adecuados y luego de que se cerrara en 1966 la primera ubicación, años después se volvió a inaugurar un nuevo vertedero sanitario en esa zona. Desde entonces, el relleno sanitario es utilizado en una zona del barranco al que se ingresa desde su parte superior y en donde, los residuos que se han depositado aprovechan la pendiente del barranco para escurrirse hacia abajo con un proceso de compactación por maquinarias pesadas como se observa en la Ilustración 1. El primer gran cambio de paradigmas en el manejo de desechos sólidos se dio en y al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de los primeros rellenos sanitarios en Estados Unidos. Debido al creciente volumen de chatarra y residuos sólidos generados por las bases militares que se crearon, empezaron a crearse terrenos aledaños para almacenar basura. Para la década de 1950 en Estados Unidos ya había centenares ciudades y bases con rellenos sanitarios que funcionaban utilizando tractores que movilizaban la basura. El mismo sistema que aún hoy en día se utiliza en el relleno sanitario de Guatemala después de décadas utilizando la misma práctica.
En estas nuevas condiciones, las prácticas de los usuarios empezaron a utilizar un sistema de recolección de residuos que enviaba los materiales a rellenos sanitarios. De esta manera, el consumidor o generador perdía absoluta responsabilidad sobre los residuos que se recolectaban y enviaban a los nuevos rellenos sanitarios. Así empezó a crearse un ciclo de nuevas prácticas que cada vez más, eliminaron la responsabilidad sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos de la fuente generadora y que, socializaba y entregaba al gobierno la responsabilidad sobre los mismos. Durante las décadas siguientes, los países del norte global empezaron a invertir en la tecnificación y mejora de la eficiencia del manejo de los residuos sólidos y, con el surgimiento de indicadores ambientales y metas de reducción de la generación de gases de efecto invernadero se empezó a prestar una mayor atención a la mejora de la eficiencia del proceso de recolección de residuos y desechos. Desafortunadamente, en los países del sur global y especialmente en el caso de Guatemala, la inversión y tecnificación de los residuos nunca se implementó debido a que estos costos de inversión no ganaban votos. Es decir, las municipalidades no tenían los incentivos económicos de la presión popular ni de la academia técnica para presionarlos a invertir en la mejora de los rellenos sanitarios existentes ni en la creación de nuevos y, mucho menos, en la creación de plantas estatales de reciclaje y compostaje industrial que velasen por la reducción de la generación de gases de efecto invernadero de estos procesos.
Ilustración 1. Fotografía del relleno sanitario de la zona 3. Fuente: Imagen extraída del documental “Ciudad de Guatemala: La zona 3 y su gente”
Al vertedero de la zona 3, llegan grandes cantidades de residuos que durante más de 70 años no han sido gestionados adecuadamente y según (Espinosa & Parra, 2017) en el año 2017 calculaba que “al relleno sanitario de la zona 3 ingresan cada día 550 camiones (de la capital son 267 y 283 son de otros 13 municipios)” que recibe anualmente más de 668,000 toneladas de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y que, es considerado entre los 50 más grandes del mundo y entre los 13 más grandes de América Latina, con un área de 19.3 hectáreas (Waste Atlas Parternship, 2020). En estas condiciones, este relleno que, históricamente ha sido utilizado como un basurero a cielo abierto ha funcionado sin controles adecuados de saneamiento, reducción de contaminantes gaseosos y líquidos, sin protecciones ambientales para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y sin una gestión para evitar el derrame de residuos sólidos a los ríos y riachuelos cercanos a la barranca ha existido sin cambios sustantivos durante más de 50 años.
En este contexto y ante un creciente problema ambiental y social que se acumula frente a las autoridades locales de la ciudad de Guatemala, se han realizado diversas acciones con el fin de consolidar mejoras en la actual situación del manejo y gestión de residuos sólidos en la ciudad de Guatemala y en la búsqueda de repensar la cadena de recolección, manejo y gestión de estos residuos. Ante la crisis existente en el relleno sanitario cuya planeación original no contó con las instalaciones e infraestructura adecuadas para atender las necesidades de más de 3 millones de personas se suma la compleja red de actores en esta cadena de gestión de uno de los servicios públicos más importantes de la vida urbana.
Históricamente, la gestión de residuos y desechos sólidos en Latinoamérica fue una práctica de limpieza pública que, desde las culturas prehispánicas, era realizada por un grupo específico de la población. Según (Tello Espinoza, 2018). “en la gran Tenochtitlán alrededor de mil personas recogían la basura, los tiraderos se ubicaban en tierras pantanosas, la basura se utilizaba para iluminar la ciudad y la materia séptica y excretas se utilizaba como abono.” Con la llegada de la colonia las prácticas de quemar los desechos orgánicos continuaron utilizándose en las ciudades y pueblos y no fue sino hasta que a mediados del siglo XX empezaron a generarse volúmenes mayores de residuos inorgánicos que los principales problemas de gestión de los residuos aparecieron.
La práctica histórica de quemar la basura orgánica generaba CO2, metano, otros gases contaminantes y cenizas que debido a los volúmenes bajos de desechos pasaban desapercibidos. Sin embargo, con las altas tasas de natalidad y la movilización de las poblaciones hacia las zonas urbanas, la acumulación de residuos orgánicos alcanzó niveles que hicieron imposible continuar con la práctica de quemar la basura debido a los altos volúmenes de contaminantes que generaba. Así, los rellenos sanitarios como el de la ciudad de Guatemala, empezaron a crecer en Guatemala y el resto de América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Junto a este crecimiento, el aumento del consumo de productos empacados o envasados en materiales no orgánicos también creció en estos últimos 70 años y como resultado, los rellenos sanitarios empezaron a sufrir de una ausencia de políticas municipales adecuadas para la creciente generación de residuos de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y, como resultado, una crisis ambiental se empezó a generar.
Con la creciente población de la ciudad de Guatemala, la cobertura de los servicios de recolección de residuos en la ciudad de Guatemala se volvió cada vez más inadecuada y, debido a que la población históricamente ha estado acostumbrada a la quema de los residuos, la población empezó a buscar formas alternas para desechas sus residuos orgánicos. Así, según el análisis de la información disponible en el Censo del año 2018, respecto a la cobertura del servicio de recolección indica que, a nivel urbano, el departamento de Guatemala tiene un 85% y el resto del país presenta en promedio un 42% de cobertura (INE, 2018) que, en teoría[1], son transportados en el departamento de Guatemala al relleno sanitario de la zona 3 o al relleno de AMSA en el municipio de Amatitlán. En el país continúa existiendo una alta prevalencia de vertidos ilegales en basureros ilegales, ríos y barrancos y el transporte de residuos y desechos sólidos es principalmente realizado por empresarios informales y, estos empresarios informales, “contratan al menos a 3000 recicladores o guajeros que dependen directamente de la recuperación y comercialización de residuos del vertedero” (Barillas, 2015).
Con la creciente generación de residuos inorgánicos, en Guatemala también ha crecido el mercado de la revalorización de los residuos sólidos a través de empresarios informales que compran productos (principalmente, chatarra, aluminio, plástico, vidrio y cartón) directamente generados en los hogares, industria o comercios. Asimismo, existe un mercado informal de recolectores de residuos que los trabajadores de los camiones de basura y sus empleados guajeros separan y clasifican del resto de residuos recolectados para una posterior reventa. De esta manera, la práctica de separar los residuos para una reventa en proceso de reutilización o reciclaje se ha vuelto una práctica común de las cuadrillas de camiones que recolectan basura, de los guajeros en los basureros legales y clandestinos y de los guajeros recolectores en las calles de la ciudad de Guatemala. Tan solo en las calles alrededor del relleno sanitario de la zona 3 se calcula que hay “entre 600 y 2000 recicladores (guajeros) en el relleno sanitario de la zona 3.” (Rodić & Bethancourt, 2012) Respecto a los guajeros, es importante recalcar que son personas con los más bajos niveles de educación, niños, mujeres y hombres excluidos de la sociedad, usualmente adictos a drogas y que carecen incluso de nombres y que, muchos de ellos, no cuentan con DPI ni registros de sus nacimientos registrados en el Registro Nacional de las Personas lo que los fuerza a vivir en estas condiciones sin posibilidad alguna de integrarse a la sociedad y a la formalidad.
Recientemente, el relleno sanitario de la zona 3 alcanzó su capacidad después de 60 años de funcionamiento y, a pesar de que las autoridades de la ciudad han iniciado actividades de cierre y rehabilitación, el funcionamiento de este relleno se ha mantenido activo debido a la inmensa presión que ejercen organizaciones legales y no legales de recolectores de residuos, guajeros, recicladores y otros actores activos en esta red de acopio. Ante esta situación, ni la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Nacional Civil parecen tener control de la toma de decisiones sobre cómo se gestiona y lidera el acceso y movilización dentro del basurero de la zona 3 y, además, las empresas de recolectores de residuos privadas que existen laboran en la informalidad y parecieran estar también controladas por lo que, en el documental sobre el vertedero de Zona 3 que dirigió el documentalista Mijaíl Barynin, se refería a la “mafia del vertedero”. En el documental, se explica que esta red informal de líderes es “algo peor que la basura” e indica que “los desastres naturales son solo uno de los varios peligros de la zona. Los residentes (guajeros) evitan hablar de más con los visitantes, debido a que temen las repercusiones de la ‘mafia del vertedero’, un grupo de bandas criminales que operan en el área.” (Barinyn, 2017)
La mala gestión de los residuos y desechos sólidos ocasiona altos costos económicos y ambientales al país debido a las malas prácticas que se emplean para la disposición final de estos residuos. A lo anterior, se suman los impactos económicos y sociales negativos que actualmente tiene la falta de una gestión adecuada de los residuos afectando la educación ambiental, la salud pública y el equipamiento tecnológico adecuado de los rellenos sanitarios. Superar la situación actual de abandono que ha tenido la gestión de residuos y la casi absoluta ignorancia de la población respecto al manejo, clasificación y gestión de los residuos y desechos sólidos ha implicado que no exista una demanda pública para la creación de centros de reciclaje y compostaje industriales adecuados.
Al respecto, el país requiere de un proceso complejo de participación de diversos actores y de un apoyo interinstitucional que enfoque sus esfuerzos en hacer de las municipalidades las principales responsables de ejecutar acciones en pro de una gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos. Debido a que no ha existido una legislación que regule y estandarice las formas y mecanismos de gestión de residuos y desechos sólidos, cualquier cambio que se proponga requerirá de una activa participación e involucramiento de todos los actores de esta cadena y, así, evitar lo ocurrido con la publicación del Acuerdo Gubernativo 164-2021 que no cumplió con los tiempos de implementación descritos en el Acuerdo y que debió ser postergado debido a que no se siguieron los procesos democráticos de negociación para la implementación de un cambio paradigmático en la forma en que la población en general ha gestionado desde siempre sus residuos y desechos sólidos.
Previamente a presentar el análisis situacional de las razones por las cuales se retrasó la implementación del Acuerdo 164-2021 que debió de entrar en vigor el 11 de agosto de 2023, es importante recalcar los avances que durante muchos años se han realizado en términos de legislación nacional e internacional con el objetivo de regular le manejo y gestión de los residuos sólidos y crear las condiciones para la creación de sistemas de tratamiento adecuado de los residuos sólidos.
Como se puede observar en la Tabla 1, la legislación vigente en el manejo de residuos tiene como objetivo cumplir con los acuerdos internacionales y nacionales que exige la Constitución de la República de Guatemala para garantizar el derecho humano fundamental a la salud, siendo obligación de todas las personas e instituciones velar por su conservación y restablecimiento del medio ambiente. Responsabilidad ante la cual el “Estado de Guatemala, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.” (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)
Nombre
Ente Responsable
implicaciones
Nombre Ley
Código Civil
Observancia General
Sanciona por arrojar basura, animales muertos, sustancias fétidas, insalubres o peligrosas o escombros en las calles o sitios públicos o fuentes o abrevaderos
Decreto 106 del Congreso de la República
Constitución Política de la República de Guatemala
Observancia General
Obligaciones Constitucionales
Artículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195
Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (artículo 4)
MARN
Exige evaluaciones de impacto ambiental para las actividades productivas y vela por localidad ambiental a nivel nacional
Decreto 68-86
Convenio C.A. sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
MARN, MSPAS
Cumplir el Convenio
Decreto 6-94
Convenio mundial sobre el control intl. de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
MARN, MSPAS
Cumplir el Convenio de Basilea y las posteriores inclusiones de plásticos en las enmiendas a los anexos II, VIII y IX (las enmiendas relativas a los desechos plásticos) a partir de enero 2021
Decreto 3-95
Consejo Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos CONADESCO
Comisión interinstitucional de carácter asesor al ministerio en materia de gestión de desechos sólidos
Acuerdo G. 700-97
Código Municipal. (artículo 67 y 68 inciso A)
Municipalidades de Guatemala
Asigna la principal responsabilidad por la buena gestión de los desechos sólidos a las municipalidades
Decreto 12-2002
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos para el municipio de Guatemala
Municipalidad de la ciudad de Guatemala
Creado para cumplir con lo preceptuado en la Constitución de la República, código de salud, código municipal y ley de protección y mejoramiento del medio ambiente
Consejo Municipal 26-09-2002
Ley Marco de Cambio Climático
Consejo Nacional de Cambio Climático
Establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en Guatemala.
Decreto 7-2013
Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y los Desechos Sólidos
MARN
Comisión interinstitucional de carácter coordinador de la gestión de desechos sólidos
Acuerdo Ministerial Número 666-2013
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos
MARN y apoyado por MINEDUC, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MEM, INFOM, ANAM
Fortalecimiento institucional, programa de inversiones, fortalecimiento técnico, programa de educación y participación social en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
Acuerdo G. 281-2015
Creación del Departamento para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.
MARN
Responsable de la creación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos
Acuerdo Ministerial Número 51-2015,
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes
MARN
Establece las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión de los residuos y asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambiente
Acuerdo G. 164-2021
Tabla 1. Mapeo de la legislación existente en Guatemala sobre residuos y desechos sólidos. Elaboración propia.
¿Quién decide qué es un desecho o un residuo?
En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada desde la segunda mitad del siglo XX. De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a). De acuerdo con estos datos, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes y 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas. De esta población 5.1 millones de habitantes viven en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala y sin cambios desde el siglo pasado, solamente existe el relleno sanitario de la zona 3 y el vertedero de AMSA en Villa Nueva para gestionar los residuos de todas estas personas. Ante esta situación, la población no ha contado de otras y nuevas formas de gestionar sus residuos mas allá de entregarlas a los recolectores privados o públicos de la basura. En estas situaciones, la falta de una educación ambiental sobre la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos se ha quedado solamente escrita en el papel de los documentos oficiales. También, a pesar de que es parte del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación, son pocos los alumnos y adolescentes que reciben esta educación y aprenden la responsabilidad que como generadores de residuos tienen todas las personas, no conocen sobre la responsabilidad extendida y la necesidad de colaboración entre distintos actores de la sociedad para la gestión de los mismos y tampoco han aprendido cuáles son las materias primas con las que se elaboran los productos que consumen y la manera adecuada de clasificarlos.
Debido a la situación anterior, un cuasi monopolio sobre la decisión de qué material es un desecho y cuál es un residuo valorizable ha caído en la responsabilidad casi única de los recolectores de basura y los guajeros quienes son los únicos que verdaderamente han realizado un proceso de clasificación de los residuos. La clasificación de residuos no solo es realizada únicamente por estos grupos, sino que la valorización generada de este proceso es recibida inicialmente solo por ellos. Esta cuestión es uno de los principales paradigmas que el Acuerdo 164-2021 falló en prever y replantear en el proceso creado para la valorización de residuos en los artículos pertinentes a la Recolección de Residuos y las Normas para el almacenamiento temporal e infraestructura a crearse según la Sección II del (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)
Dado que el entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina es en territorios como la ciudad de Guatemala donde se genera la mayor cantidad de materiales valorizables. Es por esto por lo que la opinión y participación de actores como las cámaras empresariales, las gremiales relacionadas a la industria de recolección de residuos y las gremiales recicladoras se debieron tomar en cuenta en el proceso de reeducación de todos los actores de la cadena de manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos. Según explica (Jordán et al., 2017) “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones en la generación de residuos y productos valorizables no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores y esto se ha debido en gran medida a la existencia de una gran base de recolectores o guajeros que deben vender los productos valorizables por asociaciones de microempresarios vinculados a grupos fuera de la ley.
El mercado informal de los residuos
Actualmente, la mayoría de los servicios de recolección de residuos, conocidos comúnmente como “camiones amarillos”, recolectan y valorizan los residuos de los hogares, empresas e industrias. Estos grupos de empresarios son, según la investigación de (Rodić & Bethancourt, 2012), a menudo compuestos por el propietario de un camión y los miembros de la familia que lo ayudan, pero la gran mayoría de estas empresas son propiedad de alguna de las tres asociaciones privadas principales: ATRADESGUA[2], ASTRODEGUA, ARSGUA O URBAGUA. Estas asociaciones que sobreviven dentro de un negocio altamente informal se fortalecieron y crecieron desde hace más de 25 años. Por ejemplo, “ATRADESGUA comenzó como una empresa familiar que brindaba recolección de desechos en mulas; actualmente cuenta con 343 camiones registrados. Una asociación coordina las rutas de los camiones y asegura una distribución justa de las áreas entre los camiones, lo que a menudo implica la resolución de conflictos. Las autoridades de la Municipalidad revisan los camiones una vez al año.” (Rodić & Bethancourt, 2012)
Junto a estas asociaciones privadas se incluye la Asociación de Trabajadores Particulares de Extracción de Basura (ATPEB) y la Cooperativa Integral de Servicios Especiales de Transporte Motorizado de Basura, R. L. (CISETMEB) que desde el año 1994 se constituyeron en la “Gremial Metropolitana de Recolectores de Basura (GMRB)” que absorbió a estas organizaciones con el objetivo de mejorar y tecnificar los procesos de extracción, transporte, disposición y tratamiento final de desechos sólidos. (Martínez López, 1996). Estos son algunos de los esfuerzos aparentes de organización, mejora y tecnificación que no han realizado y cuyos intereses económicos de trabajo en la informalidad les han impedido optar a la recepción de fondos internacionales o nacionales de inversión y mejora. La informalidad de la industria de valorización de residuos y desechos sólidos se relaciona directamente con otros problemas que dificultan la integración de estos actores a nuevas y distintas formas de valorización de los residuos y desechos sólidos. En la industria informal de la basura, la delincuencia, la competencia desleal ejercida sobre el llamado comercio establecido, las malas condiciones de salubridad de los recolectores guajeros y la violencia de mafias entorno a este negocio dificultan la solución de diferencias y conflictos según los estándares tradicionales de resolución de estos.
En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos como la gestión de los residuos y desechos sólidos existe actualmente una segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala y las calles entorno al relleno sanitario de la zona 3, se encuentren ubicadas en las zonas de una veloz movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de pobreza y desigualdad con una marcada ausencia del Estado en la prestación de servicios públicos básicos.
Ante la falta de una planeación urbana adecuada, el comercio en la informalidad ha sido clasificado en algunos estudios sobre el tema en dos tipos: el de subsistencia, al que pertenecen aquellos que invierten los pocos recursos que poseen para recolectar o comprar mercancía y la venden para sostenerse, y el de alta rentabilidad, en donde se encuentran los comerciantes que invierten un capital considerable y obtienen con ello un margen de ganancia que incluso les permite tener empleados a su servicio y son los que generalmente se arrogan la prerrogativa de usar las zonas más rentables para el comercio callejero tal y como actualmente se han dividido las principales asociaciones privadas de recolección de residuos el mercado de recolección por zonas. En estas son zonas, repartidas por las mafias sin ningún respaldo legal más allá del de la presión de las amenazas y la violencia existen actores que reditan del negocio de la basura y no fueron incluidos en la redacción del Acuerdo Gubernativo 164-2021.
Ante esta situación donde actores formales se relacionan con actores informales, la negociación de cambios al estatus quo del negocio de la basura requiere de una perspectiva distinta de negociación y de tomar en cuenta que, prácticamente, todos los estudios sobre maras y grupos organizados en la informalidad destacan el papel central de la violencia y la fuerza en la cultura de las pandillas. La violencia se presenta más a menudo como conflicto de fuerza, a la forma de amenaza omnipresente (Vigil, 1988) y esta se pronuncia ante el cambio de las condiciones del terreno que controlan. Y, como señala (Horowitz, 1987, p.437-450), se dice que actualmente el comercio informal ha dejado de ser primordialmente un problema de subsistencia para convertirse en una actividad de alta rentabilidad. Rentabilidad que, en la industria de gestión de residuos, genera millones de quetzales para una reducida red de actores y que con el ingreso en vigor del Acuerdo Gubernativo 164-2021 no solo cambiaria las reglas del juego de ese negocio, sino que involucraría más y nuevos actores en el negocio de la valorización de residuos.
Uno de los factores que permite que este tipo de comercio informal de la basura siga aumentando es la poderosa red de corrupción que lo sostiene desde el aparato estatal y en la que participan los distribuidores, las autoridades y los líderes de las agrupaciones comerciales. Estas redes controlan permisos y rentas para uso de los espacios públicos para ejercer el comercio informal de transporte de residuos y la recaudación de las cuotas a cambio de la protección y la representación de sus agremiados. Horowitz explica que, en el mercado informal y de maras, “el pandillero tiene que estar preparado para responder a la violencia en cualquier momento y, por lo tanto, a consolidar su identidad a partir de la fuerza.” (Horowitz, 1987). Consecuentemente con estas acciones de fuerza y de protección de sus territorio, Miguel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores de Basura anunció que “tomarían medidas de hecho” y detendrían la recolección de residuos de los hogares (García & Domínguez, 2023). La anterior, fue una reciente amenaza directa que forzó al MARN a detener la entrada en vigor del Acuerdo y que incluso pondrá en riesgo el ingreso de nuevos reglamentos que busquen modernizar y transformar el proceso de gestión y manejo de residuos sólidos en el país. Situaciones como la anterior, han ocurrido en este sector informal en repetidas ocasiones y son muchas las denuncias que ha habido respecto a la toma de decisiones arbitrarias respecto a la recolección de residuos y desechos sólidos. Por ejemplo, de forma unilateral los recolectores de residuos de los camiones recolectores deciden dejar de recolectar la “basura” cuando empresas deciden de forma voluntaria hacer una separación de residuos reciclables y llevarlos a los centros de acopio directamente. Esto fuerza a los restaurantes y empresas formales a continuar entregando toda su “basura” a los recolectores quienes serán los que clasifiquen estos residuos posteriormente y los vendan a los recicladores.
La creación de un nuevo y moderno sistema de manejo y gestión de residuos requerirá que, desde el Estado y las cámaras empresariales, se reconozca la necesidad de construir un sistema de solución con base en lo que existe en los territorios que dependen del mercado informal como es el caso del negocio de la recolección y gestión de residuos y desechos sólidos facilitando, de primero, la formalización de esta industria y la desintegración de las mafias a lo interno de la industria. Este sistema debe integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia del acuerdo gubernativo que busca reglamentar esta industria. En el país, la Municipalidad de Guatemala habrá de jugar un papel central en este propósito por su conocimiento de negociación con estos grupos informales; pero, a la vez, deberá de cambiar sus prácticas y eliminar la corrupción a lo interno del sistema estatal y replantear un plan en conjunto con estos actores como figuras centrales de futuros acuerdos.
Crear las condiciones de negociación entre actores formales e informales para viabilizar el Acuerdo 164-2021 y futuros acuerdos requerirá de un proceso de mejora y moderniza el sistema de gestión de residuos y desechos sólidos que siga una serie de pasos como se observa en la Ilustración 2. Para lo anterior, debe seguirse un proceso de negociación previamente coordinada en base a la exigencia mínima de principios como el respeto de los derechos humanos de todos los participantes de la cadena de recolección dado que actualmente se violan derechos tan básicos como la vida o la integridad personal de los trabajadores y se deberán crear también sanciones que exijan un mínimo que proteja los derechos humanos de todos. La siguiente fase será crear las condiciones de coexistencia entre el sistema formal e informal para que, con el tiempo, se formalicen las actividades y se cumplan las reglas vigentes en la ley y que, asimismo, se incluyan y comprendan las normas informales que son vigentes en la vida diaria de miles de estas personas trabajando en la informalidad. Esto requiere de una estrategia que permita cierto proceso de modernización y de autonomía y diversidad de formas de solución de conflictos dentro del marco legal. La última y más importante de las fases es prever la pérdida de eficacia de los sistemas una vez se elimine el sistema informal de valorización de residuos contando con una activa vigilancia del mercado por el Estado. Este último es quizá el reto más grande y requiere de la creación de los subsidios adecuados para rentabilizar la recolección, transporte, clasificación y reciclaje de los residuos mientras que, a la vez, se modernizan sistemas y prácticas que utilizaban los actores de la red de recolección.
Ilustración 2. Proceso de negociación entre actores formales e informales. Elaboración propia.
Los factores formales en los que se han acentuado las legislaciones sobre la gestión de residuos y el comercio han fallado en establecer un camino a la regulación del comercio informal y se han basado sólo en aspectos de inmediatez administrativa y económica para los propósitos de los acuerdos gubernativos y reglamentaciones de forma aislada. La construcción de una futura ley nacional de manejo y gestión de residuos y desechos sólidos deberá tomar en cuenta a estos actores informales para conseguir de forma efectiva la modernización de esta industria. Con este objetivo, los círculos normativos relativos a la competencia económica de los proyectos de desarrollo sostenible y de protección ambiental deberán negociar con el derecho de libertad de comercio que protege la Constitución para que incidan directamente en el comercio informal existente en torno a la valoración de residuos y se les proteja formalizando y legalizando los conglomerados de pequeños empresarios y comerciantes aislados que ya existen en la industria. Por lo anteriormente expuesto, la adaptación en lo formal de esta compleja realidad mercantil y laboral deberá de obligar a que en futuras legislaciones que involucren a los mercados informales se tomen en cuenta los factores que se han descrito en este ensayo. Además, para la reorganización del servicio de manejo de residuos sólidos queda aún pendiente que se establezcan con claridad funciones específicas de cada institución gubernamental y se delimite la competencia de cada una de ellas.
Ilustración 3. Fases del proceso de generación, recolección y gestión final de residuos en un sistema de economía circular. Elaboración propia
Dado que la fase de recolección y transporte de residuos es actualmente la principal fase de conflicto en la mejora y modernización de esta industria, es fundamental evitar que esta red detenga su funcionamiento según se presentan en la Ilustración 3 ya que los residuos no recolectados presentarían un impacto ambiental directo si se llegase a acumular en los basureros clandestinos en las cercanías de las áreas urbanas, en predios baldíos, cauces de ríos, puentes y la vía pública. Para esto, es necesario que el proceso de recolección, manejo y gestión de los residuos sólidos esté acorde con los costos reales de todo el proceso hasta la llegada a la fase final de reciclaje, compostaje, tratamiento o incineración. Para esto, es necesario que se internalicen de esta manera los costos del daño ambiental causado por el manejo deficiente de los residuos generados por la industria, el comercio y los hogares. Al internalizar los costos del daño ambiental potencial, no solo se responsabilizará a los habitantes, sino que también a las industrias y comercios para que se dispongan los residuos de una manera sana, clasificada y que permita a los recolectores modernizar y mejorar las condiciones existentes de transporte. De lo contrario, los costos del daño por la contaminación de residuos serán pagados de manera indirecta por los mismos actores comerciales en las cercanías urbanas y también en las cuencas de ríos que nacen en las zonas urbanas y llevan contaminación de residuos sólidos hasta los océanos.
Lograr que la ciudadanía y los diversos actores en la cadena de la gestión de los residuos y desechos sólidos cumplan consciente y voluntariamente con las obligaciones y derechos que le corresponden en lo referente a la entrega clasificada de los desechos sólidos, el cobro y venta de los servicios de recolección y el pago final por la gestión de los residuos y desechos sólidos en plantas de compostaje, reciclaje, incineración o tratamiento en rellenos sanitarios requerirá de estrategias que antecedan la elaboración de reglamentos y legislaciones. Asimismo, será necesario fortalecer el rol de las entidades locales que serán ejecutoras de estos y de los recursos humanos y económicos con la creación de entes responsables en la legislación y modificación de los renglones presupuestarios que les permitan recibir fondos públicos necesarios. La creación de fondos públicos para la modernización de la gestión de residuos también requerirá del apoyo financiero de la comunidad internacional. Quizás, el punto más importante para la implementación efectiva de nuevas legislaciones en términos del manejo y gestión de residuos sólidos será el aspecto cultural y educativo que es una de las fuentes de conflicto actuales. Para esto, debemos cambiar las prácticas colectivas que tienen más de 70 años de practicarse en un modelo de producción lineal en el cual los productos que se consumían eran posteriormente desechados como basura.
Cambiar la cultura lineal de pensamiento y de consumo de los actores requerirá de un cambio cultural sobre la naturaleza de los productos y de fomentar y educar qué es y qué beneficios tiene para la población en general la práctica de la economía circular. Este cambio a una economía circular implica un cambio total de la cultural y del manejo de los desechos sólidos para entenderlos como residuos con un potencial de valorización, de cultivar una consciencia de responsabilidad ambiental y de una ciudadanía ecológica y circular integral. Pero lograr estos cambios de comportamiento y de cultura requerirá de un incremento de los costos de transacción de estos procesos y el Estado debe contemplar este factor en la creación de futuras legislaciones ambientales. Cualquiera que sea la legislación que se cree en este tema, habrá un incremento del costo económico para los generadores (hogares, industria, comercios y gobierno), incrementos en costos para la recolección (camiones recolectores, recolectores individuales y guajeros, recolectores institucionales) y para los gestores finales (empresas públicas y privadas recicladoras, compostadoras e incineradoras y gestores de rellenos sanitarios) a quienes deberá facilitarse fondos desde los gobiernos municipales y desde el Presupuesto Nacional. Pero, también deberá de contemplarse la educación a los generadores sobre la responsabilidad extendida que tienen sobre los residuos que generan para que, educados al respecto, paguen las cuotas de extracción de residuos de forma individual como parte de sus contribuciones sociales en beneficio de la salud familiar, vecinal, la protección ambiental local y nacional y la protección de los ríos y lagos que actualmente son contaminados por residuos sólidos.
Horowitz, R. (1987). Community Tolerance of Gang Violence. Social Problems, 34(5).
INE. (2018). XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
Jordán, R., Riffo, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe: dinámicas para el cambio estructural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, (2021).
Vigil, D. (1988). Barrio gangs. Texas University Press. Waste Atlas Parternship. (2020). Waste Atlas: The World’s 50 Biggest Dumpsite. http://www.atlas.d-waste.com/#globalChartsTab
[1] No existen datos exactos de la cantidad de residuos que son recolectados por empresas de transporte público o privado y que no son transportados a los rellenos sanitarios autorizados sino que son lanzados en botaderos ilegales, barrancos o directamente a los ríos. Según el MARN, en Guatemala hay por lo menos 2 mil 370 basureros sin estudios ambientales y, por lo tanto, sin autorización. Asimismo, organizaciones privadas calculan que en Guatemala existen al menos 3,000 basureros clandestinos. A estos números se debe sumar que es una práctica común de la población utilizar todos los ríos de Guatemala como basureros clandestinos.
[2] En 2022, Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala revelaron indicios que una posible red de extorsionistas operaba en un edificio de oficinas ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Según la nota publicada en el periódico Soy502, la PNC indicó que”en ese lugar funcionan las oficinas de la Asociación de Recolectores de Desechos de Guatemala (Atradesgua). Lo cual arroja suspicacias debido a que las investigaciones determinan que las extorsiones se producen desde ese punto.” Operaciones ilegales similares son relacionadas al negocio de la recolección de la basura y son difíciles de eliminar debido al mercado informal en el que se maneja esta industria. Link a noticia: https://www.soy502.com/articulo/allanan-oficina-extorsionistas-zona-4-32419
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS, por sus siglas) busca promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Este objetivo de la Agenda 2030 es uno de los objetivos más importantes y a la vez más controversiales y con distinta facetas en los países del sur global. Por un lado, el ODS8 busca fomentar un crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible. ¿Qué significa esto? un sistema económico que cumpla con estas condiciones será uno que fomente el desarrollo económico de sus ciudadanos de forma sostenible protegiendo los derechos individuales y la libertad económica a la vez que fomenta la inclusión de todas las personas en la economía. En Guatemala, la inclusión económica es muy desigual y responde prácticas históricas de discriminación, racismo y machismo que al día de hoy han causado que las mujeres indígenas de las áreas rurales de Guatemala estén en condiciones de inmensa desigualdad y falta de inclusión económica versus un hombre mestizo o blanco de las áreas urbanas. Según un estudio auspiciado por la cooperación internacional, en Guatemala actualmente el el mercado laboral discrimina y precariza la situación de las mujeres, principalmente de las indígenas mayas y rurales. El estudio continúa explicando que,
“Quienes pertenecen a este segmento de la población son quienes en menor medida forman parte de la población económicamente activa (PEA), con el 36.2%, pero presentan mayores porcentajes entre la población inactiva del país, con el 63.8%. Además, las que se encuentran ocupadas lo hacen mayoritariamente en los sectores informales del mercado (81.1%) y son quienes menores salarios perciben por su trabajo. Si bien las mujeres mayas trabajan menos horas que el promedio (39.2 horas a la semana en 2019), las horas a la semana en trabajo no remunerado son 32.8 (2018). Con esta información se evidencia que el trabajo doméstico es relegado casi en un tercio a las mujeres de cualquier pueblo. En materia de acceso a financiamiento, pese a que no se encontró la información por pueblo, también e muestran brechas entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas. Lo mismo sucede con el acceso a la tierra, variable en la que los datos no se encuentran actualizados desde 2008, de manera que se dificulta indagar sobre las condiciones de acceso a la tierra de las mujeres indígenas.”
Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales. ICEFI.
Ante estas condiciones de la mujer en Guatemala, este pilar de inclusión económica es uno de los retos más importantes que el país tiene para poder mejorar sus indicadores y metas de la Agenda 2030. Las oportunidades económicas, de dinamismo territorial y de superación de la pobreza presuponen poner a la mujer al centro del desarrollo y la creación de planes de acción gubernamentales. De esta manera, crear las condiciones de igualdad en el mercado para las mujeres es quizás la oportunidad comercial y de desarrollo más importante del país ya que nos permitirá aprovechar las capacidades y el talento humano de la mitad de la población del país que históricamente ha sido limitada y reducida.
A este objetivo de inclusión se suma el objetivo de que los países alcancen un “trabajo pleno y decente” y estas definiciones buscan promover que en Guatemala se reduzca el desempleo, se mejoren las condiciones laborales y se cumpla lo exigido por el Código de Trabajo. También y muy importante, este objetivo busca que se elimine el trabajo infantil que se continúa practicando en la industria agrícola principalmente.
Mejorar la cobertura y la calidad de la educación es uno de los principales desafíos que enfrenta el país como mecanismo de combate a la pobreza, la desigualdad y el trabajo infantil.
Ante lo anterior, los gobiernos deben enfocarse en:
Reducir la pobreza y desigualdad laboral.
Ofrecer un acceso a una educación de calidad y pertinente.
Dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y de la niñas.
Acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
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