Conflictos en la gestión de los residuos y desechos sólidos: impactos económicos, ambientales y sociales de prácticas e implementación de políticas no consensuadas en Guatemala

El proceso de transición en el siglo XX hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas del sur global ocurrió en Guatemala siguiendo patrones similares. Para entender esta urbanización, es necesario preguntarse ¿cómo mirar la situación y los problemas del planeta urbano desde una perspectiva del Sur? ¿cómo pensar el planeta desde las reflexiones del Sur? ¿cómo podemos entender la ineficiencia de las teorías urbanas tradicionalmente basadas y generadas en el Norte global? ¿cómo podemos explicar los problemas causados por la veloz urbanización del sur y cómo podemos generar teorías urbanas desde el Sur global? En otras palabras, cómo podemos analizar el Sur global como la fuente de nuevas teorías contemporáneas y revisiones de conceptos para una aplicación mundial que nos permitan contextualizar los problemas de desarrollo que actualmente enfrenta esta región. En el caso de Guatemala y como resultado de este proceso de urbanización, la población del país tuvo durante el siglo pasado un veloz crecimiento con tasas de natalidad por arriba de la tasa de fertilidad de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo (De Broe et al., 2018) y junto a este crecimiento, la migración interna hacia la ciudad de Guatemala y las ciudades dormitorio del área metropolitana crecieron velozmente sin que se observara un proceso de desarrollo institucional, organización gremial y estatal y sin que se contase con el crecimiento de un estado sólido que atendiese a las necesidades colectivas de estos centros urbanos. Como resultado, la ciudad del Sur global es “un tipo distintivo de asentamiento humano” (Schindler, 2017), totalmente diferente de la ciudad del Norte global. Por esta razón, las teorías generadas en el Norte global enfrentarán inmensos retos para hacerlas funcionar en el Sur global y la cuestión del manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos es un excelente caso de análisis. Además, ni siquiera conceptos como el de “urbanización planetaria” de autores como Brenner y Schmid son útiles para la comprensión del Sur global, ya que continúan ignorando las características de las ciudades del Sur y puede ser un concepto de riesgo, ya que se afirma que es planetario manteniendo un enfoque y una base del contexto del Norte.

Ante este contexto, los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 nos dan herramientas para entender las complejidades del caso guatemalteco. La población rural en Guatemala descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de la zona metropolitana que requeriría que los gobiernos municipales planificaran y gestionaran el desarrollo urbano de manera sostenible y eficiente. Principalmente, los últimos cincuenta años requerían sin que se consiguiera desarrollar, la instalación de infraestructura y redes de transporte para facilitar la movilidad urbana, creación de sistemas de agua potable y saneamiento, creación de zonas de manejo y gestión de residuos sólidos, distribución de energía y telecomunicaciones, creación de plazas y parques, establecimiento de un sistema de seguridad y protección de los ciudadanos y planificación de las zonas de urbanización y ordenamiento territorial con el fin de reducir los conflictos y mantener la calidad de vida de los habitantes. Todo lo anterior, es parte de una planeación inicial base que requería establecer, además, los planes de resiliencia, adaptación y preparación para desastres asociados a los desastres naturales más comunes en la zona y en la respuesta ante los cambios climáticos con el objetivo primordial de proteger la vida y propiedades de todos los habitantes.

Desafortunadamente, el manejo y gestión de los residuos sólidos ha sido uno de estos proyectos cuya responsabilidad local a través de la municipal de Guatemala, las municipalidades en el área metropolitana y el gobierno central de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha quedado inconclusa y estancada en paradigmas del manejo y gestión de residuos que no son viables ni sostenibles en las nuevas condiciones de desarrollo urbano del país. Desde el año 1950, la zona 3 de la ciudad de Guatemala ha sido el escenario donde uno de los barrancos de la ciudad se convirtió en un vertedero a cielo abierto durante el gobierno de Juan José Arévalo (Barillas, 2015). Durante más de 70 años, el vertedero continúo funcionando sin los controles adecuados y luego de que se cerrara en 1966 la primera ubicación, años después se volvió a inaugurar un nuevo vertedero sanitario en esa zona. Desde entonces, el relleno sanitario es utilizado en una zona del barranco al que se ingresa desde su parte superior y en donde, los residuos que se han depositado aprovechan la pendiente del barranco para escurrirse hacia abajo con un proceso de compactación por maquinarias pesadas como se observa en la Ilustración 1. El primer gran cambio de paradigmas en el manejo de desechos sólidos se dio en y al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de los primeros rellenos sanitarios en Estados Unidos. Debido al creciente volumen de chatarra y residuos sólidos generados por las bases militares que se crearon, empezaron a crearse terrenos aledaños para almacenar basura. Para la década de 1950 en Estados Unidos ya había centenares ciudades y bases con rellenos sanitarios que funcionaban utilizando tractores que movilizaban la basura. El mismo sistema que aún hoy en día se utiliza en el relleno sanitario de Guatemala después de décadas utilizando la misma práctica.

En estas nuevas condiciones, las prácticas de los usuarios empezaron a utilizar un sistema de recolección de residuos que enviaba los materiales a rellenos sanitarios. De esta manera, el consumidor o generador perdía absoluta responsabilidad sobre los residuos que se recolectaban y enviaban a los nuevos rellenos sanitarios. Así empezó a crearse un ciclo de nuevas prácticas que cada vez más, eliminaron la responsabilidad sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos de la fuente generadora y que, socializaba y entregaba al gobierno la responsabilidad sobre los mismos. Durante las décadas siguientes, los países del norte global empezaron a invertir en la tecnificación y mejora de la eficiencia del manejo de los residuos sólidos y, con el surgimiento de indicadores ambientales y metas de reducción de la generación de gases de efecto invernadero se empezó a prestar una mayor atención a la mejora de la eficiencia del proceso de recolección de residuos y desechos. Desafortunadamente, en los países del sur global y especialmente en el caso de Guatemala, la inversión y tecnificación de los residuos nunca se implementó debido a que estos costos de inversión no ganaban votos. Es decir, las municipalidades no tenían los incentivos económicos de la presión popular ni de la academia técnica para presionarlos a invertir en la mejora de los rellenos sanitarios existentes ni en la creación de nuevos y, mucho menos, en la creación de plantas estatales de reciclaje y compostaje industrial que velasen por la reducción de la generación de gases de efecto invernadero de estos procesos.

Ilustración 1. Fotografía del relleno sanitario de la zona 3. Fuente: Imagen extraída del documental “Ciudad de Guatemala: La zona 3 y su gente”

Al vertedero de la zona 3, llegan grandes cantidades de residuos que durante más de 70 años no han sido gestionados adecuadamente y según (Espinosa & Parra, 2017) en el año 2017 calculaba que “al relleno sanitario de la zona 3 ingresan cada día 550 camiones (de la capital son 267 y 283 son de otros 13 municipios)” que recibe anualmente más de 668,000 toneladas de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y que, es considerado entre los 50 más grandes del mundo y entre los 13 más grandes de América Latina, con un área de 19.3 hectáreas (Waste Atlas Parternship, 2020). En estas condiciones, este relleno que, históricamente ha sido utilizado como un basurero a cielo abierto ha funcionado sin controles adecuados de saneamiento, reducción de contaminantes gaseosos y líquidos, sin protecciones ambientales para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y sin una gestión para evitar el derrame de residuos sólidos a los ríos y riachuelos cercanos a la barranca ha existido sin cambios sustantivos durante más de 50 años.

En este contexto y ante un creciente problema ambiental y social que se acumula frente a las autoridades locales de la ciudad de Guatemala, se han realizado diversas acciones con el fin de consolidar mejoras en la actual situación del manejo y gestión de residuos sólidos en la ciudad de Guatemala y en la búsqueda de repensar la cadena de recolección, manejo y gestión de estos residuos. Ante la crisis existente en el relleno sanitario cuya planeación original no contó con las instalaciones e infraestructura adecuadas para atender las necesidades de más de 3 millones de personas se suma la compleja red de actores en esta cadena de gestión de uno de los servicios públicos más importantes de la vida urbana.

Históricamente, la gestión de residuos y desechos sólidos en Latinoamérica fue una práctica de limpieza pública que, desde las culturas prehispánicas, era realizada por un grupo específico de la población. Según (Tello Espinoza, 2018). “en la gran Tenochtitlán alrededor de mil personas recogían la basura, los tiraderos se ubicaban en tierras pantanosas, la basura se utilizaba para iluminar la ciudad y la materia séptica y excretas se utilizaba como abono.” Con la llegada de la colonia las prácticas de quemar los desechos orgánicos continuaron utilizándose en las ciudades y pueblos y no fue sino hasta que a mediados del siglo XX empezaron a generarse volúmenes mayores de residuos inorgánicos que los principales problemas de gestión de los residuos aparecieron.

La práctica histórica de quemar la basura orgánica generaba CO2, metano, otros gases contaminantes y cenizas que debido a los volúmenes bajos de desechos pasaban desapercibidos. Sin embargo, con las altas tasas de natalidad y la movilización de las poblaciones hacia las zonas urbanas, la acumulación de residuos orgánicos alcanzó niveles que hicieron imposible continuar con la práctica de quemar la basura debido a los altos volúmenes de contaminantes que generaba. Así, los rellenos sanitarios como el de la ciudad de Guatemala, empezaron a crecer en Guatemala y el resto de América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Junto a este crecimiento, el aumento del consumo de productos empacados o envasados en materiales no orgánicos también creció en estos últimos 70 años y como resultado, los rellenos sanitarios empezaron a sufrir de una ausencia de políticas municipales adecuadas para la creciente generación de residuos de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y, como resultado, una crisis ambiental se empezó a generar.

Con la creciente población de la ciudad de Guatemala, la cobertura de los servicios de recolección de residuos en la ciudad de Guatemala se volvió cada vez más inadecuada y, debido a que la población históricamente ha estado acostumbrada a la quema de los residuos, la población empezó a buscar formas alternas para desechas sus residuos orgánicos. Así, según el análisis de la información disponible en el Censo del año 2018, respecto a la cobertura del servicio de recolección indica que, a nivel urbano, el departamento de Guatemala tiene un 85% y el resto del país presenta en promedio un 42% de cobertura (INE, 2018) que, en teoría[1], son transportados en el departamento de Guatemala al relleno sanitario de la zona 3 o al relleno de AMSA en el municipio de Amatitlán. En el país continúa existiendo una alta prevalencia de vertidos ilegales en basureros ilegales, ríos y barrancos y el transporte de residuos y desechos sólidos es principalmente realizado por empresarios informales y, estos empresarios informales, “contratan al menos a 3000 recicladores o guajeros que dependen directamente de la recuperación y comercialización de residuos del vertedero” (Barillas, 2015).

Con la creciente generación de residuos inorgánicos, en Guatemala también ha crecido el mercado de la revalorización de los residuos sólidos a través de empresarios informales que compran productos (principalmente, chatarra, aluminio, plástico, vidrio y cartón) directamente generados en los hogares, industria o comercios. Asimismo, existe un mercado informal de recolectores de residuos que los trabajadores de los camiones de basura y sus empleados guajeros separan y clasifican del resto de residuos recolectados para una posterior reventa. De esta manera, la práctica de separar los residuos para una reventa en proceso de reutilización o reciclaje se ha vuelto una práctica común de las cuadrillas de camiones que recolectan basura, de los guajeros en los basureros legales y clandestinos y de los guajeros recolectores en las calles de la ciudad de Guatemala. Tan solo en las calles alrededor del relleno sanitario de la zona 3 se calcula que hay “entre 600 y 2000 recicladores (guajeros) en el relleno sanitario de la zona 3.” (Rodić & Bethancourt, 2012) Respecto a los guajeros, es importante recalcar que son personas con los más bajos niveles de educación, niños, mujeres y hombres excluidos de la sociedad, usualmente adictos a drogas y que carecen incluso de nombres y que, muchos de ellos, no cuentan con DPI ni registros de sus nacimientos registrados en el Registro Nacional de las Personas lo que los fuerza a vivir en estas condiciones sin posibilidad alguna de integrarse a la sociedad y a la formalidad.

Recientemente, el relleno sanitario de la zona 3 alcanzó su capacidad después de 60 años de funcionamiento y, a pesar de que las autoridades de la ciudad han iniciado actividades de cierre y rehabilitación, el funcionamiento de este relleno se ha mantenido activo debido a la inmensa presión que ejercen organizaciones legales y no legales de recolectores de residuos, guajeros, recicladores y otros actores activos en esta red de acopio. Ante esta situación, ni la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Nacional Civil parecen tener control de la toma de decisiones sobre cómo se gestiona y lidera el acceso y movilización dentro del basurero de la zona 3 y, además, las empresas de recolectores de residuos privadas que existen laboran en la informalidad y parecieran estar también controladas por lo que, en el documental sobre el vertedero de Zona 3 que dirigió el documentalista Mijaíl Barynin, se refería a la “mafia del vertedero”. En el documental, se explica que esta red informal de líderes es “algo peor que la basura” e indica que “los desastres naturales son solo uno de los varios peligros de la zona. Los residentes (guajeros) evitan hablar de más con los visitantes, debido a que temen las repercusiones de la ‘mafia del vertedero’, un grupo de bandas criminales que operan en el área.” (Barinyn, 2017)

La mala gestión de los residuos y desechos sólidos ocasiona altos costos económicos y ambientales al país debido a las malas prácticas que se emplean para la disposición final de estos residuos. A lo anterior, se suman los impactos económicos y sociales negativos que actualmente tiene la falta de una gestión adecuada de los residuos afectando la educación ambiental, la salud pública y el equipamiento tecnológico adecuado de los rellenos sanitarios. Superar la situación actual de abandono que ha tenido la gestión de residuos y la casi absoluta ignorancia de la población respecto al manejo, clasificación y gestión de los residuos y desechos sólidos ha implicado que no exista una demanda pública para la creación de centros de reciclaje y compostaje industriales adecuados.

Al respecto, el país requiere de un proceso complejo de participación de diversos actores y de un apoyo interinstitucional que enfoque sus esfuerzos en hacer de las municipalidades las principales responsables de ejecutar acciones en pro de una gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos. Debido a que no ha existido una legislación que regule y estandarice las formas y mecanismos de gestión de residuos y desechos sólidos, cualquier cambio que se proponga requerirá de una activa participación e involucramiento de todos los actores de esta cadena y, así, evitar lo ocurrido con la publicación del Acuerdo Gubernativo 164-2021 que no cumplió con los tiempos de implementación descritos en el Acuerdo y que debió ser postergado debido a que no se siguieron los procesos democráticos de negociación para la implementación de un cambio paradigmático en la forma en que la población en general ha gestionado desde siempre sus residuos y desechos sólidos.

Previamente a presentar el análisis situacional de las razones por las cuales se retrasó la implementación del Acuerdo 164-2021 que debió de entrar en vigor el 11 de agosto de 2023, es importante recalcar los avances que durante muchos años se han realizado en términos de legislación nacional e internacional con el objetivo de regular le manejo y gestión de los residuos sólidos y crear las condiciones para la creación de sistemas de tratamiento adecuado de los residuos sólidos.

Como se puede observar en la Tabla 1, la legislación vigente en el manejo de residuos tiene como objetivo cumplir con los acuerdos internacionales y nacionales que exige la Constitución de la República de Guatemala para garantizar el derecho humano fundamental a la salud, siendo obligación de todas las personas e instituciones velar por su conservación y restablecimiento del medio ambiente. Responsabilidad ante la cual el “Estado de Guatemala, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.” (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)

Nombre	Ente Responsable	implicaciones	Nombre Ley
Código Civil	Observancia General	Sanciona por arrojar basura, animales muertos, sustancias fétidas, insalubres o peligrosas o escombros en las calles o sitios públicos o fuentes o abrevaderos	Decreto 106 del Congreso de la República
Constitución Política de la República de Guatemala	Observancia General	Obligaciones Constitucionales	Artículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195
Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (artículo 4)	MARN	Exige evaluaciones de impacto ambiental para las actividades productivas y vela por localidad ambiental a nivel nacional	Decreto 68-86
Convenio C.A. sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos	MARN, MSPAS	Cumplir el Convenio	Decreto 6-94
Convenio mundial sobre el control intl. de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos	MARN, MSPAS	Cumplir el Convenio de Basilea y las posteriores inclusiones de plásticos en las enmiendas a los anexos II, VIII y IX (las enmiendas relativas a los desechos plásticos) a partir de enero 2021	Decreto 3-95
Consejo Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos CONADESCO	MARN, MSPAS, INFOM, ANAM, CACIF, ERIS USAC, INGUAT, AMSA Y SEGEPLAN	Comisión interinstitucional de carácter asesor al ministerio en materia de gestión de desechos sólidos	Acuerdo G. 700-97
Código Municipal. (artículo 67 y 68 inciso A)	Municipalidades de Guatemala	Asigna la principal responsabilidad por la buena gestión de los desechos sólidos a las municipalidades	Decreto 12-2002
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos para el municipio de Guatemala	Municipalidad de la ciudad de Guatemala	Creado para cumplir con lo preceptuado en la Constitución de la República, código de salud, código municipal y ley de protección y mejoramiento del medio ambiente	Consejo Municipal 26-09-2002
Ley Marco de Cambio Climático	Consejo Nacional de Cambio Climático	Establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en Guatemala.	Decreto 7-2013
Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y los Desechos Sólidos	MARN	Comisión interinstitucional de carácter coordinador de la gestión de desechos sólidos	Acuerdo Ministerial Número 666-2013
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos	MARN y apoyado por MINEDUC, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MEM, INFOM, ANAM	Fortalecimiento institucional, programa de inversiones, fortalecimiento técnico, programa de educación y participación social en el manejo y gestión de los residuos sólidos.	Acuerdo G. 281-2015
Creación del Departamento para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.	MARN	Responsable de la creación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos	Acuerdo Ministerial Número 51-2015,
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes	MARN	Establece las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión de los residuos y asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambiente	Acuerdo G. 164-2021

Tabla 1. Mapeo de la legislación existente en Guatemala sobre residuos y desechos sólidos. Elaboración propia.

¿Quién decide qué es un desecho o un residuo?

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada desde la segunda mitad del siglo XX. De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a). De acuerdo con estos datos, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes y 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas. De esta población 5.1 millones de habitantes viven en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala y sin cambios desde el siglo pasado, solamente existe el relleno sanitario de la zona 3 y el vertedero de AMSA en Villa Nueva para gestionar los residuos de todas estas personas. Ante esta situación, la población no ha contado de otras y nuevas formas de gestionar sus residuos mas allá de entregarlas a los recolectores privados o públicos de la basura. En estas situaciones, la falta de una educación ambiental sobre la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos se ha quedado solamente escrita en el papel de los documentos oficiales. También, a pesar de que es parte del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación, son pocos los alumnos y adolescentes que reciben esta educación y aprenden la responsabilidad que como generadores de residuos tienen todas las personas, no conocen sobre la responsabilidad extendida y la necesidad de colaboración entre distintos actores de la sociedad para la gestión de los mismos y tampoco han aprendido cuáles son las materias primas con las que se elaboran los productos que consumen y la manera adecuada de clasificarlos.

Debido a la situación anterior, un cuasi monopolio sobre la decisión de qué material es un desecho y cuál es un residuo valorizable ha caído en la responsabilidad casi única de los recolectores de basura y los guajeros quienes son los únicos que verdaderamente han realizado un proceso de clasificación de los residuos. La clasificación de residuos no solo es realizada únicamente por estos grupos, sino que la valorización generada de este proceso es recibida inicialmente solo por ellos. Esta cuestión es uno de los principales paradigmas que el Acuerdo 164-2021 falló en prever y replantear en el proceso creado para la valorización de residuos en los artículos pertinentes a la Recolección de Residuos y las Normas para el almacenamiento temporal e infraestructura a crearse según la Sección II del (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)

Dado que el entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina es en territorios como la ciudad de Guatemala donde se genera la mayor cantidad de materiales valorizables. Es por esto por lo que la opinión y participación de actores como las cámaras empresariales, las gremiales relacionadas a la industria de recolección de residuos y las gremiales recicladoras se debieron tomar en cuenta en el proceso de reeducación de todos los actores de la cadena de manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos. Según explica (Jordán et al., 2017) “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones en la generación de residuos y productos valorizables no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores y esto se ha debido en gran medida a la existencia de una gran base de recolectores o guajeros que deben vender los productos valorizables por asociaciones de microempresarios vinculados a grupos fuera de la ley.

El mercado informal de los residuos

Actualmente, la mayoría de los servicios de recolección de residuos, conocidos comúnmente como “camiones amarillos”, recolectan y valorizan los residuos de los hogares, empresas e industrias. Estos grupos de empresarios son, según la investigación de (Rodić & Bethancourt, 2012), a menudo compuestos por el propietario de un camión y los miembros de la familia que lo ayudan, pero la gran mayoría de estas empresas son propiedad de alguna de las tres asociaciones privadas principales: ATRADESGUA[2], ASTRODEGUA, ARSGUA O URBAGUA. Estas asociaciones que sobreviven dentro de un negocio altamente informal se fortalecieron y crecieron desde hace más de 25 años. Por ejemplo, “ATRADESGUA comenzó como una empresa familiar que brindaba recolección de desechos en mulas; actualmente cuenta con 343 camiones registrados. Una asociación coordina las rutas de los camiones y asegura una distribución justa de las áreas entre los camiones, lo que a menudo implica la resolución de conflictos. Las autoridades de la Municipalidad revisan los camiones una vez al año.” (Rodić & Bethancourt, 2012)

Junto a estas asociaciones privadas se incluye la Asociación de Trabajadores Particulares de Extracción de Basura (ATPEB) y la Cooperativa Integral de Servicios Especiales de Transporte Motorizado de Basura, R. L. (CISETMEB) que desde el año 1994 se constituyeron en la “Gremial Metropolitana de Recolectores de Basura (GMRB)” que absorbió a estas organizaciones con el objetivo de mejorar y tecnificar los procesos de extracción, transporte, disposición y tratamiento final de desechos sólidos. (Martínez López, 1996). Estos son algunos de los esfuerzos aparentes de organización, mejora y tecnificación que no han realizado y cuyos intereses económicos de trabajo en la informalidad les han impedido optar a la recepción de fondos internacionales o nacionales de inversión y mejora. La informalidad de la industria de valorización de residuos y desechos sólidos se relaciona directamente con otros problemas que dificultan la integración de estos actores a nuevas y distintas formas de valorización de los residuos y desechos sólidos. En la industria informal de la basura, la delincuencia, la competencia desleal ejercida sobre el llamado comercio establecido, las malas condiciones de salubridad de los recolectores guajeros y la violencia de mafias entorno a este negocio dificultan la solución de diferencias y conflictos según los estándares tradicionales de resolución de estos.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos como la gestión de los residuos y desechos sólidos existe actualmente una segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala y las calles entorno al relleno sanitario de la zona 3, se encuentren ubicadas en las zonas de una veloz movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de pobreza y desigualdad con una marcada ausencia del Estado en la prestación de servicios públicos básicos.

Ante la falta de una planeación urbana adecuada, el comercio en la informalidad ha sido clasificado en algunos estudios sobre el tema en dos tipos: el de subsistencia, al que pertenecen aquellos que invierten los pocos recursos que poseen para recolectar o comprar mercancía y la venden para sostenerse, y el de alta rentabilidad, en donde se encuentran los comerciantes que invierten un capital considerable y obtienen con ello un margen de ganancia que incluso les permite tener empleados a su servicio y son los que generalmente se arrogan la prerrogativa de usar las zonas más rentables para el comercio callejero tal y como actualmente se han dividido las principales asociaciones privadas de recolección de residuos el mercado de recolección por zonas. En estas son zonas, repartidas por las mafias sin ningún respaldo legal más allá del de la presión de las amenazas y la violencia existen actores que reditan del negocio de la basura y no fueron incluidos en la redacción del Acuerdo Gubernativo 164-2021.

Ante esta situación donde actores formales se relacionan con actores informales, la negociación de cambios al estatus quo del negocio de la basura requiere de una perspectiva distinta de negociación y de tomar en cuenta que, prácticamente, todos los estudios sobre maras y grupos organizados en la informalidad destacan el papel central de la violencia y la fuerza en la cultura de las pandillas. La violencia se presenta más a menudo como conflicto de fuerza, a la forma de amenaza omnipresente (Vigil, 1988) y esta se pronuncia ante el cambio de las condiciones del terreno que controlan. Y, como señala (Horowitz, 1987, p.437-450), se dice que actualmente el comercio informal ha dejado de ser primordialmente un problema de subsistencia para convertirse en una actividad de alta rentabilidad. Rentabilidad que, en la industria de gestión de residuos, genera millones de quetzales para una reducida red de actores y que con el ingreso en vigor del Acuerdo Gubernativo 164-2021 no solo cambiaria las reglas del juego de ese negocio, sino que involucraría más y nuevos actores en el negocio de la valorización de residuos.

Uno de los factores que permite que este tipo de comercio informal de la basura siga aumentando es la poderosa red de corrupción que lo sostiene desde el aparato estatal y en la que participan los distribuidores, las autoridades y los líderes de las agrupaciones comerciales. Estas redes controlan permisos y rentas para uso de los espacios públicos para ejercer el comercio informal de transporte de residuos y la recaudación de las cuotas a cambio de la protección y la representación de sus agremiados. Horowitz explica que, en el mercado informal y de maras, “el pandillero tiene que estar preparado para responder a la violencia en cualquier momento y, por lo tanto, a consolidar su identidad a partir de la fuerza.” (Horowitz, 1987). Consecuentemente con estas acciones de fuerza y de protección de sus territorio, Miguel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores de Basura anunció que “tomarían medidas de hecho” y detendrían la recolección de residuos de los hogares (García & Domínguez, 2023). La anterior, fue una reciente amenaza directa que forzó al MARN a detener la entrada en vigor del Acuerdo y que incluso pondrá en riesgo el ingreso de nuevos reglamentos que busquen modernizar y transformar el proceso de gestión y manejo de residuos sólidos en el país. Situaciones como la anterior, han ocurrido en este sector informal en repetidas ocasiones y son muchas las denuncias que ha habido respecto a la toma de decisiones arbitrarias respecto a la recolección de residuos y desechos sólidos. Por ejemplo, de forma unilateral los recolectores de residuos de los camiones recolectores deciden dejar de recolectar la “basura” cuando empresas deciden de forma voluntaria hacer una separación de residuos reciclables y llevarlos a los centros de acopio directamente. Esto fuerza a los restaurantes y empresas formales a continuar entregando toda su “basura” a los recolectores quienes serán los que clasifiquen estos residuos posteriormente y los vendan a los recicladores.

La creación de un nuevo y moderno sistema de manejo y gestión de residuos requerirá que, desde el Estado y las cámaras empresariales, se reconozca la necesidad de construir un sistema de solución con base en lo que existe en los territorios que dependen del mercado informal como es el caso del negocio de la recolección y gestión de residuos y desechos sólidos facilitando, de primero, la formalización de esta industria y la desintegración de las mafias a lo interno de la industria. Este sistema debe integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia del acuerdo gubernativo que busca reglamentar esta industria. En el país, la Municipalidad de Guatemala habrá de jugar un papel central en este propósito por su conocimiento de negociación con estos grupos informales; pero, a la vez, deberá de cambiar sus prácticas y eliminar la corrupción a lo interno del sistema estatal y replantear un plan en conjunto con estos actores como figuras centrales de futuros acuerdos.

Crear las condiciones de negociación entre actores formales e informales para viabilizar el Acuerdo 164-2021 y futuros acuerdos requerirá de un proceso de mejora y moderniza el sistema de gestión de residuos y desechos sólidos que siga una serie de pasos como se observa en la Ilustración 2. Para lo anterior, debe seguirse un proceso de negociación previamente coordinada en base a la exigencia mínima de principios como el respeto de los derechos humanos de todos los participantes de la cadena de recolección dado que actualmente se violan derechos tan básicos como la vida o la integridad personal de los trabajadores y se deberán crear también sanciones que exijan un mínimo que proteja los derechos humanos de todos. La siguiente fase será crear las condiciones de coexistencia entre el sistema formal e informal para que, con el tiempo, se formalicen las actividades y se cumplan las reglas vigentes en la ley y que, asimismo, se incluyan y comprendan las normas informales que son vigentes en la vida diaria de miles de estas personas trabajando en la informalidad. Esto requiere de una estrategia que permita cierto proceso de modernización y de autonomía y diversidad de formas de solución de conflictos dentro del marco legal. La última y más importante de las fases es prever la pérdida de eficacia de los sistemas una vez se elimine el sistema informal de valorización de residuos contando con una activa vigilancia del mercado por el Estado. Este último es quizá el reto más grande y requiere de la creación de los subsidios adecuados para rentabilizar la recolección, transporte, clasificación y reciclaje de los residuos mientras que, a la vez, se modernizan sistemas y prácticas que utilizaban los actores de la red de recolección.

Ilustración 2. Proceso de negociación entre actores formales e informales. Elaboración propia.

Los factores formales en los que se han acentuado las legislaciones sobre la gestión de residuos y el comercio han fallado en establecer un camino a la regulación del comercio informal y se han basado sólo en aspectos de inmediatez administrativa y económica para los propósitos de los acuerdos gubernativos y reglamentaciones de forma aislada. La construcción de una futura ley nacional de manejo y gestión de residuos y desechos sólidos deberá tomar en cuenta a estos actores informales para conseguir de forma efectiva la modernización de esta industria. Con este objetivo, los círculos normativos relativos a la competencia económica de los proyectos de desarrollo sostenible y de protección ambiental deberán negociar con el derecho de libertad de comercio que protege la Constitución para que incidan directamente en el comercio informal existente en torno a la valoración de residuos y se les proteja formalizando y legalizando los conglomerados de pequeños empresarios y comerciantes aislados que ya existen en la industria. Por lo anteriormente expuesto, la adaptación en lo formal de esta compleja realidad mercantil y laboral deberá de obligar a que en futuras legislaciones que involucren a los mercados informales se tomen en cuenta los factores que se han descrito en este ensayo. Además, para la reorganización del servicio de manejo de residuos sólidos queda aún pendiente que se establezcan con claridad funciones específicas de cada institución gubernamental y se delimite la competencia de cada una de ellas.

Ilustración 3. Fases del proceso de generación, recolección y gestión final de residuos en un sistema de economía circular. Elaboración propia

Dado que la fase de recolección y transporte de residuos es actualmente la principal fase de conflicto en la mejora y modernización de esta industria, es fundamental evitar que esta red detenga su funcionamiento según se presentan en la Ilustración 3 ya que los residuos no recolectados presentarían un impacto ambiental directo si se llegase a acumular en los basureros clandestinos en las cercanías de las áreas urbanas, en predios baldíos, cauces de ríos, puentes y la vía pública. Para esto, es necesario que el proceso de recolección, manejo y gestión de los residuos sólidos esté acorde con los costos reales de todo el proceso hasta la llegada a la fase final de reciclaje, compostaje, tratamiento o incineración. Para esto, es necesario que se internalicen de esta manera los costos del daño ambiental causado por el manejo deficiente de los residuos generados por la industria, el comercio y los hogares. Al internalizar los costos del daño ambiental potencial, no solo se responsabilizará a los habitantes, sino que también a las industrias y comercios para que se dispongan los residuos de una manera sana, clasificada y que permita a los recolectores modernizar y mejorar las condiciones existentes de transporte. De lo contrario, los costos del daño por la contaminación de residuos serán pagados de manera indirecta por los mismos actores comerciales en las cercanías urbanas y también en las cuencas de ríos que nacen en las zonas urbanas y llevan contaminación de residuos sólidos hasta los océanos.

Lograr que la ciudadanía y los diversos actores en la cadena de la gestión de los residuos y desechos sólidos cumplan consciente y voluntariamente con las obligaciones y derechos que le corresponden en lo referente a la entrega clasificada de los desechos sólidos, el cobro y venta de los servicios de recolección y el pago final por la gestión de los residuos y desechos sólidos en plantas de compostaje, reciclaje, incineración o tratamiento en rellenos sanitarios requerirá de estrategias que antecedan la elaboración de reglamentos y legislaciones. Asimismo, será necesario fortalecer el rol de las entidades locales que serán ejecutoras de estos y de los recursos humanos y económicos con la creación de entes responsables en la legislación y modificación de los renglones presupuestarios que les permitan recibir fondos públicos necesarios. La creación de fondos públicos para la modernización de la gestión de residuos también requerirá del apoyo financiero de la comunidad internacional. Quizás, el punto más importante para la implementación efectiva de nuevas legislaciones en términos del manejo y gestión de residuos sólidos será el aspecto cultural y educativo que es una de las fuentes de conflicto actuales. Para esto, debemos cambiar las prácticas colectivas que tienen más de 70 años de practicarse en un modelo de producción lineal en el cual los productos que se consumían eran posteriormente desechados como basura.

Cambiar la cultura lineal de pensamiento y de consumo de los actores requerirá de un cambio cultural sobre la naturaleza de los productos y de fomentar y educar qué es y qué beneficios tiene para la población en general la práctica de la economía circular. Este cambio a una economía circular implica un cambio total de la cultural y del manejo de los desechos sólidos para entenderlos como residuos con un potencial de valorización, de cultivar una consciencia de responsabilidad ambiental y de una ciudadanía ecológica y circular integral. Pero lograr estos cambios de comportamiento y de cultura requerirá de un incremento de los costos de transacción de estos procesos y el Estado debe contemplar este factor en la creación de futuras legislaciones ambientales. Cualquiera que sea la legislación que se cree en este tema, habrá un incremento del costo económico para los generadores (hogares, industria, comercios y gobierno), incrementos en costos para la recolección (camiones recolectores, recolectores individuales y guajeros, recolectores institucionales) y para los gestores finales (empresas públicas y privadas recicladoras, compostadoras e incineradoras y gestores de rellenos sanitarios) a quienes deberá facilitarse fondos desde los gobiernos municipales y desde el Presupuesto Nacional. Pero, también deberá de contemplarse la educación a los generadores sobre la responsabilidad extendida que tienen sobre los residuos que generan para que, educados al respecto, paguen las cuotas de extracción de residuos de forma individual como parte de sus contribuciones sociales en beneficio de la salud familiar, vecinal, la protección ambiental local y nacional y la protección de los ríos y lagos que actualmente son contaminados por residuos sólidos.

Referencias bibliográficas

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Vigil, D. (1988). Barrio gangs. Texas University Press. Waste Atlas Parternship. (2020). Waste Atlas: The World’s 50 Biggest Dumpsite. http://www.atlas.d-waste.com/#globalChartsTab

[1] No existen datos exactos de la cantidad de residuos que son recolectados por empresas de transporte público o privado y que no son transportados a los rellenos sanitarios autorizados sino que son lanzados en botaderos ilegales, barrancos o directamente a los ríos. Según el MARN, en Guatemala hay por lo menos 2 mil 370 basureros sin estudios ambientales y, por lo tanto, sin autorización. Asimismo, organizaciones privadas calculan que en Guatemala existen al menos 3,000 basureros clandestinos. A estos números se debe sumar que es una práctica común de la población utilizar todos los ríos de Guatemala como basureros clandestinos.

[2] En 2022, Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala revelaron indicios que una posible red de extorsionistas operaba en un edificio de oficinas ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Según la nota publicada en el periódico Soy502, la PNC indicó que”en ese lugar funcionan las oficinas de la Asociación de Recolectores de Desechos de Guatemala (Atradesgua). Lo cual arroja suspicacias debido a que las investigaciones determinan que las extorsiones se producen desde ese punto.” Operaciones ilegales similares son relacionadas al negocio de la recolección de la basura y son difíciles de eliminar debido al mercado informal en el que se maneja esta industria. Link a noticia: https://www.soy502.com/articulo/allanan-oficina-extorsionistas-zona-4-32419

Agenda 2030: ODS8

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS, por sus siglas) busca promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Este objetivo de la Agenda 2030 es uno de los objetivos más importantes y a la vez más controversiales y con distinta facetas en los países del sur global. Por un lado, el ODS8 busca fomentar un crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible. ¿Qué significa esto? un sistema económico que cumpla con estas condiciones será uno que fomente el desarrollo económico de sus ciudadanos de forma sostenible protegiendo los derechos individuales y la libertad económica a la vez que fomenta la inclusión de todas las personas en la economía. En Guatemala, la inclusión económica es muy desigual y responde prácticas históricas de discriminación, racismo y machismo que al día de hoy han causado que las mujeres indígenas de las áreas rurales de Guatemala estén en condiciones de inmensa desigualdad y falta de inclusión económica versus un hombre mestizo o blanco de las áreas urbanas. Según un estudio auspiciado por la cooperación internacional, en Guatemala actualmente el el mercado laboral discrimina y precariza la situación de las mujeres, principalmente de las indígenas mayas y rurales. El estudio continúa explicando que,

“Quienes pertenecen a este segmento de la población son quienes en menor medida forman parte de la población económicamente activa (PEA), con el 36.2%, pero presentan mayores porcentajes entre la población inactiva del país, con el 63.8%. Además, las que se encuentran ocupadas lo hacen mayoritariamente en los sectores informales del mercado (81.1%) y son quienes menores salarios perciben por su trabajo. Si bien las mujeres mayas trabajan menos horas que el promedio (39.2 horas a la semana en 2019), las horas a la semana en trabajo no remunerado son 32.8 (2018). Con esta información se evidencia que el trabajo doméstico es relegado casi en un tercio a las mujeres de cualquier pueblo. En materia de acceso a financiamiento, pese a que no se encontró la información por pueblo, también e muestran brechas entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas. Lo mismo sucede con el acceso a la tierra, variable en la que los datos no se encuentran actualizados desde 2008, de manera que se dificulta indagar sobre las condiciones de acceso a la tierra de las mujeres indígenas.”
Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales. ICEFI.

Ante estas condiciones de la mujer en Guatemala, este pilar de inclusión económica es uno de los retos más importantes que el país tiene para poder mejorar sus indicadores y metas de la Agenda 2030. Las oportunidades económicas, de dinamismo territorial y de superación de la pobreza presuponen poner a la mujer al centro del desarrollo y la creación de planes de acción gubernamentales. De esta manera, crear las condiciones de igualdad en el mercado para las mujeres es quizás la oportunidad comercial y de desarrollo más importante del país ya que nos permitirá aprovechar las capacidades y el talento humano de la mitad de la población del país que históricamente ha sido limitada y reducida.

A este objetivo de inclusión se suma el objetivo de que los países alcancen un “trabajo pleno y decente” y estas definiciones buscan promover que en Guatemala se reduzca el desempleo, se mejoren las condiciones laborales y se cumpla lo exigido por el Código de Trabajo. También y muy importante, este objetivo busca que se elimine el trabajo infantil que se continúa practicando en la industria agrícola principalmente.

Mejorar la cobertura y la calidad de la educación es uno de los principales desafíos que enfrenta el país como mecanismo de combate a la pobreza, la desigualdad y el trabajo infantil.

Ante lo anterior, los gobiernos deben enfocarse en:

Reducir la pobreza y desigualdad laboral.
Ofrecer un acceso a una educación de calidad y pertinente.
Dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y de la niñas.
Acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS7

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS, por sus siglas) es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En aquellos países donde la mayoría de la población cuenta con acceso a energía asegura y sostenible es donde también la mayoría de la población vive con mejores niveles de vida. Ante la creciente demanda y reducción de la oferta de fuentes de energía no renovables, los esfuerzos globales se han enfocado en fomentar que los gobiernos cuenten con las condiciones adecuadas para promover el uso de energías renovables y el ahorro energético que permita proveer de energía para toda la población.

Muchos expertos indican que nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles es insostenible y que el crecimiento de la población requirirá de encontrar fuentes energéticas renovables para reducir el consumo de energías no renovables. El uso sostenible de las energías no renovables implica desde una perspectiva de economía circular utilizar la menor cantidad de recursos posibles, reutilizar la energía siempre que sea posible y asegurar que haya formas de evitar los desperdicios energéticos. Par conseguir lo anterior, la implementación de nuevas soluciones energéticas lo más rápido posible es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para contribuir a contrarrestar el cambio climático. Igual de importante es el cambio a combustibles modernos para cocinar en los hogares de Guatemala para reducir la contaminación del aire interno de los hogares y mejorar la salud de quienes habitan en esas casas.

En Guatemala, el uso de la leña en el interior de los hogares de escasos recursos es una práctica común y el respirar este humo es muy dañino para la salud de quienes lo respiran. Al respecto, la participación del gobierno y grupos benéficos para facilitar la transición a estufas con gas o de energía eléctrica será una importante contribución a la mejora de las condiciones de la población en general y promoverá el alcance del ODS7. Estas mejoras en la salud mejorarán las condiciones sanitarias de la población y permitirán que, con combustibles para cocinar más limpios, se benefice a toda la población. El problema de que no se logre una combustión completa en las estufas de leña es que lo que queda contamina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leña que no arde debidamente se convierte en dióxido de carbono y esto origina sustancias altamente tóxicas, principalmente monóxido de carbono (CO), pero también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos, entre otras. En sitios cerrados, con poca o nula ventilación, estos componentes tóxicos se mantienen en el aire, aumentando así la posibilidad de que las personas los respiren durante más tiempo. “Ese monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, así que ni siquiera sabemos que está ahí. Cuando entra a nuestro cuerpo desplaza al oxígeno, por lo que si llega a concentrarse una alta cantidad puede incluso causar la muerte.

Mientras que según el PNUD el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, en Guatemala este porcentaje es menor y al 2021 el 89.26% de la población tenía acceso a la electricidad siendo solamente Alta Verapaz el único departamento con un 50.89% de cobertura electrica que ha resultado de un complicado proceso en el cual la política local, la sinuosidad del territorio geográfico y la historia del departamento se han confabulado para ralentizar la construcción de las vías eléctricas requeridas y las negociaciones entre los líderes locales y las empresas hidroeléctricas que operan en la zona. Ante esta compleja situación, la instalación de fuentes renovables de energía eléctrica podrían contribuir a que el 11% de la población del país sin electrificación pueda contar con este recurso.

Gráfica 1. Balance Energético 2021. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Guatemala

El uso de energías renovables provistas por las fuentes hidroeléctricas, biomasa, solar, eólica y geotérmica se ha mantenido en aumento en Guatemala y, aunque sigue siendo el renglón más importante dentro de la matriz energética nacional, requiere de más inversiones para atender el mercado eléctrico nacional y las exportaciones que se realizan a Centroamérica. El uso de energías renovables para poblaciones lejanas o con problemas políticos en los departamentos de Alta Verapaz, Petén y Baja Verapaz permitirá acelerar el acceso a energía eléctrica y alcanzar la meta del ODS7 de la Agenda 2030.

De acuerdo con la información del SICA en 2017, “un hogar que consume entre 100 a 150 kilovatios al mes requeriría entre tres a cuatro paneles solares para poder generar esa energía, por lo que la inversión necesaria sería de entre US$384 y US$512 (entre Q2 mil 815 y Q3 mil 753, según el cambio actual), más gastos de instalación.” Para ofrecer soluciones como la anterior, en las poblaciones con los niveles más bajos de electrificación (ver departamentos en columnas rojas de la gráfica 1) se requerirá de una participación de programas estatales que fomenten esta inversión en beneficios de las poblaciones más pobres y vulnerables. Conseguir este proyecto social resultará en beneficios para toda la sociedad guatemalteca asegurando el acceso a servicios para limpieza y desinfección de alimentos y agua como uno de los principales beneficios de contar con energía eléctrica.

Una familia con su panel solar en Tucumán, Argentina

La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt: nuevas ideas para comprender la Sociedad y los Desafíos Globales

La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt fue el resultado de una evolución valiosísima que buscaba replantear la situación mundial en las décadas de 1920 y 1930 y contestar al crecimiento acelerado y sin frenos del capitalismo, comunismo y fascismo a principios del siglo XX. Sistemas económicos y políticos que modificaban las relaciones sociales y que, como resultado, fueron la causa de turbulentas revueltas políticas y políticas reaccionarias polarizadoras que se mantienen al día de hoy.

Los filósofos y sociólogos agrupados de la llamada “Escuela de Frankfurt” se unieron en esta ciudad mientras el mundo sufría los embates de la Gran Depresión, la popularización del nazismo y los subsecuentes ataques que en Alemania empezarían a sufrirse desde 1933 a libertad de expresión y se prohibieron muchas formas de arte consideradas “degeneradas” o que contradecían la ideología nazi.

Ilustraciones de izda. a dcha. y de arriba a abajo de Marcuse, Adorno, Benjamin, Horkheimer y Fromm (a la derecha en grande). Todas hechas por Alberto Espinosa (CC BY 2.0).

Con miras a buscar nuevas explicaciones respecto a los problemas de la sociedad, este grupo de académicos creó la semilla de la que décadas después, saldrían movimientos intelectuales que profundizarían en sus ideas desde las escuelas postmodernistas, postcoloniales, feministas, teorías críticas de la raza y la teoría Queer, entre otras. Los aportes de esta escuela al pensamiento respecto del funcionamiento de la sociedad y de las decisiones de los individuos dentro de ella nos permite ahora profundizar en el entendimiento del por qué algunas sociedades son más injustas y desiguales que otras.

En el afán de responder a los motivos por los cuales algunas sociedades eran distintas, la escuela de Frankfurt partió del estudio del individuo y sus pensamientos, de la toma de decisiones individuales y sus impactos colectivos, del razonamiento detrás de las personas que actúan (incluso a veces) de forma irracional y cómo se integran a las masas de la población que, racionalmente conscientes de su actuar, se montan en movimientos extremistas o se integran a sistemas económicos diseñados para aprovecharse de ellos como factores de producción. En estas condiciones, los pensadores de la escuela de Frankfurt reconocieron que debía existir una razón por la cual algunas personas tenían más poder y riqueza que las otras y que debía haber alguna explicación por la cual algunos grupos de personas discriminaban racialmente o se aprovechaban económicamente de otros grupos. Sin saberlo, sus objetivos principales presuponían explicar la razón de las crisis políticas y del sufrimiento que aquejaba a la sociedad en la década de 1930 sin saber que vivían en un momento histórico de preludio a la Segunda Guerra Mundial.

Algunas de las figuras prominentes de la Escuela de Frankfurt como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas pertenecían a grupos de intelectuales judíos o de la izquierda y sus ideas fueron objeto de persecución por el régimen Nazi que desde su llegada al poder en 1933 los persiguió. Esto no impidió que desde el exilio los estudios de estos académicos continuaran su trabajo dispersos por el mundo. Enfrentados a la guerra y los desastres que esta causó en todo el mundo, la Escuela de Frankfurt explicó cómo estos sucesos sociales no eran eventos aleatorios o naturales, sino que estaban íntimamente relacionados con el funcionamiento de la sociedad y la forma de pensar y actuar de las personas. Al respecto, la escuela de Frankfurt se opuso a la teoría pura e insistió en la importancia que tenía “un conocimiento que está mediado por la experiencia y praxis concreta de una época, como de los intereses que existen dentro de ella”. Y que, como resultado de estos procesos, dictaban las formas en que se distribuía el poder y el control de los gobiernos en grupos de la sociedad que desde el sector público y privado influenciaban la toma de decisiones mecánica dentro de los sistemas sociales para el alcance de objetivos monetarios, de influencia e incluso de configuración de los valores y creencias de las personas.

En esta etapa de cambios en Europa, se observó el veloz desarrollo de los medios de comunicación y la educación pública para crecer el indoctrinamiento a favor de quienes detentaban el poder llevando a extremos la idea Humboldtiana de Bildung, que se refiere al desarrollo educativo holístico de los individuos como “seres humanos libres y autónomos y que esta educación no debería consistir únicamente en capacitar a las personas para roles específicos en la sociedad, sino que debería apuntar a fomentar ciudadanos completos, autorreflexivos e intelectualmente comprometidos.” (von Humboldt, 2022) Y según profundizaron en estas ideas, los académicos de la Escuela de Franfkurt explicaron que los actores en los puestos de poder dentro de la sociedad influenciaban y usaban el poder del conocimiento y la educación para continuar aferrándose al poder y reprimir a enemigos internos y externos a quienes escuelas de pensamiento posteriormente se referirían como “la otredad”. El concepto de otredad es ahora un concepto crucial para la sociología y el estudio de la identidad social ya que, como seres sociales, necesitamos de la presencia y cooperación de otras personas para sobrevivir. Cuando se forma un grupo para este propósito tenemos una sociedad, las personas dentro de esta unidad se definen como “nosotros”, y los “otros” son quienes no comparten identidad o pertenencia con este grupo.

Al respecto de lo que luego se consideraría la otredad, uno de los conceptos clave detrás de este fue la idea de “acción comunicativa” de Jürgen Habermas que la explicó como esa habilidad por la cuál las personas hablan e intercambian ideas entre sí para llegar a un entendimiento común que les permite tener una conciencia colectiva y que, en una sociedad justa, todos habría de contar con las mismas oportunidades de participar en las tomas de decisiones e impedir el surgimiento de grupos oprimidos incapaces de participar en la toma de decisiones. América Latina es un claro ejemplo de estas dominaciones de grupos que han impedido la educación y participación política de los grupos discriminados de pueblos originarios a quienes, históricamente, les han vedado el ingreso a la toma de decisiones colectivas por ser considerados grupos sociales distintos a quienes han detentado el poder por vías del racismo y discriminación. Habermas profundizó en la comprensión del conflicto social explicando la necesidad de que todas las personas de una sociedad sean parte en condiciones de igualdad del debate público y la toma de decisiones sociales para promover la democracia. En la obra Facticidad y Validez, (Habermas, 2010) explicó que “cuando las personas tienen conversaciones abiertas y honestas, pueden encontrar soluciones a los problemas juntos y tomar mejores decisiones” las cuales son parte crucial de la crítica que Habermas hace del positivismo y su superación en los planos teórico-cognitivos y en el plano social.

Brevemente en este artículo se postularon algunos de los aportes de la Teoría Crítica de la Sociedad de los académicos de la Escuela de Frankfurt y, en especial, las ideas de Habermas que contribuyeron a la comprensión de las causas fundamentales de los problemas sociales y en la profundización que hicieron de las funciones que la sociedad, la individualidad y la acción de actores dominantes tenía detrás de la idea marxista respecto a que “no era la conciencia la que determina el ser del hombre, sino, que, al contrario, es el ser social del hombre lo que determina su conciencia”. Esta escuela cuestionó las estructuras de poder en la sociedad y desde entonces ha sido una de las herramientas más importantes de movimientos posteriores que buscaron la creación de espacios para promover una comunicación más justa, equitativa y participativa de todas las personas independiente de su origen.

Lecturas recomendadas:

A continuación les comparto libros y artículos fundamentales para profundizar en los aportes de la Escuela de Frankfurt que les será de muchísima utilidad a quienes deseen entender más nuestra sociedad y entender impacto duradero en varias disciplinas que estas ideas han tenido en la sociología, la filosofía y los estudios culturales.

“Dialéctica de la Ilustración” (1947) de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: este trabajo explora la relación entre la razón y la dominación en la civilización occidental, criticando los ideales de la Ilustración que llevaron al surgimiento del totalitarismo.
“La personalidad autoritaria” (1950) de Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y R. Nevitt Sanford (PDF): un estudio sobre la base psicológica del autoritarismo, que examina el papel de los rasgos de personalidad en el apoyo al fascismo.
“Eclipse of Reason” (1947) de Max Horkheimer – Este libro analiza el auge de la razón instrumental y el declive de la razón crítica en la sociedad contemporánea.
“One-Dimensional Man” (1964) de Herbert Marcuse: Marcuse critica la sociedad industrial avanzada y argumenta que los avances tecnológicos y económicos han llevado a una cultura represiva unidimensional.
“Escape from Freedom” (1941) de Erich Fromm: este libro explora las motivaciones psicológicas detrás del autoritarismo y el miedo a la libertad en la sociedad moderna.
“Dialéctica negativa” (1966) de Theodor W. Adorno: es una obra compleja y profunda que ahonda en los límites y contradicciones de la filosofía tradicional y el pensamiento occidental.
“Minima Moralia: Reflections from Damaged Life” (1951) de Theodor W. Adorno: una colección de aforismos y reflexiones sobre varios aspectos de la vida moderna, criticando la sociedad y la cultura contemporáneas.
“Razón y revolución” (1941) de Herbert Marcuse: este trabajo temprano analiza la relación entre la filosofía, la teoría social y la revolución, centrándose en las ideas de Hegel y Marx.
“The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” (1944) de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno (PDF): este ensayo analiza el papel de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento en la formación y el control de la opinión pública.
“Communication and the Evolution of Society” (1979) de Jürgen Habermas: este libro, Habermas desarrolla su teoría de la acción comunicativa, enfatizando la importancia de la racionalidad comunicativa y su potencial para fomentar una sociedad más democrática.

Referencias

Habermas, J. (2010). Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso (6a ed.). Editorial Trotta, S.A.

Osorio, S. N. (2007). La Teoría Crítica de la Sociedad de la Escuela de Frankfurt. Algunos presupuestos teórico-críticos. Revista Educación y Desarrollo Social, 1(1).

von Humboldt, W. (2022). Escritos sobre formación y lenguaje (P. Mancebo Pérez, Ed.). Guillermo Escolar Editor.

Desafíos y Oportunidades para la Sostenibilidad Ambiental en la Región Metropolitana de Guatemala

La ciudad de Guatemala es parte de una región metropolitana en la que viven más de cinco millones de personas (INE, 2018) y que comprenden las ciudades de Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y la Ciudad de Guatemala. En esta zona urbana confluyen las principales actividades de comercio e industria del país y la toma de decisiones ambientales se realiza de forma compartida por las municipalidades de cada territorio según lo establece la Constitución de la República de Guatemala y diversas legislaciones que regulan esta materia. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social establece la responsabilidad compartida que existe entre “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico, que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”(Ley de Desarrollo Social, 2001). Asimismo, esta responsabilidad compartida es dictada por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que indica en el artículo 40 que, en temas ambientales, “deberá integrar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a dichos consejos, con la finalidad de que la Comisión proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo.” (Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 1986). De esta manera, la legislación de Guatemala establece que en torno al cuidado y protección del ambiente se han asignado responsabilidades compartidas de todos los actores políticos a nivel local, municipal, departamental y nacional y que estos, deberán de contribuir y proponer políticas, programas y proyectos de desarrollos que velen por el cuidado del medio ambiente. En estas circunstancias colaborativas que indican las normas, pero que en a práctica no se llevan a cabo por falta de un gobierno integrado, colaborativo y efectivo que cumpla con estas obligaciones, la mayoría de los problemas ambientales que existen en el país no han sido resueltos de forma efectiva.

En un contexto de falta de liderazgo gubernamental a nivel local y nacional y ante una población que no exige a sus gobernantes la vigilancia para que se instrumentalicen proyectos y desarrollos ambientalmente sostenibles, los proyectos privados y públicos que se concretan suelen conllevar una serie de problemas ambientales acumulativos. La mayoría de problemas de contaminación en el país son el resultado de comportamientos antagónicos con la naturaleza que carecen de un carácter unitario (filosófico, geográfico, ecológico e histórico) que permita a los actores la toma de decisiones que protejan el medio ambiente de los territorios y sean consistentes con las interacciones sociales que históricamente han evolucionado en Guatemala movilizando a millones de personas a nuevas zonas de habitación, trabajo e industria. Así, el futuro crecimiento de la región metropolitana y del resto del país dependerá de la medida en que la sociedad guatemalteca cambien el carácter de sus relaciones de producción y las alinee a prácticas de economía circular que fomenten la reducción en el uso de recursos finitos y en los impactos ambientales negativos, que fomente la colaboración y alianzas entre distintos actores de la sociedad y fomente sistemas regenerativos de industria y comercio que reduzcan, reparen y eliminen la generación de contaminación industrial, de aguas, de residuos, de usos de químicos y de emanaciones gaseosas y de hidrocarburos en el medio ambiente.

La sociedad guatemalteca, entendida como el conjunto de formas y modos de actividad que de ella se desprenden, ha sido el producto histórico de transformaciones y modificaciones de la naturaleza del país. La región metropolitana es producto de múltiples grupos culturales y sociales de organización que durante siglos acostumbraron a utilizar recursos naturales considerados infinitos para la satisfacción de sus necesidades. Como resultado, la praxis social se ha construido entorno a aprendizajes de éxito y fracaso de prácticas y estilos de vida que han carecido de componentes de sostenibilidad ambiental en la mayoría de las decisiones colectivas. La deforestación, la contaminación y degradación de los suelos, ríos y lagos, el agotamiento de las especies de flora y fauna y la desaparición de zonas silvestres ha sido una constante a lo largo de procesos generacionales cuyos efectos, nocivos para la sociedad, no se entendían como parte de un proceso global de crecimiento desmedido y sin controles económico-ambientales.

Desde la época prehispánica, la zona central de Guatemala que actualmente ocupa el área metropolitana de la capital de Guatemala, fue habitada por los pueblos originarios Kaqchikel quienes, a pesar de tener un cosmología y ciencia enfocada en el estudio de la naturaleza y los astros, conformaron una sociedad extractivista que era liderada por un pequeño grupo militar-religioso que alteró significativamente la relación entre la naturaleza y las sociedades que establecieron. Esta sociedad, descendiente de la civilización Maya con sus avances científicos y tecnológicos, ingresó en un período de reconfiguración político-militar a partir del año 900 e.c. y durante los períodos postclásico temprano y tardíos, durante 600 años, se redujeron los centros habitacionales conformando pueblos militares-defensivos en sitios elevados de montañas y cerros en torno a un gobierno centralizado bajo el control de la capital Iximché ubicada en el departamento de Chimaltenango. Este reino limitaba con las comunidades mayas al norte del reino K’iche’, el reino Achí al oeste, el Tz’utujil y K’iche’ y el Poqomam al sur y este. Las poblaciones originarias de la región que actualmente ocupa el área metropolitana de Guatemala, según (Gámez L., 2015) se organizó en poblaciones reducidas que habitaban “cerca de los edificios públicos, en casas construidas con palos de madera, paredes de barro y adobe y techo de paja.” Estas condiciones de organización social en agrupaciones más pequeñas y dispersas por el territorio se mantuvieron hasta 1524 con la invasión y conquista militar que realizaron los ejércitos españoles aliados con reinos originarios. Las llegada de los españoles y la implementación de sus instituciones y sistemas de gobierno centralizado conformaron un proceso de creación de decenas de ciudades, pueblos y villas que marcarían la historia territorial de Guatemala durante los siguientes 500 años. En esta nueva organización sociopolítica, las perspectivas de territorialidad se fragmentaron en una serie de municipios que al 2023 comprendían 340 municipios y 22 departamentos en los cuales la toma de decisiones ambiental se enfocó en atender problemas urgentes para la localidad sin comprender las externalidades que las decisiones, aparentemente aisladas, tendrían en territorios más amplios.

Partiendo de esta breve historia de la organización territorial, social y política de la región en el área metropolitana de Guatemala, podemos comprender la necesidad de reformular las territorialidades de estudio para comprender los impactos medioambientales de la actividad económica del país e implementar soluciones para reducir la contaminación ambiental metropolitana. Debido a que los impactos ambientales comprenden una red de causas y efectos globales, comprender los impactos de la contaminación a partir de análisis de municipios y/o de la ciudad de Guatemala impide dimensionar la necesidad de integrar nuevas territorialidades que permitan la creación de las condiciones estatales para regir y velar por la protección que la legislación guatemalteca entrega a las municipalidades. Ciertamente, es en el municipalismo que en Guatemala nos hemos acostumbrado a ver a las personas y sus necesidades. Sin embargo, comprender los impactos ambientales que las acciones de estas personas toman y velar porque el medio ambiente entorno a ellos se proteja no debería de ser una cuestión que dependa de los municipalismos y se requiere de una visión más amplia de territorialidad en la gestión ambiental. Analizar los impactos de distintas formas de contaminación desde una territorialización de cuencas hidrográficas o de una integración metropolitana que involucre a varias municipalidades podría permitir comprender las causas y fuentes de contaminación y determinar las estrategias adecuadas para reducirlas, eliminarlas y reglamentar futuras actividades económicas e industriales.

Actualmente, las diversas fuentes de contaminación en la ciudad de Guatemala son problemas que impactan a los territorios aledaños y que también se ve impactada por las acciones colectivas que se realizan en los municipios aleñados. Según (“Dependencia y deterioro ambiental: el caso de Guatemala”, 1991) uno de los ejemplos más visibles de contaminación que surge en la ciudad de Guatemala y que tiene efectos a nivel metropolitano y a nivel nacional es la contaminación por residuos y desechos sólidos que refleja condiciones de un “deterioro social, y natural considerado por algunos como parte de la idiosincrasia, del folklore o de las condiciones climático-geográficas” pero que, en realidad, deben ser consideradas como una relación de profunda desconexión entre la sociedad y la responsabilidad inherente al medio ambiente en que habitamos y ante la cual debemos reaccionar proactivamente. Los residuos de 5 millones de habitantes y de las industrias del área metropolitana, son generados por la falta de una gestión y manejo adecuado posterior de los residuos y desechos sólidos que actualmente la municipalidad de Guatemala y las municipalidades de los municipios en el área metropolitana no han realizado por motivos de esa herencia histórica y cultural que ahora, que es reconocida por todos, debería ser la fuente de cambios que corrijan la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que han hecho que los ríos más importantes de las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico y de la vertiente del Mar Caribe contribuyan a ser una de las principales fuentes de contaminación antropogénica que desembocan en el océano Pacífico y Atlántico.

Como podrá observarse en el Mapa 1, el área metropolitana de Guatemala es la zona de nacimiento de decenas de ríos y riachuelos que durante la época de lluvia arrastran residuos sólidos y líquidos que son mal gestionados por la población y los gobiernos locales debido a que fueron depositados en basureros clandestinos en las orillas de barrancos creados por la zona montañosa de la Sierra Madre. Sin embargo, una de las principales fuentes de generación de residuos sólidos se origina en la ciudad de Guatemala y los riachuelos que alimentan el río Las Vacas alrededor del Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Como resultado de esto, municipios aledaños son los primeros en verse afectados por las grandes cantidades de residuos sólidos que arrastra la lluvia en la época lluviosa y, finalmente, los residuos llegan al océano Atlántico descendiendo en el río Motagua.

Mapa 1. Mapa de las Cuencas hidrográficas Fuente: MAGA, 2009.

Según la organización (The Ocean Cleanup, 2021) en base a un análisis probabilístico, se determinó que el río Motagua deposita al océano más de 78,500 toneladas de residuos sólidos al año y es el río más contaminado de Centroamérica. De cerca, le sigue el río María Linda, cuya cuenca es alimentada también por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y anualmente deposita 44,000 toneladas de residuos anualmente al océano Pacífico. Tan solo en estos dos ríos, la contaminación generada supera 122,000 toneladas de residuos sólidos equivalentes al peso de más de mil ballenas azules (105 toneladas cada una). Esta mala gestión de residuos sólidos es resultado de una falla administrativa por organizaciones locales en municipalidades que deben lidiar con un problema generado fuera de sus territorios asignados y cuyos responsables son millones de personas actuando de forma desordenada y sin la educación ambiental adecuada alrededor de la zona metropolitana de Guatemala y las barrancas por las que transitan los ríos.

Como se observa en la Ilustración 1, durante el inicio de la época de lluvias del año 2023, grandes volúmenes de residuos sólidos fueron arrastrados hacia riachuelos y arrastrados hasta la hidroeléctrica Las Vacas ubicada en un punto de unión de varios riachuelos pequeños alrededor de la ciudad de Guatemala y municipios al norte de este. Tan solo en este lugar se acumulan cientos de toneladas de residuos sólidos que pudieron haber sido gestionados y recolectados de forma adecuada por distintas organizaciones municipales y gestionadas de forma rentable en centros de acopio y clasificación que permitieran gestionar estos residuos de forma económicamente sostenible.

Ilustración 1. Residuos colectados en el río Las Vacas que posteriormente fluirán hacia el río Motagua y al océano Atlántico. Fuente: The Ocean Cleanup. 2023.

Junto a los residuos sólidos, la generación de residuos líquidos que se generan en el área metropolitana de Guatemala no son debidamente regulados y administrados por las distintas municipalidades del territorio y, como resultado, la frecuente contaminación de riachuelos y ríos se observa solamente cuando alcanza niveles de toxicidad que acaban con la vida de peces y reptiles. En la zona metropolitana se han reportado numerosas contaminaciones de líquidos que han llegados a los periódicos debido al alto nivel de mortandad para animales. Sin embargo, no se realizan los controles metropolitanos adecuados para impedir la generación de contaminantes líquidos por las industrias y hogares generadores y tampoco se establecen las normativas de reparación para los daños generados al medio ambiente y/o a humanos y otros animales.

De acuerdo con la (Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo & Servicios para el Desarrollo (SER), 2014), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que “más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas” y las principales fuentes de contaminación provienen de zonas urbanas como la del área metropolitana donde se acumulan y llegan a los ríos sin los sistemas de tratamiento adecuados que según (Funcagua, s/f) se generan como resultado de:

Vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar.
Vertido de desechos industriales sin tratamiento.
Aumento en temperatura de agua ocasiona la baja de oxígeno en su composición.
La deforestación y erosión del suelo.
El uso de pesticidas y fertilizantes.
Arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua.

La falta de legislación adecuada y programas de fiscalización metropolitana dificulta la regulación y prevención de contaminación de hogares e industria que desechan aguas con residuos químicos que contaminan las fuentes de agua. Al 2023, Guatemala aún no cuenta con una Ley de Agua que regule el dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en la Constitución de la República de Guatemala y otras leyes vigentes. Como resultado, actualmente se le impide al Estado garantizar el derecho humano al agua y velar por la seguridad de esta. Actualmente, la falta de gestión en todo el país del agua es el resultado de una serie de normas dispersas sobre el tema que suelen estar sujetas a diferentes interpretaciones de los administradores municipales y los encargados de velar por la protección de los recursos. Como consecuencia, en su mayoría, las aguas residuales de los hogares y las industrias no son tratadas de forma holística y los municipios descargan sus residuos directamente a los ríos y lagos sin controles que permitan vislumbrar las externalidades negativas que la generación de contaminación en un municipio terminará teniendo en los demás.

La contaminación por gases, sólidos y líquidos que son generados en la ciudad de Guatemala es el resultado de un proceso histórico de desterritorialización que ha resultado en la ausencia de un sentido colectivo de responsabilidad por los medios geográficos de la ciudad de Guatemala y del área metropolitana de la ciudad de Guatemala que fomente la participación colectiva de todas las municipalidades en la creación de sistemas de manejo y gestión de residuos contaminantes. El no contar con un ente encargado a nivel metropolitano para atender estas necesidades y al existir un sistema de gobierno nacional con una débil participación presupuestaria para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales continuará siendo muy difícil que se creen los mecanismos participativos para solucionar la contaminación por residuos sólidos, líquidos y gaseosos que continúa incrementándose diariamente en la zona más densamente poblada de toda Centroamérica. Anualmente, con la llegada de las lluvias se visibilizan los problemas generados por la contaminación por residuos sólidos y la atención de los medios de comunicación y la preocupación de la población se hace notar. A lo anterior se le suma la escasez creciente del acceso a agua potable y a el acaparamiento con fines comerciales que actualmente realizan industrias para proveerse de agua en detrimento del acceso regulado y económicamente sostenible del agua como un recurso escaso.

Durante muchos años organizaciones locales y empresas privadas han buscado mejorar las condiciones de limpieza y reducción de la contaminación de residuos, pero desafortunadamente la escala requerida para solventar de raíz un problema de gran territorialidad se escapa de las manos de unos cuantos actores. Como se observa en las siguientes imágenes captadas en el río Las Vacas, las iniciativas de clasificación y residuos de desechos sólidos ya existen y continúan creciendo. Sin embargo, no son ni serán suficientes para resolver un cambio estructural que debe realizarse en cada hogar e industrias guatemaltecas donde la invisibilización de un problema ambiental demasiado grande para comprender y detener ha sido la causa (o excusa) de quienes han evitado llevar a la discusión nacional el fortalecimiento de los Ministerios y oficinas de gobierno nacional y municipal que deberían fomentar un manejo y gestión adecuados de los recursos naturales.

Ilustración 2. Fotografías captadas en la planta de acopio de la empresa BiosferaGT en las cercanías del Río Las Vacas a 11 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Guatemala. La acopiadora es parte de una asociación sin fines de lucro que cuenta con el patrocinio de empresas nacionales y multinacionales para la extracción y clasificación de residuos de plásticos PE, PP y PET; y el uso de estos residuos para la fabricación de madera plástica, empaques flexibles, envases de bebidas y textiles. Fuente: elaboración propia.

Referencias

Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Pub. L. No. Decreto 68-86 (1986).
Ley de Desarrollo Social, Pub. L. No. Decreto 42-2001 (2001).
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, & Servicios para el Desarrollo (SER). (2014). Más del 90% de las fuentes de agua en Guatemala tienen contaminación bacteriológica. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). https://coordinadoraongd.org/2014/03/mas-del-90-de-las-fuentes-de-agua-en-guatemala-tienen-contaminacion-bacteriologica/
Dependencia y deterioro ambiental: el caso de Guatemala. (1991). Centro de Estudios Urbanos y Regionales. USAC., 11. https://ceur.usac.edu.gt/pdf/Boletin/Boletin_CEUR_11.pdf
Funcagua. (s/f). Contaminación. Recuperado el 29 de julio de 2023, de https://funcagua.org.gt/contaminiacion/
Gámez L., L. (2015). Iximche’ como centro urbano de la región Kaqchikel del Postclásico Tardío. http://www.asociaciontikal.com/wp-content/uploads/2020/09/92-Gamez.pdf
INE. (2018). XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.
The Ocean Cleanup. (2021). Top 1000 Polluting Rivers. River Plastic Emissions to the World’s Oceans. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz5803