Agenda 2030: ODS5

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS, por sus siglas) es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

El ODS5 es uno de los retos de la Agenda 2030 más importantes e históricamente más significativos. Por primera ocasión en la historia de la humanidad el planeta entero se está uniendo para alcanzar la igualdad entre los géneros con el fin de reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres. Históricamente, la desigualdad de género entre hombres y mujeres ha sido la norma y sus causas resultado de una complicada serie de relaciones políticas, religiosas, económicas y sociales que en casi todas las culturas de la humanidad le daba un poder superior al hombre sobre la mujer. Así, la naturaleza y las causas de la desigualdad de género han sido multifacéticas y con efectos nefastos para la paz y la prosperidad de todos los humanos.

El derecho al voto es un derecho fundamental en cuanto implica la capacidad de contribuir a la elección del gobierno que representará a los votantes. Este derecho fue una de las victorias más importantes para las mujeres y en muchos países el ejercicio de este voto es aún limitado. Alcanzar la igualdad de todos al acceso al voto es aún uno de los retos mas importantes de la humanidad y el ODS5 busca contribuir a que en todos los países se creen las condiciones de igualdad política entre los hombres y las mujeres.

Asimismo, otros derechos políticos como el respeto de la mujer en temas de negocios, manejo de dinero, herencias, propiedad privada y propiedad intelectual sobre las obras escritas por las mujeres son algunos de los temas que aún están pendientes de ser resueltos en muchos países para asegurar la igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. El ODS5 tiene como objetivo central que la igualdad de género permita empoderar a futuras generaciones de niñas para aspirar a lograr sus sueños en las mismas condiciones que los niños y para esto es necesario que las leyes y políticas de un gobierno desempeñen un papel en la configuración de las relaciones de igualdad de género a lo largo del tiempo.

Lo anterior sigue siendo un reto muy imporante para Guatemala ya que  las leyes sobre la propiedad privada, la custodia de los hijos, el divorcio, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho al voto mismo siguen siendo objeto de ataques constantes por visiones fundamentalistas desde el machismo y la misoginia. Muy importante para Guatemala será trabajar en resolver las políticas de género sobre educación que tienen un papel muy importante que desempeñar. Según lo descubierto en el estudio de igualdad de género de OXFAM en 2021,

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el embarazo adolescente es un grave problema en el país; uno de cada cinco nacimientos corresponde a madres niñas y adolescentes. La tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta (140 por 100 mil), en especial en las mujeres indígenas, cifra que es 1.8 veces mayor que en las mujeres ladinas o mestizas. La exclusión histórica de las mujeres se reafirma también con una tasa del 48% de analfabetismo en mujeres indígenas y del 19 % en las mujeres no indígenas (INE 2016). La situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad guatemalteca es el resultado de relaciones de poder desiguales que se han establecido y naturalizado en el imaginario social. La idea de ser mujeres las coloca en condiciones de subordinación, exclusión, explotación, abuso, violencia, discriminación y genera una dinámica de vida adversa.

Ante las graves condiciones actuales de desigualdad de género en Guatemala existen diversos campos de acción desde los cuales futuros gobiernos habrán de trabajar. Será vital continuar con los programas de alimentación enfocados en la alimentación de las mujeres y niñas, implementar programas educativos que fortalezcan los carencias de la educación fémina actuales y programas y políticas referidas a superar las desigualdades que viven actualmente las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS4

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS, por sus siglas) es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Recientemente, se publicó una nota que ha causado mucha preocupación en Guatemala y en la que se indica que el coeficiente intelectual promedio de los guatemaltecos y guatemaltecas es uno de los más bajos del mundo. La noticia causó preocupación en distintos sectores y en grupos de redes digitales que discutían “¿cómo llegamos a esto?”. Sin embargo, la causa detrás de este resultado es compleja y se encuentra en problemas sistémicos de larga duración y de múltiples factores. El estudio publicado por el World Population Review reveló que Guatemala ocupa el puesto 196 en términos de coeficiente intelectual (CI) de la población entre 199 países del planeta. Guatemala tiene un puntaje de 47.72 en el estudio y supera a otros países de la región como Nicaragua en la posición 193, Honduras en el lugar 185, El Salvador en el 162 y Panamá en el lugar 124.

Durante décadas, Centroamérica ha mantenido niveles de educación muy bajos debido a diversos factores relacionados a la calidad de la alimentación, la calidad de los sistemas educativos, la baja preparación y disponibilidad de catedráticos y la ausencia de sistemas escolares en áreas vulnerables de los países. En Guatemala, la ausencia del Estado en la mayoría de las zonas pobres y vulnerables del país ha sido una constante que con la pandemia solamente se incrementó afectando la calidad de vida de los y las guatemaltecas.

De acuerdo con la gráfica anterior, solamente los países de Nepal en Asia y Sierra Leona y Liberia en África tienen niveles peores de coeficiente intelectual promedio de sus poblaciones. Estos países comparten con Guatemala condiciones similares de pobreza, un proceso de descolonización, corrupción, clientelismo político, falta de salud y de alimentación adecuada y falta de estabilidad política y certeza jurídica para el desarrollo de la inversión.

El ODS4 tiene como objetivo el desarrollo para Guatemala de una de sus más importantes fuentes de riqueza potencial y uno de los principales motores de diferenciación en el mundo globalizado: su población. Aparte de unos pocos países con abundantes recursos naturales, el activo productivo más importante de países como Guatemala es la mente de sus ciudadanos. El papel del coeficiente intelectual de un país tiene impactos directos en la creación de la prosperidad económica, economías más competitivas y gobiernos más democráticos.

Las metas de la Agenda 2030 buscan que Guatemala ante las actuales condiciones de retraso educativo de su población mejore sus niveles de alimentación general de la población, mejora en la inversión estatal en la educación pública y en la salud pública y que se fomente la inversión de las empresas privadas en la búsqueda de fortalecer la calidad educativa de las nuevas generaciones de Guatemala.

La importancia de que Guatemala logre garantizar la calidad de la educación tiene como resultado crear un multiplicador social debido a que, al estar rodeado de gente inteligente, las personas són más productivas y el país es más competitivo. Como resultado, existe una relación directa entre el incremento del ingreso del PIB per cápita en relación con el IQ de la población como la siguiente gráfica explica:

Los beneficios de una mejora de los niveles de educación no son solo económicos. También, una mejora en la educación también ha demostrado que resulta en un fortalecimiento de la democracia y de la estabilidad política de los países que se alejan del populismo y de extremismos fundamentalistas. De la misma manera, la mejora de las condiciones de vida reduce la inestabilidad social y mejora los niveles educativos de la población en barrios que anteriormente eran más pobres o eran considerados zonas rojas o peligrosas.

Tal y como dijo el filósofo Immanuel Kant, “un pueblo educado es un pueblo libre“. Al referirse a la educación, el filósofo explicó qeu “no basta con el adiestramiento; lo que importa, sobre todo es que el niño aprenda a pensar” y la educación lo liberaría para emanciparlo completamente y aprender a reflexionar críticamente y ser sujetos 100% autónomos. Así, la mejora en la educación permite a la población de los países y a sus ciudadanos gobernarse a sí mismos y detener el surgimiento de tiranos.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS3

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS, por sus siglas) es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.

La meta de alcanzar niveles de salud similares y mejores a los de los países del norte global es una de las metas más importantes de la Agenda 2030 para asegurar un Buen Vivir. El bienestar que genera un “buen vivir” va más allá de la salud física de la persona e implica conseguir mejoras en la salud mental, priorizar la calidad de vida en todos sus aspectos y alcanzar una vida plena. El buen vivir es un tema del que llevamos siglos hablando, según Aristóteles este se refería a no sólo la mejora en la vida natural del cuerpo sino en querer y alcanzar ser feliz como un logro del bien supremo que ha de ser la principal meta de nuestra vida.

Para las personas en países como Guatemala donde se sobrevive día con día y la escasez es la regla de sus vidas, conseguir estos ideales de Buen vivir parecieran una meta lejana y quizás imposible de alcanzar. Por esta razón, el ODS3 tiene como objetivo que la población en Guatemala pueda mejorar sus niveles de ingresos económicos pero también su calidad de vida. Para alcanzar esto es necesario que el gobierno vele y proteja los derechos de los trabajadores, les asegure un acceso a la salud y educación pública y que les permita buscar el bienestar de cada persona y de sus familias.

Al igual que con el ODS2 que busca acabar con el Hambre, es esencial que los gobiernos trabajen desde distintas áreas y Ministerios para conseguir mejoras en los niveles de bienestar de la población. Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero del ODS2 busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“ La meta de alcanzar mejoras en el ODS3 será el resultado de la suma de diversos factores que involucran la cooperación de la población a través de organizaciónes civiles, organizaciones sin fines de lucro patrocinadas por las empresas privadas, alianzas público-privadas para apoyar a las regiones y departamentos más vulnerables y, principalmente, de un gobierno con la meta clara de velar por la mejora de los indicadores de desarrollo humano de toda la población mediante la creación de fuentes de empleo, certeza jurídica, protección de la propiedad privada, mejora de los sistemas de salud y educación pública y fortalecimiento de la justicia.

Según la ONU, el reto más importante para alcanzar el ODS3 es asegurar el acceso universal de la población a la salud pública. En Guatemala, el acceso a la salud pública de calidad es muy reducido y es necesario ampliar la cantidad de centros de salud, hospitales nacionales y centros especializados para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, es aún casi inexistente en Guatemala el acceso a servicios de salud mental y familiar de apoyo para toda la población. Lo anterior es una de las tareas prioritarias que deberán atender los gobiernos electos y se requerirá del trabajo coordinado entre las empresas privadas y el gobierno para ampliar la base de servicios de salud.

La reciente pandemia de Covid-19 y la baja cantidad de personas que recibieron la vacuna de protección contra el virus es un termómetro muy útil para conocer cuán baja es la presencia del Estado en las zonas rurales del país y cuan bajo es el alcance de la salud y de la educación con el resto de la población. Conseguir mejoras en la vacunación de la población para protegerla de pandemias como Covid-19 será uno los principales objetivos a trabajar de la mano de una constante educación sobre la importancia de las vacunas con la población más vulnerable.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS2

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS, por sus siglas) es poner fin al hambre en el mundo.

El fin del hambre es uno de los objetivos más importantes que la Agenda 2030 busca alcanzar mediante acciones desde los gobiernos para asegurar la provisión de seguridad alimentaria de todos los habitantes y la mejora de la nutrición.

Los gobiernos democráticos tienen como uno de los pilares más importantes de sus obligaciones constitucionales el asegurar acceso a alimentos para la población y para alcanzar esto muchos gobiernos requieren implementar acciones como:

  • Asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de toda la población,
  • Combatir la especulación en precios de alimentos y eliminar monopolios
  • Producir o importar alimentos que sean necesarios para atender las necesidades nutricionales de los países.

Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.

Para alcanzar la reducción del hambre en Guatemala es necesario que los gobiernos y las empresas privadas tomen acciones para reducir y eliminar distintos aspectos que mantienen en condiciones de pobreza a la población más afectada por el hambre y la desnutrición. La eliminación del hambre requiere de una serie de acciones que están íntimamente vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas. Junto a la reducción del hambre, es necesario mejorar y proteger la existencia de más y mejores sistemas de salud, provisión de agua limpia y sana, creación de fuentes de trabajo, creación de sistemas de educación nutricional para la mejora de la ingesta de alimentos nutritivos, acceso a la electricidad, tuberías y drenajes para todos los hogares, entre otras. Asimismo, la cooperación internacional y la protección de las cadenas internacionales de suministro de alimentos son vitales para velar por la reducción del hambre en los países del sur global y ante este indicador es fundamental que exista una participación colaborativa global.

Según el Índice Global del Hambre, en el año 2022 Guatemala mejoró su posición en el índice ubicándose en el nivel “moderado” de problemas de alimentación y aún requiere mejorar la alimentación calórica de la población, desnutrición crónica que retrasa el crecimiento de los niños y vigilar el incremento post-COVID en la proporción de niños menores de 5 años que tienen bajo peso para su estatura, reflejando desnutrición aguda.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible y eliminar la segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo presentar una preámbulo a los estudios realizados en la arena latinoamericana respecto a los desafíos sociales y económicos que enfrentan los grupos rurales que han migrado hacia la ciudad de Guatemala y presentar los impactos socioespaciales que estas migraciones de poblaciones rurales pobres han tenido en el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Como preámbulo, el presente artículo presenta brevemente la teoría y estudios realizados en América Latina con respecto a tendencias que se han repetido a lo largo de las décadas respecto al aumento de la distancia entre el centro y la periferia de las áreas urbanas, la creciente distancia entre las zonas de industria y la ubicación de las zonas residenciales de la población más pobre que han contribuido no solo a mayores tasas de desempleo sino a índices de desarrollo humano menores para las zonas periféricas.

Es muy importante resaltar que la alta tasa de desempleo de las poblaciones que han migrado de zonas rurales hacia las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala es el efecto de la lejanía entre la oferta de empleo y el encarecimiento del transporte de las clases bajas en una ausencia de planes de gobierno municipal que permitan el transporte masivo. A lo anterior, se suma el estancamiento salarial de las poblaciones más pobres cuyos costos de transporte hacia y desde las zonas financieras e industriales aumentan anualmente y se pronuncian con el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo.

Aunado al encarecimiento del transporte desde la periferia hacia el centro, se suma el racismo y discriminación del que son víctimas las poblaciones provenientes de las zonas periféricas y que, como resultado, crean prejuicios de los potenciales empleadores a habitantes provenientes de las llamadas “zonas rojas”. Esta discriminación aumenta aún más con las poblaciones provenientes de las áreas rurales y que pertenecen a grupos étnicos de pueblos originarios profundizando el desempleo y autoempleo en el mercado informal que caracteriza a las áreas periféricas pobres.

Los desafíos al desarrollo sostenible presentados en este artículo son solamente una aproximación a los retos urbanos que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala y las municipalidades de ciudades periféricas para trabajar en conjunto y reducir la intensidad de la segregación socioespacial existente mediante una mayor inversión pública en mejoramiento de la infraestructura, ordenación territorial y descentralización de las áreas industriales y financieras y creación de polos de desarrollo alrededor de las zonas periféricas que permitan elevar el nivel de ingresos y bienestar social de las zonas más pobres del área metropolitana.

Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

El proceso de transición hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas de América Latina durante el siglo XX tuvo como resultado una masiva migración interna. De acuerdo con los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 la población rural descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de América Latina. Este período observó el surgimiento de una industria secundaria y terciaria urbanas que acrecentaron las diferencias de ingresos y la desigualdad económica a niveles no observados.

La población que históricamente había dedicado sus vidas a los patrones de producción asociados al mundo agrícola, rural y no tecnificado, observó drásticos cambios en su entorno con la movilización de millones de personas hacia los centros urbanos, el empobrecimiento creciente de sus familias y la inescapable realidad de la pobreza para generaciones venideras. De la misma manera, esta dinámica de incremento de la desigualdad económica se observó de forma aún más pronunciada por las poblaciones migrantes de las zonas agrícolas a un estilo de vida urbano que resultó más caro, más discriminador y aún más excluyente para aquellos migrantes provenientes de regiones indígenas.

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada.  De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a).  De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman que para el 2021, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes. De la cual, 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas y en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala habitan 5.1 millones de habitantes cuyo crecimiento principal provino de una migración acelerada de las áreas rurales del país.

Esta migración acelerada que alcanza ya más de la mitad de la población de Guatemala es la raíz por la cual, en las zonas urbanas existen importantes desafíos al desarrollo sostenible que deben ser resueltos en la mayor prontitud y coordinación posible entre los distintos actores sociales y el gobierno central.

El entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina. En general, la urbanización del continente ha mejorado los indicadores de desarrollo y se ha evidenciado una correlación positiva entre indicadores como el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) y la dinámica del proceso de urbanización. Sim embargo, (Jordán et al., 2017) indican que “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores en los entornos urbanos y las brechas de igualdad en los indicadores.

A pesar de que las zonas urbanas latinoamericanas se han convertido en las regiones con una mayor diversificación económica y de producción, el desarrollo sostenible se ha visto detenido debido a que la aglomeración en viviendas, la inseguridad jurídica y socioeconómica y la ausencia del estado en provisión de servicios de salud e infraestructura han sido en conjunto frenos a la mejora de los ingresos para toda la población.

En las zonas urbanas los procesos de adaptación energética, de infraestructura y de mejora de condiciones de bienestar y salud ha sido un proceso que pocas ciudades de América Latina han logrado resolver con la llegada de millones de migrantes internos. Como resultado, en las zonas urbanas se ha pronunciado la segregación racial y económica de la población, se ha incrementado la estigmatización de las poblaciones más vulnerables y pobres y se ha incrementado la desigualdad en ingresos y de acceso a servicios públicos entre los ricos y pobres.

Como resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado y en ausencia de planes de desarrollo sostenible dirigidos desde los gobiernos locales y centrales, la gran mayoría de las zonas urbanas es hoy un territorio donde la inseguridad, la inviabilidad y la insalubridad son la norma en los territorios pobres y es, a la vez, un territorio de riqueza, exclusión y protección de una pequeña elite poblacional que goza de acceso a servicios de salud, entretenimiento, infraestructura, seguridad y presencia del Estado que crece de forma diametralmente opuesta según los niveles de ingreso promedio de las zonas y municipios.

La solución de décadas de abandono de los territorios recientemente asentados por migrantes de las zonas rurales de los países las urbes de América Latina no serán resuelto de forma sencilla y pasarán varias décadas de exclusión y ausencia del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Además, la reorganización urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios más pobres de las ciudades requerirá de programas de largo plazo en consenso con actores privados que invertirán en el desarrollo de servicios que el Estado históricamente no ha proveído.  Lo anterior, requerirá de una actividad participación del estado para proveer de los servicios financieros para las poblaciones más pobres y evitar procesos de gentrificación que incrementan las brechas de riqueza, movilizan a las barriadas y zonas menos apreciadas a las poblaciones pobres y ralentizan la creación de un territorio urbano más inclusivo y sostenible.

  1. Planeación urbana y acceso a servicios básicos

La movilización en Guatemala del área rural al área urbana ha resultado en espacios de desigualdades fácilmente identificables por las zonas en las que los migrantes se han asentado, con un acceso dispar a servicios públicos de calidad y altos grados de segregación residencial socioeconómica. Al respecto, un estudio de (Lozano, 2021) indica que el acceso al agua en las zonas 21,12, 7 y 18 son las áreas que presentan una mayor escasez y más demanda por la densidad poblacional. Estos datos, explica Lozano, son “un rasgo de desigualdad en la distribución del líquido vinculada a la diferencia de clases sociales e intereses comerciales. Al respecto, es importante mencionar que, las zonas 18 y 21 son las zonas ubicadas en el ingreso a la ciudad capital para las poblaciones rurales del Oriente del país y las zonas 7 y 12 son las zonas de ingreso a la ciudad capital para las poblaciones provenientes del Occidente y Sur del país, respectivamente.” Estas ubicaciones son, además, algunas de las zonas de población más recientes en la ciudad de Guatemala dado que han mostrado un mayor crecimiento de habitantes desde la década de los años posteriores al terremoto de 1976 que forzó a una amplia migración de población en todo el país.

De acuerdo con (Martínez, 2020) en cuanto a la vivienda, las zonas municipales con mayor localización de viviendas para 2018 fueron: la zona 18, con 58,416 unidades, y la zona 7, con 36,607 y dentro del número de viviendas existe un porcentaje que no reúne las condiciones de desarrollo humanos mínimos. Especialmente las ocupadas por la población de escasos recursos. Una de las causas es la inexistencia de una política de vivienda social, por no ser considerada por los diversos gobiernos como una prioridad social. Lo anterior confirma que las zonas con mayor crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala han sido las más afectadas por la ausencia de condiciones mínimas de desarrollo humano. Lo anterior es aún más extremo cuando se integran al análisis los municipios pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Guatemala que abarca los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros que han sido los lugares con un crecimiento exponencial de población.

En los últimos años, la reubicación de poblaciones rurales a las áreas urbanas en Guatemala ha resultado en un importante flujo inmigratorio de fuerza laboral que diariamente debe movilizarse desde las periferias al centro y los gobiernos municipales no han ofrecido las condiciones adecuadas de transporte masivo con lo que se ha incrementado el congestionamiento vehicular hacia y desde zonas periféricas en el área metropolitana e incluso de municipios cercanos como Palín, en Escuintla, y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez.

A la falta de medios públicos de desplazamiento se suma el encarecimiento del transporte que absorben los trabajadores pobres con un costo social millonario que aún no ha sido cuantificado que restringe aún más los ingresos de la población migrante de las zonas rurales a los centros urbanos. En ausencia de un eficiente sistema de transporte público explica (Martínez, 2020), que en la actualidad se privilegia el uso de vehículos particulares que incrementan el tránsito vehicular debido a que no existen rutas exclusivas para el ingreso y salida del transporte de carga, lo que obliga a retomar la positividad de la planificación urbana para facilitar la movilidad de la población y de los circuitos económicos en la ciudad de Guatemala.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos, se obtiene como resultado la segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala, se encuentren ubicadas en las zonas de reciente movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de homicidios. Según una publicación de (García Aldana, 2012) indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que abarcan de junio de 2011 a junio de 2012, el área con un mayor número homicidios es la zona 18, con un total de 151 muertes criminales. La persiguen de cerca la zona 7, con 144 asesinatos, y la zona 12 con 117. Una vez más, estas tres zonas con una alta población de migración rural-urbana, son las víctimas principales de la ausencia de seguridad y mayores índices de homicidios.

  • La producción socioespacial

Como resultado de una ausencia de planeación urbana y de desarrollo sostenible en la ciudad de Guatemala desde el siglo XX, la ciudad capital se ha convertido en un espacio de segregación socioespacial.  Esta segregación se refiere a la existencia de desigualdades sociales dentro de un colectivo de población en un entorno urbano. Colectivo dentro del cual se observan atributos específicos de discriminación y reagrupamiento polarizado entre una población que se aisla cultural, social y espacialmente una de la otra. Esta polarización resulta en una producción socioespacial donde la población rica convive en un área segregada del resto de la población y, en el contexto de la ciudad de Guatemala, esta segregación se pronunció con una migración rural proveniente principalmente de las poblaciones más pobres y que se instaló en las zonas periféricas de la ciudad.  Así, se observó una potencialización de la desintegración social y de falta de una conciencia colectiva que perjudicó principalmente a los grupos pobres migrantes de las zonas rurales.

De acuerdo con (Linares, 2013), como resultado de la segregación socioespacial se observan en las zonas urbanas problemas característicos que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas tales como “bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, la degradación ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.”

En un estudio de ciudades argentinas realizado por Linares, identificó que existe una correlación de intensidad de la segregación socioespacial y algunas consecuencias socio habitacionales en las ciudades como resultado de la migración de poblaciones pobres provenientes de las áreas rurales. Situación que puede ser extrapolada para entender las condiciones de bajos índices de educación, desempleo, falta de infraestructura y seguridad en las zonas recientemente pobladas por los grupos más pobres de la ciudad. Según explica Linares, “Para el caso de las ciudades de América Latina, el modelo característico de segregación socioespacial durante el siglo pasado fue semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos de elite de la sociedad y, consecuentemente, son las áreas urbanas con mayor disponibilidad de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y mejor calidad de las viviendas. A partir del centro comercial y financiero, las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia, con la excepción de un cono de expansión de clase alta, que parte en forma lineal desde el centro hacia la periferia.” Estas condiciones de centro-periferia se evidencian una vez más en el plan existente de desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala que continua buscando crear hacia el centro, un área financiera y residencial para las poblaciones ricas y empujar hacia la periferia a aquellas poblaciones pobres que deberán de viajar todos los días hacia el centro.

El esquema de riqueza hacia el centro y pobreza hacia la periferia es resultado de lo que (Sjoberg, 1960) presentó como “ciudades preindustriales” en las cuales existe un patrón similar de segregación que se caracterizan por una marcada concentración espacial de las clases altas y medias ascendentes en el centro histórico típico del diseño colonial español implementado desde el período colonial en Guatemala y una marcada dispersión periférica de los estratos socioeconómicos más bajos que provinieron de áreas rurales en su mayoría.

A este patrón de segregación observado por Sjober, se suman los cambios evidenciados en Guatemala desde el terremoto de 1976 que resultaron de nuevas dinámicas socioespaciales como la creación de alternativas habitacionales para las clases altas en colonias y condominios cerrados que continuaron empujando más hacia la periferia a los pobladores más pobres y que, incluso, se desarrollaron asfixiando a antiguas aldeas y pueblos con el objetivo de crear subcentros habitacionales, comerciales y financieros para las clases altas en zonas de la ciudad de Guatemala ubicadas hacia Carretera a El Salvador, la calzada Roosevelt, ciudad San Cristóbal en Mixco y la gentrificación de la zona 9 y 4 que beneficiaron a grupos de las clases medias y altas.

  • Consecuencias de la segregación en el desarrollo urbano

La literatura existente sobre los desafíos al desarrollo urbano y  la segregación socioespacial apuntan a que las mismas son el resultado de la ausencia de un estado eficiente que coordine los niveles de ingresos y desempleo, la alfabetización y educación primaria y secundaria, la reducción de los daños al medio ambiente y la reducción de los daños a la población como resultado del racismo y la discriminación racial de los habitantes más pobres. A estas deficiencias, los autores explican que se suman los problemas de seguridad y justicia que causan una desprotección de la propiedad privada, incrementos de la delincuencia y drogadicción en la población que impactan directamente en el incremento de las brechas del desarrollo entre ricos y pobres (Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004; Clapp y Ross, 2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 2003; Greenstein et ál., 2000).

Según los autores, en las ciudades de tamaño mediano o grande de América Latina que han tenido un rápido crecimiento como el observado en la ciudad de Guatemala, las inversiones en infraestructura que impactan en la arquitectura urbana y tiene efectos de mejora de las condiciones socioespaciales para todos los actores deberían de ser el foco del análisis y de la propuesta de una visión a futuro para la ciudad. Estas acciones requieren la prevención de nuevas expansiones urbanas planificadas que integren económicamente y socialmente a la ciudad, que permitan preservar y aumentar los ecosistemas de recursos estratégicos, principalmente el acceso al agua y la producción local de alimentos, y que, permitan un diseño urbano que reduzca la discriminación socioespacial mediante el desarrollo de una infraestructura con movilidad inclusiva y sostenible para todos los habitantes tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional ya proyectadas al futuro por organizaciones como el Banco Mundial.

Conclusión

Al realizar una lectura comparativa elaborada por autores de distintas áreas urbanas de América Latina y analizar el proceso de migración interna visible en el continente durante el siglo XX hacia los centros urbanos fue posible contrastar y corroborar tendencias similares respecto a los grados de segregación socioespacial y de desarrollo observados en las zonas periféricas de los centros urbanos.

Asimismo, se identificó una amplia similitud en consecuencias socioeconómicas y socio-habitacionales respecto de las poblaciones urbanas de clase y alta y la población migrante rural que se instaló en zonas periféricas.  Como resultado, los menores niveles de ingresos salariales se observa que repercuten no solo en menores niveles educativos, menor seguridad y certeza jurídica, sino que también son consecuencia de una ausencia del estado municipal y del gobierno para planificar y establecer planes que largo plazo que permitan evitar la degradación ambiental y urbanístico de las zonas periféricas.

Las actuales trayectorias de transporte, generación de riqueza, habitación y consumo de bienes y servicios del centro a la periferia de la ciudad de Guatemala han demostrado que la inviabilidad del patrón actual de desarrollo urbano que han emprendido los gobiernos municipales y las constructoras privadas. No solo los crecientes costos de transporte y sostenimiento familiar sino los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la prolongación del actual sistema de beneficio del centro de la ciudad de Guatemala confirman la urgente necesidad de identificar planes de desarrollo urbano sostenibles en el largo plazo.

En la ciudad de Guatemala y distintas ciudades de América Latina estudiadas en la presente bibliografía se confirma que el acceso a una calidad de vida decente de las poblaciones urbanas ricas y pobres depende en una gran medida de su ubicación socioespacial y geográfica y que, esta ubicación, tendrá el efecto de impactar y limitar su capacidad de movilización dentro de urbes desarrolladas hacia el centro financiero e industrial. Por lo tanto, es importante recalcar la necesidad de implementar estrategias de integración económica mediante una infraestructura pública de altos volúmenes mientras que, a la vez, se descentralice y fortalezca la presencia del Estado, en materia de salud, seguridad, cultura, educación y economía, en las zonas periféricas de la ciudad capital.  La situación actual de la ciudad de Guatemala presenta una marcada una distribución desigual de los beneficios y los costos de la urbanización, que viene acumulándose durante décadas pronunciándose posteriormente al terremoto de 1976. Desde entonces, los sectores más vulnerables económica y socialmente enfrentan graves desigualdades en cuanto al acceso a una vivienda digna y oportunidades de desarrollo.

Tomando en cuenta que, según se estima en los modelos estadísticos ( World Urbanization Prospects 2018: Highlights, 2019) para el año 2050 habrá 27 millones de habitantes en Guatemala, de los cuales un 67 por ciento serán poblaciones urbanas y, de no cambiar las condiciones actuales, la vulnerabilidad socioespacial de las poblaciones pobres que viven en las zonas urbanas se agravará si no se le enfrenta a nivel gubernamental con políticas públicas de largo plazo. Al respecto, la planificación y búsqueda del desarrollo sostenible y la gestión urbana debe enfocarse a la internalización de las externalidades negativas de los patrones de urbanización que la ciudad de Guatemala ha seguido desde el siglo pasado.

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