Comparando los Modelos Políticos de Desarrollo entre Escandinavia y Centroamérica

Ya en el siglo XXI, las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países escandinavos y los centroamericanos parecían abismales y, para los planificadores sociales centroamericanos, casi imposibles de alcanzar. ¿Qué ocurrió detrás de este proceso de desarrollo exitoso en una región y lento y rezagado en la otra? Esa es quizás la pregunta central del estudio elaborado por (Abrahamson, 2007) en el estudio comparativo elaborado para ICEFI. En el estudio, se desarrollan capítulos específicos para tratar de forma comparativa los caminos e indicadores de desarrollo que Escandinavia (conformada por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia) recorrió y cómo Centroamérica (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se atrasó en ese camino de crecimiento durante el siglo XX.

Según explica (Abrahamson, 2007), ambas regiones debieron realizar un proceso de modernización durante los inicios del siglo XX para insertarse regional y nacionalmente a la era de la globalización económica y política y, en ambos casos, el rol que jugaron las elites económicas y políticas fue una pieza fundamental. Desde inicios del siglo pasado, los gobiernos y sus aliados fueron determinantes para establecer y consolidar un estado de bienestar sólido, amplio y que alcanzara a toda la población. Desafortunadamente, la historia de Centroamérica dista de esas metas abismalmente y el estado de bienestar que se intentó crear en las décadas de 1950 y 1960 no se consolidó e incluso se redujo en muchos de los países.

A pesar de tener grandes diferencias históricas y culturas, (Abrahamson, 2007) explica que Escandinavia era, al igual que Centroamérica, una región altamente agraria en la década de 1930 y que, debido a las acciones de sus elites, empezaron un veloz camino hacia el estado de bienestar que cambió el destino de la región para siempre. Mientras tanto, en Centroamérica, las décadas posteriores a 1930 fueron escenario para que coaliciones de la política oligárquica evitaran el surgimiento de una mayor cobertura de la seguridad social y educación pública mientras se protegieron los intereses de una industria monocultivista que requería una amplia base de mano de obra barata, poco o nada educada y que, en la mayor de las posibilidades, no requiriese de un estado con una mayor base impositiva ni de una modernización estatal que permitiese construir los caminos del desarrollo a largo plazo.

Junto a este poder político oligárquico jugó un rol importante el actuar de las clases medias y bajas en ambas regiones. En Escandinavia, las condiciones políticas locales e internacionales les permitieron tener una mayor libertad y democracia en sus gobiernos. Libertad y democracia que les permitirían tener un mayor peso en la toma de decisiones en congresos y parlamentos para construir un estado de bienestar amplio y en consenso con las elites económicas. Mientras que, en Centroamérica, el camino fue distinto debido a la injerencia de países que se enfrentaban en la Guerra Fría y Estados Unidos, principalmente, jugó un papel muy importante para fortalecer gobiernos militares, iliberales y poco democráticos, con la mira de evitar el surgimiento de países aliados a los intereses de la URSS.

Debido a la alianza entre una pequeña elite oligarca y un gobierno político militarizado con el apoyo y dominación de Estados Unidos, la creación de un estado de bienestar se vio completamente detenida a partir de la década de 1950. En ausencia de una sólida democracia entre las elites, la modernización se vio fuertemente debilitada ya que según explica (Abrahamson, 2007. p.16) “la presencia de estos movimientos democratizadores fue condición necesaria para un régimen político moderno, fuera éste un duro sistema militar (como en Guatemala y El Salvador) o una democracia progresista (como en Costa Rica)”. Por esta razón, a pesar de que Centroamérica sí inició un proceso de modernización política, no se establecieron las bases para mejorar la recaudación de impuestos, invertir en un amplio y robusto sistema de salud y de educación pública y mucho menos se fortalecieron los derechos laborales de trabajadores que no tenían voz ni voto en la toma de decisiones políticas. Aunado a esto, no se realizaron las acciones necesarias para incluir en este proceso democratizador y modernizador a las poblaciones indígenas en países como Guatemala y El Salvador ya que, desde el período colonial, estos pueblos servían solamente como factores de producción en una sociedad sin posibilidad alguna de movilidad vertical ni de acceso a la participación política plena que suele caracterizar a los sistemas de gobierno más democráticos. (Abrahamson, 2007) indica que la única diferencia observable respecto a la democratización de la política y la economía se observó en Costa Rica que, históricamente no contó con una industria monocultivista controlada por la oligarquía y que esta condición le permitió participar de formas de mercado más liberales en la industria agrícola y desde finales del siglo XIX, construir una competencia electoral que le abrió el paso a desarrollar un sistema plenamente democrático, desarrollar políticas de bienestar público y movilizar a las clases bajas y medias a participar junto con la burguesía dominante.

Un factor determinante de la gran diferencia existente entre Escandinavia y Centroamérica según explica (Abrahamson, 2007) ha sido la desigualdad en la distribución del ingreso que se redujo en el primero y que se mantuvo estática en el segundo. Como resultado de estas condiciones, a lo largo del s. XX Centroamérica observó cómo los índices de pobreza se mantenían y el riesgo de pobreza extrema aumentaba conforme los efectos del poscolonialismo seguían permeados en la sociedad. Las prácticas y políticas poscoloniales, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial desde las capitales mestizas y criollas, la rivalidad y dominación étnica, la distribución desigual de los recursos, las violaciones de los derechos humanos y la falta de presencia del gobierno en amplios territorios se siguen observando en Guatemala haciendo aún más difícil el desarrollo sostenible del país.

En Centroamérica es aún característico que el gasto gubernamental se enfoque en los centros económicos de los municipios y departamentos donde históricamente había una mayoría de población mestiza y criolla. Por lo anterior, no solo existe una baja inversión del gasto gubernamental en la creación de sistemas de salud y educación pública, sino que su distribución territorial es también desigual. Escandinavia por su parte, desde inicios del siglo pasado consiguió establecer una amplia participación de toda la población en la toma de decisiones y el gasto público se distribuyó de una forma más equitativa entre las zonas urbanas y rurales.

La riqueza actual de los países escandinavos resultó de un amplio pacto social que permitió a las elites políticas y económicas construir un estado de bienestar con amplias inversiones en salud y educación pública que con el paso de las décadas permitieron no solo crear empleos más capacitados y mejor pagados, sino otorgar a la población beneficios sociales característicos de un estado democrático con acceso a infraestructura y servicios a lo largo de los territorios y poblaciones. Por su parte, Centroamérica no logró consolidar un estado de bienestar que invirtiera en la creación de estas condiciones y poner un alto a las políticas coloniales de exclusión en beneficio de pequeños grupos de la población.

Referencia bibliográfica

Abrahamson, P. (2007). Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica.

Desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible y eliminar la segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo presentar una preámbulo a los estudios realizados en la arena latinoamericana respecto a los desafíos sociales y económicos que enfrentan los grupos rurales que han migrado hacia la ciudad de Guatemala y presentar los impactos socioespaciales que estas migraciones de poblaciones rurales pobres han tenido en el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Como preámbulo, el presente artículo presenta brevemente la teoría y estudios realizados en América Latina con respecto a tendencias que se han repetido a lo largo de las décadas respecto al aumento de la distancia entre el centro y la periferia de las áreas urbanas, la creciente distancia entre las zonas de industria y la ubicación de las zonas residenciales de la población más pobre que han contribuido no solo a mayores tasas de desempleo sino a índices de desarrollo humano menores para las zonas periféricas.

Es muy importante resaltar que la alta tasa de desempleo de las poblaciones que han migrado de zonas rurales hacia las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala es el efecto de la lejanía entre la oferta de empleo y el encarecimiento del transporte de las clases bajas en una ausencia de planes de gobierno municipal que permitan el transporte masivo. A lo anterior, se suma el estancamiento salarial de las poblaciones más pobres cuyos costos de transporte hacia y desde las zonas financieras e industriales aumentan anualmente y se pronuncian con el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo.

Aunado al encarecimiento del transporte desde la periferia hacia el centro, se suma el racismo y discriminación del que son víctimas las poblaciones provenientes de las zonas periféricas y que, como resultado, crean prejuicios de los potenciales empleadores a habitantes provenientes de las llamadas “zonas rojas”. Esta discriminación aumenta aún más con las poblaciones provenientes de las áreas rurales y que pertenecen a grupos étnicos de pueblos originarios profundizando el desempleo y autoempleo en el mercado informal que caracteriza a las áreas periféricas pobres.

Los desafíos al desarrollo sostenible presentados en este artículo son solamente una aproximación a los retos urbanos que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala y las municipalidades de ciudades periféricas para trabajar en conjunto y reducir la intensidad de la segregación socioespacial existente mediante una mayor inversión pública en mejoramiento de la infraestructura, ordenación territorial y descentralización de las áreas industriales y financieras y creación de polos de desarrollo alrededor de las zonas periféricas que permitan elevar el nivel de ingresos y bienestar social de las zonas más pobres del área metropolitana.

Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

El proceso de transición hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas de América Latina durante el siglo XX tuvo como resultado una masiva migración interna. De acuerdo con los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 la población rural descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de América Latina. Este período observó el surgimiento de una industria secundaria y terciaria urbanas que acrecentaron las diferencias de ingresos y la desigualdad económica a niveles no observados.

La población que históricamente había dedicado sus vidas a los patrones de producción asociados al mundo agrícola, rural y no tecnificado, observó drásticos cambios en su entorno con la movilización de millones de personas hacia los centros urbanos, el empobrecimiento creciente de sus familias y la inescapable realidad de la pobreza para generaciones venideras. De la misma manera, esta dinámica de incremento de la desigualdad económica se observó de forma aún más pronunciada por las poblaciones migrantes de las zonas agrícolas a un estilo de vida urbano que resultó más caro, más discriminador y aún más excluyente para aquellos migrantes provenientes de regiones indígenas.

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada. De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a). De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman que para el 2021, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes. De la cual, 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas y en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala habitan 5.1 millones de habitantes cuyo crecimiento principal provino de una migración acelerada de las áreas rurales del país.

Esta migración acelerada que alcanza ya más de la mitad de la población de Guatemala es la raíz por la cual, en las zonas urbanas existen importantes desafíos al desarrollo sostenible que deben ser resueltos en la mayor prontitud y coordinación posible entre los distintos actores sociales y el gobierno central.

El entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina. En general, la urbanización del continente ha mejorado los indicadores de desarrollo y se ha evidenciado una correlación positiva entre indicadores como el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) y la dinámica del proceso de urbanización. Sim embargo, (Jordán et al., 2017) indican que “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores en los entornos urbanos y las brechas de igualdad en los indicadores.

A pesar de que las zonas urbanas latinoamericanas se han convertido en las regiones con una mayor diversificación económica y de producción, el desarrollo sostenible se ha visto detenido debido a que la aglomeración en viviendas, la inseguridad jurídica y socioeconómica y la ausencia del estado en provisión de servicios de salud e infraestructura han sido en conjunto frenos a la mejora de los ingresos para toda la población.

En las zonas urbanas los procesos de adaptación energética, de infraestructura y de mejora de condiciones de bienestar y salud ha sido un proceso que pocas ciudades de América Latina han logrado resolver con la llegada de millones de migrantes internos. Como resultado, en las zonas urbanas se ha pronunciado la segregación racial y económica de la población, se ha incrementado la estigmatización de las poblaciones más vulnerables y pobres y se ha incrementado la desigualdad en ingresos y de acceso a servicios públicos entre los ricos y pobres.

Como resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado y en ausencia de planes de desarrollo sostenible dirigidos desde los gobiernos locales y centrales, la gran mayoría de las zonas urbanas es hoy un territorio donde la inseguridad, la inviabilidad y la insalubridad son la norma en los territorios pobres y es, a la vez, un territorio de riqueza, exclusión y protección de una pequeña elite poblacional que goza de acceso a servicios de salud, entretenimiento, infraestructura, seguridad y presencia del Estado que crece de forma diametralmente opuesta según los niveles de ingreso promedio de las zonas y municipios.

La solución de décadas de abandono de los territorios recientemente asentados por migrantes de las zonas rurales de los países las urbes de América Latina no serán resuelto de forma sencilla y pasarán varias décadas de exclusión y ausencia del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Además, la reorganización urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios más pobres de las ciudades requerirá de programas de largo plazo en consenso con actores privados que invertirán en el desarrollo de servicios que el Estado históricamente no ha proveído. Lo anterior, requerirá de una actividad participación del estado para proveer de los servicios financieros para las poblaciones más pobres y evitar procesos de gentrificación que incrementan las brechas de riqueza, movilizan a las barriadas y zonas menos apreciadas a las poblaciones pobres y ralentizan la creación de un territorio urbano más inclusivo y sostenible.

Planeación urbana y acceso a servicios básicos

La movilización en Guatemala del área rural al área urbana ha resultado en espacios de desigualdades fácilmente identificables por las zonas en las que los migrantes se han asentado, con un acceso dispar a servicios públicos de calidad y altos grados de segregación residencial socioeconómica. Al respecto, un estudio de (Lozano, 2021) indica que el acceso al agua en las zonas 21,12, 7 y 18 son las áreas que presentan una mayor escasez y más demanda por la densidad poblacional. Estos datos, explica Lozano, son “un rasgo de desigualdad en la distribución del líquido vinculada a la diferencia de clases sociales e intereses comerciales. Al respecto, es importante mencionar que, las zonas 18 y 21 son las zonas ubicadas en el ingreso a la ciudad capital para las poblaciones rurales del Oriente del país y las zonas 7 y 12 son las zonas de ingreso a la ciudad capital para las poblaciones provenientes del Occidente y Sur del país, respectivamente.” Estas ubicaciones son, además, algunas de las zonas de población más recientes en la ciudad de Guatemala dado que han mostrado un mayor crecimiento de habitantes desde la década de los años posteriores al terremoto de 1976 que forzó a una amplia migración de población en todo el país.

De acuerdo con (Martínez, 2020) en cuanto a la vivienda, las zonas municipales con mayor localización de viviendas para 2018 fueron: la zona 18, con 58,416 unidades, y la zona 7, con 36,607 y dentro del número de viviendas existe un porcentaje que no reúne las condiciones de desarrollo humanos mínimos. Especialmente las ocupadas por la población de escasos recursos. Una de las causas es la inexistencia de una política de vivienda social, por no ser considerada por los diversos gobiernos como una prioridad social. Lo anterior confirma que las zonas con mayor crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala han sido las más afectadas por la ausencia de condiciones mínimas de desarrollo humano. Lo anterior es aún más extremo cuando se integran al análisis los municipios pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Guatemala que abarca los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros que han sido los lugares con un crecimiento exponencial de población.

En los últimos años, la reubicación de poblaciones rurales a las áreas urbanas en Guatemala ha resultado en un importante flujo inmigratorio de fuerza laboral que diariamente debe movilizarse desde las periferias al centro y los gobiernos municipales no han ofrecido las condiciones adecuadas de transporte masivo con lo que se ha incrementado el congestionamiento vehicular hacia y desde zonas periféricas en el área metropolitana e incluso de municipios cercanos como Palín, en Escuintla, y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez.

A la falta de medios públicos de desplazamiento se suma el encarecimiento del transporte que absorben los trabajadores pobres con un costo social millonario que aún no ha sido cuantificado que restringe aún más los ingresos de la población migrante de las zonas rurales a los centros urbanos. En ausencia de un eficiente sistema de transporte público explica (Martínez, 2020), que en la actualidad se privilegia el uso de vehículos particulares que incrementan el tránsito vehicular debido a que no existen rutas exclusivas para el ingreso y salida del transporte de carga, lo que obliga a retomar la positividad de la planificación urbana para facilitar la movilidad de la población y de los circuitos económicos en la ciudad de Guatemala.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos, se obtiene como resultado la segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala, se encuentren ubicadas en las zonas de reciente movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de homicidios. Según una publicación de (García Aldana, 2012) indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que abarcan de junio de 2011 a junio de 2012, el área con un mayor número homicidios es la zona 18, con un total de 151 muertes criminales. La persiguen de cerca la zona 7, con 144 asesinatos, y la zona 12 con 117. Una vez más, estas tres zonas con una alta población de migración rural-urbana, son las víctimas principales de la ausencia de seguridad y mayores índices de homicidios.

La producción socioespacial

Como resultado de una ausencia de planeación urbana y de desarrollo sostenible en la ciudad de Guatemala desde el siglo XX, la ciudad capital se ha convertido en un espacio de segregación socioespacial. Esta segregación se refiere a la existencia de desigualdades sociales dentro de un colectivo de población en un entorno urbano. Colectivo dentro del cual se observan atributos específicos de discriminación y reagrupamiento polarizado entre una población que se aisla cultural, social y espacialmente una de la otra. Esta polarización resulta en una producción socioespacial donde la población rica convive en un área segregada del resto de la población y, en el contexto de la ciudad de Guatemala, esta segregación se pronunció con una migración rural proveniente principalmente de las poblaciones más pobres y que se instaló en las zonas periféricas de la ciudad. Así, se observó una potencialización de la desintegración social y de falta de una conciencia colectiva que perjudicó principalmente a los grupos pobres migrantes de las zonas rurales.

De acuerdo con (Linares, 2013), como resultado de la segregación socioespacial se observan en las zonas urbanas problemas característicos que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas tales como “bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, la degradación ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.”

En un estudio de ciudades argentinas realizado por Linares, identificó que existe una correlación de intensidad de la segregación socioespacial y algunas consecuencias socio habitacionales en las ciudades como resultado de la migración de poblaciones pobres provenientes de las áreas rurales. Situación que puede ser extrapolada para entender las condiciones de bajos índices de educación, desempleo, falta de infraestructura y seguridad en las zonas recientemente pobladas por los grupos más pobres de la ciudad. Según explica Linares, “Para el caso de las ciudades de América Latina, el modelo característico de segregación socioespacial durante el siglo pasado fue semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos de elite de la sociedad y, consecuentemente, son las áreas urbanas con mayor disponibilidad de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y mejor calidad de las viviendas. A partir del centro comercial y financiero, las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia, con la excepción de un cono de expansión de clase alta, que parte en forma lineal desde el centro hacia la periferia.” Estas condiciones de centro-periferia se evidencian una vez más en el plan existente de desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala que continua buscando crear hacia el centro, un área financiera y residencial para las poblaciones ricas y empujar hacia la periferia a aquellas poblaciones pobres que deberán de viajar todos los días hacia el centro.

El esquema de riqueza hacia el centro y pobreza hacia la periferia es resultado de lo que (Sjoberg, 1960) presentó como “ciudades preindustriales” en las cuales existe un patrón similar de segregación que se caracterizan por una marcada concentración espacial de las clases altas y medias ascendentes en el centro histórico típico del diseño colonial español implementado desde el período colonial en Guatemala y una marcada dispersión periférica de los estratos socioeconómicos más bajos que provinieron de áreas rurales en su mayoría.

A este patrón de segregación observado por Sjober, se suman los cambios evidenciados en Guatemala desde el terremoto de 1976 que resultaron de nuevas dinámicas socioespaciales como la creación de alternativas habitacionales para las clases altas en colonias y condominios cerrados que continuaron empujando más hacia la periferia a los pobladores más pobres y que, incluso, se desarrollaron asfixiando a antiguas aldeas y pueblos con el objetivo de crear subcentros habitacionales, comerciales y financieros para las clases altas en zonas de la ciudad de Guatemala ubicadas hacia Carretera a El Salvador, la calzada Roosevelt, ciudad San Cristóbal en Mixco y la gentrificación de la zona 9 y 4 que beneficiaron a grupos de las clases medias y altas.

Consecuencias de la segregación en el desarrollo urbano

La literatura existente sobre los desafíos al desarrollo urbano y la segregación socioespacial apuntan a que las mismas son el resultado de la ausencia de un estado eficiente que coordine los niveles de ingresos y desempleo, la alfabetización y educación primaria y secundaria, la reducción de los daños al medio ambiente y la reducción de los daños a la población como resultado del racismo y la discriminación racial de los habitantes más pobres. A estas deficiencias, los autores explican que se suman los problemas de seguridad y justicia que causan una desprotección de la propiedad privada, incrementos de la delincuencia y drogadicción en la población que impactan directamente en el incremento de las brechas del desarrollo entre ricos y pobres (Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004; Clapp y Ross, 2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 2003; Greenstein et ál., 2000).

Según los autores, en las ciudades de tamaño mediano o grande de América Latina que han tenido un rápido crecimiento como el observado en la ciudad de Guatemala, las inversiones en infraestructura que impactan en la arquitectura urbana y tiene efectos de mejora de las condiciones socioespaciales para todos los actores deberían de ser el foco del análisis y de la propuesta de una visión a futuro para la ciudad. Estas acciones requieren la prevención de nuevas expansiones urbanas planificadas que integren económicamente y socialmente a la ciudad, que permitan preservar y aumentar los ecosistemas de recursos estratégicos, principalmente el acceso al agua y la producción local de alimentos, y que, permitan un diseño urbano que reduzca la discriminación socioespacial mediante el desarrollo de una infraestructura con movilidad inclusiva y sostenible para todos los habitantes tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional ya proyectadas al futuro por organizaciones como el Banco Mundial.

Conclusión

Al realizar una lectura comparativa elaborada por autores de distintas áreas urbanas de América Latina y analizar el proceso de migración interna visible en el continente durante el siglo XX hacia los centros urbanos fue posible contrastar y corroborar tendencias similares respecto a los grados de segregación socioespacial y de desarrollo observados en las zonas periféricas de los centros urbanos.

Asimismo, se identificó una amplia similitud en consecuencias socioeconómicas y socio-habitacionales respecto de las poblaciones urbanas de clase y alta y la población migrante rural que se instaló en zonas periféricas. Como resultado, los menores niveles de ingresos salariales se observa que repercuten no solo en menores niveles educativos, menor seguridad y certeza jurídica, sino que también son consecuencia de una ausencia del estado municipal y del gobierno para planificar y establecer planes que largo plazo que permitan evitar la degradación ambiental y urbanístico de las zonas periféricas.

Las actuales trayectorias de transporte, generación de riqueza, habitación y consumo de bienes y servicios del centro a la periferia de la ciudad de Guatemala han demostrado que la inviabilidad del patrón actual de desarrollo urbano que han emprendido los gobiernos municipales y las constructoras privadas. No solo los crecientes costos de transporte y sostenimiento familiar sino los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la prolongación del actual sistema de beneficio del centro de la ciudad de Guatemala confirman la urgente necesidad de identificar planes de desarrollo urbano sostenibles en el largo plazo.

En la ciudad de Guatemala y distintas ciudades de América Latina estudiadas en la presente bibliografía se confirma que el acceso a una calidad de vida decente de las poblaciones urbanas ricas y pobres depende en una gran medida de su ubicación socioespacial y geográfica y que, esta ubicación, tendrá el efecto de impactar y limitar su capacidad de movilización dentro de urbes desarrolladas hacia el centro financiero e industrial. Por lo tanto, es importante recalcar la necesidad de implementar estrategias de integración económica mediante una infraestructura pública de altos volúmenes mientras que, a la vez, se descentralice y fortalezca la presencia del Estado, en materia de salud, seguridad, cultura, educación y economía, en las zonas periféricas de la ciudad capital. La situación actual de la ciudad de Guatemala presenta una marcada una distribución desigual de los beneficios y los costos de la urbanización, que viene acumulándose durante décadas pronunciándose posteriormente al terremoto de 1976. Desde entonces, los sectores más vulnerables económica y socialmente enfrentan graves desigualdades en cuanto al acceso a una vivienda digna y oportunidades de desarrollo.

Tomando en cuenta que, según se estima en los modelos estadísticos ( World Urbanization Prospects 2018: Highlights, 2019) para el año 2050 habrá 27 millones de habitantes en Guatemala, de los cuales un 67 por ciento serán poblaciones urbanas y, de no cambiar las condiciones actuales, la vulnerabilidad socioespacial de las poblaciones pobres que viven en las zonas urbanas se agravará si no se le enfrenta a nivel gubernamental con políticas públicas de largo plazo. Al respecto, la planificación y búsqueda del desarrollo sostenible y la gestión urbana debe enfocarse a la internalización de las externalidades negativas de los patrones de urbanización que la ciudad de Guatemala ha seguido desde el siglo pasado.

Bibliografía

World Urbanization Prospects 2018: Highlights. (2019). Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.

Banco Mundial. (2023a, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Guatemala. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=GT

Banco Mundial. (2023b, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Latin America & Caribbean. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZJ

García Aldana, M. B. (2012, agosto 22). ¿Zona roja o zona crema?… ¿O naranja? Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/zona-roja-o-zona-crema-o-naranja

Jordán, R., Riffo, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe: dinámicas para el cambio estructural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespecial: un análisis empírico sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino, Tandil). Cuaderno Urbano, 14(14), 5–30. https://doi.org/10.30972/crn.1414527

Lozano, E. (2021, noviembre). El consumo de agua en la Ciudad de Guatemala es preocupante. Universidad San Carlos de Guatemala. https://soy.usac.edu.gt/?p=16007

Martínez, F. (2020, agosto 10). Así se han movilizado las poblaciones en las zonas capitalinas en los últimos 70 años y estas son algunas de las necesidades urbanas. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/comunitario/asi-se-han-movilizado-las-poblaciones-en-las-zonas-capitalinas-en-los-ultimos-70-anos-y-estas-son-algunas-de-las-necesidades-urbanas/

Sjoberg, G. (1960). The preindustrial City. Past and present. The Free Press.

Decida con Objetividad

Estamos a días de las elecciones generales y los sentimientos y emociones empiezan a confundirnos. Las campañas negras aparecerán y el morbo que genera la indecisión de repensar hasta el último minuto nos invade. No obstante, es en estos momentos cuando más objetividad debemos de tener.

La filósofa Ayn Rand, escribió mucho sobre la toma de decisiones racionales e irracionales. Criticó durante toda su vida que los hombres eligieran políticos corruptos e injustos y que, incluso, votáramos a favor de candidatos que explícitamente han dicho que no respetarán los derechos de los ciudadanos.

En las palabras de Rand, el derecho al voto es parte central de un sistema social libre, y su valor depende de la estructura constitucional que implemente y delimite estrictamente el poder de los votantes. En Guatemala, tenemos un sistema republicano de elecciones y tan importante como el voto que daremos a la papeleta de Presidente y Vicepresidente, será la elección que hagamos en las papeletas para Diputados.

En teoría, en Guatemala tenemos un sistema de gobierno representativo. Este gobierno se basa teóricamente en el principio de que el hombre es un ser racional y qué, como diría Rand, somos capaces de percibir los hechos de la realidad, evaluarlos, formar juicios racionales, tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de los mismos. En teoría, porque desafortunadamente durante las últimas elecciones los políticos que hemos elegido han mostrado ir en contra de nuestros intereses racionales.

Las elecciones que tendremos el domingo serán el instrumento mediante el cual los guatemaltecos elegiremos de nuevo representantes y los autorizaremos para que nos representen en el gobierno.

Votar es un derecho derivado de nuestra libertad de acción y de nuestro derecho a la vida. Rand explicaba que los niños no pueden votar porque aún no han adquirido los conocimientos necesarios para formarse un juicio racional sobre cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque la posesión de una facultad racional no garantiza que un hombre la usará, solo que puede usarla y, por lo tanto, es responsable de sus acciones hasta que es capaz de evaluarlas en base a un código de ética propio.

Este domingo debemos votar objetivamente con las herramientas de la razón: hagamos un proceso de identificación e integración basado no en percepciones y opiniones sino analizando la evidencia de lo que cada candidato ofrece y es capaz de darnos. Votemos por quienes defienden nuestra libertad individual y nuestro derecho a ser felices, por quienes nos permitirán buscar nuestra felicidad libremente. Votemos por quienes respeten nuestra independencia y no busquen limitar nuestras acciones privadas ni busquen decirnos a quién podemos o no podemos amar. Votemos por quienes respeten a todos los individuos por igual y por quienes nos ofrezcan un gobierno que cumplirá con sus obligaciones constitucionales, incluyendo las obligaciones en temas de derechos sociales. Votemos por un gobierno que esté dispuesto a repensar el gobierno y que esté abierto a revisar nuestra Constitución para corregir las fallas que en la misma existen y para que podamos construir una república más limitada y basada en leyes abstractas y generales donde todos seamos libres de buscar la felicidad.

Corrupción en año electoral

La semana pasada realicé una presentación de los indicadores económicos para Centroamérica y un punto en especial me pareció doloroso: en Guatemala un 24% de la población vive en Pobreza con menos de $3.20 por día (PPP) y 8.7% vive con menos de US$1.90 por día (PPP). Ese es un número muy grande y duro de asimilar porque sus impactos negativos en la salud, bienestar y calidad de vida causan daños irreversibles en el desarrollo de las personas. La respuesta a por qué 1 de cada 4 guatemaltecos vive en la pobreza está en la corrupción y la falta de un plan nacional claro que incluya programas asistencialistas y de desarrollo.

Video: El dinero sale; los pobres, no

La corrupción engendra pobreza. Esa es la conclusión del Informe sobre el Desarrollo Mundial en el que el Banco Mundial citó “evidencia de que los niveles más altos de corrupción están asociados con un menor ingreso per cápita”. La historia muy bien conocida por todos nosotros es que los sobornos aumentan los costos de hacer negocios, por lo que los países más corruptos atraen menos inversión extranjera directa, lo que reduce las tasas de crecimiento y los ingresos per cápita.

Sin embargo, esto enmascara una distinción importante entre el soborno de empresa a empresa (B2B) y de empresa a gobierno (B2G). Lo primero a menudo se resuelve mejor, ya que es rápidamente corregido por la ley de la oferta y demanda en condiciones de mercado libre. Sin embargo, la corrupción B2G es un monopolio muy protegido y vigilado por quienes se benefician de esta.

En su forma más suave y benigna, el soborno B2B puede facilitar la comunicación (reducir los costos de información) y ayudar a consolidar las relaciones entre los principales (por ejemplo, en una cadena de suministro). Los “pagos de facilitación” (desde comisiones generosas hasta membresías en clubes de golf, invitaciones a almorzar, regalos y viajes de ocio gratis) pueden reemplazar los costosos contratos contingentes con contratos implícitos que aseguran que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad y programación. Esta práctica vieja y por todos conocida ha empezado a eliminarse conforme muchas empresas establecen códigos de ética más estrictos al respecto. En este caso, el soborno B2B tiene un beneficio compensatorio, aunque no ético, que en la red reduce los costos de transacción y engrasa las ruedas del comercio.

Los casos graves de soborno B2B suelen implicar una ganancia privada por parte de un empleado sin beneficios compensatorios. Esta forma más insidiosa es como un gusano que se come las ganancias corporativas. Por ejemplo, si, como se afirma, los ejecutivos de las grandes empresas petroleras hicieron pagos laterales sutiles (negocios de dirección) a socios como Arthur Andersen para promover y/o ocultar actividades de contabilidad y financiamiento fraudulentas, entonces los accionistas son las víctimas.

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En marcado contraste, los casos graves de soborno B2G implican ganancias privadas que se han repetido en TODOS los gobiernos que hemos tenido (generalmente por parte de corporaciones afines al gobierno de turno y empleados públicos) a expensas de empresas competidoras y del público en general. La gran diferencia entre el soborno B2B y B2G es el gobierno. Los funcionarios del gobierno tienen el poder de cambiar las reglas del juego y ostentan el poder monopólico sobre legislar y controlar las instituciones que gobiernan la actividad de mercado. En los últimos meses un monopolio naciente que se disfraza de beneficio público ha sido la legislación en municipalidades y en el Congreso que prohíbe ciertos productos desechables plásticos y favorece al cartón, vidrio, bioplásticos y aluminio. El gobierno crea un monopolio no por el interés ambiental o del pueblo sino para favorecer una industria específica disfrazada de responsable filantropía.

No es sorprendente que una forma popular de soborno B2G implique la “búsqueda de rentas” de la que tanto hablamos en los cursos de economía en la UFM. Esta práctica en nuestra región es muy intensa y busca influir en el diseño o la aplicación de reglas, regulaciones, evaluaciones de impuestos, zonificación, contratos, etc. Desafortunadamente, como Mises enfatiza en Acción Humana, en el caso de la corrupción B2G, “por regla general, un individuo o un grupo de individuos se enriquece a costa de otros individuos o grupos de individuos”. En contraste con algunos sobornos B2B que realmente pueden beneficiar a ambas partes, el soborno B2G es, en el mejor de los casos, un juego de suma cero tal y como siempre recodaba el Muso Ayau.

En lugar de simplemente redistribuir la pizza, un juego de suma cero (lo que yo gano, tú pierdes), en este caso, el soborno B2G reduce el tamaño de la pizza, un juego de suma negativa (**todos perdemos**).

Cuando una empresa o industria guatemalteca o extranjera intenta obtener una ventaja competitiva a través del soborno B2G, esto provoca que otras industrias y grupos de consumidores se defiendan. Incluso en los casos en que una empresa puede sobornar a los funcionarios para que no cumplan con las regulaciones verdaderamente malas, esto provoca una presión contra el lobby por parte de las empresas que se benefician de estas regulaciones. En los últimos años esta práctica se evidenció cuando industrias específicas patrocinaron y sobornaron a partidos políticos específicos que llegaron al poder. Hemos vivido los desastres del extractivismo en su máxima expresión. A veces, estas regulaciones no son más que barreras poco veladas para proteger a las empresas predominantes (nacionales) de la competencia (extranjera) como ocurrió en la década de 1960-70s. Sin embargo, economistas como Gordon Tullock y otros han demostrado que la suma de los recursos agotados en el soborno ofensivo y defensivo B2G puede ser mucho mayor que el valor de la decisión favorable o del contrato gubernamental.

Menos gobierno es igual a menos corrupción. Las empresas siempre buscarán favores del gobierno. Mises en su obra Acción Humana nos recuerda que “la corrupción es un evento regular de intervencionismo“. Por lo tanto, cuantas menos reglas, regulaciones, contratos, etc., los funcionarios del gobierno tengan la discreción de escribir, modificar o hacer cumplir, menos oportunidades de corrupción. Cuanto más transparentes sean sus acciones y cuanto más tengan que perder, mejor. Concuerdo con los economistas de la cosa pública que alentar a los gobiernos a emplear menos funcionarios públicos con menos poder y más salarios es un paso en la dirección correcta.

Promover la transparencia es malo los corruptos, tanto B2B y B2G, pero esta es la clave para minimizar la corrupción. Acá, corresponde a los ciudadanos guatemaltecos restringir el poder del gobierno y exigir la transparencia de sus funcionarios públicos con candidatos que tengan esto entre sus planes políticos en la primera página.

Las regulaciones demasiado complejas son especialmente problemáticas porque fomentan la corrupción. Por ejemplo, el Ranking Doing Business informa que para iniciar un negocio en Guatemala se requiere casi un mes y 18% del PIB de una persona para iniciar un negocio; mientras que en Australia solo se requieren dos pasos, dos días y el 2% de los ingresos. En lugar de proteger a los consumidores y las empresas, las regulaciones gubernamentales fuera de control aplastan la actividad del mercado y actúan como un caldo de cultivo para la corrupción.

El camino que debemos seguir es el de reducir el poder de los funcionarios públicos y abordar la forman en que funcionan sus incentivos para exigir sobornos. La prensa libre del mundo, las organizaciones gubernamentales sin fines de lucro como Transparency International y las instituciones multinacionales como la CICIG, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial pueden y deben desempeñar funciones activas de apoyo y debemos apoyarlas. Busquemos este año electoral a esos candidatos que nos ofrezcan soluciones para reducir el poder de los funcionarios y que busquen promover la transparencia. En ellos está el futuro de un mejor país.

Los pasos hacia la dictadura

“Nunca se rindan, nunca cedan, nunca, nunca, nunca, en nada grande o pequeño, nunca cedan salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza; nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo” Winston Churchill

Los aprendices de dictador conocen que el electorado es fácilmente engañado cuando su atención está puesta en problemas mayores. Usualmente, estos gobernantes suelen ser ayudados por algún factor externo a su gobierno para conseguir capturar el poder y subordinarlo bajo su esfera de control. Desde terremotos desastrosos hasta enemigos externos no identificados suelen ser utilizados como excusa para limitar las libertades de los ciudadanos y controlar los distintos poderes de una nación soberana.

La captura de Venezuela no fue algo gestado de un día para otro, sino un lento y minucioso proceso de alianzas con políticos a cambio de favores que ofrecieron su lealtad a la dictadura de Maduro. Si vemos al pasado, la situación ha sido similar en todas las dictaduras que han llegado al poder de forma democrática. ¿cómo ha ocurrido y en qué momento el gobierno perdió los pesos y contrapesos que constitucionalmente fueron creados para evitar estos casos?

Paso #1: aumentar el poder a través de la corrupción

Las dictaduras no son duraderas si no tienen a subordinados atados de manos. La mejor forma de conseguir el apoyo de amigos y enemigos es con dinero fácil a través de la corrupción. Las dictaduras suelen ser las formas más corruptas e ineficientes de gobierno. No por nada, el gobierno totalitario de Stalin fue famoso por tener fábricas de tornillos y herramientas gigantescas que nunca fueron llevados al mercado. La corrupción tiene distintas formas: dinero, plazas de trabajo, favores y concesiones, permisos y reconocimientos, entre otros. En Guatemala la corrupción es parte vital del engranaje gubernativo y es una práctica acostumbrada. Los gobiernos que quieren tener mayor poder utilizan la corrupción a su favor comprando apoyo donde antes no lo tenían. Así, hemos visto como incluso empresarios antes respetables han aceptado la violación de las instituciones e incluso de la Constitución de la República con tal de proteger privilegios otorgados por el gobierno de Morales.

Paso #2: Capturar los medios de comunicación

El arma más valiosa de un ciudadano es su voz y su libertad de expresión. Para consolidar un gobierno dictatorial eficiente, el dictador debe, bajo cualquier medio, conseguir el control de la mayoría de los medios de comunicación. El caso típico de gobiernos militares en África y Asia ha demostrado de forma ejemplar cómo se utiliza esta estrategia y se nacionalizan los medios de comunicación para evitar la disensión al régimen. En Venezuela la televisión libre también fue destruida y quienes opinaban distinto al régimen eran acusados de proimperialistas. En el caso de Guatemala y Centroamérica algo particular ha pasado debido a que los medios de comunicación más antiguos pertenecen a una red que se ha beneficiado de la corrupción a lo largo de muchísimos años. Esto ha facilitado a los gobiernos comprar el “favor” de los medios de comunicación al gobierno de turno a cambio de millones de dólares que durante muchísimos años se habían pagado. La llegada de la televisión por cable empezó a cambiar estas reglas, pero el poder que tienen sobre estos medios de comunicación también lo compraron a través de presión y amenazas de eliminar la principal forma de ingresos: quitar la compra de publicidad y tiempo de aire en alianza con empresarios aliados al régimen corrupto. El caso más ejemplar de esto fue realizado por el entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen quien casi llevo a la quiebra a un medio opositor al cortar la compra de publicidad vía sus socios y aliados. En las redes sociales los nuevos dictadores han aprendido la importancia de contratar a netcenters que trabajan creando información a favor del régimen para crear una falsa imagen de apoyo popular y conocer la opinión popular respecto a ciertos puntos importantes para el electorado. Y esto nos lleva al paso 3 y 4.

Paso 3: crear un valor común

El presidente Jimmy Morales encontró un “valor común” con cristianos en contra del aborto y en contra de la igualdad de derechos para personas LGBTIQ. Este valor común le permitió ampliar su red de seguidores y utilizarlos para granjear un falso apoyo a su gobierno con el cual se proyectó internacionalmente. Otro valor importante que Morales ha utilizado a su favor ha sido la mal utilizada definición de Soberanía. Soberanía que ellos entienden como la injerencia “extranjera” de la CICIG y la ONU en los asuntos de justicia que ellos aducen competen solamente a los guatemaltecos. Guatemala es parte firmante del Acuerdo de creación de la CICIG y, por lo tanto, aceptó que las acciones y competencias de la Comisión existiesen como el único mecanismo para cambiar el rumbo de la corrupción e impunidad que había capturado el Estado. La defensa de la soberanía, término tan precioso y delicado, ha sido mal utilizado por el gobierno de turno para justificar cada una de las acciones que han realizado en violación de alguna norma, ley o dictamen constitucionalidad. El argumento que el gobierno esgrime es que, en aras de proteger la soberanía, cualquier acción es necesaria (incluso violar la Constitución e institucionalidad) consiguiendo para sí un apoyo de las masas ignorantes e iliberales que poco respeto tienen por la ley. Con estos y más argumentos se ha creado el #PactodeCorruptos con el que se ha identificado a un grupo de políticos, congresistas, civiles y empresarios que se apoyan unos a otros en la búsqueda de protegerse y proteger la soberanía de Guatemala.

Paso 4: crear un enemigo común

Los enemigos los hay de dos tipos: internos y externos. Casi siempre, estos son formados por polilogismos irracionales que tiene como fin identificarnos a los “nosotros” de los “ellos” dado a que piensan de forma diametralmente distinta a un “nosotros” y son, por lo tanto, una amenaza. La gran falla de los defensores de estos polilogismos está en ignorar que los individuos tenemos libre albedrío y no podemos ser agrupados y suponer que todos pensamos igual debido a nuestra condición de clase, raza, nacionalidad o color de ojos. El polilogismo más conocido es el concepto de “conciencia de clase” que le permitió a Marx encontrar un enemigo común dentro de su plan ideológico para eliminar el sistema capitalista y tomar el control para darlo a los trabajadores. Actualmente, Morales supone que el enemigo común del pueblo de Guatemala son varios grupos: los proaborto, los gays y los extranjeros. Todos juntos somos quienes atentamos contra la soberanía del país y contra la “ética común” del guatemalteco judeocristiano como si no hubiese otras éticas entre las personas nacidas en Guatemala.

Paso 5: mostrar la fuerza

Las dictaduras no sobreviven por mucho tiempo si no logran asustar o destruir a sus opositores. Para esto es necesario controlar las fuerzas de la policía y el ejército colocando a directores afines al régimen. En nuestros países democráticos à la carte, los gobiernos suelen llegar al poder con el apoyo del ejército y las elecciones se realizan solamente con aquellos candidatos afines a la elite gobernante. Actualmente, Jimmy Morales y sus aliados están asegurándose el control de las fuerzas de seguridad y del orden para consolidar una transición a elecciones durante el año 2019 que les permita realizar elecciones en apariencia democráticas solamente con los candidatos que cuentan con el beneplácito empresarial. Es así que veremos en los próximos meses los intentos que harán por dificultar la inscripción de Thelma Aldana y de otros candidatos que se oponen a su agenda.

Paso 6: margaritas ante porcos

La traducción de esta frase latina es “echar margaritas a los cerdos” o “dar perlas a los cerdos” y su origen es de las Escrituras Cristianas en el libro de Mateo 7:6. Esta es una analogía para explicar lo que hacen los políticos en el poder cada cuatro años para consolidar la paz y el apoyo de la población. Esta frase bíblica suponía dar un consejo para que no se diera la generosidad más allá de lo que la persona es capaz de apreciarla. Por lo tanto, no hay que darle perlas a los cerdos, pues ellos solo quieren cualquier tipo de comida. En el caso de Guatemala, el pueblo muerto de hambre y sediento lo que quiere cada cuatro años es que el gobierno les dé cosas gratis, comida, regalos, fertilizantes y pequeñas carreteras. A este pueblo no es necesario darle de regalo Justicia, Libertad y Certeza Jurídica pues es un premio que no saben ni pueden apreciar y, aún peor, no podrían estar ni siquiera interesados en recibirlos. Es por esto, que en las elecciones presidenciales nunca escuchamos los planes de trabajo ni conocemos la ideología de los candidatos, lo único que vemos es su oferta en programas sociales y regalos a los más necesitados.

Muchos de estos pasos ya fueron consolidados por el gobierno de Jimmy Morales y quienes lo pusieron en el poder. Está en manos de los ciudadanos educados y conscientes evitar que este país sea capturado de nuevo por la dictadura corporativista que nos tenía bajo su control. Guatemala es una democracia de papel y durante muchos años nos han hecho creer que la Justicia existe, que los gobiernos se Elijen y que los ciudadanos Deciden. Sabemos que esa es una gran ilusión y el primer paso para enderezar el camino es defender la continuidad de la CICIG. Solo con el apoyo de la CICIG que fortalece como un peso más al sistema de Justicia, podremos empezar a detener y cambiar las formas y métodos en que la corrupción e impunidad fortalecían a un único poder detrás del trono.

Ayer era el momento de actuar y no lo hicimos. Ahora es el momento de defender la Libertad y la Justicia y, como Churchill sabiamente dijo, nunca, nunca, nunca ceder.

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Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Conclusión

Bibliografía

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