Agenda 2030: ODS2

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS, por sus siglas) es poner fin al hambre en el mundo.

El fin del hambre es uno de los objetivos más importantes que la Agenda 2030 busca alcanzar mediante acciones desde los gobiernos para asegurar la provisión de seguridad alimentaria de todos los habitantes y la mejora de la nutrición.

Los gobiernos democráticos tienen como uno de los pilares más importantes de sus obligaciones constitucionales el asegurar acceso a alimentos para la población y para alcanzar esto muchos gobiernos requieren implementar acciones como:

  • Asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de toda la población,
  • Combatir la especulación en precios de alimentos y eliminar monopolios
  • Producir o importar alimentos que sean necesarios para atender las necesidades nutricionales de los países.

Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“

Para alcanzar la reducción del hambre en Guatemala es necesario que los gobiernos y las empresas privadas tomen acciones para reducir y eliminar distintos aspectos que mantienen en condiciones de pobreza a la población más afectada por el hambre y la desnutrición. La eliminación del hambre requiere de una serie de acciones que están íntimamente vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas. Junto a la reducción del hambre, es necesario mejorar y proteger la existencia de más y mejores sistemas de salud, provisión de agua limpia y sana, creación de fuentes de trabajo, creación de sistemas de educación nutricional para la mejora de la ingesta de alimentos nutritivos, acceso a la electricidad, tuberías y drenajes para todos los hogares, entre otras. Asimismo, la cooperación internacional y la protección de las cadenas internacionales de suministro de alimentos son vitales para velar por la reducción del hambre en los países del sur global y ante este indicador es fundamental que exista una participación colaborativa global.

Según el Índice Global del Hambre, en el año 2022 Guatemala mejoró su posición en el índice ubicándose en el nivel “moderado” de problemas de alimentación y aún requiere mejorar la alimentación calórica de la población, desnutrición crónica que retrasa el crecimiento de los niños y vigilar el incremento post-COVID en la proporción de niños menores de 5 años que tienen bajo peso para su estatura, reflejando desnutrición aguda.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible y eliminar la segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo presentar una preámbulo a los estudios realizados en la arena latinoamericana respecto a los desafíos sociales y económicos que enfrentan los grupos rurales que han migrado hacia la ciudad de Guatemala y presentar los impactos socioespaciales que estas migraciones de poblaciones rurales pobres han tenido en el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Como preámbulo, el presente artículo presenta brevemente la teoría y estudios realizados en América Latina con respecto a tendencias que se han repetido a lo largo de las décadas respecto al aumento de la distancia entre el centro y la periferia de las áreas urbanas, la creciente distancia entre las zonas de industria y la ubicación de las zonas residenciales de la población más pobre que han contribuido no solo a mayores tasas de desempleo sino a índices de desarrollo humano menores para las zonas periféricas.

Es muy importante resaltar que la alta tasa de desempleo de las poblaciones que han migrado de zonas rurales hacia las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala es el efecto de la lejanía entre la oferta de empleo y el encarecimiento del transporte de las clases bajas en una ausencia de planes de gobierno municipal que permitan el transporte masivo. A lo anterior, se suma el estancamiento salarial de las poblaciones más pobres cuyos costos de transporte hacia y desde las zonas financieras e industriales aumentan anualmente y se pronuncian con el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo.

Aunado al encarecimiento del transporte desde la periferia hacia el centro, se suma el racismo y discriminación del que son víctimas las poblaciones provenientes de las zonas periféricas y que, como resultado, crean prejuicios de los potenciales empleadores a habitantes provenientes de las llamadas “zonas rojas”. Esta discriminación aumenta aún más con las poblaciones provenientes de las áreas rurales y que pertenecen a grupos étnicos de pueblos originarios profundizando el desempleo y autoempleo en el mercado informal que caracteriza a las áreas periféricas pobres.

Los desafíos al desarrollo sostenible presentados en este artículo son solamente una aproximación a los retos urbanos que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala y las municipalidades de ciudades periféricas para trabajar en conjunto y reducir la intensidad de la segregación socioespacial existente mediante una mayor inversión pública en mejoramiento de la infraestructura, ordenación territorial y descentralización de las áreas industriales y financieras y creación de polos de desarrollo alrededor de las zonas periféricas que permitan elevar el nivel de ingresos y bienestar social de las zonas más pobres del área metropolitana.

Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

El proceso de transición hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas de América Latina durante el siglo XX tuvo como resultado una masiva migración interna. De acuerdo con los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 la población rural descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de América Latina. Este período observó el surgimiento de una industria secundaria y terciaria urbanas que acrecentaron las diferencias de ingresos y la desigualdad económica a niveles no observados.

La población que históricamente había dedicado sus vidas a los patrones de producción asociados al mundo agrícola, rural y no tecnificado, observó drásticos cambios en su entorno con la movilización de millones de personas hacia los centros urbanos, el empobrecimiento creciente de sus familias y la inescapable realidad de la pobreza para generaciones venideras. De la misma manera, esta dinámica de incremento de la desigualdad económica se observó de forma aún más pronunciada por las poblaciones migrantes de las zonas agrícolas a un estilo de vida urbano que resultó más caro, más discriminador y aún más excluyente para aquellos migrantes provenientes de regiones indígenas.

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada.  De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a).  De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman que para el 2021, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes. De la cual, 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas y en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala habitan 5.1 millones de habitantes cuyo crecimiento principal provino de una migración acelerada de las áreas rurales del país.

Esta migración acelerada que alcanza ya más de la mitad de la población de Guatemala es la raíz por la cual, en las zonas urbanas existen importantes desafíos al desarrollo sostenible que deben ser resueltos en la mayor prontitud y coordinación posible entre los distintos actores sociales y el gobierno central.

El entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina. En general, la urbanización del continente ha mejorado los indicadores de desarrollo y se ha evidenciado una correlación positiva entre indicadores como el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) y la dinámica del proceso de urbanización. Sim embargo, (Jordán et al., 2017) indican que “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores en los entornos urbanos y las brechas de igualdad en los indicadores.

A pesar de que las zonas urbanas latinoamericanas se han convertido en las regiones con una mayor diversificación económica y de producción, el desarrollo sostenible se ha visto detenido debido a que la aglomeración en viviendas, la inseguridad jurídica y socioeconómica y la ausencia del estado en provisión de servicios de salud e infraestructura han sido en conjunto frenos a la mejora de los ingresos para toda la población.

En las zonas urbanas los procesos de adaptación energética, de infraestructura y de mejora de condiciones de bienestar y salud ha sido un proceso que pocas ciudades de América Latina han logrado resolver con la llegada de millones de migrantes internos. Como resultado, en las zonas urbanas se ha pronunciado la segregación racial y económica de la población, se ha incrementado la estigmatización de las poblaciones más vulnerables y pobres y se ha incrementado la desigualdad en ingresos y de acceso a servicios públicos entre los ricos y pobres.

Como resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado y en ausencia de planes de desarrollo sostenible dirigidos desde los gobiernos locales y centrales, la gran mayoría de las zonas urbanas es hoy un territorio donde la inseguridad, la inviabilidad y la insalubridad son la norma en los territorios pobres y es, a la vez, un territorio de riqueza, exclusión y protección de una pequeña elite poblacional que goza de acceso a servicios de salud, entretenimiento, infraestructura, seguridad y presencia del Estado que crece de forma diametralmente opuesta según los niveles de ingreso promedio de las zonas y municipios.

La solución de décadas de abandono de los territorios recientemente asentados por migrantes de las zonas rurales de los países las urbes de América Latina no serán resuelto de forma sencilla y pasarán varias décadas de exclusión y ausencia del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Además, la reorganización urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios más pobres de las ciudades requerirá de programas de largo plazo en consenso con actores privados que invertirán en el desarrollo de servicios que el Estado históricamente no ha proveído.  Lo anterior, requerirá de una actividad participación del estado para proveer de los servicios financieros para las poblaciones más pobres y evitar procesos de gentrificación que incrementan las brechas de riqueza, movilizan a las barriadas y zonas menos apreciadas a las poblaciones pobres y ralentizan la creación de un territorio urbano más inclusivo y sostenible.

  1. Planeación urbana y acceso a servicios básicos

La movilización en Guatemala del área rural al área urbana ha resultado en espacios de desigualdades fácilmente identificables por las zonas en las que los migrantes se han asentado, con un acceso dispar a servicios públicos de calidad y altos grados de segregación residencial socioeconómica. Al respecto, un estudio de (Lozano, 2021) indica que el acceso al agua en las zonas 21,12, 7 y 18 son las áreas que presentan una mayor escasez y más demanda por la densidad poblacional. Estos datos, explica Lozano, son “un rasgo de desigualdad en la distribución del líquido vinculada a la diferencia de clases sociales e intereses comerciales. Al respecto, es importante mencionar que, las zonas 18 y 21 son las zonas ubicadas en el ingreso a la ciudad capital para las poblaciones rurales del Oriente del país y las zonas 7 y 12 son las zonas de ingreso a la ciudad capital para las poblaciones provenientes del Occidente y Sur del país, respectivamente.” Estas ubicaciones son, además, algunas de las zonas de población más recientes en la ciudad de Guatemala dado que han mostrado un mayor crecimiento de habitantes desde la década de los años posteriores al terremoto de 1976 que forzó a una amplia migración de población en todo el país.

De acuerdo con (Martínez, 2020) en cuanto a la vivienda, las zonas municipales con mayor localización de viviendas para 2018 fueron: la zona 18, con 58,416 unidades, y la zona 7, con 36,607 y dentro del número de viviendas existe un porcentaje que no reúne las condiciones de desarrollo humanos mínimos. Especialmente las ocupadas por la población de escasos recursos. Una de las causas es la inexistencia de una política de vivienda social, por no ser considerada por los diversos gobiernos como una prioridad social. Lo anterior confirma que las zonas con mayor crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala han sido las más afectadas por la ausencia de condiciones mínimas de desarrollo humano. Lo anterior es aún más extremo cuando se integran al análisis los municipios pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Guatemala que abarca los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros que han sido los lugares con un crecimiento exponencial de población.

En los últimos años, la reubicación de poblaciones rurales a las áreas urbanas en Guatemala ha resultado en un importante flujo inmigratorio de fuerza laboral que diariamente debe movilizarse desde las periferias al centro y los gobiernos municipales no han ofrecido las condiciones adecuadas de transporte masivo con lo que se ha incrementado el congestionamiento vehicular hacia y desde zonas periféricas en el área metropolitana e incluso de municipios cercanos como Palín, en Escuintla, y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez.

A la falta de medios públicos de desplazamiento se suma el encarecimiento del transporte que absorben los trabajadores pobres con un costo social millonario que aún no ha sido cuantificado que restringe aún más los ingresos de la población migrante de las zonas rurales a los centros urbanos. En ausencia de un eficiente sistema de transporte público explica (Martínez, 2020), que en la actualidad se privilegia el uso de vehículos particulares que incrementan el tránsito vehicular debido a que no existen rutas exclusivas para el ingreso y salida del transporte de carga, lo que obliga a retomar la positividad de la planificación urbana para facilitar la movilidad de la población y de los circuitos económicos en la ciudad de Guatemala.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos, se obtiene como resultado la segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala, se encuentren ubicadas en las zonas de reciente movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de homicidios. Según una publicación de (García Aldana, 2012) indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que abarcan de junio de 2011 a junio de 2012, el área con un mayor número homicidios es la zona 18, con un total de 151 muertes criminales. La persiguen de cerca la zona 7, con 144 asesinatos, y la zona 12 con 117. Una vez más, estas tres zonas con una alta población de migración rural-urbana, son las víctimas principales de la ausencia de seguridad y mayores índices de homicidios.

  • La producción socioespacial

Como resultado de una ausencia de planeación urbana y de desarrollo sostenible en la ciudad de Guatemala desde el siglo XX, la ciudad capital se ha convertido en un espacio de segregación socioespacial.  Esta segregación se refiere a la existencia de desigualdades sociales dentro de un colectivo de población en un entorno urbano. Colectivo dentro del cual se observan atributos específicos de discriminación y reagrupamiento polarizado entre una población que se aisla cultural, social y espacialmente una de la otra. Esta polarización resulta en una producción socioespacial donde la población rica convive en un área segregada del resto de la población y, en el contexto de la ciudad de Guatemala, esta segregación se pronunció con una migración rural proveniente principalmente de las poblaciones más pobres y que se instaló en las zonas periféricas de la ciudad.  Así, se observó una potencialización de la desintegración social y de falta de una conciencia colectiva que perjudicó principalmente a los grupos pobres migrantes de las zonas rurales.

De acuerdo con (Linares, 2013), como resultado de la segregación socioespacial se observan en las zonas urbanas problemas característicos que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas tales como “bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, la degradación ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.”

En un estudio de ciudades argentinas realizado por Linares, identificó que existe una correlación de intensidad de la segregación socioespacial y algunas consecuencias socio habitacionales en las ciudades como resultado de la migración de poblaciones pobres provenientes de las áreas rurales. Situación que puede ser extrapolada para entender las condiciones de bajos índices de educación, desempleo, falta de infraestructura y seguridad en las zonas recientemente pobladas por los grupos más pobres de la ciudad. Según explica Linares, “Para el caso de las ciudades de América Latina, el modelo característico de segregación socioespacial durante el siglo pasado fue semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos de elite de la sociedad y, consecuentemente, son las áreas urbanas con mayor disponibilidad de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y mejor calidad de las viviendas. A partir del centro comercial y financiero, las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia, con la excepción de un cono de expansión de clase alta, que parte en forma lineal desde el centro hacia la periferia.” Estas condiciones de centro-periferia se evidencian una vez más en el plan existente de desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala que continua buscando crear hacia el centro, un área financiera y residencial para las poblaciones ricas y empujar hacia la periferia a aquellas poblaciones pobres que deberán de viajar todos los días hacia el centro.

El esquema de riqueza hacia el centro y pobreza hacia la periferia es resultado de lo que (Sjoberg, 1960) presentó como “ciudades preindustriales” en las cuales existe un patrón similar de segregación que se caracterizan por una marcada concentración espacial de las clases altas y medias ascendentes en el centro histórico típico del diseño colonial español implementado desde el período colonial en Guatemala y una marcada dispersión periférica de los estratos socioeconómicos más bajos que provinieron de áreas rurales en su mayoría.

A este patrón de segregación observado por Sjober, se suman los cambios evidenciados en Guatemala desde el terremoto de 1976 que resultaron de nuevas dinámicas socioespaciales como la creación de alternativas habitacionales para las clases altas en colonias y condominios cerrados que continuaron empujando más hacia la periferia a los pobladores más pobres y que, incluso, se desarrollaron asfixiando a antiguas aldeas y pueblos con el objetivo de crear subcentros habitacionales, comerciales y financieros para las clases altas en zonas de la ciudad de Guatemala ubicadas hacia Carretera a El Salvador, la calzada Roosevelt, ciudad San Cristóbal en Mixco y la gentrificación de la zona 9 y 4 que beneficiaron a grupos de las clases medias y altas.

  • Consecuencias de la segregación en el desarrollo urbano

La literatura existente sobre los desafíos al desarrollo urbano y  la segregación socioespacial apuntan a que las mismas son el resultado de la ausencia de un estado eficiente que coordine los niveles de ingresos y desempleo, la alfabetización y educación primaria y secundaria, la reducción de los daños al medio ambiente y la reducción de los daños a la población como resultado del racismo y la discriminación racial de los habitantes más pobres. A estas deficiencias, los autores explican que se suman los problemas de seguridad y justicia que causan una desprotección de la propiedad privada, incrementos de la delincuencia y drogadicción en la población que impactan directamente en el incremento de las brechas del desarrollo entre ricos y pobres (Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004; Clapp y Ross, 2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 2003; Greenstein et ál., 2000).

Según los autores, en las ciudades de tamaño mediano o grande de América Latina que han tenido un rápido crecimiento como el observado en la ciudad de Guatemala, las inversiones en infraestructura que impactan en la arquitectura urbana y tiene efectos de mejora de las condiciones socioespaciales para todos los actores deberían de ser el foco del análisis y de la propuesta de una visión a futuro para la ciudad. Estas acciones requieren la prevención de nuevas expansiones urbanas planificadas que integren económicamente y socialmente a la ciudad, que permitan preservar y aumentar los ecosistemas de recursos estratégicos, principalmente el acceso al agua y la producción local de alimentos, y que, permitan un diseño urbano que reduzca la discriminación socioespacial mediante el desarrollo de una infraestructura con movilidad inclusiva y sostenible para todos los habitantes tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional ya proyectadas al futuro por organizaciones como el Banco Mundial.

Conclusión

Al realizar una lectura comparativa elaborada por autores de distintas áreas urbanas de América Latina y analizar el proceso de migración interna visible en el continente durante el siglo XX hacia los centros urbanos fue posible contrastar y corroborar tendencias similares respecto a los grados de segregación socioespacial y de desarrollo observados en las zonas periféricas de los centros urbanos.

Asimismo, se identificó una amplia similitud en consecuencias socioeconómicas y socio-habitacionales respecto de las poblaciones urbanas de clase y alta y la población migrante rural que se instaló en zonas periféricas.  Como resultado, los menores niveles de ingresos salariales se observa que repercuten no solo en menores niveles educativos, menor seguridad y certeza jurídica, sino que también son consecuencia de una ausencia del estado municipal y del gobierno para planificar y establecer planes que largo plazo que permitan evitar la degradación ambiental y urbanístico de las zonas periféricas.

Las actuales trayectorias de transporte, generación de riqueza, habitación y consumo de bienes y servicios del centro a la periferia de la ciudad de Guatemala han demostrado que la inviabilidad del patrón actual de desarrollo urbano que han emprendido los gobiernos municipales y las constructoras privadas. No solo los crecientes costos de transporte y sostenimiento familiar sino los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la prolongación del actual sistema de beneficio del centro de la ciudad de Guatemala confirman la urgente necesidad de identificar planes de desarrollo urbano sostenibles en el largo plazo.

En la ciudad de Guatemala y distintas ciudades de América Latina estudiadas en la presente bibliografía se confirma que el acceso a una calidad de vida decente de las poblaciones urbanas ricas y pobres depende en una gran medida de su ubicación socioespacial y geográfica y que, esta ubicación, tendrá el efecto de impactar y limitar su capacidad de movilización dentro de urbes desarrolladas hacia el centro financiero e industrial. Por lo tanto, es importante recalcar la necesidad de implementar estrategias de integración económica mediante una infraestructura pública de altos volúmenes mientras que, a la vez, se descentralice y fortalezca la presencia del Estado, en materia de salud, seguridad, cultura, educación y economía, en las zonas periféricas de la ciudad capital.  La situación actual de la ciudad de Guatemala presenta una marcada una distribución desigual de los beneficios y los costos de la urbanización, que viene acumulándose durante décadas pronunciándose posteriormente al terremoto de 1976. Desde entonces, los sectores más vulnerables económica y socialmente enfrentan graves desigualdades en cuanto al acceso a una vivienda digna y oportunidades de desarrollo.

Tomando en cuenta que, según se estima en los modelos estadísticos ( World Urbanization Prospects 2018: Highlights, 2019) para el año 2050 habrá 27 millones de habitantes en Guatemala, de los cuales un 67 por ciento serán poblaciones urbanas y, de no cambiar las condiciones actuales, la vulnerabilidad socioespacial de las poblaciones pobres que viven en las zonas urbanas se agravará si no se le enfrenta a nivel gubernamental con políticas públicas de largo plazo. Al respecto, la planificación y búsqueda del desarrollo sostenible y la gestión urbana debe enfocarse a la internalización de las externalidades negativas de los patrones de urbanización que la ciudad de Guatemala ha seguido desde el siglo pasado.

Bibliografía

World Urbanization Prospects 2018: Highlights. (2019). Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.

Banco Mundial. (2023a, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Guatemala. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=GT

Banco Mundial. (2023b, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Latin America & Caribbean. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZJ

García Aldana, M. B. (2012, agosto 22). ¿Zona roja o zona crema?… ¿O naranja? Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/zona-roja-o-zona-crema-o-naranja

Jordán, R., Riffo, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad  en América Latina y el Caribe: dinámicas para el cambio estructural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespecial: un análisis empírico sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino, Tandil). Cuaderno Urbano, 14(14), 5–30. https://doi.org/10.30972/crn.1414527

Lozano, E. (2021, noviembre). El consumo de agua en la Ciudad de Guatemala es preocupante. Universidad San Carlos de Guatemala. https://soy.usac.edu.gt/?p=16007

Martínez, F. (2020, agosto 10). Así se han movilizado las poblaciones en las zonas capitalinas en los últimos 70 años y estas son algunas de las necesidades urbanas. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/comunitario/asi-se-han-movilizado-las-poblaciones-en-las-zonas-capitalinas-en-los-ultimos-70-anos-y-estas-son-algunas-de-las-necesidades-urbanas/

Sjoberg, G. (1960). The preindustrial City. Past and present. The Free Press.

El Presupuesto y el poder de la corrupción

Ninette Grosjean, nuestra profesora de Pensamiento Político en la Universidad Francisco Marroquín solía decirnos todo el tiempo parafraseando a Lord Acton “¡cuidado jóvenes que el poder corrompe…!” Esa frase que decía, proféticamente, parece haber caído en oídos sordos de muchos colegas marroquinianos que actualmente ocupan una curul en el Congreso de la República de Guatemala. El poder corrompe a todo aquel cuyos principios no están firmes y que, anteponiendo sus intereses irracionales, satisface solo sus necesidades y no las de las personas que lo eligieron. La votación a favor del Presupuesto 2021 es un claro ejemplo de esta corrupción.

El Presupuesto fue aprobado de urgencia nacional con 115 votos a favor de manera opaca, contenía omisiones y anomalías graves y otorgó más espacios para la venta de favores y corrupción. En su redacción final, se aprobaron 99 mil 700 millones de quetzales y, junto con el Presupuesto, se aprobaron dos préstamos que suman 4 mil 908 millones de quetzales.

InstituciónVigente 2020Aprobado 2021Diferencia
Presidencia231225-6
Ministerio de Relaciones Exteriores597.7601.53.8
Ministerio de Gobernación5994.85901.9-92.9
Ministerio de Defensa2646.52630-16.5
Ministerio de Finanzas381.2375-6.2
Ministerio de Educación17783.518690.1906.6
Ministerio de Salud9823.29909.686.4
Ministerio deTrabajo802.2753.6-48.6
Ministerio de Economía2803.4442.7-2360.7
Ministerio de Agricultura1765.41703.8-61.6
Ministerio de Comunicaciones6777.48713.21935.8
Ministerio de Energía y Minas8195.214.2
Ministerio de Cultura y Deportes623588.5-34.5
Ministerio de Ambiente142.3185.643.3
Ministerio de Desarrollo7509.11462-6047.1
Fuente: tabla elaborada por Soy502. shorturl.at/fjFSX

Ese Gasto se financiará con Ingresos Tributarios por Q63 mil millones, dejando un déficit de deuda interna por Q24 mil 157 millones que se contratará con la venta de Bonos del Tesoro en bancos locales y con Préstamos internacionales por Q6 mil 915 millones. En total, el déficit presupuestario y los dos préstamos aprobados sumarán 35 mil 980 millones de quetzales que el Estado no tiene y el pueblo deberá pagar con altos intereses en las próximas generaciones.

Esa deuda representará unos 2 mil 85 quetzales por cada guatemalteco considerando que habemos 17.25 millones de habitantes en el país. Casi un salario mínimo de cada persona viva en el país servirá tan solo para pagar el déficit de un año del Presupuesto.

Como liberal con conciencia social siempre he tenido una preocupación con los déficits gubernamentales excesivos y el efecto de la deuda acumulada que podría llevarnos entornos financieros inestables y una calidad de vida devaluada para las generaciones futuras. En el caso de nuestro Presupuesto esto es  aún más preocupante pues el mismo no fue elaborado pensando en sacarnos de la crisis actual causada por la pandemia de Covid-19 sino que, además, no ha sido elaborado pensando en inversión para el desarrollo y la reestructuración del Estado en aras de una reducción de sus gastos administrativos y burocráticos. El Presupuesto 2021 incluso aumenta 215 millones de quetzales para gastos de alimentación de corruptos y la construcción de un edificio más para el Congreso y otorga 13 millones de quetzales para el mantenimiento del parasitario Parlamento Centroamericano que debería de desaparecer.

Nuestro país requiere de un comportamiento fiscal más responsable mediante el control del gasto deficitario y la acumulación de deuda. Para esta discusión la Escuela Austriaca ha dado importantes aportes a la discusión respecto al análisis del déficit desde este ángulo de escasez y coordinación en el mercado. El primero en hacerlo fue Ludwig von Mises que refutó la viabilidad de una economía socialista y le siguió Friedrich Hayek y Murray Rothbard con sus análisis de la estructura de las fuerzas de coordinación del mercado que son el sostén de la ley de la Oferta y Demanda y del proceso de establecimiento de precios en el mercado.

Las fuerzas son los procesos y toma de decisiones de mercado que coordinan la actividad entre ahorrantes e inversionistas y consumidores y productores. En conjunto, todas estas fuerzas macroeconómicamente se sustentan en un principio fundamental: el ahorro de recursos escasos.

Sabemos que el denominador común de toda actividad económica es el hecho de que el hombre actúa de forma racional en la mayoría de las ocasiones y que los agentes del mercado individuales emplean ciertos medios para alcanzar fines preferidos. Los individuos, que poseemos escalas de utilidad subjetivas y escatológicas, utilizamos los escasos medios de producción para fines específicos que elegimos en base a nuestros deseos y necesidades. Los individuos a nivel micro, lo hacemos para intentar eliminar una necesidad o malestar y conseguir una mejor situación a la que teníamos anteriormente.

El proceso continuo de asignación de recursos en toda la sociedad es simplemente un agregado del cálculo continuo que tiene lugar de forma individual entre los 17 millones de personas que vivimos en este país y que, a su vez, afectado por las decisiones que toman los habitantes en todo el mundo. Estas acciones individuales se coordinan a escala macroeconómica mediante el proceso de fijación de precios con la oferta y demanda y mediante la división del trabajo. Así, los empleados son recompensados con un salario y los productores son recompensados ​​o castigados con ganancias o pérdidas.

Así, los efectos que tendrá el impacto del gasto público del Presupuesto de Guatemala solo pueden evaluarse adecuadamente en el marco de la coordinación del mercado y cómo la inversión socializada deberá ser justificada para que los resultados de la inversión sean mejores que el resultado que se habría producido si esos mismos recursos hubieran sido economizados por los individuos en el mercado. El incremento cada año de los gastos operativos y administrativos del aparato burocrático en Guatemala que no servirá mejorar la situación de la sociedad guatemalteca no se justifica desde el análisis de la economía de mercado.

El gobierno no se enfrenta a las mismas limitaciones ni a las mismas motivaciones cuando gasta tal y como nos ocurre a los empresarios y asalariados en el mercado. Siguen aprobando presupuestos deficitarios que no van enfocados en mejorar la vida de los guatemaltecos y en asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de cada uno de los entes de gobierno. El país es cada vez más pobre, cada vez más vulnerable al cambio climático, cada vez más presa de la impunidad y corrupción por capitalistas irracionales e sin ética y no contamos con un plan de fomento al desarrollo empresarial fundamentado en la cero tolerancia con la corrupción.

El gasto público del Estado no es un método para mejorar la economía del país, ni es un método para emplear recursos supuestamente inactivos. El resultado del gasto público es la pérdida de oportunidades y, una vez más, el costo es la ganancia que se habría producido si se hubiera permitido la economización menos el resultado del gasto público. Desafortunadamente, el gasto público causa más daño que bien porque redistribuye los medios de producción hacia la consecución de fines, no solo  inferiores a los que como individuos dirigiríamos esa inversión privada, sino que estará redistribuyendo los escasos medios de producción para alimentar a un grupo de corruptos, que vende prebendas corruptas, en oficinas de gobierno corruptas y que enriquece a personas privadas corruptas que, con los millones que han robado, pueden escapar a vivir a Miami y vivir y pagar fianzas en efectivo sin quedarse un centavo más pobres por tanto dinero corrupto que robaron del país. ¡Guatemala, Basta ya!

Decida con Objetividad

Estamos a días de las elecciones generales y los sentimientos y emociones empiezan a confundirnos. Las campañas negras aparecerán y el morbo que genera la indecisión de repensar hasta el último minuto nos invade. No obstante, es en estos momentos cuando más objetividad debemos de tener.

La filósofa Ayn Rand, escribió mucho sobre la toma de decisiones racionales e irracionales. Criticó durante toda su vida que los hombres eligieran políticos corruptos e injustos y que, incluso, votáramos a favor de candidatos que explícitamente han dicho que no respetarán los derechos de los ciudadanos.

En las palabras de Rand, el derecho al voto es parte central de un sistema social libre, y su valor depende de la estructura constitucional que implemente y delimite estrictamente el poder de los votantes. En Guatemala, tenemos un sistema republicano de elecciones y tan importante como el voto que daremos a la papeleta de Presidente y Vicepresidente, será la elección que hagamos en las papeletas para Diputados.

En teoría, en Guatemala tenemos un sistema de gobierno representativo. Este gobierno se basa teóricamente en el principio de que el hombre es un ser racional y qué, como diría Rand, somos capaces de percibir los hechos de la realidad, evaluarlos, formar juicios racionales, tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de los mismos. En teoría, porque desafortunadamente durante las últimas elecciones los políticos que hemos elegido han mostrado ir en contra de nuestros intereses racionales.

Las elecciones que tendremos el domingo serán el instrumento mediante el cual los guatemaltecos elegiremos de nuevo representantes y los autorizaremos para que nos representen en el gobierno.

Votar es un derecho derivado de nuestra libertad de acción y de nuestro derecho a la vida. Rand explicaba que los niños no pueden votar porque aún no han adquirido los conocimientos necesarios para formarse un juicio racional sobre cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque la posesión de una facultad racional no garantiza que un hombre la usará, solo que puede usarla y, por lo tanto, es responsable de sus acciones hasta que es capaz de evaluarlas en base a un código de ética propio.

Este domingo debemos votar objetivamente con las herramientas de la razón: hagamos un proceso de identificación e integración basado no en percepciones y opiniones sino analizando la evidencia de lo que cada candidato ofrece y es capaz de darnos. Votemos por quienes defienden nuestra libertad individual y nuestro derecho a ser felices, por quienes nos permitirán buscar nuestra felicidad libremente. Votemos por quienes respeten nuestra independencia y no busquen limitar nuestras acciones privadas ni busquen decirnos a quién podemos o no podemos amar. Votemos por quienes respeten a todos los individuos por igual y por quienes nos ofrezcan un gobierno que cumplirá con sus obligaciones constitucionales, incluyendo las obligaciones en temas de derechos sociales. Votemos por un gobierno que esté dispuesto a repensar el gobierno y que esté abierto a revisar nuestra Constitución para corregir las fallas que en la misma existen y para que podamos construir una república más limitada y basada en leyes abstractas y generales donde todos seamos libres de buscar la felicidad.

Corrupción en año electoral

La semana pasada realicé una presentación de los indicadores económicos para Centroamérica y un punto en especial me pareció doloroso: en Guatemala un 24% de la población vive en Pobreza con menos de $3.20 por día (PPP) y 8.7% vive con menos de US$1.90 por día (PPP).  Ese es un número muy grande y duro de asimilar porque sus impactos negativos en la salud, bienestar y calidad de vida causan daños irreversibles en el desarrollo de las personas. La respuesta a por qué 1 de cada 4 guatemaltecos vive en la pobreza está en la corrupción y la falta de un plan nacional claro que incluya programas asistencialistas y de desarrollo. 


Video: El dinero sale; los pobres, no

La corrupción engendra pobreza. Esa es la conclusión del Informe sobre el Desarrollo Mundial en el que el Banco Mundial citó  “evidencia de que los niveles más altos de corrupción están asociados con un menor ingreso per cápita”. La historia muy bien conocida por todos nosotros es que los sobornos aumentan los costos de hacer negocios, por lo que los países más corruptos atraen menos inversión extranjera directa, lo que reduce las tasas de crecimiento y los ingresos per cápita.

Sin embargo, esto enmascara una distinción importante entre el soborno de empresa a empresa (B2B) y de empresa a gobierno (B2G). Lo primero a menudo se resuelve mejor, ya que es rápidamente corregido por la ley de la oferta y demanda en condiciones de mercado libre. Sin embargo, la corrupción B2G es un monopolio muy protegido y vigilado por quienes se benefician de esta.

En su forma más suave y benigna, el soborno B2B puede facilitar la comunicación (reducir los costos de información) y ayudar a consolidar las relaciones entre los principales (por ejemplo, en una cadena de suministro). Los “pagos de facilitación” (desde comisiones generosas hasta membresías en clubes de golf, invitaciones a almorzar, regalos y viajes de ocio gratis) pueden reemplazar los costosos contratos contingentes con contratos implícitos que aseguran que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad y programación.  Esta práctica vieja y por todos conocida ha empezado a eliminarse conforme muchas empresas establecen códigos de ética más estrictos al respecto. En este caso, el soborno B2B tiene un beneficio compensatorio, aunque no ético, que en la red reduce los costos de transacción y engrasa las ruedas del comercio.

Los casos graves de soborno B2B suelen implicar una ganancia privada por parte de un empleado sin beneficios compensatorios. Esta forma más insidiosa es como un gusano que se come las ganancias corporativas. Por ejemplo, si, como se afirma, los ejecutivos de las grandes empresas petroleras hicieron pagos laterales sutiles (negocios de dirección) a socios como Arthur Andersen para promover y/o ocultar actividades de contabilidad y financiamiento fraudulentas, entonces los accionistas son las víctimas.

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En marcado contraste, los casos graves de soborno B2G implican ganancias privadas que se han repetido en TODOS los gobiernos que hemos tenido (generalmente por parte de corporaciones afines al gobierno de turno y empleados públicos) a expensas de empresas competidoras y del público en general. La gran diferencia entre el soborno B2B y B2G es el gobierno. Los funcionarios del gobierno tienen el poder de cambiar las reglas del juego y ostentan el poder monopólico sobre legislar y controlar las instituciones que gobiernan la actividad de mercado.  En los últimos meses un monopolio naciente que se disfraza de beneficio público ha sido la legislación en municipalidades y en el Congreso que prohíbe ciertos productos desechables plásticos y favorece al cartón, vidrio, bioplásticos y aluminio. El gobierno crea un monopolio no por el interés ambiental o del pueblo sino para favorecer una industria específica disfrazada de responsable filantropía.

No es sorprendente que una forma popular de soborno B2G implique la “búsqueda de rentas” de la que tanto hablamos en los cursos de economía en la UFM.  Esta práctica en nuestra región es muy intensa y busca influir en el diseño o la aplicación de reglas, regulaciones, evaluaciones de impuestos, zonificación, contratos, etc. Desafortunadamente, como Mises enfatiza en Acción Humana, en el caso de la corrupción B2G, “por regla general, un individuo o un grupo de individuos se enriquece a costa de otros individuos o grupos de individuos”. En contraste con algunos sobornos B2B que realmente pueden beneficiar a ambas partes, el soborno B2G es, en el mejor de los casos, un juego de suma cero tal y como siempre recodaba el Muso Ayau.


En lugar de simplemente redistribuir la pizza, un juego de suma cero (lo que yo gano, tú pierdes), en este caso, el soborno B2G reduce el tamaño de la pizza, un juego de suma negativa (todos perdemos).

Cuando una empresa o industria guatemalteca o extranjera intenta obtener una ventaja competitiva a través del soborno B2G, esto provoca que otras industrias y grupos de consumidores se defiendan. Incluso en los casos en que una empresa puede sobornar a los funcionarios para que no cumplan con las regulaciones verdaderamente malas, esto provoca una presión contra el lobby por parte de las empresas que se benefician de estas regulaciones. En los últimos años esta práctica se evidenció cuando industrias específicas patrocinaron y sobornaron a partidos políticos específicos que llegaron al poder. Hemos vivido los desastres del extractivismo en su máxima expresión.  A veces, estas regulaciones no son más que barreras poco veladas para proteger a las empresas predominantes (nacionales) de la competencia (extranjera) como ocurrió en la década de 1960-70s. Sin embargo, economistas como Gordon Tullock y otros han demostrado que la suma de los recursos agotados en el soborno ofensivo y defensivo B2G puede ser mucho mayor que el valor de la decisión favorable o del contrato gubernamental.

Menos gobierno es igual a menos corrupción. Las empresas siempre buscarán favores del gobierno. Mises en su obra Acción Humana nos recuerda que “la corrupción es un evento regular de intervencionismo“. Por lo tanto, cuantas menos reglas, regulaciones, contratos, etc., los funcionarios del gobierno tengan la discreción de escribir, modificar o hacer cumplir, menos oportunidades de corrupción. Cuanto más transparentes sean sus acciones y cuanto más tengan que perder, mejor. Concuerdo con los economistas de la cosa pública que alentar a los gobiernos a emplear menos funcionarios públicos con menos poder y más salarios es un paso en la dirección correcta.

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Promover la transparencia es malo los corruptos, tanto B2B y B2G, pero esta es la clave para minimizar la corrupción. Acá, corresponde a los ciudadanos guatemaltecos restringir el poder del gobierno y exigir la transparencia de sus funcionarios públicos con candidatos que tengan esto entre sus planes políticos en la primera página.

Las regulaciones demasiado complejas son especialmente problemáticas porque fomentan la corrupción. Por ejemplo, el Ranking Doing Business informa que para iniciar un negocio en Guatemala se requiere casi un mes y 18% del PIB de una persona para iniciar un negocio; mientras que en Australia solo se requieren dos pasos, dos días y el 2% de los ingresos. En lugar de proteger a los consumidores y las empresas, las regulaciones gubernamentales fuera de control aplastan la actividad del mercado y actúan como un caldo de cultivo para la corrupción.

El camino que debemos seguir es el de reducir el poder de los funcionarios públicos y abordar la forman en que funcionan sus incentivos para exigir sobornos. La prensa libre del mundo, las organizaciones gubernamentales sin fines de lucro como Transparency International y las instituciones multinacionales como la CICIG, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial pueden y deben desempeñar funciones activas de apoyo y debemos apoyarlas. Busquemos este año electoral a esos candidatos que nos ofrezcan soluciones para reducir el poder de los funcionarios y que busquen promover la transparencia. En ellos está el futuro de un mejor país.

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