Corrupción en año electoral

La semana pasada realicé una presentación de los indicadores económicos para Centroamérica y un punto en especial me pareció doloroso: en Guatemala un 24% de la población vive en Pobreza con menos de $3.20 por día (PPP) y 8.7% vive con menos de US$1.90 por día (PPP).  Ese es un número muy grande y duro de asimilar porque sus impactos negativos en la salud, bienestar y calidad de vida causan daños irreversibles en el desarrollo de las personas. La respuesta a por qué 1 de cada 4 guatemaltecos vive en la pobreza está en la corrupción y la falta de un plan nacional claro que incluya programas asistencialistas y de desarrollo. 


Video: El dinero sale; los pobres, no

La corrupción engendra pobreza. Esa es la conclusión del Informe sobre el Desarrollo Mundial en el que el Banco Mundial citó  “evidencia de que los niveles más altos de corrupción están asociados con un menor ingreso per cápita”. La historia muy bien conocida por todos nosotros es que los sobornos aumentan los costos de hacer negocios, por lo que los países más corruptos atraen menos inversión extranjera directa, lo que reduce las tasas de crecimiento y los ingresos per cápita.

Sin embargo, esto enmascara una distinción importante entre el soborno de empresa a empresa (B2B) y de empresa a gobierno (B2G). Lo primero a menudo se resuelve mejor, ya que es rápidamente corregido por la ley de la oferta y demanda en condiciones de mercado libre. Sin embargo, la corrupción B2G es un monopolio muy protegido y vigilado por quienes se benefician de esta.

En su forma más suave y benigna, el soborno B2B puede facilitar la comunicación (reducir los costos de información) y ayudar a consolidar las relaciones entre los principales (por ejemplo, en una cadena de suministro). Los “pagos de facilitación” (desde comisiones generosas hasta membresías en clubes de golf, invitaciones a almorzar, regalos y viajes de ocio gratis) pueden reemplazar los costosos contratos contingentes con contratos implícitos que aseguran que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad y programación.  Esta práctica vieja y por todos conocida ha empezado a eliminarse conforme muchas empresas establecen códigos de ética más estrictos al respecto. En este caso, el soborno B2B tiene un beneficio compensatorio, aunque no ético, que en la red reduce los costos de transacción y engrasa las ruedas del comercio.

Los casos graves de soborno B2B suelen implicar una ganancia privada por parte de un empleado sin beneficios compensatorios. Esta forma más insidiosa es como un gusano que se come las ganancias corporativas. Por ejemplo, si, como se afirma, los ejecutivos de las grandes empresas petroleras hicieron pagos laterales sutiles (negocios de dirección) a socios como Arthur Andersen para promover y/o ocultar actividades de contabilidad y financiamiento fraudulentas, entonces los accionistas son las víctimas.

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En marcado contraste, los casos graves de soborno B2G implican ganancias privadas que se han repetido en TODOS los gobiernos que hemos tenido (generalmente por parte de corporaciones afines al gobierno de turno y empleados públicos) a expensas de empresas competidoras y del público en general. La gran diferencia entre el soborno B2B y B2G es el gobierno. Los funcionarios del gobierno tienen el poder de cambiar las reglas del juego y ostentan el poder monopólico sobre legislar y controlar las instituciones que gobiernan la actividad de mercado.  En los últimos meses un monopolio naciente que se disfraza de beneficio público ha sido la legislación en municipalidades y en el Congreso que prohíbe ciertos productos desechables plásticos y favorece al cartón, vidrio, bioplásticos y aluminio. El gobierno crea un monopolio no por el interés ambiental o del pueblo sino para favorecer una industria específica disfrazada de responsable filantropía.

No es sorprendente que una forma popular de soborno B2G implique la “búsqueda de rentas” de la que tanto hablamos en los cursos de economía en la UFM.  Esta práctica en nuestra región es muy intensa y busca influir en el diseño o la aplicación de reglas, regulaciones, evaluaciones de impuestos, zonificación, contratos, etc. Desafortunadamente, como Mises enfatiza en Acción Humana, en el caso de la corrupción B2G, “por regla general, un individuo o un grupo de individuos se enriquece a costa de otros individuos o grupos de individuos”. En contraste con algunos sobornos B2B que realmente pueden beneficiar a ambas partes, el soborno B2G es, en el mejor de los casos, un juego de suma cero tal y como siempre recodaba el Muso Ayau.


En lugar de simplemente redistribuir la pizza, un juego de suma cero (lo que yo gano, tú pierdes), en este caso, el soborno B2G reduce el tamaño de la pizza, un juego de suma negativa (todos perdemos).

Cuando una empresa o industria guatemalteca o extranjera intenta obtener una ventaja competitiva a través del soborno B2G, esto provoca que otras industrias y grupos de consumidores se defiendan. Incluso en los casos en que una empresa puede sobornar a los funcionarios para que no cumplan con las regulaciones verdaderamente malas, esto provoca una presión contra el lobby por parte de las empresas que se benefician de estas regulaciones. En los últimos años esta práctica se evidenció cuando industrias específicas patrocinaron y sobornaron a partidos políticos específicos que llegaron al poder. Hemos vivido los desastres del extractivismo en su máxima expresión.  A veces, estas regulaciones no son más que barreras poco veladas para proteger a las empresas predominantes (nacionales) de la competencia (extranjera) como ocurrió en la década de 1960-70s. Sin embargo, economistas como Gordon Tullock y otros han demostrado que la suma de los recursos agotados en el soborno ofensivo y defensivo B2G puede ser mucho mayor que el valor de la decisión favorable o del contrato gubernamental.

Menos gobierno es igual a menos corrupción. Las empresas siempre buscarán favores del gobierno. Mises en su obra Acción Humana nos recuerda que “la corrupción es un evento regular de intervencionismo“. Por lo tanto, cuantas menos reglas, regulaciones, contratos, etc., los funcionarios del gobierno tengan la discreción de escribir, modificar o hacer cumplir, menos oportunidades de corrupción. Cuanto más transparentes sean sus acciones y cuanto más tengan que perder, mejor. Concuerdo con los economistas de la cosa pública que alentar a los gobiernos a emplear menos funcionarios públicos con menos poder y más salarios es un paso en la dirección correcta.

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Promover la transparencia es malo los corruptos, tanto B2B y B2G, pero esta es la clave para minimizar la corrupción. Acá, corresponde a los ciudadanos guatemaltecos restringir el poder del gobierno y exigir la transparencia de sus funcionarios públicos con candidatos que tengan esto entre sus planes políticos en la primera página.

Las regulaciones demasiado complejas son especialmente problemáticas porque fomentan la corrupción. Por ejemplo, el Ranking Doing Business informa que para iniciar un negocio en Guatemala se requiere casi un mes y 18% del PIB de una persona para iniciar un negocio; mientras que en Australia solo se requieren dos pasos, dos días y el 2% de los ingresos. En lugar de proteger a los consumidores y las empresas, las regulaciones gubernamentales fuera de control aplastan la actividad del mercado y actúan como un caldo de cultivo para la corrupción.

El camino que debemos seguir es el de reducir el poder de los funcionarios públicos y abordar la forman en que funcionan sus incentivos para exigir sobornos. La prensa libre del mundo, las organizaciones gubernamentales sin fines de lucro como Transparency International y las instituciones multinacionales como la CICIG, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial pueden y deben desempeñar funciones activas de apoyo y debemos apoyarlas. Busquemos este año electoral a esos candidatos que nos ofrezcan soluciones para reducir el poder de los funcionarios y que busquen promover la transparencia. En ellos está el futuro de un mejor país.

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Libertarios, sí hubo genocidio

Simone Dalmasso
foto: Simone Dalmasso

El presente artículo busca conversar con un grupo específico de personas: libertarios y/o simpatizantes con las ideas libertarias que han tomado una postura pública en defensa de los generales  acusados de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante los años 1982-83 en Guatemala quienes no han dicho, tambiény con el mismo peso en sus opiniones que exigen se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles durante el gobierno de facto de estos militares y por los crímenes cometidos durante los 36 años de conflicto armado por el ejército y la guerrilla. En especial, ahora que se ha vuelto a confirmar que en Guatemala hubo genocidio del pueblo Ixil (lea más sobre el caso “Justicia a medias para el pueblo ixil: sí hubo genocidio, pero no hay culpables“.

Es con estas personas con quienes me gustaría conversar por unos instantes para presentarles mis puntos en contra de la actitud equivocada que han tomado al defender a estos políticos, empresarios y ex-militares acusados de crímenes de lesa humanidad.  Espero que luego de esta conversación encontremos puntos en común y ustedes puedan re direccionar sus energías a defender ideas y valores más importantes que los que hasta ahora han realizado.

Empiezo con un poco de contexto,

Ríos Montt y otros militares son acusados del delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad mientras gobernaron el país.  Ríos Montt y otros militares implementaron y continuaron con estrategias militares en la lucha contra guerrilleros insurgentes en distintas regiones del país. Según la evidencia existente, las estrategias implementadas por estos militares  fueron planes militares que resultaron en actos de genocidio. Tal y como ellos han aceptado en sus declaraciones, las decisiones de estos militares eran eliminar la amenaza guerrillera que vivía escondida en las montañas selváticas en Guatemala y que amenazaba su poder en el control del uso de facto y amenaza de facto de la fuerza del Estado guatemalteco que recién habían capturado por un golpe de estado.

El genocidio es un delito internacional que comprende “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” (via: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002 y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948).  La legislación guatemalteca incluye pena de prisión de 30 a 50 años para los culpables de estos delitos.

En su mayoría, los negacionistas afirman que los actos militares durante el conflicto armado respondieron a prácticas de guerra necesarias para evitar el avance del comunismo en el país.  el artículo de Luis Figueroa presenta que “la lucha de los guatemaltecos contra la guerrilla, no fue genocidio.  El genocidio exige ciertos parámetros.”  Parámetros que según la lectura que realizó el autor no fueron la fuente de los actos cometidos por la jerarquía militar durante el conflicto armado, pues su intención era la de detener el avance del comunismo y no el eliminar a un grupo nacional, étnico, racial o religioso específico según establece la Convención de Ginebra de 1948 en la que se define el genocidio como,

“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Los insurgentes fueron civiles guatemaltecos y extranjeros que se sublevaron y armaron para luchar contra el ejército en la búsqueda de promover el  colapso y caída del gobierno guatemalteco desde que tomaron las armas en 1960.  En aras de alcanzar este fin, los guerrilleros emplearon actos terroristas y se refugiaron en la selva del departamento de Quiché durante gran parte del conflicto armado.  Este mismo territorio era habitado desde cientos de años atrás, por grupos indígenas Uspantekos, Ixiles, Sacapultecos, Quiché, entre otros.  Aprovechándose de estos grupos indígenas; la guerrilla los manipuló y utilizó como escudos humanos y fuente de provisiones.  El ejército que buscaba eliminar la amenaza insurgente en la década de los 70s empezó a implementar estrategias militares en contra de la guerrilla y en contra de (y a pesar de) civiles que habitaban los pueblos, caseríos, aldeas y laderas de esta región aislada del país con tal de derrotarlos.  Entre las estrategias documentadas que fueron implementadas por estos militares (y también por otros militares en el poder en gobiernos anteriores) se encuentran masacres, asesinatos, torturas y violaciones en contra de hombres, mujeres y niños que habitaban en la región antes mencionada cometiendo así crímenes de lesa humanidad.  La guerrilla también implementó estrategias en contra de las poblaciones de civiles en esa región y también hay evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por estos actores.

Brevemente he intentado mencionar un contexto relevante para continuar esta conversación con usted lector libertario y/o simpatizante con las ideas libertarias.

Ahora, me gustaría explicarle por qué está usted cometiendo un grave error al tomar una postura en favor de estos militares al decir o escribir que estos militares no cometieron genocidio y no mencionar y exigir, TAMBIEN, que estos militares pueden y deben ser acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos (o miles) de miembros mestizos y de distintas etnias indígenas en el departamento de Quiché durante los años 1982-83 de los cuales se han presentado y recabado evidencias y testimonio orales de sobrevivientes.

Creo que usted libertario está cometiendo un terrible error al dar más valor a la libertad de estos acusados debido a que según usted no hay evidencias suficientes de las acusaciones de genocidio.  Comprendo que para usted libertario, el valor de la libertad individual sea el valor supremo y que, el mismo, esté por encima de otros valores.  Sin embargo, yo creo que la libertad individual no es el valor supremo puesto que ese valor es la vida humana y al defender la libertad de estos militares acusados usted como líder de opinión amante de las ideas de la libertad está fallándonos.

El valor supremo es en mi opinión la vida feliz.  La vida, como valor supremo del individuo es el único valor que, teniéndolo, le permite al hombre buscar otros valores (incluyendo la libertad). La vida es el punto de origen desde el cual se deriva el concepto de valor mismo.  Sin esta no podemos valorar y buscar fines.  La vida es necesaria para que el individuo decida actuar en busca de la felicidad como propósito moral supremo.  Y note que menciono la vida feliz y no la vida infeliz.  Porque solamente la vida en búsqueda de la felicidad es la vida moral.  Cuando vivimos sin buscar la felicidad (cuando actuamos dañando, atentando o lastimando nuestra vida física y emocional) estamos desperdiciando nuestra vida y estamos actuando en contra de ella.  De la misma manera, cuando el sistema de gobierno en el que vivimos deja de proteger y velar por que todos los ciudadanos vivamos una vida feliz y empieza a utilizar y fomentar acciones que atentan contra la vida de sus miembros este gobierno está actuando en contra del valor supremo de la vida feliz del colectivo de ciudadanos que gobierna.  Note que menciono el colectivo de  ciudadanos que es gobernado debido a que estos ciudadanos son miembros voluntarios (e involuntario y a veces incluso no enterados) de una agrupación, de una sociedad civil, de un pueblo, de una nación, de un estado desde el momento en que conscientemente se asientan, votan, opinan o critican los actos de los gobernantes.

Así, en el sistema de gobierno militar que se impuso sobre la vida de civiles guatemaltecos durante el gobierno de facto de Ríos Montt, las acciones que este dictador y su cúpula de mando tomaron en contra de los civiles (incluyendo los civiles insurgentes) fueron todos y cada uno, actos criminales que deben ser juzgados con todo el peso de nuestras leyes vigentes.  El Tribunal B de Mayor Riesgo señaló que el alto mando del Ejército deRíos Montt que gobernó el país de marzo de 1982 a julio de 1983 sí tuvo la intención de exterminar a los habitantes de tres comunidades mayas.

Luego de que Ríos Montt diera un golpe de Estado y capturara el gobierno del país, el Presidente de facto suspendió la vigencia de la Constitución, vulneró la legitimidad institucional del Estado guatemalteco, e implementó la violencia y la amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil y electo democráticamente, por un gobierno militar dictatorial.  Todas las estrategias que este militar y su grupo de mando tomaron durante su gobierno en contra de la guerrilla fueron, por lo tanto, actos en contra de civiles que pueden y deben ser entendidos como crímenes de lesa humanidad. Para acabar con la insurgencia el Ejército atacó a la población civil que la apoyaba. A la región ixil llegaron los pelotones con bombas, aviones y armas de alto impacto. Además, cuando el Ejército descubrió que volvían a sus casas cada vez que la tropa se retiraba, resolvieron quemarles las casas, las cosechas, matar a los animales o comérselos.

En este sistema de gobierno dictatorial establecido por el dictador Efraín Ríos Montt durante los años 1982-83 la libertad de todos los ciudadanos fue coartada y limitada por el golpe de estado.  Pero más importante aún fue que la vida de todos los ciudadanos fuera sujeto de la amenaza del uso de la fuerza por el gobierno golpista.

Según explican con más detalle en el artículo de Plaza Pública,

Los que huían eran tachados de subversivos. Los que se quedaban debían concentrarse, someterse al dominio militar sin derecho a movilizarse para buscar empleo en otras comunidades. A los que se rindieron se les obligó a convertirse en patrulleros para vigilar y delatar a sus propios vecinos. Los obligaron a quemar los cultivos de maíz para impedir que los que huían tuvieran un medio de sobrevivencia.

Los que huyeron a la montaña murieron de inanición, reconoció el tribunal. Los sobrevivientes sufren hoy las consecuencias de los padecimientos. “Solo el Señor sabe cómo sobrevivieron a todo esto” reflexionaba la jueza María Eugenia Castellanos.

Aún está usted a tiempo de ser un agente de cambio positivo.  Aún estamos a tiempo de hacer justicia por los verdaderos y más importantes valores.  Ya no estamos a tiempo de llevar a la justicia a los culpables de terribles crímenes pues fallecieron impunes. Sin embargo, estamos a tiempo de empezar a construir un mejor futuro para nuestro país educando a nuestros jóvenes sobre la historia de Guatemala y los errores y crímenes cometidos por nuestros líderes.

La historia del genocidio perpetrado en Guatemala no pertenece solamente al pasado. Es una historia viva, que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras
distintas procedencias, culturas o religiones. Queda en nosotros extraer enseñanzas del pasado para construir un mejor futuro para los guatemaltecos.