Corrupción en año electoral

La semana pasada realicé una presentación de los indicadores económicos para Centroamérica y un punto en especial me pareció doloroso: en Guatemala un 24% de la población vive en Pobreza con menos de $3.20 por día (PPP) y 8.7% vive con menos de US$1.90 por día (PPP).  Ese es un número muy grande y duro de asimilar porque sus impactos negativos en la salud, bienestar y calidad de vida causan daños irreversibles en el desarrollo de las personas. La respuesta a por qué 1 de cada 4 guatemaltecos vive en la pobreza está en la corrupción y la falta de un plan nacional claro que incluya programas asistencialistas y de desarrollo. 

La corrupción engendra pobreza. Esa es la conclusión del Informe sobre el Desarrollo Mundial en el que el Banco Mundial citó  “evidencia de que los niveles más altos de corrupción están asociados con un menor ingreso per cápita”. La historia muy bien conocida por todos nosotros es que los sobornos aumentan los costos de hacer negocios, por lo que los países más corruptos atraen menos inversión extranjera directa, lo que reduce las tasas de crecimiento y los ingresos per cápita.

Sin embargo, esto enmascara una distinción importante entre el soborno de empresa a empresa (B2B) y de empresa a gobierno (B2G). Lo primero a menudo se resuelve mejor, ya que es rápidamente corregido por la ley de la oferta y demanda en condiciones de mercado libre. Sin embargo, la corrupción B2G es un monopolio muy protegido y vigilado por quienes se benefician de esta.

En su forma más suave y benigna, el soborno B2B puede facilitar la comunicación (reducir los costos de información) y ayudar a consolidar las relaciones entre los principales (por ejemplo, en una cadena de suministro). Los “pagos de facilitación” (desde comisiones generosas hasta membresías en clubes de golf, invitaciones a almorzar, regalos y viajes de ocio gratis) pueden reemplazar los costosos contratos contingentes con contratos implícitos que aseguran que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad y programación.  Esta práctica vieja y por todos conocida ha empezado a eliminarse conforme muchas empresas establecen códigos de ética más estrictos al respecto. En este caso, el soborno B2B tiene un beneficio compensatorio, aunque no ético, que en la red reduce los costos de transacción y engrasa las ruedas del comercio.

Los casos graves de soborno B2B suelen implicar una ganancia privada por parte de un empleado sin beneficios compensatorios. Esta forma más insidiosa es como un gusano que se come las ganancias corporativas. Por ejemplo, si, como se afirma, los ejecutivos de las grandes empresas petroleras hicieron pagos laterales sutiles (negocios de dirección) a socios como Arthur Andersen para promover y/o ocultar actividades de contabilidad y financiamiento fraudulentas, entonces los accionistas son las víctimas.

En marcado contraste, los casos graves de soborno B2G implican ganancias privadas que se han repetido en TODOS los gobiernos que hemos tenido (generalmente por parte de corporaciones afines al gobierno de turno y empleados públicos) a expensas de empresas competidoras y del público en general. La gran diferencia entre el soborno B2B y B2G es el gobierno. Los funcionarios del gobierno tienen el poder de cambiar las reglas del juego y ostentan el poder monopólico sobre legislar y controlar las instituciones que gobiernan la actividad de mercado.  En los últimos meses un monopolio naciente que se disfraza de beneficio público ha sido la legislación en municipalidades y en el Congreso que prohíbe ciertos productos desechables plásticos y favorece al cartón, vidrio, bioplásticos y aluminio. El gobierno crea un monopolio no por el interés ambiental o del pueblo sino para favorecer una industria específica disfrazada de responsable filantropía.

No es sorprendente que una forma popular de soborno B2G implique la “búsqueda de rentas” de la que tanto hablamos en los cursos de economía en la UFM.  Esta práctica en nuestra región es muy intensa y busca influir en el diseño o la aplicación de reglas, regulaciones, evaluaciones de impuestos, zonificación, contratos, etc. Desafortunadamente, como Mises enfatiza en Acción Humana, en el caso de la corrupción B2G, “por regla general, un individuo o un grupo de individuos se enriquece a costa de otros individuos o grupos de individuos”. En contraste con algunos sobornos B2B que realmente pueden beneficiar a ambas partes, el soborno B2G es, en el mejor de los casos, un juego de suma cero tal y como siempre recodaba el Muso Ayau.

Cuando una empresa o industria guatemalteca o extranjera intenta obtener una ventaja competitiva a través del soborno B2G, esto provoca que otras industrias y grupos de consumidores se defiendan. Incluso en los casos en que una empresa puede sobornar a los funcionarios para que no cumplan con las regulaciones verdaderamente malas, esto provoca una presión contra el lobby por parte de las empresas que se benefician de estas regulaciones. En los últimos años esta práctica se evidenció cuando industrias específicas patrocinaron y sobornaron a partidos políticos específicos que llegaron al poder. Hemos vivido los desastres del extractivismo en su máxima expresión.  A veces, estas regulaciones no son más que barreras poco veladas para proteger a las empresas predominantes (nacionales) de la competencia (extranjera) como ocurrió en la década de 1960-70s. Sin embargo, economistas como Gordon Tullock y otros han demostrado que la suma de los recursos agotados en el soborno ofensivo y defensivo B2G puede ser mucho mayor que el valor de la decisión favorable o del contrato gubernamental.

Menos gobierno es igual a menos corrupción. Las empresas siempre buscarán favores del gobierno. Mises en su obra Acción Humana nos recuerda que “la corrupción es un evento regular de intervencionismo“. Por lo tanto, cuantas menos reglas, regulaciones, contratos, etc., los funcionarios del gobierno tengan la discreción de escribir, modificar o hacer cumplir, menos oportunidades de corrupción. Cuanto más transparentes sean sus acciones y cuanto más tengan que perder, mejor. Concuerdo con los economistas de la cosa pública que alentar a los gobiernos a emplear menos funcionarios públicos con menos poder y más salarios es un paso en la dirección correcta.

Promover la transparencia es malo los corruptos, tanto B2B y B2G, pero esta es la clave para minimizar la corrupción. Acá, corresponde a los ciudadanos guatemaltecos restringir el poder del gobierno y exigir la transparencia de sus funcionarios públicos con candidatos que tengan esto entre sus planes políticos en la primera página.

Las regulaciones demasiado complejas son especialmente problemáticas porque fomentan la corrupción. Por ejemplo, el Ranking Doing Business informa que para iniciar un negocio en Guatemala se requiere casi un mes y 18% del PIB de una persona para iniciar un negocio; mientras que en Australia solo se requieren dos pasos, dos días y el 2% de los ingresos. En lugar de proteger a los consumidores y las empresas, las regulaciones gubernamentales fuera de control aplastan la actividad del mercado y actúan como un caldo de cultivo para la corrupción.

El camino que debemos seguir es el de reducir el poder de los funcionarios públicos y abordar la forman en que funcionan sus incentivos para exigir sobornos. La prensa libre del mundo, las organizaciones gubernamentales sin fines de lucro como Transparency International y las instituciones multinacionales como la CICIG, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial pueden y deben desempeñar funciones activas de apoyo y debemos apoyarlas. Busquemos este año electoral a esos candidatos que nos ofrezcan soluciones para reducir el poder de los funcionarios y que busquen promover la transparencia. En ellos está el futuro de un mejor país.