Hace unos días fue publicado el artículo de Adrien Bilal de Harvard y Diego R. Känzig de la Universidad de Northwestern analizando el impacto de los cambios globales de temperatura en la actividad económica y su impacto en el crecimiento del PIB per cápita. Este importantísimo artículo ha sido publicado justamente en una fecha muy lamentable para el estudio del cambio climático antropogénico dado que, a partir del 1 de junio de 2024, la media móvil de 365 días de la temperatura de la superficie global alcanzó 1,63°C por encima de la línea de base preindustrial de 1850-1900. Ante esta situación, los expertos están actualizando todos sus indicadores debido al rápido incremento de la temperatura global que está alterando todos los modelos de proyección. A esta crítica situación de valores atípicos, se suma que la anomalía diaria vuelve a superar los 1,7°C.
En el estudio, “The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature” (link al PDF) Bilal y Kännzig exploran las diferencias entre los efectos de la temperatura global y la temperatura local, destacando cómo estos choques climáticos afectan tanto la productividad como la depreciación del capital, impactando a los países ricos y pobres por igual, aunque de manera exponencialmente más fuerte en los países pobres.
Los investigadores descubrieron que un aumento de 1°Celsius en la temperatura global conduce a una disminución del 12% en el producto interno bruto (PIB) mundial (equivalente casi al PIB de China al 2023), este dato es una estimación mucho más alta que la de análisis anteriores. El mundo ya se ha calentado más de 1°Celsius desde la época preindustrial, y muchos científicos del clima predicen que se producirá un aumento de 3°Celsius para finales de este siglo. La causa de esta aceleración del calentamiento radica en que la quema de combustibles fósiles e industrialización se mantendrá incrementando. El anterior, es un escenario que, según el nuevo documento de trabajo tendrá un costo económico enorme.
El estudio evalúa las consecuencias del cambio climático en el bienestar general y en el costo social del carbono. Bilal y Känzig sostienen que sus resultados indican un costo social del carbono (SCC) de $1,056 por tonelada de CO2 y una pérdida de bienestar del 31% en un escenario de calentamiento moderado. Esto es comparable a los efectos de una guerra perpetua en el mundo.
Estos hallazgos subrayan que el cambio climático no solo es una amenaza significativa para la economía mundial, sino que también tiene implicaciones importantes para la política de descarbonización. Bilal y Känzig destacan que muchas intervenciones de descarbonización tienen un costo que varía entre $27 y $95 por tonelada de CO2 eliminada que también confirma el estudio “Implicaciones económicas de las disposiciones climáticas de la Ley de Reducción de la Inflación” realizado por Bistline et al. en 2023.
La recomendación de los autores enfatiza en la importancia de entender estos efectos para poder desarrollar políticas eficaces que mitiguen el impacto económico del cambio climático y promuevan un crecimiento sostenible que evite los conflictos bélicos.
El cambio climático, al alterar los patrones climáticos y reducir la disponibilidad de recursos naturales esenciales como agua y tierras cultivables, puede exacerbar tensiones sociales y económicas, incrementando la probabilidad de conflictos armados. Las poblaciones afectadas por sequías prolongadas, inundaciones y otros eventos extremos pueden verse forzadas a migrar, generando competencia por recursos escasos en las áreas receptoras y potenciales enfrentamientos. Para detener esta trayectoria hacia la conflictividad, es crucial implementar políticas globales y regionales de manejo sostenible de recursos, promover la cooperación internacional para la adaptación climática y la resiliencia comunitaria, e invertir en tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles que optimicen el uso de los recursos naturales. Además, fomentar la descarbonización de las economías y el uso de energías renovables reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigando así los impactos más severos del cambio climático.
La evolución de las políticas verdes en la Unión Europea muestra una clara tendencia hacia objetivos cada vez más ambiciosos y enfoques integrales. Inicialmente, la UE fijó objetivos relativamente modestos, como el Paquete 20-20-20 para 2020, que apuntaba a una reducción del 20% de las emisiones para 2030. Con el tiempo, estos objetivos se han vuelto más ambiciosos, como lo demuestra el Pacto Verde Europeo. (EGD), que establece objetivos como una reducción del 55% de las emisiones para 2035 y la neutralidad climática para 2050. Esta progresión pone de relieve el compromiso de la UE de reforzar sus políticas climáticas y energéticas con una perspectiva de largo plazo y alcanzar las metas que, como se observa en la siguiente gráfica, permitirán al continente cumplir sus compromisos globales.
Otra tendencia importante en las políticas climáticas y energéticas de la UE es la ampliación de su alcance para integrar consideraciones climáticas y energéticas en diversas áreas políticas. El EGD ejemplifica esto al colocar las preocupaciones ambientales y climáticas en el centro de las estrategias de desarrollo económico, en lugar de tratarlas como cuestiones separadas. Este enfoque integral refleja el principio de integración de políticas, asegurando que las políticas climáticas y ambientales estén entrelazadas con otros sectores.
Un aspecto crucial de la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE es su alineación con los compromisos internacionales y la influencia de los contextos globales. El EGD, por ejemplo, estuvo influenciado significativamente por acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y por la demanda pública de una acción ambiental más fuerte. Esta tendencia subraya la capacidad de respuesta de la UE a la dinámica climática global y su papel en el impulso de iniciativas climáticas internacionales.
Al considerar los acontecimientos recientes en la política climática de la UE, como el Pacto Verde Europeo, surgen varias oportunidades y desafíos. La crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, por ejemplo, llevó a la UE a reevaluar sus dependencias energéticas, lo que llevó a la creación del Plan REPowerEU. Esta situación pone de relieve una oportunidad para que la UE mejore su seguridad energética y diversifique sus fuentes de energía.
La eficiencia energética, particularmente en los edificios, presenta otra oportunidad importante. Los edificios representaron el 42% del consumo de energía en la UE en 2021, y los edificios residenciales tienen un potencial sustancial para mejorar la eficiencia energética que, desde la pandemia y la guerra con Rusia, ha incrementado el uso de energías renovables. Sin embargo, no todos pueden permitirse el lujo de renovar sus hogares, lo que enfatiza la necesidad de que la EGD apoye las mejoras en la eficiencia energética, especialmente para las poblaciones vulnerables. Abordar las ineficiencias en los sistemas alimentarios también representa un importante impulsor de la acción climática, dada su contribución sustancial a las emisiones de gases de efecto invernadero.
A pesar de estas oportunidades, el EGD enfrenta varios desafíos. Un desafío importante es su naturaleza como estrategia de crecimiento, mientras que un enfoque de decrecimiento podría ser más eficaz para lograr una verdadera neutralidad climática. Además, el Mecanismo de Transición Justa dentro del EGD carece de fondos suficientes, lo que plantea una barrera para llevar los compromisos a la práctica y garantizar que nadie se quede atrás durante la transición.
Reflexionar sobre el desarrollo de la política climática de la UE ofrece una perspectiva mixta de esperanza y escepticismo. Por un lado, el EGD marca una mejora significativa con respecto a políticas anteriores al establecer objetivos a largo plazo, apuntar a la neutralidad de carbono e integrar consideraciones climáticas en varios sectores. La Ley Europea del Clima, que hace que estos compromisos sean jurídicamente vinculantes, es un logro notable. Sin embargo, la aplicación de la ley y el logro real de los objetivos del EGD siguen siendo motivo de preocupación. Muchas propuestas legislativas en el marco del Paquete Fit for 55 todavía están en proceso o incompletas, y el progreso en áreas críticas como la gobernanza, la electricidad y la transición justa es lento como se observa a continuación:
Además, sigue predominando la dependencia de instrumentos económicos y regulatorios, a pesar de algunos avances en medidas informativas y procesales. Para garantizar un cambio sustancial, es necesario un mayor énfasis en los instrumentos informativos y procesales, particularmente para aumentar la conciencia pública y permitir la rendición de cuentas.
Si bien el Pacto Verde Europeo representa un paso adelante significativo y ambicioso en la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE, también enfrenta desafíos e incertidumbres notables. Queda por ver si la UE cumplirá con éxito sus objetivos climáticos, pero la evolución de sus políticas hasta ahora ofrece una combinación de avances y áreas que necesitan mejoras adicionales.
La ciudad de Guatemala es parte de una región metropolitana en la que viven más de cinco millones de personas (INE, 2018) y que comprenden las ciudades de Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y la Ciudad de Guatemala. En esta zona urbana confluyen las principales actividades de comercio e industria del país y la toma de decisiones ambientales se realiza de forma compartida por las municipalidades de cada territorio según lo establece la Constitución de la República de Guatemala y diversas legislaciones que regulan esta materia. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social establece la responsabilidad compartida que existe entre “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico, que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”(Ley de Desarrollo Social, 2001). Asimismo, esta responsabilidad compartida es dictada por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que indica en el artículo 40 que, en temas ambientales, “deberá integrar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a dichos consejos, con la finalidad de que la Comisión proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo.” (Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 1986). De esta manera, la legislación de Guatemala establece que en torno al cuidado y protección del ambiente se han asignado responsabilidades compartidas de todos los actores políticos a nivel local, municipal, departamental y nacional y que estos, deberán de contribuir y proponer políticas, programas y proyectos de desarrollos que velen por el cuidado del medio ambiente. En estas circunstancias colaborativas que indican las normas, pero que en a práctica no se llevan a cabo por falta de un gobierno integrado, colaborativo y efectivo que cumpla con estas obligaciones, la mayoría de los problemas ambientales que existen en el país no han sido resueltos de forma efectiva.
En un contexto de falta de liderazgo gubernamental a nivel local y nacional y ante una población que no exige a sus gobernantes la vigilancia para que se instrumentalicen proyectos y desarrollos ambientalmente sostenibles, los proyectos privados y públicos que se concretan suelen conllevar una serie de problemas ambientales acumulativos. La mayoría de problemas de contaminación en el país son el resultado de comportamientos antagónicos con la naturaleza que carecen de un carácter unitario (filosófico, geográfico, ecológico e histórico) que permita a los actores la toma de decisiones que protejan el medio ambiente de los territorios y sean consistentes con las interacciones sociales que históricamente han evolucionado en Guatemala movilizando a millones de personas a nuevas zonas de habitación, trabajo e industria. Así, el futuro crecimiento de la región metropolitana y del resto del país dependerá de la medida en que la sociedad guatemalteca cambien el carácter de sus relaciones de producción y las alinee a prácticas de economía circular que fomenten la reducción en el uso de recursos finitos y en los impactos ambientales negativos, que fomente la colaboración y alianzas entre distintos actores de la sociedad y fomente sistemas regenerativos de industria y comercio que reduzcan, reparen y eliminen la generación de contaminación industrial, de aguas, de residuos, de usos de químicos y de emanaciones gaseosas y de hidrocarburos en el medio ambiente.
La sociedad guatemalteca, entendida como el conjunto de formas y modos de actividad que de ella se desprenden, ha sido el producto histórico de transformaciones y modificaciones de la naturaleza del país. La región metropolitana es producto de múltiples grupos culturales y sociales de organización que durante siglos acostumbraron a utilizar recursos naturales considerados infinitos para la satisfacción de sus necesidades. Como resultado, la praxis social se ha construido entorno a aprendizajes de éxito y fracaso de prácticas y estilos de vida que han carecido de componentes de sostenibilidad ambiental en la mayoría de las decisiones colectivas. La deforestación, la contaminación y degradación de los suelos, ríos y lagos, el agotamiento de las especies de flora y fauna y la desaparición de zonas silvestres ha sido una constante a lo largo de procesos generacionales cuyos efectos, nocivos para la sociedad, no se entendían como parte de un proceso global de crecimiento desmedido y sin controles económico-ambientales.
Desde la época prehispánica, la zona central de Guatemala que actualmente ocupa el área metropolitana de la capital de Guatemala, fue habitada por los pueblos originarios Kaqchikel quienes, a pesar de tener un cosmología y ciencia enfocada en el estudio de la naturaleza y los astros, conformaron una sociedad extractivista que era liderada por un pequeño grupo militar-religioso que alteró significativamente la relación entre la naturaleza y las sociedades que establecieron. Esta sociedad, descendiente de la civilización Maya con sus avances científicos y tecnológicos, ingresó en un período de reconfiguración político-militar a partir del año 900 e.c. y durante los períodos postclásico temprano y tardíos, durante 600 años, se redujeron los centros habitacionales conformando pueblos militares-defensivos en sitios elevados de montañas y cerros en torno a un gobierno centralizado bajo el control de la capital Iximché ubicada en el departamento de Chimaltenango. Este reino limitaba con las comunidades mayas al norte del reino K’iche’, el reino Achí al oeste, el Tz’utujil y K’iche’ y el Poqomam al sur y este. Las poblaciones originarias de la región que actualmente ocupa el área metropolitana de Guatemala, según (Gámez L., 2015) se organizó en poblaciones reducidas que habitaban “cerca de los edificios públicos, en casas construidas con palos de madera, paredes de barro y adobe y techo de paja.” Estas condiciones de organización social en agrupaciones más pequeñas y dispersas por el territorio se mantuvieron hasta 1524 con la invasión y conquista militar que realizaron los ejércitos españoles aliados con reinos originarios. Las llegada de los españoles y la implementación de sus instituciones y sistemas de gobierno centralizado conformaron un proceso de creación de decenas de ciudades, pueblos y villas que marcarían la historia territorial de Guatemala durante los siguientes 500 años. En esta nueva organización sociopolítica, las perspectivas de territorialidad se fragmentaron en una serie de municipios que al 2023 comprendían 340 municipios y 22 departamentos en los cuales la toma de decisiones ambiental se enfocó en atender problemas urgentes para la localidad sin comprender las externalidades que las decisiones, aparentemente aisladas, tendrían en territorios más amplios.
Partiendo de esta breve historia de la organización territorial, social y política de la región en el área metropolitana de Guatemala, podemos comprender la necesidad de reformular las territorialidades de estudio para comprender los impactos medioambientales de la actividad económica del país e implementar soluciones para reducir la contaminación ambiental metropolitana. Debido a que los impactos ambientales comprenden una red de causas y efectos globales, comprender los impactos de la contaminación a partir de análisis de municipios y/o de la ciudad de Guatemala impide dimensionar la necesidad de integrar nuevas territorialidades que permitan la creación de las condiciones estatales para regir y velar por la protección que la legislación guatemalteca entrega a las municipalidades. Ciertamente, es en el municipalismo que en Guatemala nos hemos acostumbrado a ver a las personas y sus necesidades. Sin embargo, comprender los impactos ambientales que las acciones de estas personas toman y velar porque el medio ambiente entorno a ellos se proteja no debería de ser una cuestión que dependa de los municipalismos y se requiere de una visión más amplia de territorialidad en la gestión ambiental. Analizar los impactos de distintas formas de contaminación desde una territorialización de cuencas hidrográficas o de una integración metropolitana que involucre a varias municipalidades podría permitir comprender las causas y fuentes de contaminación y determinar las estrategias adecuadas para reducirlas, eliminarlas y reglamentar futuras actividades económicas e industriales.
Actualmente, las diversas fuentes de contaminación en la ciudad de Guatemala son problemas que impactan a los territorios aledaños y que también se ve impactada por las acciones colectivas que se realizan en los municipios aleñados. Según (“Dependencia y deterioro ambiental: el caso de Guatemala”, 1991) uno de los ejemplos más visibles de contaminación que surge en la ciudad de Guatemala y que tiene efectos a nivel metropolitano y a nivel nacional es la contaminación por residuos y desechos sólidos que refleja condiciones de un “deterioro social, y natural considerado por algunos como parte de la idiosincrasia, del folklore o de las condiciones climático-geográficas” pero que, en realidad, deben ser consideradas como una relación de profunda desconexión entre la sociedad y la responsabilidad inherente al medio ambiente en que habitamos y ante la cual debemos reaccionar proactivamente. Los residuos de 5 millones de habitantes y de las industrias del área metropolitana, son generados por la falta de una gestión y manejo adecuado posterior de los residuos y desechos sólidos que actualmente la municipalidad de Guatemala y las municipalidades de los municipios en el área metropolitana no han realizado por motivos de esa herencia histórica y cultural que ahora, que es reconocida por todos, debería ser la fuente de cambios que corrijan la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que han hecho que los ríos más importantes de las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico y de la vertiente del Mar Caribe contribuyan a ser una de las principales fuentes de contaminación antropogénica que desembocan en el océano Pacífico y Atlántico.
Como podrá observarse en el Mapa 1, el área metropolitana de Guatemala es la zona de nacimiento de decenas de ríos y riachuelos que durante la época de lluvia arrastran residuos sólidos y líquidos que son mal gestionados por la población y los gobiernos locales debido a que fueron depositados en basureros clandestinos en las orillas de barrancos creados por la zona montañosa de la Sierra Madre. Sin embargo, una de las principales fuentes de generación de residuos sólidos se origina en la ciudad de Guatemala y los riachuelos que alimentan el río Las Vacas alrededor del Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Como resultado de esto, municipios aledaños son los primeros en verse afectados por las grandes cantidades de residuos sólidos que arrastra la lluvia en la época lluviosa y, finalmente, los residuos llegan al océano Atlántico descendiendo en el río Motagua.
Mapa 1. Mapa de las Cuencas hidrográficas Fuente: MAGA, 2009.
Según la organización (The Ocean Cleanup, 2021) en base a un análisis probabilístico, se determinó que el río Motagua deposita al océano más de 78,500 toneladas de residuos sólidos al año y es el río más contaminado de Centroamérica. De cerca, le sigue el río María Linda, cuya cuenca es alimentada también por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y anualmente deposita 44,000 toneladas de residuos anualmente al océano Pacífico. Tan solo en estos dos ríos, la contaminación generada supera 122,000 toneladas de residuos sólidos equivalentes al peso de más de mil ballenas azules (105 toneladas cada una). Esta mala gestión de residuos sólidos es resultado de una falla administrativa por organizaciones locales en municipalidades que deben lidiar con un problema generado fuera de sus territorios asignados y cuyos responsables son millones de personas actuando de forma desordenada y sin la educación ambiental adecuada alrededor de la zona metropolitana de Guatemala y las barrancas por las que transitan los ríos.
Como se observa en la Ilustración 1, durante el inicio de la época de lluvias del año 2023, grandes volúmenes de residuos sólidos fueron arrastrados hacia riachuelos y arrastrados hasta la hidroeléctrica Las Vacas ubicada en un punto de unión de varios riachuelos pequeños alrededor de la ciudad de Guatemala y municipios al norte de este. Tan solo en este lugar se acumulan cientos de toneladas de residuos sólidos que pudieron haber sido gestionados y recolectados de forma adecuada por distintas organizaciones municipales y gestionadas de forma rentable en centros de acopio y clasificación que permitieran gestionar estos residuos de forma económicamente sostenible.
Ilustración 1. Residuos colectados en el río Las Vacas que posteriormente fluirán hacia el río Motagua y al océano Atlántico. Fuente: The Ocean Cleanup. 2023.
Junto a los residuos sólidos, la generación de residuos líquidos que se generan en el área metropolitana de Guatemala no son debidamente regulados y administrados por las distintas municipalidades del territorio y, como resultado, la frecuente contaminación de riachuelos y ríos se observa solamente cuando alcanza niveles de toxicidad que acaban con la vida de peces y reptiles. En la zona metropolitana se han reportado numerosas contaminaciones de líquidos que han llegados a los periódicos debido al alto nivel de mortandad para animales. Sin embargo, no se realizan los controles metropolitanos adecuados para impedir la generación de contaminantes líquidos por las industrias y hogares generadores y tampoco se establecen las normativas de reparación para los daños generados al medio ambiente y/o a humanos y otros animales.
De acuerdo con la (Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo & Servicios para el Desarrollo (SER), 2014), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que “más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas” y las principales fuentes de contaminación provienen de zonas urbanas como la del área metropolitana donde se acumulan y llegan a los ríos sin los sistemas de tratamiento adecuados que según (Funcagua, s/f) se generan como resultado de:
Vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar.
Vertido de desechos industriales sin tratamiento.
Aumento en temperatura de agua ocasiona la baja de oxígeno en su composición.
La deforestación y erosión del suelo.
El uso de pesticidas y fertilizantes.
Arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua.
La falta de legislación adecuada y programas de fiscalización metropolitana dificulta la regulación y prevención de contaminación de hogares e industria que desechan aguas con residuos químicos que contaminan las fuentes de agua. Al 2023, Guatemala aún no cuenta con una Ley de Agua que regule el dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en la Constitución de la República de Guatemala y otras leyes vigentes. Como resultado, actualmente se le impide al Estado garantizar el derecho humano al agua y velar por la seguridad de esta. Actualmente, la falta de gestión en todo el país del agua es el resultado de una serie de normas dispersas sobre el tema que suelen estar sujetas a diferentes interpretaciones de los administradores municipales y los encargados de velar por la protección de los recursos. Como consecuencia, en su mayoría, las aguas residuales de los hogares y las industrias no son tratadas de forma holística y los municipios descargan sus residuos directamente a los ríos y lagos sin controles que permitan vislumbrar las externalidades negativas que la generación de contaminación en un municipio terminará teniendo en los demás.
La contaminación por gases, sólidos y líquidos que son generados en la ciudad de Guatemala es el resultado de un proceso histórico de desterritorialización que ha resultado en la ausencia de un sentido colectivo de responsabilidad por los medios geográficos de la ciudad de Guatemala y del área metropolitana de la ciudad de Guatemala que fomente la participación colectiva de todas las municipalidades en la creación de sistemas de manejo y gestión de residuos contaminantes. El no contar con un ente encargado a nivel metropolitano para atender estas necesidades y al existir un sistema de gobierno nacional con una débil participación presupuestaria para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales continuará siendo muy difícil que se creen los mecanismos participativos para solucionar la contaminación por residuos sólidos, líquidos y gaseosos que continúa incrementándose diariamente en la zona más densamente poblada de toda Centroamérica. Anualmente, con la llegada de las lluvias se visibilizan los problemas generados por la contaminación por residuos sólidos y la atención de los medios de comunicación y la preocupación de la población se hace notar. A lo anterior se le suma la escasez creciente del acceso a agua potable y a el acaparamiento con fines comerciales que actualmente realizan industrias para proveerse de agua en detrimento del acceso regulado y económicamente sostenible del agua como un recurso escaso.
Durante muchos años organizaciones locales y empresas privadas han buscado mejorar las condiciones de limpieza y reducción de la contaminación de residuos, pero desafortunadamente la escala requerida para solventar de raíz un problema de gran territorialidad se escapa de las manos de unos cuantos actores. Como se observa en las siguientes imágenes captadas en el río Las Vacas, las iniciativas de clasificación y residuos de desechos sólidos ya existen y continúan creciendo. Sin embargo, no son ni serán suficientes para resolver un cambio estructural que debe realizarse en cada hogar e industrias guatemaltecas donde la invisibilización de un problema ambiental demasiado grande para comprender y detener ha sido la causa (o excusa) de quienes han evitado llevar a la discusión nacional el fortalecimiento de los Ministerios y oficinas de gobierno nacional y municipal que deberían fomentar un manejo y gestión adecuados de los recursos naturales.
Ilustración 2. Fotografías captadas en la planta de acopio de la empresa BiosferaGT en las cercanías del Río Las Vacas a 11 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Guatemala. La acopiadora es parte de una asociación sin fines de lucro que cuenta con el patrocinio de empresas nacionales y multinacionales para la extracción y clasificación de residuos de plásticos PE, PP y PET; y el uso de estos residuos para la fabricación de madera plástica, empaques flexibles, envases de bebidas y textiles. Fuente: elaboración propia.
Referencias
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Pub. L. No. Decreto 68-86 (1986).
Ley de Desarrollo Social, Pub. L. No. Decreto 42-2001 (2001).
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