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Pasar sale caro. Las aguas territoriales y la soberanía marítima

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Las canciones y los poemas hablan del mar como un lugar de libertad. Pero en realidad esa es solo una apariencia creada por las potencias imperialistas desde hace muchos siglos.

Las más reciente noticia sobre Indonesia y el anuncio de que impondrá cobros de paso a los barcos y grandes buques que crucen el Estrecho de Malaca es un recordatorio muy interesante para los fans de la historia. Para muchos, la noticia podria sonar netamente técnica o ecónomica. Pero para quienes estudiamos la historia del capitalismo y del poder marítimo, esta decisión encierra muchos siglos de tensiones sobre quién es el dueño del mar. (spoiler: no es Poseidón)

En posts anteriores hemos hablado de Malaca y Ormuz como los grandes cuellos de botella de la economía global, y de cómo los bloqueos navales han sido históricamente el arma más antigua del poder sobre las naciones débiles. Hoy quiero dar un paso atrás para responder una pregunta que subyace a todos esos análisis y que, con la noticia de Indonesia, nos hace pensar una vez más en las lecciones de la historia. Hoy leeremos sobre qué son exactamente las aguas territoriales y por qué han sido uno de los enclaves más disputados de la historia.

Poseidón y el mar – imagen generada con ChatGPT

¿Qué dice “la ley”?

Las aguas territoriales son “la franja de mar sobre la cual un Estado ejerce plena soberanía”. Esta es su definición contemporánea (aunque lamentablemente, estas son definiciones que muy poco son respetadas por varios actores improtantes). Pero regresemos a la historia: según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982—el texto más importante del derecho marítimo internacional moderno—, esa franja se extiende hasta 12 millas náuticas desde la línea de base costera. Más allá, entre las 12 y las 24 millas, existe una zona contigua donde un Estado puede hacer cumplir leyes aduaneras y fiscales. Y luego, hasta una distancia de 200 millas náuticas, se extiende la Zona Económica Exclusiva (ZEE), donde el Estado tiene derechos exclusivos sobre los recursos naturales —pesca, minerales, hidrocarburos— aunque no soberanía plena sobre el tránsito. veamos esta gráfica para entenderlo mejor,

Jurisdicciones marítimas – generado con ChatGPT

Pero mucho ojo que aquí está la trampa: porque en el caso de los grandes estrechos internacionales como Malaca, el derecho internacional consagra el principio antiguo y noble de “paso en tránsito”, que permite a los buques extranjeros cruzar libremente incluso a través de aguas territoriales, sin necesidad de autorización previa. Es exactamente este principio el que la propuesta indonesia pretende alterar o al menos monetizar o incluso “redefinir”. Lo que pareciera una disputa técnica sobre millas náuticas y reglamentos es, en realidad, el último capítulo de un debate que lleva cuatro siglos abierto e Indonesia es un ejemplo más de esta larga cadena de historias marinas.

Grandes debates que arrastramos desde el siglo XVII: ¿el mar es de todos o es de nadie?

En 1609, el jurista holandés Hugo Grocio publicó Mare Liberum -El mar libre-, como un encargo de la riquísima Compañía Holandesa de las Indias Orientales para justificar su derecho a comerciar en las rutas que Portugal pretendía monopolizar. El argumento de Grocio era elegante, inteligente e incluso inspirado por el romanticismo: el mar no puede ser ocupado, no puede ser poseído, es patrimonio de toda la humanidad. La libertad de navegación no es un privilegio: es un derecho natural. Así, la lectura de Mare Liberum nos presenta pasajes excesivamente cursis en los que el mar aparece como un espacio abierto por naturaleza a todos los pueblos, incapaz de ser cercado por murallas, títulos o coronas. En la obra de Grocio, el océano no solo es una vía de comercio: es también una imagen de universalidad, de encuentro entre naciones y de libertad frente a la pretensión de dominio exclusivo. Sin embargo, su obra tuvo una rápida respuesta y tan solo unos 20 años después, el jurista inglés John Selden publicó la respuesta: Mare Clausum -El mar cerrado-, en el que argumentó que los océanos sí podían ser apropiados y controlados por los Estados con poder suficiente para hacerlo. Gran Bretaña, en particular, tenía pretensiones sobre el Mar del Norte y durante varios siglos aplicó esta política al pie de la letra.

Este debate no era filosófico. Era geopolítico y económico en su raíz. Y el bando que aparentemente ganó: el de Grocio y la libertad de los mares, ganó precisamente porque a las potencias emergentes (Holanda, luego Gran Bretaña) les convenía un océano “libre” que sus flotas comerciales y militares pudiesen dominar sin restricciones formales (siempre y cuando las colonias del sur no intentase imitarlos). Así, la libertad de los mares fue, una vez más, una doctrina donde mandan los más fuertes.

la libertad de los mares donde mandan los más fuertes – generado con ChatGPT

Otros tres momentos históricos importantes que nos explican lo qe hoy está en juego

  1. La lucha de Venecia y el mar Adriático: este fue el primer “mare nostrum” moderno. Desde el siglo XII, la República de Venecia cobró lo que llamaba gratia maris —tasas de paso— a todo buque que cruzara el Adriático. Consideraba ese mar su lago interno y su columna vertebral comercial. Un mar privatizado en el que los ingresos de esas tasas financiaron flotas y palacios privadas y el comercio que hizo de Venecia la primera potencia capitalista de Europa. El cobro de Indonesia tiene, irónicamente, un antecedente veneciano de tan solo 900 años.
  2. Las Guerras del Bacalao en el frío mar islandés desde 1958 a1976: esta es la historia de cuando Islandia (un pequeño país le ganó al Imperio). Este es quizás el ejemplo más revelador para los estudiosos del poder y la asimetría global. Islandia, un país de apenas 200,000 personas, se enfrentó en tres ocasiones a Gran Bretaña extendiendo unilateralmente su zona de pesca primero a 4 millas, luego a 12 y finalmente a 200 millas náuticas e impuso su superioridad durante muchos años. Los barcos pesqueros islandeses cortaron constantemente las redes de las embarcaciones británicas y la OTAN no supo cómo actuar. Al final, Islandia ganó y su argumento fue muy simple: la pesca representaba el 90% de su economía y las potencias extranjeras estaban agotando sus recursos con una pesca sin prácticas sostenibles en la captura del Bacalao y otras especies (seguimos sin aprender). La victoria de Islandia fue uno de los catalizadores directos de la creación de las la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que el día de hoy son respetadas por nuestros gobiernos.
  3. Y el último ejemplo, es uno donde (una vez más) no podía faltar la intromisión de Estados Unidos. En septiembre de 1945, La Proclamación Truman es otro ejemplo marítimo de cuando los Estados Unidos rompió las reglas. Ese año, el presidente Truman firmó unilateralmente la extensión de la jurisdicción estadounidense sobre los recursos naturales de su plataforma continental, sin esperar consenso internacional. El impacto fue inmediato y docenas de países declararon sus propias extensiones de 200 millas. Esta cascada de reclamaciones nacionales fue la semilla directa de lo que eventualmente se codificaría en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). La ironía es que fue la potencia hegemónica, y no los países del Sur Global, quien rompió primero el paradigma del mar libre. Ya ven cómo es de importante aprender de la historia.
El hambre de las potencias – generado con ChatGPT

Regresemos al tema de hoy: Indonesia y la doctrina del archipiélago

Indonesia no es un actor más en este debate. Este es un inmenso país y es además el Estado archipelágico más grande del mundo con más de 17,000 islas a lo largo de más de 5,000 kilómetros. Durante décadas, Indonesia luchó por que el derecho internacional reconociera que las aguas entre sus islas eran aguas interiores, no mares abiertos y con justa razón lo exigió en una escena donde el postcolonialismo reconfiguraba las relaciones internacionales. Finalmente, lo logró en 1982 con la consagración de la doctrina archipiélago en la UNCLOS. Esta definición explica que los países con geografías insulares pueden trazar líneas de base rectas entre sus islas extremas y ejercer soberanía sobre todo lo que queda dentro. Bajo esta definición es que hoy Indonesia ejerce su derecho. Claro, no solo esto se acordó en 1982 y se siguió exigiendo que TODOS los países del mundo debían garantizar el paso archipielágico por corredores designados donde se respetase la soberanía archipiélaga y el libre tránsito. Como ven, esta fue una exigencia que lograron sostener las grandes potencias que ya en la década de los 80s intercambiaban la mayoría del comercio global por rutas oceánicas.

Desde la perspectiva del análisis de sistemas-mundo wallersteiniano que ha marcado mi educación académica, esto no es sorprendente. Los países que históricamente carecieron de control sobre los nodos de circulación -léase las rutas, puertos, estrechos, entre otros- siempre han intentado recuperarlo cuando el derecho internacional se lo ha permitido, aunque sea parcialmente. Indonesia no está inventando nada nuevo: está siguiendo el mismo manual que las antiguas potencias eurocéntricas como Venecia, Portugal, Gran Bretaña y Estados Unidos usaron antes que ella, solo que ahora desde el sur global y por eso causa ahora tanta preocupación a algunos.

Y ante esto, ¿qué nos queda? ¿el mar es libre para quién?

Pues esta es LA pregunta que el derecho marítimo nunca ha resuelto. El principio de libertad de los mares, en su versión grociana, beneficia estructuralmente a quienes tienen flotas más grandes, seguros más baratos, puertos hub más eficientes y capacidad de proyectar poder naval. Es decir: Grocio apoyaría hoy los intereses de las potencias del Norte Global. Y, por el otro lado, los países que tienen costas y estrechos estratégicos -pero no flotas ni poder financiero- como ha ocurrido casi siempre en el Sur Global, suelen ser los que “ceden” el paso sin recibir nada a cambio o a cambio de no tener que dormir pensando que serán invadidos en cualquier momento.

La pregunta que la propuesta de Indonesia pone sobre la mesa a los expertos en el siglo XXI una vez más es dura, quizás incómoda para quienes creen que son dueños del mundo, y es también muy legítima: ¿por qué el Estrecho de Malaca puede servir para enriquecer a las navieras de Dinamarca, Grecia, China y Japón, pero no al Estado que es dueño de sus orillas?

Indonesia pone la pregunta sobre la mesa – generado con ChatGPT

Sin duda, no hay una respuesta fácil y quizás nunca haya una única respuesta. Lo que sabemos hoy es que monetizar el tránsito genera costos logísticos que se trasladarán aguas abajo -léase, hacia los consumidores más pobres de nuestros países en el Sur Global-. Pero dejar el control exclusivo a las grandes potencias marítimas tampoco es neutral ni justo en esta nueva reconfiguración de las relaciones internacionales. Así, esta complicada relación amorosa entre el libre comercio y la soberanía territorial, y entre la “eficiencia” global y la justicia distributiva- es otro capítulo de la historia que atravesará por muchos de los debates sobre el futuro del orden económico internacional. Si algo nos enseña la historia es que, de Venecia al bacalao islandés, las reglas del mar siempre han sido negociadas por quienes tienen el poder de imponerlas. Y que, cuando un actor periférico como Indonesia, intenta cambiar esas reglas al cobrar un derecho de paso, el mundo financiero y las potencias navieras reaccionan como si se tratara de una transgresión del orden natural de las cosas. Pero les dejo otro spoiler: no lo es. Es una vez más Política pura y siempre lo ha sido cuando del mar hablamos.

Lecturas recomendadas por si les ha interesado este post:

El TLC con Europa, la inversión segura

“Institutions are the rules of the game in a society… The major role of institutions in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable (but not necessarily efficient) structure to human interaction.” Douglass C. North

Ya casi se cumple el año de la guerra arancelaria que arrancó el 02 de abril de 2025. Y desde entonces, sí algo sabemos los que trabajamos en el comercio exterior, es que la rentabilidad rara vez se pierde por “falta de calidad”. La mayoría de las veces se pierde por incertidumbre y otro tanto por la crisis climática. Desde hace un año, un arancel que sube de un día a otro, un cargo extra “temporal” que cambia los costos ya pactados o una regla que obliga a renegociar precios cuando el contenedor ya va en ruta pueden ser la diferencia entre dormir tranquilos o no.

En ese contexto crítico en que vivimos, los exportadores centroamericanos tienen una gran oportunidad en el tratado de libre comercio, oficialmente conocido como Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA CA-UE). El “AdA”, como coloquialmente conocemos, es una herramienta que ayuda como un ancla a las exportaciones de la región. Este acuerdo, en vigencia desde 2013 ofrece una total estabilidad arancelaria y una desgravación bajo reglas claras y certeras. Además, el acuerdo cuenta con pilares vigentes de Cooperación y Política que contribuyen a resolver problemas por potenciales barreras no arancelarias.

Mientras en otros mercados clave de Centroamérica hay alta volatilidad. Acuerdos como el AdA ofrecen ese respiro para proteger las inversiones de los exportadores que diversifican sus exportaciones. La más reciente publicación de la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2026, imponiendo un recargo temporal de importación bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974,entará en vigor el día de mañana 24 de febrero de 2026. Esta decisión tendrá covbertura sobre todas las importaciones al establecer un 10% arancelario por encima de los aranceles existentes (con algunas excepciones aún pendientes de ser resueltas).

El AdA reduce sorpresas y mejora márgenes

Ante mercados inestables, la estabilidad no solo reduce sorpresas comerciales, sino que incrementa los márgenes, promueve contratos más largos y asegura más oportunidades de inversión en valor agregado.

El AdA está diseñado para reducir aranceles y mejorar eficiencia aduanera, pero su beneficio más subestimado es la previsibilidad con reglas claras, cronogramas de desgravación y de revisiones y procedimientos que no cambian por impulso político. En términos arancelarios, la UE resume así el efecto del acuerdo:

  • La UE acordó eliminar aranceles para 73% de sus líneas agrícolas, equivalentes a ~64% de importaciones agrícolas desde Centroamérica.
  • Entre los bienes que pueden entrar libres de derechos se mencionan café, camarones, aceite de palma, piñas y melones.
  • Productos sensibles como azúcar y ron pueden entrar en la UE dentro de contingentes libres de derechos.

En otras palabras: si Guatemala exporta agroindustria (y especialmente agroindustria con diferenciación), el acuerdo crea un terreno muy sólido y estable para crecer y hacer contratos de largo plazo.

Cuando el arancel se vuelve una variable política, los aranceles salen aún más caros

La diferencia entre un marco estable y uno volátil se ve en las potenciales exportaciones que una empresa genera todos los días con potenciales clientes. Por ejemplo, tomemos estas variables:

  • Cotizaste a 90 días.
  • Cerraste precio con el comprador.
  • Programaste producción y empaque.
  • Reservaste flete e invertiste en tener el producto listo para exportar.

Sin embargo, de forma repentida aparece un recargo general (temporal o “de emergencia”) que subirá el costo de entrada tal y como ocurrirá a partir de este mes de febrero, 2026. En la práctica, la implementación de la Sección 122 afectará al exportador con:

  • erosionar márgenes del importador que
  • provocarán pedidos más pequeños o intermitentes en el futuro y que quizás,
  • obligarán al importador a renegociar precios para ser cauteloso y/o
  • empujar al importador a “cubrirse” con proveedores alternativos intl. o locales.

Mientras tanto, el exportador Centroamericano se encontrará atado de manos para tomar decisiones planificadas. Mientras tanto, el AdA que ofrece un sistema arancelario preferencial predecible dará la certeza necesaria para distribuir el riesgo y cumplir con los altos estándares de calidad que la región exige (geolocalización de parcelas, reglas de etiquetado, diseño circular, trazabilidad y diligencia debida, entre otros) convirtiéndose en diferenciadores competitivos.

La ventaja competitiva de 2026 se llama previsibilidad

En un entorno donde el arancel puede convertirse en una “decisión política” de un día para otro, la pregunta estratégica para el exportador centroamericano ya no es únicamente a qué mercado vender, sino bajo qué reglas vale la pena invertir. Porque invertir en valor agregado —marca, empaque, certificaciones, trazabilidad, innovación de producto— requiere una visión de largo plazo y estrategia visionaria. Y ese horizonte estrátegico se construye con instituciones que reduzcan incertidumbre, como advertía Douglass North.

El Acuerdo de Asociación CA-UE debe utilizarse como algo más que un tratado comercial. Debemos utilizarlo como una herramienta empresarial que construya estabilidad comercial. Su valor no está solo en la desgravación arancelaria, sino en la capacidad de permitirte planificar, fijar precios con mayor seguridad, negociar contratos de largo plazo y sostener relaciones comerciales sin el sobresalto permanente de recargos “temporales”. Exportar a Europa es para Centroamérica una apuesta mucho más certera.

Por supuesto, exportar a la UE trae también sus propias exigencias y quienes las aprenden a implementar, las convierten rápidamente en grandes ventajas. El exportador centroamericano que cumple origen y reglas y que también tiene un producto con valor agregado que cumple estándares, tiene a su total acceso un mercado que premia con contratos de largo plazo, reputación y mejores oportunidades para posicionarse en nichos de mayor valor.

En 2026, competir no es solo producir bien, sin aprender a vender bien bajo reglas estables y diversificar las exportaciones. Si tu empresa quiere crecer sin apostar su rentabilidad a la volatilidad, vale la pena explorar el AdA a profundidad: identificar tu código arancelario, revisar reglas de origen, mapear requisitos y convertir la previsibilidad en estrategia. El acuerdo AdA está ahí y la oportunidad es usarlo con mucha visión y estrategia.

Feudalismo climático en el nuevo orden global

Esta semana se reunieron los jefes de Estado, CEOs y organismos multilaterales en el World Economic Forum de Davos para debatir sobre los cambios globales. Los debates giraron en torno a la fragmentación del comercio, seguridad económica, la necesidad de continuar la transición verde y la complicada reconfiguración de las cadenas globales de valor. Como se pudo ver en las presentaciones de los líderes del norte global, el tono dominante no fue el optimismo por la globalización democratizadora de décadas pasadas, sino el de la gestión del riesgo a nivel local-regional, la resiliencia selectiva y delimitada a intereses de seguridad económica y la protección estratégica de intereses nacionales. Para quienes observamos estos debates desde el Sur Global, Davos nos da conclusiones claras: el comercio internacional ya no se concibe como un espacio neutral de integración transcontinental, sino como un campo de disputa de intereses que nos hacen recordar las relaciones entre el centro-periferia con jerarquías muy demarcadas por los condicionamientos climáticos, la geopolítica y la búsqueda de poder explícito.

Pero esto no es nuevo. Desde una perspectiva interdisciplinaria y global, en la que analizamos los fenómenos económicos, políticos y ambientales como procesos interconectados a escala internacional, este momento puede entenderse como una coyuntura crítica (critical juncture), en la que decisiones políticas y económicas adoptadas en el corto plazo tienen el potencial de reconfigurar de manera duradera las trayectorias institucionales, comerciales y de poder entre regiones. Esta reconfiguración fue curiosamente muy bien analizada por académicos preocupados por los límites ecológicos del crecimiento y la concentración del poder económico. Desde entonces se anunciaba el riesgo “futuro” de una neofeudalización del orden global que aparentemente se ha acelerado en estos últimos años.

Límites ecológicos y el fin del comercio “neutral”

El debate intelectual se remonta a los años setenta, cuando el Club de Roma cuestionó en 1972 la sostenibilidad de un sistema económico basado en la expansión material ilimitada. A partir de entonces, autores clave que estudiamos como el antiindustrialista Ivan Illich o el economista keynesiano E. F. Schumacher advirtieron en sus obras que los sistemas productivos intensivos en energía y capital generaban dependencias estructurales y erosionaban la autonomía de comunidades y economías periféricas.

Junto a ellos, desde la tradición del liberalismo económico clásico, economistas como Friedrich Hayek advirtieron desde la década de 1940 que la combinación de crisis, planificación centralizada y concentración del poder regulatorio tendría la inevitable capacidad de desembocar en una regresión institucional comparable a formas premodernas de dominación. En la obra Caminos de Servidumbre, Hayek sostuvo que, bajo contextos de emergencia (económica, social o ambiental), los Estados tienden a justificar una expansión del control sobre la producción, el comercio y la asignación de recursos, erosionando la competencia y sustituyéndola por relaciones de dependencia jerárquica. Desde esta óptica, la feudalización del siglo XXI no surge por exceso de mercado, sino por su supresión selectiva: cuando el acceso a energía, tecnología, financiamiento o mercados queda mediado por permisos, subsidios condicionados y alianzas político-corporativas, el sistema económico se transforma en un orden de vasallaje regulatorio, donde pocos actores “protegidos” concentran poder y el resto depende de su acceso. Junto a él, otro de mis favoritos, Milton Friedman, alertó que la sustitución de mercados abiertos por capitalismos administrados, incluso con fines supuestamente nobles como la seguridad o la “estabilidad”, conduce a estructuras rígidas y excluyentes. Según explicaba Friedman, cuando el comercio deja de operar bajo reglas generales y previsibles y pasa a organizarse mediante excepciones estratégicas, sanciones o aranceles, controles tecnológicos y proteccionismo selectivo, se consolida una economía de privilegios que recuerda más a un orden feudal corporativo que a un sistema competitivo en el cual los vasallos tienen las de perder. Desde esta visión clásico-liberal, la actual fragmentación del comercio internacional se está acelerando con la guerra comercial, políticas industriales altamente proteccionistas en el norte global y por regulaciones no armonizadas que están siendo disfrazadas como “regulaciones climáticas”; ante esto, corremos el riesgo de que se esté institucionalizando una jerarquía global donde centros económicos aseguran su resiliencia mediante poder normativo y coerción, mientras las periferias quedan atrapadas en relaciones de dependencia estructural, con movilidad económica limitada y escasa capacidad de decisión soberana.

En el primer cuarto del siglo XXI, estas advertencias se reflejan en un comercio internacional cada vez más condicionado por huellas ambientales, estándares regulatorios complejos y barreras técnicas disfrazadas de preocupaciones ambientales que afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global y a las economías emergentes . La crisis climática no solo redefine qué se comercia, sino quién puede hacerlo y en qué condiciones.

Escasez, poder y comercio como instrumento geopolítico

A finales de los años setenta, el  pionero en el movimiento medioambiental moderno William (Patrick) Ophuls planteó que la escasez ecológica conduciría al debilitamiento del liberalismo económico y a la emergencia de órdenes más jerárquicos y coercitivos (léase el autoritarismo tan popular entre las democracias occidentales), que él mismo calificó como “neomedievales”. Esta lógica es visible hoy en el uso del comercio como herramienta de poder estratégico con el apoyo de la población y en detrimento de los principios básicos protegidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La administración del gobierno estadounidense actual marcó un punto de inflexión al normalizar la “Guerra Comercial” (un término con una larga historía que empezó a aparecer en la prensa económica anglosajona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en contextos de proteccionismo arancelario entre potencias industriales). La versión actual, es una guerra comercial sin precedentes entre los países del norte global industrializados, basada en aranceles, sanciones y controles tecnológicos. Más allá de su liderazgo, este enfoque neoconservador consolidó finalmente en la práctica, la visión del comercio como mecanismo de dominación y alineamiento político que se había mantenido constante y tras bambalinas de grupos politicos y académicos estadounidenses desde el siglo pasado. El debilitamiento del multilateralismo comercial y la fragmentación de la OMC son consecuencias directas de este giro y su resultado acelera la feudalización global.

Cambio climático, regulación y nuevas jerarquías centro-periferia

Desde el Sur Global, los debates de Davos sobre transición verde y comercio “sostenible” revelan una tensión central. Si bien los líderes continúan reconociendo que los objetivos climáticos son legítimos, su implementación se ha debilitado reforzando las relaciones centro-periferia históricas mediante regulación asimétrica, ajustes en frontera y exigencias de diligencia debida sin que estas vayan acompañadas de financiamiento, transición justas, incentivos a la transferencia tecnológica y el factor clave del reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas.

Aquí resulta clave la aportación del sociologo y economista Ulrich Beck que explicó en los 80s que los riesgos ambientales se distribuían de forma desigual y que los actores (países y multinacionales) con mayor capacidad económica pueden comprar resiliencia, asegurar acceso a mercados y proteger sus cadenas de suministro; y que, por nuestra parte, los países periféricos, en cambio, internalizamos los costos de adaptación climática sin potencializar plenamente a los beneficios del comercio internacional. Este fenómeno ha sido reconceptualizado recientemente como feudalismo climático y explica cómo empieza a surgir en nuestra época un nuevo sistema global en el que la seguridad climática, económica y comercial se privatiza y concentra.

El comercio global como arquitectura neofeudal

Desde una lectura estructural que aún se está configurando, el orden comercial actual presenta rasgos inequívocos de neofeudalización:

  • Centros que definen nuevas normas, redefinen valores y que controlan tecnologías, finanzas y acceso a mercados.
  • Periferias obligadas a cumplir estándares crecientes, exportar recursos naturales y asumir riesgos climáticos.
  • Relaciones de realineamiento estratégico que sustituyen principios universales como la no discriminación y el trato especial y diferenciado.

Sobre esto, las advertencias ya se han venido acumulando desde hace décadas por ambientalistas y ecólogos como Richard Heinberg, científicos en inteligencia artificial como Raymond Kurzweil e incluso por urbanistas como Ramón Fernández Durán que no solo anticiparon que la crisis climática y energética del siglo XXI conduciría a procesos de refeudalización económica y social sino que alertaron de la velocidad en que estos cambios se realizarían. Lo que hoy se discute en Davos confirma que estas dinámicas ya no son teóricas.

El mundo que viene

Los debates de Davos muestran un mundo que se reorganiza alrededor del riesgo, la escasez y finitud de los recursos naturales y la acumulación de poder y reconfiguración de alianzas, más que de la cooperación regional y global. Desde el Sur Global, el desafío de los gobiernos será potencializar sus beneficios ante las crecientes amenazas climáticas y la fragmentación geopolítica que consolidará un sistema comercial jerárquico cada vez más claro.

La agenda que viene es un gran reto y requerirá que continuemos fomentando una visión del comercio internacional como herramienta de desarrollo y justicia ante estas nuevas condiciones geopoliticas, y no como mecanismo de subordinación. Las advertencias formuladas por intelectuales de distintas especialidades desde el siglo pasado nos deben servir hoy como un un marco indispensable para comprender —y disputar— el rumbo del orden económico global.

Referencias bibliográficas sugeridas

  • Ulrich Beck: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad
  • Club of Rome: Los límites del crecimiento
  • Raúl Prebisch: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas
  • Celso Furtado: Formación económica de Brasil
  • Ramón Fernández Durán: El inicio del fin de la energía fósil
  • Friedrich A. Hayek: Camino de servidumbre
  • Friedrich A. Hayek: La constitución de la libertad
  • Richard Heinberg: El pico de todo: despertando al siglo de los descensos
  • Ivan Illich: Energía y equidad
  • Ludwig von Mises: La acción humana: tratado de economía
  • Ludwig von Mises: Burocracia
  • Lewis Mumford: El pentágono del poder
  • William Ophuls: Ecología y política de la escasez
  • Marta Peirano: Contra el futuro: resistencia ciudadana frente al feudalismo climático
  • E. F. Schumacher: Lo pequeño es hermoso: economía como si la gente importara
  • Karl Polanyi: La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo
  • James C. Scott: Ver como un Estado: cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado
  • Wolfgang Streeck: Comprando tiempo: la crisis aplazada del capitalismo democrático
  • Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia
  • Daniel Yergin: El nuevo mapa: energía, clima y el choque de las naciones
  • Blog con más contexto del significado de las gráficas: McKenzie, B. Economía más allá de los límites de la Tierra

El ascenso de la derecha. ¿Cómo el giro hacia la extrema derecha en Europa impacta la globalización, la sostenibilidad y el comercio?

El giro hacia la derecha en las más recientes elecciones del Parlamento Europeo 2024-2029 (resultados provisionales al día de hoy) ha captado la atención de quienes trabajamos en temas de globalización, sostenibilidad y comercio internacional. Aunque en la extrema derecha europea aún existen algunos negacionistas del cambio climático, la realidad es que la mayoría de los partidos europeos de extrema derecha abogan por una forma de ambientalismo que está estrechamente vinculada al nacionalismo y al proteccionismo económico.

En los últimos meses, estos movimientos han ganado considerable apoyo entre las poblaciones más pobres y de clase media de las zonas urbanas y en países con un alto número de agricultores y en zonas que colindan con “fronteras calientes” cercanas a Ucrania o el Mediterráneo. Estos grupos, que han sido los más afectados por las crisis económicas, la guerra y la creciente inmigración se han visto también afectados por los estrictos estándares y regulaciones ambientales, así como por la creciente competitividad de las importaciones provenientes de Latinoamérica, Asia y África.

Ante esta situación, es previsible que un Parlamento con una mayoría de derecha no se oponga directamente a las políticas ambientales, sino que, por el contrario, las utilice como argumento para frenar la importación de productos de países agrícolas más competitivos en los trópicos. Con una mayoría en el Parlamento, las perspectivas y políticas de la derecha europea podrían ser las siguientes:

La Derecha en las prioridades de la economía y el comercio sostenible

La derecha europea, a diferencia de la derecha anti-ciencia del continente americano, suele caracterizarse por apoyar los esfuerzos locales de conservación y la independencia energética, al tiempo que se oponen a lo que consideran políticas verdes demasiado ambiciosas y económicamente dañinas que ponen más candados a las “inversiones verdes”. Por ejemplo, algunos de estos candados que rechazan en la derecha, son aquellos que “sobreregulan o limitan” el comercio; tal fue el caso de la recien aprobada Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilida (CSDDD) propuesta por el Pacto Verde Europeo. Esta Directiva que arrancó muy ambiciosa, terminó siendo aprobada con reglas más laxas y que impactaría en los bolsillos de un numero mucho menor de empresas grandes. Para la derecha europea, las políticas comerciales deben centrarse en el deseo de salvaguardar las industrias nacionales y promover acuerdos comerciales condicionales que se alineen con sus objetivos ambientales y económicos.

La Derecha y el comercio con América Latina y el resto del mundo

Los partidos de extrema derecha suelen favorecer políticas comerciales proteccionistas y en sus discursos a la candidatura por el Parlamento, prometían priorizar los intereses nacionales y sus cultivos y salarios. Esto se extiende a sus puntos de vista sobre el comercio internacional con regiones como América Latina donde ven un importante proveer de alimentos y granos, pero también ven una amenaza comercial que, en los últimos meses, llevó a que el tratado comercial con el Mercosur se detuviese.

Josep Borrel, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), dijo a comienzos del 2024 que “lamentablemente no tenía buenas noticias” sobre el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur. Aunque los países sudamericanos estaban dispuestos a firmar el acuerdo, en Europa hubo una fuerte resistencia, especialmente en Francia, donde la derecha de Le Pen ganó abrumadoramente en las elecciones. En marzo, el presidente Emmanuel Macron ya temía la reacción de los agricultores, quienes enfrentarían una dura competencia con la agricultura altamente eficiente de Brasil y Argentina. Por estas razones, tres meses después, Macron tuvo que convocar a elecciones legislativas tras las aplastantes victorias de la derecha. La derecha europea prefiere acuerdos comerciales bilaterales que beneficien a las naciones europeas y muestra escepticismo ante acuerdos multilaterales más amplios, percibiéndolos como una amenaza para las industrias y empleos locales.

En esa misma línea, algunos líderes de extrema derecha, como los franceses del partido Rassemblement National -RN- de Marine Le Pen han sabido ganar adeptos entre los más pobres y los más ricos por igual. Este partido ha sido un muy activo propulsor de que los acuerdos comerciales deberían estar supeditados al compromiso de los países socios con los estándares ambientales, como las emisiones netas cero. Este enfoque tiene como objetivo alinear las políticas comerciales con sus objetivos ambientales y al mismo tiempo proteger los mercados internos. Como ven, en la derecha europea sí creen en los impactos del cambio climático y sí creen en la necesidad de metas de neutralidad de carbono siempre y cuando se obligue a ambas partes de los tratados a igualar sus estándares.

La Derecha y la sostenibilidad ambiental

Muy distinto a lo que ocurre con la derecha en América, son muchos los partidos de extrema derecha que han adoptado un concepto llamado “patriotismo verde” o “econacionalismo”. Estos partidos creen que es necesario preservar el medio ambiente y a la vez creen en la importancia del patrimonio nacional. Este enfoque critica los acuerdos climáticos internacionales y enfatiza los esfuerzos de conservación locales o mediante tratado bilaterales. Por ejemplo, la derecha francesa de Rassemblement National -RN- ha pasado de negar el cambio climático a promover la “Nueva Ecología”, que prioriza la protección ambiental local, que es xenófoba y que se opone de forma populista a las iniciativas climáticas internacionales a las que acusa de afectar a los “pequeños productores franceses”. Este discurso ha ganado mucho apoyo no solo en Francia sino también en los partidos de derecha en Alemania, Austria, Polonia e Italia.

Sobre el Pacto Verde Europeo, los partidos de extrema derecha se oponen en general al Pacto en su forma actual y consideran que, movilizados por el discurso populista que les ha dado tantos votos, debe mantenerse siempre y cuando no imponga más regulaciones y cargas económicas excesivas a los más pobres. Por ejemplo, apoyan la reversión de regulaciones ambientales estrictas y prefieren transiciones más graduales que no pongan en peligro la estabilidad económica. A su vez, apoyan un Pacto verde fomente políticas económicas nacionalistas que rayan en xenofobia para asegurar que se proteja indiscriminadamente a las industrias locales de los impactos negativos percibidos de las políticas climáticas y económicas globales. Esto incluye oponerse a políticas que, en su opinión, perjudican a las empresas europeas o conducen a precios más altos al consumidor.

Estas y muchas otras políticas reflejan que el Parlamento Europeo en los próximos años tendrá una clara tendencia hacia un enfoque más proteccionista y nacionalista en la gestión de los desafíos ambientales y económicos globales. Para el comercio desde América Latina y del resto de los países del sur global, se vendrán años de muchos retos ya que este nuevo Parlamento podría impactar significativamente en las exportaciones latinoamericanas hacia Europa. Algunas de las barreras a las que deberemos de poner atención son:

  • la implementación de políticas comerciales proteccionistas destinadas a salvaguardar las industrias locales.
  • el uso de nuevas regulaciones ambientales estrictas como argumento para imponer aranceles más altos o prohibiciones absolutas a los productos agrícolas de América Latina o Asia.
  • reducción del acceso al mercado de los exportadores latinoamericanos, particularmente en sectores como la agricultura y las materias primas en las que nuestra región tiene una inmensa ventaja competitiva y excelentes productos.

Oportunidades, desafíos y perspectivas a futuro de las políticas climáticas y energéticas de la UE

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La evolución de las políticas verdes en la Unión Europea muestra una clara tendencia hacia objetivos cada vez más ambiciosos y enfoques integrales. Inicialmente, la UE fijó objetivos relativamente modestos, como el Paquete 20-20-20 para 2020, que apuntaba a una reducción del 20% de las emisiones para 2030. Con el tiempo, estos objetivos se han vuelto más ambiciosos, como lo demuestra el Pacto Verde Europeo. (EGD), que establece objetivos como una reducción del 55% de las emisiones para 2035 y la neutralidad climática para 2050. Esta progresión pone de relieve el compromiso de la UE de reforzar sus políticas climáticas y energéticas con una perspectiva de largo plazo y alcanzar las metas que, como se observa en la siguiente gráfica, permitirán al continente cumplir sus compromisos globales.

Otra tendencia importante en las políticas climáticas y energéticas de la UE es la ampliación de su alcance para integrar consideraciones climáticas y energéticas en diversas áreas políticas. El EGD ejemplifica esto al colocar las preocupaciones ambientales y climáticas en el centro de las estrategias de desarrollo económico, en lugar de tratarlas como cuestiones separadas. Este enfoque integral refleja el principio de integración de políticas, asegurando que las políticas climáticas y ambientales estén entrelazadas con otros sectores.

Un aspecto crucial de la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE es su alineación con los compromisos internacionales y la influencia de los contextos globales. El EGD, por ejemplo, estuvo influenciado significativamente por acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y por la demanda pública de una acción ambiental más fuerte. Esta tendencia subraya la capacidad de respuesta de la UE a la dinámica climática global y su papel en el impulso de iniciativas climáticas internacionales.

Al considerar los acontecimientos recientes en la política climática de la UE, como el Pacto Verde Europeo, surgen varias oportunidades y desafíos. La crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, por ejemplo, llevó a la UE a reevaluar sus dependencias energéticas, lo que llevó a la creación del Plan REPowerEU. Esta situación pone de relieve una oportunidad para que la UE mejore su seguridad energética y diversifique sus fuentes de energía.

La eficiencia energética, particularmente en los edificios, presenta otra oportunidad importante. Los edificios representaron el 42% del consumo de energía en la UE en 2021, y los edificios residenciales tienen un potencial sustancial para mejorar la eficiencia energética que, desde la pandemia y la guerra con Rusia, ha incrementado el uso de energías renovables. Sin embargo, no todos pueden permitirse el lujo de renovar sus hogares, lo que enfatiza la necesidad de que la EGD apoye las mejoras en la eficiencia energética, especialmente para las poblaciones vulnerables. Abordar las ineficiencias en los sistemas alimentarios también representa un importante impulsor de la acción climática, dada su contribución sustancial a las emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de estas oportunidades, el EGD enfrenta varios desafíos. Un desafío importante es su naturaleza como estrategia de crecimiento, mientras que un enfoque de decrecimiento podría ser más eficaz para lograr una verdadera neutralidad climática. Además, el Mecanismo de Transición Justa dentro del EGD carece de fondos suficientes, lo que plantea una barrera para llevar los compromisos a la práctica y garantizar que nadie se quede atrás durante la transición.

Reflexionar sobre el desarrollo de la política climática de la UE ofrece una perspectiva mixta de esperanza y escepticismo. Por un lado, el EGD marca una mejora significativa con respecto a políticas anteriores al establecer objetivos a largo plazo, apuntar a la neutralidad de carbono e integrar consideraciones climáticas en varios sectores. La Ley Europea del Clima, que hace que estos compromisos sean jurídicamente vinculantes, es un logro notable. Sin embargo, la aplicación de la ley y el logro real de los objetivos del EGD siguen siendo motivo de preocupación. Muchas propuestas legislativas en el marco del Paquete Fit for 55 todavía están en proceso o incompletas, y el progreso en áreas críticas como la gobernanza, la electricidad y la transición justa es lento como se observa a continuación:

Además, sigue predominando la dependencia de instrumentos económicos y regulatorios, a pesar de algunos avances en medidas informativas y procesales. Para garantizar un cambio sustancial, es necesario un mayor énfasis en los instrumentos informativos y procesales, particularmente para aumentar la conciencia pública y permitir la rendición de cuentas.

Si bien el Pacto Verde Europeo representa un paso adelante significativo y ambicioso en la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE, también enfrenta desafíos e incertidumbres notables. Queda por ver si la UE cumplirá con éxito sus objetivos climáticos, pero la evolución de sus políticas hasta ahora ofrece una combinación de avances y áreas que necesitan mejoras adicionales.