Tag: Desarrollo Sostenible

La protección social universal como vehículo al desarrollo de Guatemala e Iberoamérica

Hablar de políticas de protección social en Iberoamérica invita inmediatamente al lector a tomar una postura paternalista o liberal respecto a quién debe cubrir qué, por qué y para quién. Partiendo de estas tesis y antítesis, las discusiones sobre los resultados de las políticas de protección social son siempre criticadas de forma aislada. Por ejemplo, en Guatemala no se suele escuchar discusiones sobre los impactos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por impuestos a empleados y empleadores formales, está teniendo en la calidad de vida del resto de personas que son excluidas de participar en este beneficio. Hablar de universalidad en los servicios de seguridad social en el país rápidamente se convierte en una discusión sobre si tienes una filosofía paternalista extractivista o una filosofía liberal individualista. Encontrar puntos medios es difícil o imposible y casi siempre termina la gente peleando. Leer el Informe de desarrollo humano 2021 – Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina me llevo a meditar sobre la eficacia de las políticas de protección social y los análisis comparativos que contrastan distintos experimentos regulatorios e institucionales en Iberoamérica con el objetivo de presentar propuestas de futuras públicas con mayores posibilidades de reducir las desigualdades en y entre los países de la región y acelerar el crecimiento.

El informe demuestra la existencia de una correlación entre la protección social universal como un mecanismo para acelerar el crecimiento de la productividad de los países al igualar las condiciones de acceso a servicios para la población que trabaja tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Y que, además, permite a los empleados contar con un sistema de servicios más eficiente y que le permite en el largo plazo asegurar su crecimiento dado que sus necesidades básicas de protección social estarán cubiertas por un sistema universal. Esta universalidad de la protección social deberá tener como objetivo proteger, según explica el informe, a: “i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta por el mismo programa; ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y iii) beneficios en especie de la misma calidad para todos.” En estas condiciones de cobertura universal, los países iberoamericanos tendrán herramientas potentes para que desde el gobierno se fortalezca el capital humano y se mejore la productividad a la vez que se genera resiliencia social, económica y ambiental ante futuras amenazas sociales.

En el capítulo sobre la protección social, el informe de desarrollo humano 2021 compara la gran diversidad de políticas de seguridad social que se han implementado por motivos históricos, políticos y económicos que han respondido a la visión de las sociedades y el rol del gobierno en la intervención de la vida de sus ciudadanos. Así, el informe no pretende comparar a los países, pero sí demostrar cómo unos sistemas han sido más veloces y eficientes que otros para alcanzar sus metas y quedarse cortos en alcanzar los objetivos utópicos por los que fueron creados dado que ninguno de los sistemas ha logrado asegurar un ciento por ciento de la protección social de sus ciudadanos. Lo anterior que tampoco ha sido logrado incluso en los países más desarrollados y que, en aquellos países donde existe cobertura “universal”, todavía se observa un sistema discriminatorio y desigual con respecto a los inmigrantes indocumentados, refugiados políticos, entre otros grupos poblacionales. Las iniciativas vinculadas al universalismo constituyen otra forma de aproximarse a la idea de protección social que fundamentalmente responde al concepto mismo que pretende integrar unas medidas sociales orientadas a construir sociedades más justas, inclusivas y que garanticen niveles mínimos de vida para todos.

En Guatemala y el resto de Iberoamérica esta perspectiva de creación de niveles de protección no se ha basado en un sistema de prestaciones y transferencias universales que buscan crear un sistema de acceso y consumo adecuados de alimentos, salud, educación y otros cuidados para toda la población, sino que se han creado sistemas de seguridad social contributiva (SSC) y sistemas de seguridad social no contributiva (SSNC) que se han alejado de los principios de beneficio para todos. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2021, detalla cómo en distintos países de Iberoamérica desde los años 30s y 40s se buscó primero crear un sistema de combinación de programas de seguridad social enfocado en proteger y beneficiar a los trabajadores de empresas formales y ofrecer regulaciones de protección de los salarios mínimos, acceso a la salud y la estabilidad laboral. Lo anterior, afectando al resto de la población que no participaba de la economía laboralmente activa y la dejaba a la deriva.

Este sistema popularizado en la región durante el resto del siglo XX resultó en la creación de un sistema social de dependencia de la población obligada a ser trabajadora en relación de dependencia en sistemas escalonados de beneficios por los salarios que recibían. Asimismo, esta dependencia del sistema se fortaleció con el control monetario que las empresas continúan manteniendo en los sistemas de seguridad social en los cuales son las empresas las que financian los sistemas sociales en proporción a los sueldos que pagan a sus empleados.  Particularmente relevante es el caso de Guatemala donde la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta votos muy poderosos para representantes de las asociaciones o sindicatos patronales. Votos que han utilizado desde los últimos lustros para promover una reforma aún más limitada y concreta respecto a los servicios sociales que se prestan mediante la facilitación para que las empresas privadas puedan elegir el acceso a otros servicios sociales privatizados. Tales servicios según proponen, son seguros opcionales facultativos y pensiones complementarias que serían contratados con empresas privadas, acceso complementario al IGSS de empleados contratados por tiempo parcial y modificaciones al modelo de gobernanza que obliguen al Estado a cumplir con el pago de las prestaciones que adeuda a la entidad. Así, las propuestas en Guatemala de prestación de servicio social continúan alejándose de la universalidad del acceso a los servicios de protección social en salud y, en su lugar, promueven sistemas más limitados de acceso y escalonados que según los estudios comentados por el Informe de Desarrollo Humano tienen un efecto contrariamente negativo en la promoción de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en los países.

Al respecto, esfuerzos internacionales para universalizar el acceso a la protección social continúan avanzando. En la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) del 20 de septiembre de 2022, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Este informe presentó las recomendaciones relacionadas con el proyecto de creación de una Convención o Tratado que sería jurídicamente vinculante para asegurar el Derecho al Desarrollo de los países miembros de la ONU. Actualmente, la meta es que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023 que se realizó la semana pasada empezó a trabajar en avanzar las propuestas de este tratado internacional y buscar la creación de consensos al respecto.

La situación actual en Iberoamérica requiere de la protección del derecho al desarrollo y el acceso universal a los medios de protección social a nivel interno. Pero también, a nivel externo en el concierto de naciones que deben fomentar el desarrollo y la cooperación entre las naciones para reducir las brechas de protección social que existen hoy en día en el norte global. Esto permitirá reducir las desigualdades estructurales del sistema internacional que actualmente son preservadas por el orden hegemónico neoliberal que ha reducido los controles institucionales para ofrecer acceso a servicios sociales y aumentado las desigualdades en y entre los países ya que los países que controlan los capitales financieros y los activos físicos globales construyeron sus riquezas en gran medida gracias a los mercados no regulados del siglo XX que les han permitido el poder político y se benefician ampliamente de la desprotección de los empleados formales e informales. Tal reciprocidad —entre el aumento de la riqueza de unos pocos correspondiente al empobrecimiento de tantos— refleja el núcleo del actual modelo de desarrollo explotador en el mundo que continúa excluyendo a una amplia variedad de trabajadores, desempleados, jubilados y niños y niñas que solamente a través de la universalidad de la protección social podrán abrir un nuevo camino para salir del círculo vicioso de la baja o inexistente calidad de servicios sociales e incrementar la voluntad de empresarios y trabajadores por contribuir al pago de impuestos.

Comparando los Modelos Políticos de Desarrollo entre Escandinavia y Centroamérica

Ya en el siglo XXI, las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países escandinavos y los centroamericanos parecían abismales y, para los planificadores sociales centroamericanos, casi imposibles de alcanzar. ¿Qué ocurrió detrás de este proceso de desarrollo exitoso en una región y lento y rezagado en la otra? Esa es quizás la pregunta central del estudio elaborado por (Abrahamson, 2007) en el estudio comparativo elaborado para ICEFI. En el estudio, se desarrollan capítulos específicos para tratar de forma comparativa los caminos e indicadores de desarrollo que Escandinavia (conformada por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia) recorrió y cómo Centroamérica (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se atrasó en ese camino de crecimiento durante el siglo XX.

Según explica (Abrahamson, 2007), ambas regiones debieron realizar un proceso de modernización durante los inicios del siglo XX para insertarse regional y nacionalmente a la era de la globalización económica y política y, en ambos casos, el rol que jugaron las elites económicas y políticas fue una pieza fundamental. Desde inicios del siglo pasado, los gobiernos y sus aliados fueron determinantes para establecer y consolidar un estado de bienestar sólido, amplio y que alcanzara a toda la población. Desafortunadamente, la historia de Centroamérica dista de esas metas abismalmente y el estado de bienestar que se intentó crear en las décadas de 1950 y 1960 no se consolidó e incluso se redujo en muchos de los países.

A pesar de tener grandes diferencias históricas y culturas, (Abrahamson, 2007) explica que Escandinavia era, al igual que Centroamérica, una región altamente agraria en la década de 1930 y que, debido a las acciones de sus elites, empezaron un veloz camino hacia el estado de bienestar que cambió el destino de la región para siempre. Mientras tanto, en Centroamérica, las décadas posteriores a 1930 fueron escenario para que coaliciones de la política oligárquica evitaran el surgimiento de una mayor cobertura de la seguridad social y educación pública mientras se protegieron los intereses de una industria monocultivista que requería una amplia base de mano de obra barata, poco o nada educada y que, en la mayor de las posibilidades, no requiriese de un estado con una mayor base impositiva ni de una modernización estatal que permitiese construir los caminos del desarrollo a largo plazo.

Junto a este poder político oligárquico jugó un rol importante el actuar de las clases medias y bajas en ambas regiones. En Escandinavia, las condiciones políticas locales e internacionales les permitieron tener una mayor libertad y democracia en sus gobiernos. Libertad y democracia que les permitirían tener un mayor peso en la toma de decisiones en congresos y parlamentos para construir un estado de bienestar amplio y en consenso con las elites económicas. Mientras que, en Centroamérica, el camino fue distinto debido a la injerencia de países que se enfrentaban en la Guerra Fría y Estados Unidos, principalmente, jugó un papel muy importante para fortalecer gobiernos militares, iliberales y poco democráticos, con la mira de evitar el surgimiento de países aliados a los intereses de la URSS.

Debido a la alianza entre una pequeña elite oligarca y un gobierno político militarizado con el apoyo y dominación de Estados Unidos, la creación de un estado de bienestar se vio completamente detenida a partir de la década de 1950. En ausencia de una sólida democracia entre las elites, la modernización se vio fuertemente debilitada ya que según explica (Abrahamson, 2007. p.16) “la presencia de estos movimientos democratizadores fue condición necesaria para un régimen político moderno, fuera éste un duro sistema militar (como en Guatemala y El Salvador) o una democracia progresista (como en Costa Rica)”. Por esta razón, a pesar de que Centroamérica sí inició un proceso de modernización política, no se establecieron las bases para mejorar la recaudación de impuestos, invertir en un amplio y robusto sistema de salud y de educación pública y mucho menos se fortalecieron los derechos laborales de trabajadores que no tenían voz ni voto en la toma de decisiones políticas. Aunado a esto, no se realizaron las acciones necesarias para incluir en este proceso democratizador y modernizador a las poblaciones indígenas en países como Guatemala y El Salvador ya que, desde el período colonial, estos pueblos servían solamente como factores de producción en una sociedad sin posibilidad alguna de movilidad vertical ni de acceso a la participación política plena que suele caracterizar a los sistemas de gobierno más democráticos. (Abrahamson, 2007) indica que la única diferencia observable respecto a la democratización de la política y la economía se observó en Costa Rica que, históricamente no contó con una industria monocultivista controlada por la oligarquía y que esta condición le permitió participar de formas de mercado más liberales en la industria agrícola y desde finales del siglo XIX, construir una competencia electoral que le abrió el paso a desarrollar un sistema plenamente democrático, desarrollar políticas de bienestar público y movilizar a las clases bajas y medias a participar junto con la burguesía dominante.

Un factor determinante de la gran diferencia existente entre Escandinavia y Centroamérica según explica (Abrahamson, 2007) ha sido la desigualdad en la distribución del ingreso que se redujo en el primero y que se mantuvo estática en el segundo. Como resultado de estas condiciones, a lo largo del s. XX Centroamérica observó cómo los índices de pobreza se mantenían y el riesgo de pobreza extrema aumentaba conforme los efectos del poscolonialismo seguían permeados en la sociedad. Las prácticas y políticas poscoloniales, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial desde las capitales mestizas y criollas, la rivalidad y dominación étnica, la distribución desigual de los recursos, las violaciones de los derechos humanos y la falta de presencia del gobierno en amplios territorios se siguen observando en Guatemala haciendo aún más difícil el desarrollo sostenible del país.

En Centroamérica es aún característico que el gasto gubernamental se enfoque en los centros económicos de los municipios y departamentos donde históricamente había una mayoría de población mestiza y criolla. Por lo anterior, no solo existe una baja inversión del gasto gubernamental en la creación de sistemas de salud y educación pública, sino que su distribución territorial es también desigual. Escandinavia por su parte, desde inicios del siglo pasado consiguió establecer una amplia participación de toda la población en la toma de decisiones y el gasto público se distribuyó de una forma más equitativa entre las zonas urbanas y rurales.

La riqueza actual de los países escandinavos resultó de un amplio pacto social que permitió a las elites políticas y económicas construir un estado de bienestar con amplias inversiones en salud y educación pública que con el paso de las décadas permitieron no solo crear empleos más capacitados y mejor pagados, sino otorgar a la población beneficios sociales característicos de un estado democrático con acceso a infraestructura y servicios a lo largo de los territorios y poblaciones. Por su parte, Centroamérica no logró consolidar un estado de bienestar que invirtiera en la creación de estas condiciones y poner un alto a las políticas coloniales de exclusión en beneficio de pequeños grupos de la población.


Referencia bibliográfica

Abrahamson, P. (2007). Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica.

Desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible y eliminar la segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo presentar una preámbulo a los estudios realizados en la arena latinoamericana respecto a los desafíos sociales y económicos que enfrentan los grupos rurales que han migrado hacia la ciudad de Guatemala y presentar los impactos socioespaciales que estas migraciones de poblaciones rurales pobres han tenido en el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Como preámbulo, el presente artículo presenta brevemente la teoría y estudios realizados en América Latina con respecto a tendencias que se han repetido a lo largo de las décadas respecto al aumento de la distancia entre el centro y la periferia de las áreas urbanas, la creciente distancia entre las zonas de industria y la ubicación de las zonas residenciales de la población más pobre que han contribuido no solo a mayores tasas de desempleo sino a índices de desarrollo humano menores para las zonas periféricas.

Es muy importante resaltar que la alta tasa de desempleo de las poblaciones que han migrado de zonas rurales hacia las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala es el efecto de la lejanía entre la oferta de empleo y el encarecimiento del transporte de las clases bajas en una ausencia de planes de gobierno municipal que permitan el transporte masivo. A lo anterior, se suma el estancamiento salarial de las poblaciones más pobres cuyos costos de transporte hacia y desde las zonas financieras e industriales aumentan anualmente y se pronuncian con el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo.

Aunado al encarecimiento del transporte desde la periferia hacia el centro, se suma el racismo y discriminación del que son víctimas las poblaciones provenientes de las zonas periféricas y que, como resultado, crean prejuicios de los potenciales empleadores a habitantes provenientes de las llamadas “zonas rojas”. Esta discriminación aumenta aún más con las poblaciones provenientes de las áreas rurales y que pertenecen a grupos étnicos de pueblos originarios profundizando el desempleo y autoempleo en el mercado informal que caracteriza a las áreas periféricas pobres.

Los desafíos al desarrollo sostenible presentados en este artículo son solamente una aproximación a los retos urbanos que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala y las municipalidades de ciudades periféricas para trabajar en conjunto y reducir la intensidad de la segregación socioespacial existente mediante una mayor inversión pública en mejoramiento de la infraestructura, ordenación territorial y descentralización de las áreas industriales y financieras y creación de polos de desarrollo alrededor de las zonas periféricas que permitan elevar el nivel de ingresos y bienestar social de las zonas más pobres del área metropolitana.

Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

El proceso de transición hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas de América Latina durante el siglo XX tuvo como resultado una masiva migración interna. De acuerdo con los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 la población rural descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de América Latina. Este período observó el surgimiento de una industria secundaria y terciaria urbanas que acrecentaron las diferencias de ingresos y la desigualdad económica a niveles no observados.

La población que históricamente había dedicado sus vidas a los patrones de producción asociados al mundo agrícola, rural y no tecnificado, observó drásticos cambios en su entorno con la movilización de millones de personas hacia los centros urbanos, el empobrecimiento creciente de sus familias y la inescapable realidad de la pobreza para generaciones venideras. De la misma manera, esta dinámica de incremento de la desigualdad económica se observó de forma aún más pronunciada por las poblaciones migrantes de las zonas agrícolas a un estilo de vida urbano que resultó más caro, más discriminador y aún más excluyente para aquellos migrantes provenientes de regiones indígenas.

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada.  De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a).  De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman que para el 2021, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes. De la cual, 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas y en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala habitan 5.1 millones de habitantes cuyo crecimiento principal provino de una migración acelerada de las áreas rurales del país.

Esta migración acelerada que alcanza ya más de la mitad de la población de Guatemala es la raíz por la cual, en las zonas urbanas existen importantes desafíos al desarrollo sostenible que deben ser resueltos en la mayor prontitud y coordinación posible entre los distintos actores sociales y el gobierno central.

El entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina. En general, la urbanización del continente ha mejorado los indicadores de desarrollo y se ha evidenciado una correlación positiva entre indicadores como el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) y la dinámica del proceso de urbanización. Sim embargo, (Jordán et al., 2017) indican que “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores en los entornos urbanos y las brechas de igualdad en los indicadores.

A pesar de que las zonas urbanas latinoamericanas se han convertido en las regiones con una mayor diversificación económica y de producción, el desarrollo sostenible se ha visto detenido debido a que la aglomeración en viviendas, la inseguridad jurídica y socioeconómica y la ausencia del estado en provisión de servicios de salud e infraestructura han sido en conjunto frenos a la mejora de los ingresos para toda la población.

En las zonas urbanas los procesos de adaptación energética, de infraestructura y de mejora de condiciones de bienestar y salud ha sido un proceso que pocas ciudades de América Latina han logrado resolver con la llegada de millones de migrantes internos. Como resultado, en las zonas urbanas se ha pronunciado la segregación racial y económica de la población, se ha incrementado la estigmatización de las poblaciones más vulnerables y pobres y se ha incrementado la desigualdad en ingresos y de acceso a servicios públicos entre los ricos y pobres.

Como resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado y en ausencia de planes de desarrollo sostenible dirigidos desde los gobiernos locales y centrales, la gran mayoría de las zonas urbanas es hoy un territorio donde la inseguridad, la inviabilidad y la insalubridad son la norma en los territorios pobres y es, a la vez, un territorio de riqueza, exclusión y protección de una pequeña elite poblacional que goza de acceso a servicios de salud, entretenimiento, infraestructura, seguridad y presencia del Estado que crece de forma diametralmente opuesta según los niveles de ingreso promedio de las zonas y municipios.

La solución de décadas de abandono de los territorios recientemente asentados por migrantes de las zonas rurales de los países las urbes de América Latina no serán resuelto de forma sencilla y pasarán varias décadas de exclusión y ausencia del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Además, la reorganización urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios más pobres de las ciudades requerirá de programas de largo plazo en consenso con actores privados que invertirán en el desarrollo de servicios que el Estado históricamente no ha proveído.  Lo anterior, requerirá de una actividad participación del estado para proveer de los servicios financieros para las poblaciones más pobres y evitar procesos de gentrificación que incrementan las brechas de riqueza, movilizan a las barriadas y zonas menos apreciadas a las poblaciones pobres y ralentizan la creación de un territorio urbano más inclusivo y sostenible.

  1. Planeación urbana y acceso a servicios básicos

La movilización en Guatemala del área rural al área urbana ha resultado en espacios de desigualdades fácilmente identificables por las zonas en las que los migrantes se han asentado, con un acceso dispar a servicios públicos de calidad y altos grados de segregación residencial socioeconómica. Al respecto, un estudio de (Lozano, 2021) indica que el acceso al agua en las zonas 21,12, 7 y 18 son las áreas que presentan una mayor escasez y más demanda por la densidad poblacional. Estos datos, explica Lozano, son “un rasgo de desigualdad en la distribución del líquido vinculada a la diferencia de clases sociales e intereses comerciales. Al respecto, es importante mencionar que, las zonas 18 y 21 son las zonas ubicadas en el ingreso a la ciudad capital para las poblaciones rurales del Oriente del país y las zonas 7 y 12 son las zonas de ingreso a la ciudad capital para las poblaciones provenientes del Occidente y Sur del país, respectivamente.” Estas ubicaciones son, además, algunas de las zonas de población más recientes en la ciudad de Guatemala dado que han mostrado un mayor crecimiento de habitantes desde la década de los años posteriores al terremoto de 1976 que forzó a una amplia migración de población en todo el país.

De acuerdo con (Martínez, 2020) en cuanto a la vivienda, las zonas municipales con mayor localización de viviendas para 2018 fueron: la zona 18, con 58,416 unidades, y la zona 7, con 36,607 y dentro del número de viviendas existe un porcentaje que no reúne las condiciones de desarrollo humanos mínimos. Especialmente las ocupadas por la población de escasos recursos. Una de las causas es la inexistencia de una política de vivienda social, por no ser considerada por los diversos gobiernos como una prioridad social. Lo anterior confirma que las zonas con mayor crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala han sido las más afectadas por la ausencia de condiciones mínimas de desarrollo humano. Lo anterior es aún más extremo cuando se integran al análisis los municipios pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Guatemala que abarca los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros que han sido los lugares con un crecimiento exponencial de población.

En los últimos años, la reubicación de poblaciones rurales a las áreas urbanas en Guatemala ha resultado en un importante flujo inmigratorio de fuerza laboral que diariamente debe movilizarse desde las periferias al centro y los gobiernos municipales no han ofrecido las condiciones adecuadas de transporte masivo con lo que se ha incrementado el congestionamiento vehicular hacia y desde zonas periféricas en el área metropolitana e incluso de municipios cercanos como Palín, en Escuintla, y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez.

A la falta de medios públicos de desplazamiento se suma el encarecimiento del transporte que absorben los trabajadores pobres con un costo social millonario que aún no ha sido cuantificado que restringe aún más los ingresos de la población migrante de las zonas rurales a los centros urbanos. En ausencia de un eficiente sistema de transporte público explica (Martínez, 2020), que en la actualidad se privilegia el uso de vehículos particulares que incrementan el tránsito vehicular debido a que no existen rutas exclusivas para el ingreso y salida del transporte de carga, lo que obliga a retomar la positividad de la planificación urbana para facilitar la movilidad de la población y de los circuitos económicos en la ciudad de Guatemala.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos, se obtiene como resultado la segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala, se encuentren ubicadas en las zonas de reciente movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de homicidios. Según una publicación de (García Aldana, 2012) indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que abarcan de junio de 2011 a junio de 2012, el área con un mayor número homicidios es la zona 18, con un total de 151 muertes criminales. La persiguen de cerca la zona 7, con 144 asesinatos, y la zona 12 con 117. Una vez más, estas tres zonas con una alta población de migración rural-urbana, son las víctimas principales de la ausencia de seguridad y mayores índices de homicidios.

  • La producción socioespacial

Como resultado de una ausencia de planeación urbana y de desarrollo sostenible en la ciudad de Guatemala desde el siglo XX, la ciudad capital se ha convertido en un espacio de segregación socioespacial.  Esta segregación se refiere a la existencia de desigualdades sociales dentro de un colectivo de población en un entorno urbano. Colectivo dentro del cual se observan atributos específicos de discriminación y reagrupamiento polarizado entre una población que se aisla cultural, social y espacialmente una de la otra. Esta polarización resulta en una producción socioespacial donde la población rica convive en un área segregada del resto de la población y, en el contexto de la ciudad de Guatemala, esta segregación se pronunció con una migración rural proveniente principalmente de las poblaciones más pobres y que se instaló en las zonas periféricas de la ciudad.  Así, se observó una potencialización de la desintegración social y de falta de una conciencia colectiva que perjudicó principalmente a los grupos pobres migrantes de las zonas rurales.

De acuerdo con (Linares, 2013), como resultado de la segregación socioespacial se observan en las zonas urbanas problemas característicos que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas tales como “bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, la degradación ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.”

En un estudio de ciudades argentinas realizado por Linares, identificó que existe una correlación de intensidad de la segregación socioespacial y algunas consecuencias socio habitacionales en las ciudades como resultado de la migración de poblaciones pobres provenientes de las áreas rurales. Situación que puede ser extrapolada para entender las condiciones de bajos índices de educación, desempleo, falta de infraestructura y seguridad en las zonas recientemente pobladas por los grupos más pobres de la ciudad. Según explica Linares, “Para el caso de las ciudades de América Latina, el modelo característico de segregación socioespacial durante el siglo pasado fue semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos de elite de la sociedad y, consecuentemente, son las áreas urbanas con mayor disponibilidad de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y mejor calidad de las viviendas. A partir del centro comercial y financiero, las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia, con la excepción de un cono de expansión de clase alta, que parte en forma lineal desde el centro hacia la periferia.” Estas condiciones de centro-periferia se evidencian una vez más en el plan existente de desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala que continua buscando crear hacia el centro, un área financiera y residencial para las poblaciones ricas y empujar hacia la periferia a aquellas poblaciones pobres que deberán de viajar todos los días hacia el centro.

El esquema de riqueza hacia el centro y pobreza hacia la periferia es resultado de lo que (Sjoberg, 1960) presentó como “ciudades preindustriales” en las cuales existe un patrón similar de segregación que se caracterizan por una marcada concentración espacial de las clases altas y medias ascendentes en el centro histórico típico del diseño colonial español implementado desde el período colonial en Guatemala y una marcada dispersión periférica de los estratos socioeconómicos más bajos que provinieron de áreas rurales en su mayoría.

A este patrón de segregación observado por Sjober, se suman los cambios evidenciados en Guatemala desde el terremoto de 1976 que resultaron de nuevas dinámicas socioespaciales como la creación de alternativas habitacionales para las clases altas en colonias y condominios cerrados que continuaron empujando más hacia la periferia a los pobladores más pobres y que, incluso, se desarrollaron asfixiando a antiguas aldeas y pueblos con el objetivo de crear subcentros habitacionales, comerciales y financieros para las clases altas en zonas de la ciudad de Guatemala ubicadas hacia Carretera a El Salvador, la calzada Roosevelt, ciudad San Cristóbal en Mixco y la gentrificación de la zona 9 y 4 que beneficiaron a grupos de las clases medias y altas.

  • Consecuencias de la segregación en el desarrollo urbano

La literatura existente sobre los desafíos al desarrollo urbano y  la segregación socioespacial apuntan a que las mismas son el resultado de la ausencia de un estado eficiente que coordine los niveles de ingresos y desempleo, la alfabetización y educación primaria y secundaria, la reducción de los daños al medio ambiente y la reducción de los daños a la población como resultado del racismo y la discriminación racial de los habitantes más pobres. A estas deficiencias, los autores explican que se suman los problemas de seguridad y justicia que causan una desprotección de la propiedad privada, incrementos de la delincuencia y drogadicción en la población que impactan directamente en el incremento de las brechas del desarrollo entre ricos y pobres (Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004; Clapp y Ross, 2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 2003; Greenstein et ál., 2000).

Según los autores, en las ciudades de tamaño mediano o grande de América Latina que han tenido un rápido crecimiento como el observado en la ciudad de Guatemala, las inversiones en infraestructura que impactan en la arquitectura urbana y tiene efectos de mejora de las condiciones socioespaciales para todos los actores deberían de ser el foco del análisis y de la propuesta de una visión a futuro para la ciudad. Estas acciones requieren la prevención de nuevas expansiones urbanas planificadas que integren económicamente y socialmente a la ciudad, que permitan preservar y aumentar los ecosistemas de recursos estratégicos, principalmente el acceso al agua y la producción local de alimentos, y que, permitan un diseño urbano que reduzca la discriminación socioespacial mediante el desarrollo de una infraestructura con movilidad inclusiva y sostenible para todos los habitantes tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional ya proyectadas al futuro por organizaciones como el Banco Mundial.

Conclusión

Al realizar una lectura comparativa elaborada por autores de distintas áreas urbanas de América Latina y analizar el proceso de migración interna visible en el continente durante el siglo XX hacia los centros urbanos fue posible contrastar y corroborar tendencias similares respecto a los grados de segregación socioespacial y de desarrollo observados en las zonas periféricas de los centros urbanos.

Asimismo, se identificó una amplia similitud en consecuencias socioeconómicas y socio-habitacionales respecto de las poblaciones urbanas de clase y alta y la población migrante rural que se instaló en zonas periféricas.  Como resultado, los menores niveles de ingresos salariales se observa que repercuten no solo en menores niveles educativos, menor seguridad y certeza jurídica, sino que también son consecuencia de una ausencia del estado municipal y del gobierno para planificar y establecer planes que largo plazo que permitan evitar la degradación ambiental y urbanístico de las zonas periféricas.

Las actuales trayectorias de transporte, generación de riqueza, habitación y consumo de bienes y servicios del centro a la periferia de la ciudad de Guatemala han demostrado que la inviabilidad del patrón actual de desarrollo urbano que han emprendido los gobiernos municipales y las constructoras privadas. No solo los crecientes costos de transporte y sostenimiento familiar sino los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la prolongación del actual sistema de beneficio del centro de la ciudad de Guatemala confirman la urgente necesidad de identificar planes de desarrollo urbano sostenibles en el largo plazo.

En la ciudad de Guatemala y distintas ciudades de América Latina estudiadas en la presente bibliografía se confirma que el acceso a una calidad de vida decente de las poblaciones urbanas ricas y pobres depende en una gran medida de su ubicación socioespacial y geográfica y que, esta ubicación, tendrá el efecto de impactar y limitar su capacidad de movilización dentro de urbes desarrolladas hacia el centro financiero e industrial. Por lo tanto, es importante recalcar la necesidad de implementar estrategias de integración económica mediante una infraestructura pública de altos volúmenes mientras que, a la vez, se descentralice y fortalezca la presencia del Estado, en materia de salud, seguridad, cultura, educación y economía, en las zonas periféricas de la ciudad capital.  La situación actual de la ciudad de Guatemala presenta una marcada una distribución desigual de los beneficios y los costos de la urbanización, que viene acumulándose durante décadas pronunciándose posteriormente al terremoto de 1976. Desde entonces, los sectores más vulnerables económica y socialmente enfrentan graves desigualdades en cuanto al acceso a una vivienda digna y oportunidades de desarrollo.

Tomando en cuenta que, según se estima en los modelos estadísticos ( World Urbanization Prospects 2018: Highlights, 2019) para el año 2050 habrá 27 millones de habitantes en Guatemala, de los cuales un 67 por ciento serán poblaciones urbanas y, de no cambiar las condiciones actuales, la vulnerabilidad socioespacial de las poblaciones pobres que viven en las zonas urbanas se agravará si no se le enfrenta a nivel gubernamental con políticas públicas de largo plazo. Al respecto, la planificación y búsqueda del desarrollo sostenible y la gestión urbana debe enfocarse a la internalización de las externalidades negativas de los patrones de urbanización que la ciudad de Guatemala ha seguido desde el siglo pasado.

Bibliografía

World Urbanization Prospects 2018: Highlights. (2019). Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.

Banco Mundial. (2023a, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Guatemala. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=GT

Banco Mundial. (2023b, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Latin America & Caribbean. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZJ

García Aldana, M. B. (2012, agosto 22). ¿Zona roja o zona crema?… ¿O naranja? Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/zona-roja-o-zona-crema-o-naranja

Jordán, R., Riffo, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad  en América Latina y el Caribe: dinámicas para el cambio estructural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespecial: un análisis empírico sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino, Tandil). Cuaderno Urbano, 14(14), 5–30. https://doi.org/10.30972/crn.1414527

Lozano, E. (2021, noviembre). El consumo de agua en la Ciudad de Guatemala es preocupante. Universidad San Carlos de Guatemala. https://soy.usac.edu.gt/?p=16007

Martínez, F. (2020, agosto 10). Así se han movilizado las poblaciones en las zonas capitalinas en los últimos 70 años y estas son algunas de las necesidades urbanas. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/comunitario/asi-se-han-movilizado-las-poblaciones-en-las-zonas-capitalinas-en-los-ultimos-70-anos-y-estas-son-algunas-de-las-necesidades-urbanas/

Sjoberg, G. (1960). The preindustrial City. Past and present. The Free Press.

El Desarrollo y sus alternativas en América Latina

Los países del sur global han sido el escenario de experimentación para la implementación de políticas de desarrollo dirigidas desde una visión eurocéntrica sobre qué y cómo se implementaría el desarrollo sostenible. El desarrollo, entendido como un modelo a ser replicado en todos los países del sur, predominó en los discursos y propuestas internacionales y en su seno se presentaba el éxito de implementar la economía del desarrollo como el objetivo principal.

La propuesta se centraba en crear los mecanismos de largo plazo para asegurar el crecimiento económico y eliminar la pobreza de las poblaciones. Sin embargo, la crítica a estas propuestas, que no solían incluir en la discusión a actores de las ciencias sociales y biológicas, pronto abrió las puertas a un debate más amplio y enriquecido con datos, experimentos y hechos irrefutables que las ciencias naturales nos ofrecieron para la toma de decisiones sociales, políticas y económicas.

La imposibilidad de un desarrollo infinito en términos ecológicos, el impacto climático por y en el desarrollo, la necesidad de la inclusión social y la participación de actores discriminados en la toma de decisiones, entre otros factores, se sumaban a que el desarrollo económico que se proponía partía de una visión etnocéntrica que no tomaban en cuenta a las poblaciones indígenas, la mujer y las particularidades geográficas, culturales e históricas de las regiones del sur global que eran discriminadas de esta discusión.

Los impactos que las teorías del desarrollo económico tuvieron a lo largo de distintas épocas en América Latina fue muy variado y se enriqueció con propuestas nacidas en la región para integrar aspectos culturales de las cosmovisiones locales latinoamericanas a las que se sumaron visiones desde disciplinas científicas como la ecología o visiones sociales desde el feminismo e indigenismo. Asimismo, América Latina también participó de estas teorías al cuestionar con puntos de vista externos a la visión de desarrollo que los economistas buscaban recetarse y recetarnos para hacer del sur global la fuente de medios de producción y de mano de obra de un desarrollo que beneficiaba principalmente a las economías del norte.

Desde el siglo pasado, el proceso de búsqueda del desarrollo económico hizo que en América Latina el desarrollo se convirtiera en un sueño y, a la vez, algo a ser rebatido e incluso denunciado. Desde distintas ideologías y escuelas de pensamiento, activistas y políticos buscaron y continúan rebuscando críticas al desarrollo de países latinoamericanos moviéndose entre ideologías y puntos de vista extremos. En este proceso, América Latina ha sido la región donde se han creado formas únicas de implementación del desarrollo sostenible que apoyan el establecimiento de un Estado sólido que decida sobre los programas de desarrollo pero que, a su vez, fomenta el desarrollo de un capitalismo local competitivo y exportador en beneficio de una elite económica o étnica.

A esto se suma que, sin importar las ideologías reinantes, Latinoamérica ha pasado por un proceso de explotación de los recursos naturales con miras de acelerar el proceso del desarrollo justificando los impactos medioambientales de las industrias con el acelerado proceso de tecnología y la creación de riqueza que ha reducido velozmente la desigualdad económica de la región en el siglo XXI.

Dentro de este proceso, el siglo XXI ha visto un resurgimiento del populismo económico de economía mixta donde, El Estado nacionaliza algunas industrias extractivas y reinvierte las ganancias en el desarrollo socioeconómico mientras que, a su vez, el Estado fortalece las instituciones que protegen a la elite capitalista para crear una industria exportadora que acelere el crecimiento económico y salarial. Como respuesta, muchos de los movimientos ecológicos y ambientalistas no han tenido el impacto en la legislación y gobierno como sí lo han tenido en países del norte global dado que el discurso ambientalista de muchos de estos movimientos continúa siendo poco popular entre las clases medias y pobres dado que su objetivo central se enfocaba en detener el desarrollo económico ante la acelerada escasez de recursos naturales y el impacto medioambiental que la industria tenía acelerando el cambio climático de origen antropogénico.

Sobre esa visión anti desarrollista que surgió en el norte global e impactaría con menor medida en América Latina, el analista uruguayo Eduardo Gudynas presentó una lectura sistémica de esta situación a la que identifica como la “ideología del progreso”. Sobre esta ideología, Gudynas explica que en América Latina su impacto en la política y economía de la región ha pesado desde los años 90s con mayor medida debido al surgimiento de pensamientos más extremos del neoliberalismo y el conservadurismo, al igual que con sus opuestos entre políticos izquierdistas y estatistas. Esta ideología, apegada a lo “irracional y emotivo” tuvo un fuerte impacto en la agenda ambientalista de la región debido al enorme poder que desde los años 1960, los líderes neoliberales promovieron un progresismo veloz que rechazaba los impactos medioambientales del progreso y que no asignaba un rol protagónico a los actores subordinados (campesinos, indígenas, pobres rurales y urbanos, mujeres, niños, entre otras poblaciones).

Como respuesta a esta idea del progreso acelerado, que ignora la escasez de los recursos y el impacto ambiental del desarrollo, surgiría un movimiento “posdesarrollista” que abordaba el desarrollo desde una perspectiva que cuestionaba las instituciones del Estado y las prácticas de sus políticos. En América Latina, se empezó a cuestionar el éxito o fracaso de los objetivos del desarrollo ante una región que vivía en la pobreza aún y a pesar de que el resto de países del norte alcanzaba los ODS, cuestionaba los programas de ayuda y su lento avance para reducir las brechas socioeconómicas, criticaba las acciones de planificación a través de organizaciones internacionales y bancos globales para endeudar a la región sin que se invirtiera en un desarrollo sostenible y cuestionaba la misma institucionalidad creada desde el norte y sin haber tomado en cuenta la participación de los pueblos originarios en la creación de las leyes y constituciones de cada país.

El debate latinoamericano actual de la búsqueda del desarrollo se centra en la implementación de “alternativas al desarrollo” que permitirían reenfocar la discusión de las políticas públicas e institucionales en la creación de nuevos marcos conceptuales y de nuevos ordenamientos sociales, económicos y políticos que anteriormente se definían simplemente como desarrollo.

El posdesarrollo en Latinoamérica se presenta como una visión a las racionalidades de los pueblos originarios, su idea del progreso y sus propias ideologías que, mezcladas con el izquierdismo o el capitalismo del norte global son la fuente de soluciones a los problemas locales y de cada país. Esto es a su vez, una respuesta a la modernidad misma que, desde una visión universalista del norte global, conseguía presentar una visión lineal del progreso. Así, indica Gudynas en su ensayo, el posdesarrollo surge como respuesta a visiones de políticos y presidentes como los izquierdistas Rafael Correa y Alan García, que creían que la tarea del progreso en América Latina era “civilizar” tanto a los “salvajes” como a las áreas silvestres y calificaban a los indígenas de sus países como “atrasados” que impiden el desarrollo”.  Junto a ellos y de manera semejante, muchos otros políticos con ideologías tanto de izquierda o derecha veían y siguen viendo el desarrollo como algo ajeno de la agencia de los pueblos originarios y de las sociedades mestizas latinoamericanas.

Ante las alternativas al desarrollo y los recientes acontecimientos sociopolíticos, se presenta una visión que continúa considerando el desarrollo como progreso y que empieza a entender qué no hay un solo camino o ruta a seguir, sino que, existen distintas visiones sobre cómo avanzar.

Ante tantas y tan diversas visiones sobre el desarrollo y cómo América Latina participa de esta, la cuestión del desarrollo continuará al centro de las discusiones y nos queda como tarea continuar analizando las implicaciones que los “desarrollos alternativos” y las “alternativas al desarrollo” planteados por distintos académicos transforman las políticas públicas en América Latina y el resto del sur global para construir verdaderos caminos, alternativos, al desarrollo sostenible.

El debate sin fin de la economía del desarrollo

El debate sobre la economía del desarrollo y los mecanismos utilizados por distintos países del mundo para alcanzar el crecimiento económico de sus poblaciones ha tenido distintas fases de implementación en los países del norte y sur global.  Las acciones tomadas por los gobiernos para incrementar la riqueza de la población, asegurar mejores condiciones de vida para los más pobres y establecer las bases para un desarrollo de largo plazo han sido discutidas por académicos que, inspirados por sus épocas, proponían la intervención del Estado para fortalecer el crecimiento o la retirada del estado y la liberalización de la mano invisible del mercado. La discusión sobre qué es la economía del desarrollo y cómo se debería de implementar continúa siendo discutida por los principales académicos e instituciones internacionales que, desde sus contextos históricos y sociales, evaluaron las causas del desarrollo económico en países y regiones que involucraron a distintos actores políticos y sociales para construir planes de largo plazo. A lo anterior, se ha sumado la profundización en el análisis histórico de distintos eventos políticos y económicos que, controlados a nivel local por buscadores de rentas y estados patrimonialistas, impidieron la creación de sociedades más desarrolladas, equitativas y con una mayor certeza jurídica.

El progreso económico de los países por sí mismo no ha servido para generar la receta del progreso que distintos académicos de las escuelas del libre mercado promovieron durante el siglo XX. A este progreso, le hacía falta la intervención de un estado con instituciones sólidas que permitiera el desarrollo a largo plazo de gobiernos estables, empresas privadas sólidas y facilidades para la exportación e importación de bienes. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el rol del Estado creció una vez más. Las visiones keynesianas en el manejo de las economías promoviendo un desarrollo veloz que permitió la recuperación de las economías afectadas por la guerra se revitalizó y se establecieron en conjunto con el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, los sistemas económicos globales que permitirían la intervención de los gobiernos nacionales en la inversión internacional. El objetivo de la época fue apoyar el desarrollo de naciones del sur global mediante inversiones y emisión de deuda para los países que se habían quedado atrasados en la brecha del desarrollo como resultado de un pasado colonialista y patrimonialista por sus instituciones débiles, economías locales en las que no existía un estado activo y con condiciones de desarrollo humano de salud, educación y vivienda deficientes. Sin embargo, durante más de veinte años, de 1944 a la década de los 70s, la búsqueda de un mayor desarrollo económico global que permitiera la reducción de las brechas entre los países más ricos y los más pobres no mejoró con las recetas que implementaros los técnicos de esas épocas. Los fundamentos de la teoría del desarrollo que se basaban solamente en ofrecer propuestas para acelerar la industrialización, incrementar la acumulación de capital para invertir, creación de una base de empleados asalariados y la planificación estatal de la economía demostraron no ser suficientes para eliminar la pobreza.

Como respuesta a lo ocurrido en las crisis financieras de la década de 1970, durante los años de 1980 a 2000 se observó el resurgimiento de visiones de libre mercado de autores centrales como Hayek y Friedman que inspiraron y se popularizaron con los gobiernos de países del norte global liderados por Reagan y Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. La década de los años 80 observó un resurgimiento del libre mercado y la reducción del rol del Estado en la intervención de la economía con el objetivo de crear mayor riqueza y permitir que las reglas de la mano invisible del mercado realizaran los ajustes necesarios para reducir la pobreza, crear ingresos para el fortalecimiento de las empresas y fomentar el desarrollo de la economía global. Desafortunadamente, esta receta tampoco fue suficiente para promover un desarrollo global más equitativo y reducir la pobreza de los países que seguían resabiados en el proceso de creación de economías sostenibles y desarrolladas. En especial, este liberalismo en países con economías patrimonialistas o de “capitalismo de amigos” donde solamente resulto en un incremento de los privilegios que se otorgaba a un minúsculo grupo de la elite y, además, no tenía interés en desarrollar instituciones sólidas que protegiesen los derechos de todos los ciudadanos, la mejora del bienestar social ni la protección del capital humano como roles centrales de un estado desarrollado.

En la revisión histórica de estas teorías en el siglo XX y cómo influyen en nuestra época debemos prestar especial atención a los efectos que la implementación de políticas económicas y estatales desde los países del norte global hacia las periferias con el objetivo de que se implementaran políticas proteccionistas desde el estado hacia sus habitantes y que se enfocaran en la inversión y mejora de las condiciones de vida de la población en general. Junto a estas inversiones, se suma como indispensable según los tomadores de decisiones en el fomento de la economía de desarrollo, la participación del estado en la creación de las estrategias de desarrollo que permitan a los capitalistas locales crear empresas de exportación de bienes y servicios con valor agregado y el rol que juegan las instituciones de un estado para dar seguridad y certeza jurídica a estos inversores locales e internacionales.

Casi un siglo después de que se implementaran distintas visiones de creación de economías desarrolladas por quienes creían en la necesidad de un estado fuerte y proteccionista versus aquellos que creían en los mecanismos invisibles del mercado como las mejores formas de crearla, seguimos aún en difíciles condiciones de desigualdad y pobreza que separan a los países del norte y sur global.

Como agudamente explica el economista Dani Rodrik, “la historia, el poder político y los grados de desigualdad de una sociedad son ahora relacionados con las características de la economía y la calidad de las instituciones”. En esta frase se resume en gran parte las preguntas que al día de hoy siguen sin responderse sobre el debate de la economía del desarrollo. Por una parte, se presenta una historia de las distintas acciones implementadas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano en las últimas décadas. Y, también, resume las fallas y omisiones repetidas una y otra vez por los gobiernos que tomaron decisiones económicas y de gobierno aisladas de un análisis de la historia de cada país y región, de sus condiciones culturales y políticas, de la desigualdad local y la herencia postcolonial, de factores geográficos y naturales que han determinado la riqueza de las naciones y, últimamente, los análisis necesarios de la vulnerabilidad al cambio climático que sufren algunos países por encima de otros, entre otros factores.

El debate continúa, y como líderes tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones de los distintos momentos por los cuales la economía del desarrollo y la emergencia de distintos estados desarrollistas han pasado. Aún siguen existiendo muchas preguntas que deben ser respondidas por cada país en la creación de instituciones que permitan cerrar la brecha de ingresos entre los países ricos y pobres y que, como explicó Robert Lucas en 1988, “estas brechas deben ahora incluir acciones que también estén encaminadas a ser sostenibles ambientalmente, disminuir las desigualdades y conquistas las libertades individuales.”

Ante esta visión, el estado desarrollista del siglo XXI, involucrará cada vez más factores de análisis económicos a nivel local y regional, mejores sistemas de indicadores y estadísticas nacionales, fortalecimiento de instituciones y estados sólidos para reducir el poder de las plutocracias y el corporativismo, un mayor rol proteccionista del estado para mejorar las condiciones del capital humano y asegurar la protección de la propiedad privada y la certeza jurídica de las inversiones capitalistas en un mundo globalizado.