Agenda 2030: ODS6

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS, por sus siglas) es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

El ODS6 es un reto de la Agenda 2030 muy importante para los países en vías de desarrollo y con altas tasas de crecimiento demográfico. El consumo de agua y el acceso a agua potable y sana ha sido uno de los indicadores más difíciles de alcanzar por países con un gobierno debil en asegurar la captura, provisión, almacenamiento y distribución para la población. Al 2023, la falta de acceso universal al agua se mantiene como uno de los obstáculos al desarrollo humano más importantes, tanto para la sociedad y economía guatemalteca en general como para cada individuo.

El ODS6 enfocado en el agua busca cambiar la situación de 1/5 de la población humana (aprox. 2000 millones de personas) que actualmente no tienen a agua limpia y sostenible. Además, el OD6 tiene como objetivo que casi la mitad de la población humana (3600 millones de la población mundial) consiga al 2030 acceso a un sistema de drenajes y saneamiento gestionado de forma segura.

Las personas que habitan en zonas marginadas y vulnerables del sur global no siempre tienen los recursos para construir una infraestructura costosa o centralizada y en estas circunstancias el rol de un Estado eficiente es vital para crear esos sistemas de acceso a agua potable y drenajes.

A estas condiciones de infraesctructura se suma el calentamiento global y los efectos que está teniendo incrementándose las temperaturas extremas, las sequías y las inundaciones que afectan la provisión sostenible del agua. Conforme crece la población y mejoran los ingresos de los países, el incremento en la demanda de agua también crece en paralelo y, como resultado, también crece en paralelo la contaminación debido a la ausencia de sistemas adecuados de drenaje.

Fotografía de 2014, Guatemala. El Organismo Ejecutivo declaró Estado de Calamidad Pública por la canícula prolongada. Durante el plazo de treinta días de Estado de Calamidad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, se encargará de la implementación de diferentes acciones que tiendan a atender los daños derivados de los efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el riesgo que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera. Foto/Conred

Actualmente el acceso al agua y al saneamiento ocupan un lugar muy bajo en la agenda política de muchos países e incluso hay países (como Guatemala) en los que no existe una legislación que regule el acceso y consumo universal a este recurso. La falta de un manejo adecuado del agua será uno de los retos más importantes a resolver ante la escasez de agua que ha sido proyectada debido al incremento del calentamiento global y el consumo desregulado de las crecientes poblaciones humanas.

En Guatemala, a pesar de que el agua es un recurso hídrico abundante, la creciente población, la falta de un manejo integral del agua y la falta de una gestión de los residuos sólidos deberán de ser uno de los principales temas a discutir entre las elites políticas y económicas del país para asegurar que toda la población tenga acceso a este recurso. El no hacerlo y el no tomar acción resultará en una creciente contaminación de las aguas superficiales, incremento de la conflictividad social, desperdició de recursos e incremento de la escasez de agua en las zonas del área metropolitana y del sur y oriente del país.

Riesgos del agua en Guatemala según American Quarterly en 2019

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS3

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS, por sus siglas) es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.

La meta de alcanzar niveles de salud similares y mejores a los de los países del norte global es una de las metas más importantes de la Agenda 2030 para asegurar un Buen Vivir. El bienestar que genera un “buen vivir” va más allá de la salud física de la persona e implica conseguir mejoras en la salud mental, priorizar la calidad de vida en todos sus aspectos y alcanzar una vida plena. El buen vivir es un tema del que llevamos siglos hablando, según Aristóteles este se refería a no sólo la mejora en la vida natural del cuerpo sino en querer y alcanzar ser feliz como un logro del bien supremo que ha de ser la principal meta de nuestra vida.

Para las personas en países como Guatemala donde se sobrevive día con día y la escasez es la regla de sus vidas, conseguir estos ideales de Buen vivir parecieran una meta lejana y quizás imposible de alcanzar. Por esta razón, el ODS3 tiene como objetivo que la población en Guatemala pueda mejorar sus niveles de ingresos económicos pero también su calidad de vida. Para alcanzar esto es necesario que el gobierno vele y proteja los derechos de los trabajadores, les asegure un acceso a la salud y educación pública y que les permita buscar el bienestar de cada persona y de sus familias.

Al igual que con el ODS2 que busca acabar con el Hambre, es esencial que los gobiernos trabajen desde distintas áreas y Ministerios para conseguir mejoras en los niveles de bienestar de la población. Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero del ODS2 busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“ La meta de alcanzar mejoras en el ODS3 será el resultado de la suma de diversos factores que involucran la cooperación de la población a través de organizaciónes civiles, organizaciones sin fines de lucro patrocinadas por las empresas privadas, alianzas público-privadas para apoyar a las regiones y departamentos más vulnerables y, principalmente, de un gobierno con la meta clara de velar por la mejora de los indicadores de desarrollo humano de toda la población mediante la creación de fuentes de empleo, certeza jurídica, protección de la propiedad privada, mejora de los sistemas de salud y educación pública y fortalecimiento de la justicia.

Según la ONU, el reto más importante para alcanzar el ODS3 es asegurar el acceso universal de la población a la salud pública. En Guatemala, el acceso a la salud pública de calidad es muy reducido y es necesario ampliar la cantidad de centros de salud, hospitales nacionales y centros especializados para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, es aún casi inexistente en Guatemala el acceso a servicios de salud mental y familiar de apoyo para toda la población. Lo anterior es una de las tareas prioritarias que deberán atender los gobiernos electos y se requerirá del trabajo coordinado entre las empresas privadas y el gobierno para ampliar la base de servicios de salud.

La reciente pandemia de Covid-19 y la baja cantidad de personas que recibieron la vacuna de protección contra el virus es un termómetro muy útil para conocer cuán baja es la presencia del Estado en las zonas rurales del país y cuan bajo es el alcance de la salud y de la educación con el resto de la población. Conseguir mejoras en la vacunación de la población para protegerla de pandemias como Covid-19 será uno los principales objetivos a trabajar de la mano de una constante educación sobre la importancia de las vacunas con la población más vulnerable.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Planes de gobierno desde el desarrollo sostenible

La creciente población humana y la demanda de recursos naturales para atender las necesidades de la población han causado que, durante las últimas décadas, la capacidad productiva anual del planeta sea alcanzada antes de que finalice el año. Como se observa en la Figura 1 se alcanzará un sobregiro del uso de los recursos del planeta el día 02 de agosto de 2023. Como resultado del crecimiento poblacional, el incremento de la producción global y el manejo insostenible de los recursos, desde el año 1971 la población del planeta se gasta cada vez más temprano los recursos del planeta. Como resultado, la Global Footprint Network ha calculado cómo la cantidad de días de biocapacidad del planeta se ha reducido y es insuficiente para reponer la Huella Ecológica de la humanidad. Así, a partir del día 03 de agosto de 2023, los humanos estaremos viviendo con un sobregiro de recursos ya que habremos consumido el equivalente a todos los recursos ecológicos que el planeta genera anualmente.

Figura 1. Estadísticas del día de sobregiro del uso de recursos del planeta desde 1971 a 2023. Fuente: (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2023)

Como resultado de este sobregiro en el uso de los recursos naturales, el consumo no sostenible de los recursos ha causado que crisis poblacionales se aceleren por no existir planes nacionales e internacionales para el manejo y gestión sostenible de los recursos naturales. Según el reporte del (Panel Internacional de Recursos, 2019):

“La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero y con más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.

La extracción de recursos se ha más que triplicado desde 1970, incluido un aumento de cinco veces en el uso de minerales no metálicos y un aumento del 45 por ciento en el uso de combustibles fósiles.

Para 2060, el uso global de materiales podría duplicarse a 190,000 millones de toneladas (desde 92,000 millones), mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar en un 43 %.”

La creación e implementación de Políticas Nacionales de Sostenibilidad, Gestión de los Recursos Naturales y Manejo Financiero Sostenible del erario son herramientas vitales y urgentes en todos los países para reducir el uso insostenible de los recursos que durante los últimos siglos años han causado un crecimiento sin controles y plagado de excesos. Como punto central de partida para el planeta y los gobiernos de cada país ha sido la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven como metas en 17 objetivos de desarrollo (ODS, por sus siglas) que permitirían a los países cambiar el rumbo de sobreexplotación, escasez y bajos niveles de desarrollo humano que afectan, principalmente, a los países del sur global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas con el fin de servir de guía a la creación de Políticas, Planes y Proyectos de escala nacional unificados en una visión hacia la creación de países sostenibles económica, social y políticamente. 

Así, la creación de programas en los ministerios encargados del cumplimiento de cada uno de los 17 ODS es una herramienta fundamental para la aceleración de proyectos que permitan enfrentar las actuales crisis, reparar los daños ambientales causados en el pasado, facilitar la resiliencia y adaptación de los países para contrarrestar los efectos del cambio climático y construir una sociedad cuya económica y cultura gire en torno a la sostenibilidad ambiental. El desarrollo de los ODS es una guía inicial y la creación de programas a nivel de país son una herramienta necesaria para hacer ejecutables, fiscalizables y alcanzables los objetivos que cada gobierno se ha trazado.  Un ejemplo valioso de estos avances a través de políticas y planes es la “Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos”, esta política creada como un Acuerdo Gubernativo 281-2015 ha permitido que el gobierno establezca metas compartidas con distintos grupos de interés de la sociedad que han contribuido a crear una hoja de ruta con la cual el Gobierno Central y Local cuenta con objetivos claros, indicadores, organizaciones responsables y planes educativos que permitirían a la población cambiar el rumbo de la gestión inadecuada de los residuos y desechos sólidos que actualmente son desechados en lugares no apropiados y sin el manejo adecuado para asegurar la circularidad, el reciclaje, el compostaje y la protección de contaminación por agentes peligrosos. Este es un ejemplo de tantos otros que los gobiernos han creado para empezar a hacer un cambio de rumbo respecto a la mala gestión de los recursos naturales y fomentar una transición más acelerada al desarrollo sostenible y la protección del planeta que está viendo sus recursos naturales agotados. Alcanzar las metas de los ODS para el año 2030 es uno de los retos más importantes que el planeta tiene delante de sí y de la creación de políticas, programas y proyectos nacionales dependerá la ejecución y fiscalización efectiva de los gobiernos electos para cuidar y proteger a sus ciudadanos.

Una visión estructuralista a los problemas del desarrollo en América Latina

Los motivos por los cuales la periferia latinoamericana no logra alcanzar a la misma velocidad el desarrollo de los países del centro fueron parte de las discusiones que académicos y economistas estructuralistas como Raúl Prebish buscaron entender y estudiar durante muchas décadas hasta bien entrados en el siglo XXI.  Prebish no solo fue un importante economista latinoamericanista. Además, fue uno de los líderes de cambios políticos e institucionales en la región a través de su activa participación en organismos internacionales que buscaban acelerar el desarrollo latinoamericano.

En las obras de Prebish se presentó siempre un pensamiento que confrontó la historia económica y teorías del centro con sus impactos directos en la periferia con un especial énfasis en Latinoamérica. Prebish buscó el aprendizaje de la historia para evitar se cometiesen los mismos errores del proceso de la industrialización cometidos en los países del centro. Al respecto, con elocuente claridad explicó por ejemplo que, “en América Latina están tratando de desarrollar a un lado de la frontera las mismas industrias que en el otro. Ello disminuye la eficiencia productora y conspira contra la consecución del fin social que se persigue.” Sobre la cita anterior, muchos casos de estrategias de políticos oportunistas podríamos que llegaron a las presidencias latinoamericanas. Por mucho tiempo, la clase política y académicos como Prebish, mantuvieron una amplia correspondencia, pero algo impidió la verdadera innovación y reinvención de Latinoamérica. Al respecto, de este y otros ejemplos, mucho podría discutirse respecto a la sociología de las elites latinoamericanas y su arraigado temor por el cambio y la innovación que, finalmente, ha mantenido a los países en el letargo económico en beneficio de pequeños grupos privilegiados en la cúspide social.

Al estudio del rol político y socioeconómico del control por las elites de Latinoamérica se sumaron aspectos que interesaron a Prebish y lo llevaron a realizar análisis de la importancia del balance de pagos de los países latinoamericanos como países netamente importadores de productos terminados y exportadores de productos primarios. En Latinoamérica, existía un fuerte desbalance en la balanza de pagos internacional que, con la llegada de los ciclos económicos, incrementaba la falta de capital circulante, el acelerado encarecimiento de los productos y la resultante crecida inflacionaria que los gobiernos de la región eran incapaces de controlar. Como resultado, el endeudamiento de los países latinoamericanos solamente incrementaba y alargaba la crisis de los ciclos económicos que en Estados Unidos y Europa controlaban de una mejor manera.

Prebish fue un proponente de la industrialización de los países y explicaba que, aunque no era un fin en sí misma, la industrialización era el único medio del que disponían los países latinoamericanos par captar una parte del progreso técnico y elevar progresivamente el nivel de vida de la población. El reto para América Latina radicaba en el poder de cambio e innovación que cada país tuviese y su potencial de atraer inversiones extranjeras que alimentaran el capital ahorrado nacional para el surgimiento de nuevas y diversas industrias. Desafortunadamente según explica Prebish, para implementar procesos de larga duración de industrialización existen muchos retos en América Latina tanto de conocimientos como de su correcta interpretación técnica.

Cada país en la periferia cuenta con potencialidades para industrializar sus procesos técnicos, pero según Prebish observó, ha sido imposible tan siquiera abordar en común los problemas regionales sin que, en el proceso, se logre evitar hacer comparaciones con las publicaciones y teorías de los centros de la economía mundial que impiden comprender las peculiaridades de Latinoamérica. Y peor aún se pretende encontrar soluciones en esas teorías del centro de la economía que no son las más efectivas para la periferia. Prebisch criticó en este tema el pilar del ideal liberal que afirma que “cada país debe especializarse según sus ventajas comparativas.” Y, al respecto, explicó que la implementación de estos ideales de los países del centro solo serviría para condenar a los países en desarrollo a perpetuarse en condiciones de pobreza y atraso. Ya que, al igual que ocurrió en Estados Unidos, su proceso “estadounidense” de industrialización no fue más que una copia del europea.

Importante para Prebish fue recalcar que la industrialización en América Latina también podía surgir y ser liderada por la misma producción primaria como ocurrió en el caso de Europa y Estados Unidos; y que esto permitiría enfocar sus capitales en industrias secundarias y terciarias.  Al respecto, las políticas de mecanización y tecnificación de la agricultura debieron de haber jugado un rol mayor del que se ha observado en las últimas décadas en América Latina. Las razones detrás de este poco y en ocasiones nulo apoyo desde los gobiernos centrales al surgimiento de riqueza técnica e industrialización en el campo agrícola se vio aún más visible en países de América Latina con una alta población indígena dedicada a la agricultura. Al respecto, ha sido una política de estado evitar el surgimiento de nuevas elites económicas cuando estas no dependan de la participación de las elites gobernantes en esos países donde la exclusión de los pueblos indígenas del gobierno se ha mantenido desde el período colonial.

Pero invertir en la industrialización de un país requiere de capital y de incrementar la exportación de bienes primarios. Al respecto, Prebish indica que “en la mayor parte de los países latinoamericanos el ahorro espontáneo es insuficiente para cubrir sus necesidades más urgentes de capital.” Por lo que elevar el nivel de ingresos de las masas ocurrirá solo mediante una fuerte inversión de capital por el estado y capitales privados en la creación de empleos, de infraestructura hacia todas las regiones y de una aptitud de tecnócratas capaz de administrarla y acrecentarla. Más aún, durante el período colonial, indica Prebish que América Latina creció ya una vez empujada por los ingresos del centro que buscaban la compra de industrias primarias y que, es muy posible, que esto volviese a ocurrir incrementando la gran brecha de riqueza entre los países del centro y la periferia si no se implementaban acciones de industrialización de forma acelerada.

Las lecciones de la historia económica según Prebish explicaba sobre el funcionamiento del orden mundial continuaban dependiendo de visiones que continúan sirviendo y atendiendo a los países del centro. Al respecto, la tarea de Latinoamérica era rebelarse contra esas estrategias que no eran viables en la periférica sino para seguir manteniendo la sumisión del continente a las economías del centro. Para transformar esta realidad, se debería de alcanzar una relación de simetría económica que no esté subordinada a los intereses de los países del centro. Cambios como este se pueden observar en el surgimiento en el siglo XXI de la industria terciaria de los servicios de la industria de contratación de actividades y funciones comerciales a un proveedor externo, también conocidas como BPO y Call Center, donde existe una inmensa oportunidad de exportar e importar capitales con una simetría de negociación y de transformación de los esquemas de poder de las elites locales que durante décadas disfrutaron de los capitales que llegaban solo a ellos como premio por esa sumisión a los países del centro.

El debate sin fin de la economía del desarrollo

El debate sobre la economía del desarrollo y los mecanismos utilizados por distintos países del mundo para alcanzar el crecimiento económico de sus poblaciones ha tenido distintas fases de implementación en los países del norte y sur global.  Las acciones tomadas por los gobiernos para incrementar la riqueza de la población, asegurar mejores condiciones de vida para los más pobres y establecer las bases para un desarrollo de largo plazo han sido discutidas por académicos que, inspirados por sus épocas, proponían la intervención del Estado para fortalecer el crecimiento o la retirada del estado y la liberalización de la mano invisible del mercado. La discusión sobre qué es la economía del desarrollo y cómo se debería de implementar continúa siendo discutida por los principales académicos e instituciones internacionales que, desde sus contextos históricos y sociales, evaluaron las causas del desarrollo económico en países y regiones que involucraron a distintos actores políticos y sociales para construir planes de largo plazo. A lo anterior, se ha sumado la profundización en el análisis histórico de distintos eventos políticos y económicos que, controlados a nivel local por buscadores de rentas y estados patrimonialistas, impidieron la creación de sociedades más desarrolladas, equitativas y con una mayor certeza jurídica.

El progreso económico de los países por sí mismo no ha servido para generar la receta del progreso que distintos académicos de las escuelas del libre mercado promovieron durante el siglo XX. A este progreso, le hacía falta la intervención de un estado con instituciones sólidas que permitiera el desarrollo a largo plazo de gobiernos estables, empresas privadas sólidas y facilidades para la exportación e importación de bienes. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el rol del Estado creció una vez más. Las visiones keynesianas en el manejo de las economías promoviendo un desarrollo veloz que permitió la recuperación de las economías afectadas por la guerra se revitalizó y se establecieron en conjunto con el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, los sistemas económicos globales que permitirían la intervención de los gobiernos nacionales en la inversión internacional. El objetivo de la época fue apoyar el desarrollo de naciones del sur global mediante inversiones y emisión de deuda para los países que se habían quedado atrasados en la brecha del desarrollo como resultado de un pasado colonialista y patrimonialista por sus instituciones débiles, economías locales en las que no existía un estado activo y con condiciones de desarrollo humano de salud, educación y vivienda deficientes. Sin embargo, durante más de veinte años, de 1944 a la década de los 70s, la búsqueda de un mayor desarrollo económico global que permitiera la reducción de las brechas entre los países más ricos y los más pobres no mejoró con las recetas que implementaros los técnicos de esas épocas. Los fundamentos de la teoría del desarrollo que se basaban solamente en ofrecer propuestas para acelerar la industrialización, incrementar la acumulación de capital para invertir, creación de una base de empleados asalariados y la planificación estatal de la economía demostraron no ser suficientes para eliminar la pobreza.

Como respuesta a lo ocurrido en las crisis financieras de la década de 1970, durante los años de 1980 a 2000 se observó el resurgimiento de visiones de libre mercado de autores centrales como Hayek y Friedman que inspiraron y se popularizaron con los gobiernos de países del norte global liderados por Reagan y Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. La década de los años 80 observó un resurgimiento del libre mercado y la reducción del rol del Estado en la intervención de la economía con el objetivo de crear mayor riqueza y permitir que las reglas de la mano invisible del mercado realizaran los ajustes necesarios para reducir la pobreza, crear ingresos para el fortalecimiento de las empresas y fomentar el desarrollo de la economía global. Desafortunadamente, esta receta tampoco fue suficiente para promover un desarrollo global más equitativo y reducir la pobreza de los países que seguían resabiados en el proceso de creación de economías sostenibles y desarrolladas. En especial, este liberalismo en países con economías patrimonialistas o de “capitalismo de amigos” donde solamente resulto en un incremento de los privilegios que se otorgaba a un minúsculo grupo de la elite y, además, no tenía interés en desarrollar instituciones sólidas que protegiesen los derechos de todos los ciudadanos, la mejora del bienestar social ni la protección del capital humano como roles centrales de un estado desarrollado.

En la revisión histórica de estas teorías en el siglo XX y cómo influyen en nuestra época debemos prestar especial atención a los efectos que la implementación de políticas económicas y estatales desde los países del norte global hacia las periferias con el objetivo de que se implementaran políticas proteccionistas desde el estado hacia sus habitantes y que se enfocaran en la inversión y mejora de las condiciones de vida de la población en general. Junto a estas inversiones, se suma como indispensable según los tomadores de decisiones en el fomento de la economía de desarrollo, la participación del estado en la creación de las estrategias de desarrollo que permitan a los capitalistas locales crear empresas de exportación de bienes y servicios con valor agregado y el rol que juegan las instituciones de un estado para dar seguridad y certeza jurídica a estos inversores locales e internacionales.

Casi un siglo después de que se implementaran distintas visiones de creación de economías desarrolladas por quienes creían en la necesidad de un estado fuerte y proteccionista versus aquellos que creían en los mecanismos invisibles del mercado como las mejores formas de crearla, seguimos aún en difíciles condiciones de desigualdad y pobreza que separan a los países del norte y sur global.

Como agudamente explica el economista Dani Rodrik, “la historia, el poder político y los grados de desigualdad de una sociedad son ahora relacionados con las características de la economía y la calidad de las instituciones”. En esta frase se resume en gran parte las preguntas que al día de hoy siguen sin responderse sobre el debate de la economía del desarrollo. Por una parte, se presenta una historia de las distintas acciones implementadas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano en las últimas décadas. Y, también, resume las fallas y omisiones repetidas una y otra vez por los gobiernos que tomaron decisiones económicas y de gobierno aisladas de un análisis de la historia de cada país y región, de sus condiciones culturales y políticas, de la desigualdad local y la herencia postcolonial, de factores geográficos y naturales que han determinado la riqueza de las naciones y, últimamente, los análisis necesarios de la vulnerabilidad al cambio climático que sufren algunos países por encima de otros, entre otros factores.

El debate continúa, y como líderes tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones de los distintos momentos por los cuales la economía del desarrollo y la emergencia de distintos estados desarrollistas han pasado. Aún siguen existiendo muchas preguntas que deben ser respondidas por cada país en la creación de instituciones que permitan cerrar la brecha de ingresos entre los países ricos y pobres y que, como explicó Robert Lucas en 1988, “estas brechas deben ahora incluir acciones que también estén encaminadas a ser sostenibles ambientalmente, disminuir las desigualdades y conquistas las libertades individuales.”

Ante esta visión, el estado desarrollista del siglo XXI, involucrará cada vez más factores de análisis económicos a nivel local y regional, mejores sistemas de indicadores y estadísticas nacionales, fortalecimiento de instituciones y estados sólidos para reducir el poder de las plutocracias y el corporativismo, un mayor rol proteccionista del estado para mejorar las condiciones del capital humano y asegurar la protección de la propiedad privada y la certeza jurídica de las inversiones capitalistas en un mundo globalizado.