Agenda 2030: ODS15

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS, por sus siglas) tiene como meta gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Este ODS se enfoca en la necesidad del fortalecimiento de los países y su legislación vigente en para proteger los bosques y detener la pérdida de biodiversidad.

La tala de árboles es tan antigua como el establecimiento de las primeras aldeas de humanos hace miles de años. Los restos de las aldeas más antiguas que se han encontrado fueron viviendas construidas con barro y ramas de árboles hace más de 19,000 años en las orillas del Mar de Galilea. Desde entonces, la madera y la civilización humana han sido inseparables para el desarrollo de nuestros actuales estilos de vida. Desafortunadamente, la relación entre los humanos y los bosques entró en un proceso de desbalance por la tala excesiva que ha resultado del veloz crecimiento de la población humana en los últimos 200 años. Como se observa en la siguiente gráfica, en 1928 eramos tan solo 2,000 millones de humanos y actualmente hemos cuadruplicado este número a 8,000 millones de habitantes al 2023.

Link a estimados de deforestación global

Como resultado de este veloz crecimiento de la población, la Agenda 2030 busca que los países del sur global que mantendrán un veloz crecimiento de la población, implementen acciones que reduzcan la deforestación de los bosques tropicales, fomenten la reforestación de zonas que son taladas para convertirlas en tierras de cultivo y pastos de animales y reducir la tala ilegal para la generación de leña en los hogares más pobres. De toda Centroamérica, Guatemala es el país con el mayor porcentaje de deforestación en los últimos años y los principales retos que el país tiene son: a.) mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más pobres que practican la tala ilegal para proveer de leña en sus hogares y b.) combatir el veloz crecimiento de la narcoganadería que ha causado la tala ilegal de inmensos territorios de bosques en el país.

La narcoganadería en Guatemala ha deforestado amplios territorios de bosques en el norte y occidente del país para convertirlos en tierras de pastos. Esta práctica ha crecido vinculada a una creciente -e ilegal- industria de corte de maderas preciosas. La Universidad de Texas realizó un estudio en Guatemala e identificó que entre el 59% y 87% de la deforestación en las áreas protegidas, biotopos y parques nacionales que forman la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala corresponde a la “cría ilegal de ganado”. Esta zona, equivalente a 2,2 millones de hectáreas no ha sido protegida por el Estado de Guatemala especialmente en el departamento de Petén.

Al menos un tercio de todos los bosques del mundo han desaparecido y su recuperación es vital para la continuidad de la especie humana. Los bosques están directamente vinculados no solo a la generación de oxígeno y almacenamiento de carbono, sino también a la generación de agua potable, preservación de la vida de animales e insectos vitales para el balance ecológico y evitan la erosión de los suelos a la vez que lo fertilizan. La meta del ODS15 es uno de los principales esfuerzos que se deben fomentar desde la legislación del país. Para lograr lo anterior, algunas de las acciones que se deben fomentar son:

Penas y castigos más fuertes a individuos que deforestan.
Mejor protección y mayor presupuesto estatal a la protección de áreas protegidas.
Creación de mayores incentivos fiscales para que empresas privadas reforesten y establezcan zonas de bosques vírgenes protegidas.
Fomento de la reforestación y reparación de la huella de carbono generada por las empresas con incentivos fiscales.
Educación a la población sobre la importancia de la protección de los bosques.
Mejora en los planes estatales para proveer de estufas ahorradoras y estufas con tecnologías que permitan eliminar por completo el uso de la leña para generación de fuego en los hogares.

Detener la deforestación es el primer de muchos pasos que el ODS15 tiene como objetivo. Junto a esto es necesario que los países luchen contra la desertificación, se rehabiliten los suelos degradados por la práctica de monocultivos, la sequía y las inundaciones, y reducir la degradación de los hábitats naturales para proteger las especies amenazadas y evitar su extinción en todo el país.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Agenda 2030: ODS10

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga Reducir la desigualdad en y entre los países.

El ODS10 es uno de los objetivos más importantes para el mundo en general pues busca promover la inclusión en igualdad de condiciones para todas las personas tanto en los países ricos como en los más pobres. Ante esto, el ODS10 busca que los países implementen acciones directas a tener un impacto positivo en la economía familiar, en los niveles de educación y en las condiciones de acceso al trabajo de las personas más pobres del mundo. El ODS 10 no propone tomar dinero o expropiar la riqueza de los más ricos sino que se enfoca en la reducción de las desigualdades en y entre los países mediante la promoción de políticas que creen una sociedad más inclusiva y equitativa. Si bien abordar las disparidades de riqueza es un aspecto fundamental del ODS10, el énfasis está en crear un sistema equitativo y equitativo en lugar de apuntar directamente a tomar la riqueza de los individuos y de los países más ricos.

Para lograr lo anterior, el ODS10 se enfoca en entender y reducir la desigualdad de ingresos, promover la inclusión socio-económica y política y reducir las brechas. En países como Guatemala, este ODS busca reducir la disparidad económica que ha causado que el país tenga algunos de los niveles más bajos de educación, salud y expectativa de vida del planeta. Al respecto, la meta del país al 2030 es “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales”. Para lograr esto, se requerirá que los gobiernos prioricen políticas enfocadas en reducir la desigualdad, crear estabilidad económica, atraer inversiones y ofrecer más y mejores servicios públicos de salud y educación. Una población más educada y saludable en Guatemala permitirá romper el ciclo de la pobreza creando una fuerza laboral calificada, industrias más competitivas y una población más sana. Al invertir en la salud y seguridad públicas se podrá romper el ciclo histórico de discriminación y racismo que tanto daño ha causado al país.

Como se observa en las gráficas anteriores tomadas de los estudios del economista francés Thomas Piketty, el mundo ha tenido un lento pero positivo para reducir las desigualdades de la población y el ODS10 se enfoca en acelerar este proceso. Según indica Piketty en su estudio, la desigualdad en el 2020 es la misma que existía en 1870. Sin embargo, tenemos 8 veces menos pobreza y 7 veces más ingresos en la población. Esto ha significado que la tasa de pobreza, que en 1870 era de 80% se ha reducido a tan solo un 10% en la actualidad según las estimaciones de François Bourguignon.

El ODS10 es muy importante para Guatemala y las naciones más pobres del sur global debido a que se convierte en punto de partida para, no solo reducir la desigualdad, mejorar el acceso a los servicios básicos y promover el crecimiento económico, sino que también es el punto de partida para lograr mejoras en el largo plazo de la economía, el bienestar social y el crecimiento económico de doble dígito.

Agenda 2030: ODS9

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.

Este objetivo de la Agenda 2030 está vinculado de raiz a la capacidad de los gobiernos y de su sector privado organizado para crear las condiciones tecnológicas y de inversión para fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente. Por resiliente se debe entender aquella infraestructura que se diseña tomando en cuenta los riesgos e interrelaciones que existen entre la pobreza de las economías del sur global, el crecimiento poblacional, el cambio climático y las nuevas tecnologías. Interrelaciones que nos permitirían cambiar el enfoque actual de la planificación, la financiación, el diseño, el desarrollo, las operaciones y el desmantelamiento de la infraestructura que no tiene plenamente en cuenta ni la naturaleza interdependiente de la infraestructura y los servicios, ni la naturaleza cada vez más compleja de los riesgos y los efectos en cascada que un desastre puede tener en todo el mundo.

Compontes de infraestructura. Fuente: Fundesa

Una infraestructura resiliente es aquella totalmente distinta a la que nos hemos acostumbrado a ver con un paso a desnivel por un lado o por el otro, una carretera que amplia un carril tan solo por unos kilómetros o un hospital que se construye pero que no cuenta con las camillas ni el equipo suficiente. Resiliencia implica la capacidad de superar las adversidades y dificultades que la poca eficiencia de los recursos públicos y la escasez de los mismos genera. Infraestructura resiliente trata de planear el acceso al agua, a la electricidad, al saneamiento, a carreteras y puertos y aeropuertos dignos y para todos.

Un enfoque de “pensar en la resiliencia” nos permitiriía analizar estas preocupaciones y crear soluciones de larga escala. Para esto, existen ya planes y propuestas desde el sector privado que se han encaminado en esa dirección y tan solo es necesario continuar discutiendo, fiscalizando y proponiendo la inversión pública proba y honesta. Fundesa ha trabajado y consolidado muchas de estas propuestas con el Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad. Este documento es uno de muchos estudios elaborados por la Fundación con el objetivo de incrementar “la inversión en infraestructura de forma estratégica por el impacto que esta tiene en la calidad de vida de las personas, en el medio ambiente y en el crecimiento económico.” Junto a este plan, la Fundación y otras organizaciones han aspirado a construir planes de largo plazo y de gran envergadura que requieren un enfoque proactivo. La inversión resiliente usualmente requiere una inversión alta en costos pero provee de grandes beneficios en el largo plazo, evitando desastres y asegurando la calidad de vida de futuras generaciones.

Retos que deben enfrentar las ciudades resilientes

En Guatemala, la inversión estatal ha sido muy mal vista por la mala gestión que se ha hecho de los recursos y por los resultados de baja calidad que se han obtenido. Sin embargo, la construcción estatal y privada tienen la capacidad de contar con la misma calidad y resiliencia y se realizan en los países del norte global con una amplia participación de distintos actores políticos. El ODS9 busca fomentar esto y conseguir que sean más los actores y municipalidades que se unan y colaboren unos con otros. De esta manera, los costos iniciales más altos no deberían conducir al rechazo sistemático de las mejoras que promueven la resiliencia sino en fomentar la reducción y prevención de riesgos. Además, según evaluó Fundesa, el país tiene dos retos muy importantes aún para solventar en temas de infraestructura resiliente. Al respecto indican,

El primero es un rezago considerable en su stock de infraestructura al compararlo con otros países de la región y el mundo; y el segundo es que a la fecha Guatemala no ha podido suplir y atender de manera adecuada la demanda de los distintos tipos de servicios de infraestructura, esto se agrava al considerar que el fenómeno de urbanización supone la necesidad de una serie de intervenciones estratégicas en materia de gestión de la ciudad, implicando un incremento en la demanda de los servicios de infraestructura.
Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad. FUNDESA. 2019. p. 28

Agenda 2030: ODS8

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS, por sus siglas) busca promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Este objetivo de la Agenda 2030 es uno de los objetivos más importantes y a la vez más controversiales y con distinta facetas en los países del sur global. Por un lado, el ODS8 busca fomentar un crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible. ¿Qué significa esto? un sistema económico que cumpla con estas condiciones será uno que fomente el desarrollo económico de sus ciudadanos de forma sostenible protegiendo los derechos individuales y la libertad económica a la vez que fomenta la inclusión de todas las personas en la economía. En Guatemala, la inclusión económica es muy desigual y responde prácticas históricas de discriminación, racismo y machismo que al día de hoy han causado que las mujeres indígenas de las áreas rurales de Guatemala estén en condiciones de inmensa desigualdad y falta de inclusión económica versus un hombre mestizo o blanco de las áreas urbanas. Según un estudio auspiciado por la cooperación internacional, en Guatemala actualmente el el mercado laboral discrimina y precariza la situación de las mujeres, principalmente de las indígenas mayas y rurales. El estudio continúa explicando que,

“Quienes pertenecen a este segmento de la población son quienes en menor medida forman parte de la población económicamente activa (PEA), con el 36.2%, pero presentan mayores porcentajes entre la población inactiva del país, con el 63.8%. Además, las que se encuentran ocupadas lo hacen mayoritariamente en los sectores informales del mercado (81.1%) y son quienes menores salarios perciben por su trabajo. Si bien las mujeres mayas trabajan menos horas que el promedio (39.2 horas a la semana en 2019), las horas a la semana en trabajo no remunerado son 32.8 (2018). Con esta información se evidencia que el trabajo doméstico es relegado casi en un tercio a las mujeres de cualquier pueblo. En materia de acceso a financiamiento, pese a que no se encontró la información por pueblo, también e muestran brechas entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas. Lo mismo sucede con el acceso a la tierra, variable en la que los datos no se encuentran actualizados desde 2008, de manera que se dificulta indagar sobre las condiciones de acceso a la tierra de las mujeres indígenas.”
Mujeres de Guatemala. Un análisis de sus condiciones económicas y sociales. ICEFI.

Ante estas condiciones de la mujer en Guatemala, este pilar de inclusión económica es uno de los retos más importantes que el país tiene para poder mejorar sus indicadores y metas de la Agenda 2030. Las oportunidades económicas, de dinamismo territorial y de superación de la pobreza presuponen poner a la mujer al centro del desarrollo y la creación de planes de acción gubernamentales. De esta manera, crear las condiciones de igualdad en el mercado para las mujeres es quizás la oportunidad comercial y de desarrollo más importante del país ya que nos permitirá aprovechar las capacidades y el talento humano de la mitad de la población del país que históricamente ha sido limitada y reducida.

A este objetivo de inclusión se suma el objetivo de que los países alcancen un “trabajo pleno y decente” y estas definiciones buscan promover que en Guatemala se reduzca el desempleo, se mejoren las condiciones laborales y se cumpla lo exigido por el Código de Trabajo. También y muy importante, este objetivo busca que se elimine el trabajo infantil que se continúa practicando en la industria agrícola principalmente.

Mejorar la cobertura y la calidad de la educación es uno de los principales desafíos que enfrenta el país como mecanismo de combate a la pobreza, la desigualdad y el trabajo infantil.

Ante lo anterior, los gobiernos deben enfocarse en:

Reducir la pobreza y desigualdad laboral.
Ofrecer un acceso a una educación de calidad y pertinente.
Dar empleo de calidad a los adultos responsables de los niños y de la niñas.
Acabar con las normas sociales que legitiman el trabajo infantil.

Agenda 2030: ODS7

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS, por sus siglas) es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En aquellos países donde la mayoría de la población cuenta con acceso a energía asegura y sostenible es donde también la mayoría de la población vive con mejores niveles de vida. Ante la creciente demanda y reducción de la oferta de fuentes de energía no renovables, los esfuerzos globales se han enfocado en fomentar que los gobiernos cuenten con las condiciones adecuadas para promover el uso de energías renovables y el ahorro energético que permita proveer de energía para toda la población.

Muchos expertos indican que nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles es insostenible y que el crecimiento de la población requirirá de encontrar fuentes energéticas renovables para reducir el consumo de energías no renovables. El uso sostenible de las energías no renovables implica desde una perspectiva de economía circular utilizar la menor cantidad de recursos posibles, reutilizar la energía siempre que sea posible y asegurar que haya formas de evitar los desperdicios energéticos. Par conseguir lo anterior, la implementación de nuevas soluciones energéticas lo más rápido posible es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para contribuir a contrarrestar el cambio climático. Igual de importante es el cambio a combustibles modernos para cocinar en los hogares de Guatemala para reducir la contaminación del aire interno de los hogares y mejorar la salud de quienes habitan en esas casas.

En Guatemala, el uso de la leña en el interior de los hogares de escasos recursos es una práctica común y el respirar este humo es muy dañino para la salud de quienes lo respiran. Al respecto, la participación del gobierno y grupos benéficos para facilitar la transición a estufas con gas o de energía eléctrica será una importante contribución a la mejora de las condiciones de la población en general y promoverá el alcance del ODS7. Estas mejoras en la salud mejorarán las condiciones sanitarias de la población y permitirán que, con combustibles para cocinar más limpios, se benefice a toda la población. El problema de que no se logre una combustión completa en las estufas de leña es que lo que queda contamina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leña que no arde debidamente se convierte en dióxido de carbono y esto origina sustancias altamente tóxicas, principalmente monóxido de carbono (CO), pero también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos, entre otras. En sitios cerrados, con poca o nula ventilación, estos componentes tóxicos se mantienen en el aire, aumentando así la posibilidad de que las personas los respiren durante más tiempo. “Ese monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, así que ni siquiera sabemos que está ahí. Cuando entra a nuestro cuerpo desplaza al oxígeno, por lo que si llega a concentrarse una alta cantidad puede incluso causar la muerte.

Mientras que según el PNUD el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, en Guatemala este porcentaje es menor y al 2021 el 89.26% de la población tenía acceso a la electricidad siendo solamente Alta Verapaz el único departamento con un 50.89% de cobertura electrica que ha resultado de un complicado proceso en el cual la política local, la sinuosidad del territorio geográfico y la historia del departamento se han confabulado para ralentizar la construcción de las vías eléctricas requeridas y las negociaciones entre los líderes locales y las empresas hidroeléctricas que operan en la zona. Ante esta compleja situación, la instalación de fuentes renovables de energía eléctrica podrían contribuir a que el 11% de la población del país sin electrificación pueda contar con este recurso.

Gráfica 1. Balance Energético 2021. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Guatemala

El uso de energías renovables provistas por las fuentes hidroeléctricas, biomasa, solar, eólica y geotérmica se ha mantenido en aumento en Guatemala y, aunque sigue siendo el renglón más importante dentro de la matriz energética nacional, requiere de más inversiones para atender el mercado eléctrico nacional y las exportaciones que se realizan a Centroamérica. El uso de energías renovables para poblaciones lejanas o con problemas políticos en los departamentos de Alta Verapaz, Petén y Baja Verapaz permitirá acelerar el acceso a energía eléctrica y alcanzar la meta del ODS7 de la Agenda 2030.

De acuerdo con la información del SICA en 2017, “un hogar que consume entre 100 a 150 kilovatios al mes requeriría entre tres a cuatro paneles solares para poder generar esa energía, por lo que la inversión necesaria sería de entre US$384 y US$512 (entre Q2 mil 815 y Q3 mil 753, según el cambio actual), más gastos de instalación.” Para ofrecer soluciones como la anterior, en las poblaciones con los niveles más bajos de electrificación (ver departamentos en columnas rojas de la gráfica 1) se requerirá de una participación de programas estatales que fomenten esta inversión en beneficios de las poblaciones más pobres y vulnerables. Conseguir este proyecto social resultará en beneficios para toda la sociedad guatemalteca asegurando el acceso a servicios para limpieza y desinfección de alimentos y agua como uno de los principales beneficios de contar con energía eléctrica.