El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS, por sus siglas) tiene como meta Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este ODS se enfoca en la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho de todos los países y la colaboración internacional para contribuir al desarrollo técnico, educativo y social de sociedades más democráticas, de fomento de la separación de poderes y el respeto de los sistemas legales vigentes en cada país.
Hoy 09 de octubre de 2023, en medio de la débil y grave situación institucional en la que se encuentra Guatemala, luego del asedio del Gobierno Ejecutivo y el Ministerio Público al sistema electoral del país, el ODS 16 se perfila como uno de los más importantes y relevantes.
La Agenda 2030 tiene como objetivo acelerar el proceso de promoción de sociedades más democráticas y respetuosas de todas las personas en los países del sur global. Históricamente, en estos países se han evidenciado los peores casos de discriminación racial, económica y de género que han resultado de estructuras políticas dominadas por elites militares clientelares desde que arrancó el proceso de descolonización. El ODS16 tiene un rol muy importante en el fortalecimiento de las instituciones del Estado en África y América Latina donde se busca romper con las estructuras clientelares y evitar que el Estado de Derecho y la aplicación de la ley continúen sirviendo como herramienta para la protección de privilegios pecuniarios. La paz social, la certeza jurídica y la protección de la propiedad privada y estatal son condiciones básicas para el desarrollo económico de estas regiones.
Protesta ciudadana frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de los empleados públicos Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cynthia Monterroso y Fredy Orellana (poderes Ejecutivo y Judicial) quienes buscan detener el proceso de transición democrática de las Elecciones Generales realizadas en junio y agosto de 2023.
El ODS16 tiene como objetivo central evitar los conflictos mediante la identificación de las causas estructurales de conflictividad social. La corrupción, los privilegios, la impunidad y los abusos de poder son algunas de estas causas primarias de conflictos que pueden ser evitados con la creación de vínculos entre gremios empresariales, líderes sociales y religiosos, actorse de la comunidad internacional y de los poderes del Estado para crear acuerdos multilaterales que permitan fortalecer instituciones republicanas.
El ODS16 es vital para combatir eventos como los que ocurren actualmente en Guatemala. Si ODS estuviera implementado efectivamente, el país habría encontrado una solución eficaz que evitara el conflicto social de forma temprana, se habría detenido el avance de violaciones de la separación de poderes y se habrían reducido las pérdidas económicas con la participación de los líderes económicos, sociales y políticos mediante mesas de diálogo y asambleas que garantizarían la voz y acceso igualitario de los participantes para resolver las disputas vigentes.
Participación legal inclusiva en la cosa pública es aquella justicia ciega que no discrimina a los ciudadanos por ninguna razón.
La efectiva implementación del ODS16 permitiría a los países evitar conflicto sociales, manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras que resultan como una forma efectiva de protesta mediante la “escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública” como determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019. Al respecto, la CIDH continúa indicando que
“… los Estados no pueden limitar la protesta social en base a los prejuicios e intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. No se debe perder de vista que según los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, la libertad de expresión y de asociación son derechos de “toda persona” y que las restricciones al derecho a la protesta “no deben ‘perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia.”
CIDH. (2019). Protesta y derechos humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
La evidencia es contundente cuando se correlaciona el incremento de la violencia y la alta desigualdad especialmente con la abundante investigación multidisciplinaria y los estudios realizados en las zonas más pobres del planeta. Algunos son los nombres de importantes académicos que han estudiado estos temas y es valioso mencionar los trabajos de Charles Tilly, quien fue uno de los primeros sociólogos en proponer que la desigualdad económica conduce a la violencia en su libro “The Politics of Collective Violence“. Junto a él, otros autores de diversas disciplinas han analizado tan complejos temas desde sus arenas de investigación. Desde el campo de la psiquiatría, James Gilligan estudio cómo la desigualdad social es un factor importante en el aumento de la violencia en las prisiones debido a que crea un ambiente de frustración y desesperación que puede conducir a la agresión. Para grupos sociales más amplios, los politólogos Joshua Goldstein y David Green elaboraron importantes estudios sobre estos temas explicando cómo la desigualdad económica es un factor importante en el estallido de las guerras civiles y en la creación de descontentos sociales que pueden conducir a la violencia. Para los estudios del sur global también se han realizado múltiples investigaciones y el informe “Atrapados: Alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrece una perspectiva actualizada de cómo al 2021 la región se encontraba atrapada entre la creciente desigualdad económica y el lento crecimiento económico de las economías. Partiendo de esta perspectiva de largo plazo, se evidencia que desde 1995 a la fecha tanto la tasa de homicidios como la desigualdad de ingresos han disminuido en América Latina. Sin embargo, las tasas de homicidio en América Latina continúan siendo significativamente superiores a los promedios mundiales que se ha mantenido influenciados por el crimen organizado, el narcotráfico y las maras que mantienen aún muy altos los niveles de la criminalidad en América Latina.
Como resultado de este crecimiento lento versus el resto de las economías del mundo, la violencia en la región de América Latina y el Caribe ha crecido y limitado la capacidad de progreso en los índices de desarrollo humano y económico. Ante esta situación, se suman las dificultades económicas generadas por COVID-19 que resultaron en un atraso del crecimiento de la región y en un encarecimiento generalizado de los costos de vida de los latinoamericanos. Antes de la pandemia la desigualdad económica en la región latinoamericana mostraba que el 45% de la riqueza se encontraba concentrada en el 10% más rico de la población. Este porcentaje se incrementó con la pandemia y la pérdida de empleos para millones de latinoamericanos que durante 2021 alcanzó casi un 24% afectando principalmente a los jóvenes entre 15 y 24 años. Como resultado, el desempleo y el crecimiento de la desigualdad económica repercutieron en todos los aspectos de la vida de los latinoamericanos, desde el acceso a la educación y la salud hasta las oportunidades de empleo y la participación política.
La historia de lento crecimiento económico en las últimas décadas ha sido en América Latina alrededor de un 2% anual según informa el PNUD y como resultado, se ha limitado la generación de empleos, la creación de nuevos negocios y se ha reducido la productividad de las industrias regionales. Lo anterior ha conllevado a que el crecimiento empresarial se mantenga muy reducido al control empresarial de un grupo y se reduzca el acceso al crédito para emprendimientos de escala nuevos. Asimismo, los Estados han fallado en extender el control del estado de bienestar mediante proyectos de fortalecimiento emprendedor, transferencias de crédito y fomento del empleo y sistemas de seguridad social y de educación para tecnificación de la mano de obra. El débil estado de los países latinoamericanos y el bajo gasto e inversión estatal ha resultado en pocos empleos, poca educación y malas condiciones sanitarias que redundan en incrementos del crimen en los grupos menos favorecidos de la población.
La desigualdad es un factor muy importante de la violencia, pero no es la única causa. Existen factores multidimensionales como la pobreza, la discriminación racial y la carencia de oportunidades para grupos vulnerables que también contribuyen a acentuar este problema y otros que aquejan al sur global. En el futuro, los gobiernos de la región deberán de afrontar las causas del crimen de forma integral buscando soluciones no solo a la discriminación económica, social y política sino mediante la implementación de políticas de bienestar que fomenten la creación de oportunidades, la igualdad y protección de grupos históricamente discriminados, la prevención de violencia y fortalecimiento de la justicia en alianza con el empresariado privado y las organizaciones de la sociedad civil.
La movilización social y el poder de agentes políticos de movilizar a grupos de personas en la búsqueda de objetivos comunes ha sido uno de los temas más estudiados y discutidos en los últimos siglos. Este tema que lleva tanto tiempo siendo discutido pareciera ser cada día menos entendido y, entender las causas y motivos detrás de la movilización social, ha sido algunas de las principales preocupaciones de quienes ocupan el poder y, también, uno de los principales intereses de quienes algún día quisieran ostentarlo.
Viñeta política de 1884, que representa a los ricos plutócratas en un banquete mientras una familia humilde pide limosna.
En los gobiernos democráticos desarrollados en Occidente durante los últimos dos siglos, la movilización de las masas ha sido uno de los principales vehículos de legitimación de la caída o ascenso de regímenes y aún hoy en día, los analistas que realizan aproximaciones al estudio de estos momentos históricos suelen quedarse cortos en el análisis y correlación de variables que tan complejos fenómenos representan.
La revisión histórica de los aportes que, desde distintas ramas académicas, se han presentado para comprender las raíces de los movimientos sociales del siglo XX y cómo surgieron sus raíces en un territorio limitado a Europa Occidental y Estados Unidos en el s. XVIII y XIX es un punto de inicio para entender la evolución de las posturas políticas e ideológicas que hoy en día se discuten en nuestros países y que nos permitirán comprender las dinámicas de poder en el siglo XXI y las fuentes subyacentes del conflicto en las sociedades occidentales.
Conflicto en Perú. 2018.
Para aproximarnos a la teoría de los conflictos, es fundamental partir comprendiendo que el conflicto es parte intrínseca de cualquier organización social y este es un vehículo de cambios y transformaciones sociales en constante evolución. Algunos de los autores que más han contribuido a este estudio son autores muy importantes como Karl Marx, Max Weber, R.K. Merton, Mancur Olson, Charles Tilly, Georg Simmel y W.E.B. Du Bois, entre otros. Y leerlos a todos y comprenderlos es una tarea maratónica que los académicos tenemos frente a nosotros día con día conforme más y más conflictos se desarrollan en todos nuestros países.
Partiendo de las aproximaciones han realizado muchos autores sobre el conflicto quisiera arrancar con los aportes ofrecidos por Karl Marx en el s. XIX y cómo sentó las bases de la Teoría del Conflicto analizando la manera en que nacía la lucha de clases, la movilización organizada y el apoderamiento de los factores económicos en la configuración de la sociedad que se estudiaría. En base a estos conceptos, cada estudio de una sociedad en conflicto según Marx permitiría analizar cómo las sociedades se caracterizan por conflictos de clase inherentes entre la burguesía dominante (la clase capitalista) y el proletariado (la clase trabajadora).
Ante estas crisis inherentes, Marx explicaba que los conflictos surgen en cualquier sociedad (independientemente de su cultura) debido a la distribución desigual de la riqueza y de los recursos y que, como gasolina, eran el combustible que impulsaba los cambios sociales y el conflicto. Según Marx, las revoluciones son una consecuencia natural de estos conflictos, que conducen al derrocamiento de la clase dominante y al establecimiento de una sociedad más equitativa.
Construyendo en las ideas de Marx, Max Weber amplió sus aportes al enfatizar la importancia del poder, de quién ejerce la autoridad y de cómo se conforma la burocracia para comprender los conflictos dentro de la sociedad. Weber observó que en las sociedades existen múltiples fuentes de conflicto, incluidas las disparidades económicas y además incluyó el rol social que factores como la religión, la política y la cultura ofrecen para contribuir a las tensiones sociales de los países. Según explicó Weber, los movimientos sociales surgían cuando los individuos o grupos se sienten marginados u oprimidos y se movilizan para desafiar las estructuras de poder existentes.
En base a estos dos grandes autores estudios siguieron importantes aportes que aún hoy en día nos permitirían profundizar en el análisis que distintos actores tienen en el desarrollo de los conflictos. Otros aportes fundamentales para entender el conflicto son los de académicos como el sociólogo Georg Simmel que contribuyó a la Teoría del Conflicto centrándose en el papel de las interacciones individuales en la configuración del conflicto y explicó cómo los conflictos surgen de las relaciones personales, las interacciones sociales y las dinámicas de grupo que podrían llegar a ser conflictos constructivos inclusive para el mejoramiento de una sociedad. Autores como Mancur Olson y Charles Tilly con sus teorías de elección racional y de la movilización de recursos y de oportunidades políticas son otros autores clave que nos permiten comprender cómo y por qué la gente se suma a los movimientos y qué buscan estas personas obtener a cambio de su participación.
Modelo de la mobilización revolucionaria según Charles Tilly
Estas acciones y decisiones (individuales y luego colectivas) suelen ser el resultado de análisis económicos racionales que hacen los individuos de forma aislada y que, sumados, consolidan objetivos que las elites dirigentes de los movimientos de protesta utilizan para capitalizarlos y convertirlos en demandas comunes con discursos que utilizan slogans atractivos como “lucha contra la corrupción”, “batalla contra la influencia extranjera”, “redistribución de recursos” y “justicia social”. Slogans anteriores que, a pesar de ser demandas racionales y necesarias, se convierten en la suma de lo que Olson llamaría incentivos selectivos que crean “toda una serie de compensaciones y, en su caso, coacciones, a los miembros del grupo para garantizar la cohesión.” y que, consolidados permiten crear las agencias detrás de los grandes movimientos en forma de nuevos partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, entre otras que exigen metas colectivas con beneficios particulares.
Representación de W. E. B. Du Bois en la obra de teatro “Un hombre para todos los tiempos”
Al respecto, un ejemplo muy valioso para comprender las dinámicas existentes entre los movimientos sociales es comprender las dinámicas existentes entre la clase, el poder y la raza de los participantes. En el panafricanista W. E. B. Du Bois he encontrado importantísimos aportes para entender las dinámicas que vivimos en Hispanoamérica, en las obras de este sociólogo se estudian con detalle las relaciones de Clase-Raza-Poder y priorizó el rol que la desigualdad económica y social de un grupo racial, junto a su consecuente discriminación política y económica contribuyen a impulsar los conflictos y movimientos sociales que reclaman igualdad y derechos civiles. De sus estudios y aportes para consolidar la independencia de varios países africanos nos aportó muchísimas lecciones que deberíamos utilizar como herramientas para comprender el ritmo que vivimos en la sociedad postcolonial de Hispanoamérica donde la discriminación racial continúa siendo una norma en países como Bolivia, Guatemala y Perú. Entender estas relaciones y profundizar en los contextos históricos que cada movimiento social ha tenido, nos permitirá desde las áreas académicas donde ejercemos comprender un poco más de las Revoluciones y de los reclamos detrás de los movimientos sociales. Al analizar las dinámicas de poder, las disparidades económicas y las injusticias sociales en una sociedad podremos comprender las causas profundas del malestar social y empatizar con aquellas demandas desde las cuales podemos contribuir a resolver.
Los movimientos sociales que parecieran incrementarse en nuestros países son el resultado de lo que el importantísimo historiador y sociólogo Charles Tilly denominó “las oportunidades políticas” refiriéndose a ellas como “el surgimiento de un movimiento se encuentra condicionado por los signos de debilidad que muestren las autoridades o élites dirigentes, ya sea por existir divisiones internas o porque se les presuponga una actitud favorable a los objetivos del grupo movilizado.” y así, en la debilidad de un liderazgo que falla en la creación de los mecanismos de control sobre las masas a través de ventajas económicas, políticas o sociales es que surgen movimientos de intereses particulares exigiendo un espacio en la escena política como los movimientos de derechos civiles, los movimientos feministas y los movimientos LGTBIQ+, los cuales podrían examinarse a través de la lente de la teoría del conflicto para identificar los grupos involucrados, sus motivaciones y la resistencia que enfrentan por parte de las estructuras de poder existentes para construir consensos y establecer mecanismos de diálogo.
Obra de David Alfaro Siqueiros “Del Porfirismo a la Revolución”
Las revoluciones han sido el inicio de momentos de grandes cambios sociales y la teoría del conflicto es particularmente útil para comprender cómo se han desarrollado las dinámicas entre diferentes grupos de la sociedad que exigen un alto a la explotación física y económica, vejámenes políticos y opresión de derechos individuales, racismo y discriminación cultural, entre otras causas. Evitar sacar conclusiones a la ligera de estas complejas dinámicas es una herramienta para explorar los puntos de inflexión y cómo la suma de las ofensas se convierte en potentes catalizadores para la movilización masiva y la acción colectiva para dar lugar a nuevas formas de relaciones, de futuros conflictos, de paz y estabilidad y de nuevas formas de luchas por el poder.
Hablar de políticas de protección social en Iberoamérica invita inmediatamente al lector a tomar una postura paternalista o liberal respecto a quién debe cubrir qué, por qué y para quién. Partiendo de estas tesis y antítesis, las discusiones sobre los resultados de las políticas de protección social son siempre criticadas de forma aislada. Por ejemplo, en Guatemala no se suele escuchar discusiones sobre los impactos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por impuestos a empleados y empleadores formales, está teniendo en la calidad de vida del resto de personas que son excluidas de participar en este beneficio. Hablar de universalidad en los servicios de seguridad social en el país rápidamente se convierte en una discusión sobre si tienes una filosofía paternalista extractivista o una filosofía liberal individualista. Encontrar puntos medios es difícil o imposible y casi siempre termina la gente peleando. Leer el Informe de desarrollo humano 2021 – Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina me llevo a meditar sobre la eficacia de las políticas de protección social y los análisis comparativos que contrastan distintos experimentos regulatorios e institucionales en Iberoamérica con el objetivo de presentar propuestas de futuras públicas con mayores posibilidades de reducir las desigualdades en y entre los países de la región y acelerar el crecimiento.
El informe demuestra la existencia de una correlación entre la protección social universal como un mecanismo para acelerar el crecimiento de la productividad de los países al igualar las condiciones de acceso a servicios para la población que trabaja tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Y que, además, permite a los empleados contar con un sistema de servicios más eficiente y que le permite en el largo plazo asegurar su crecimiento dado que sus necesidades básicas de protección social estarán cubiertas por un sistema universal. Esta universalidad de la protección social deberá tener como objetivo proteger, según explica el informe, a: “i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta por el mismo programa; ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y iii) beneficios en especie de la misma calidad para todos.” En estas condiciones de cobertura universal, los países iberoamericanos tendrán herramientas potentes para que desde el gobierno se fortalezca el capital humano y se mejore la productividad a la vez que se genera resiliencia social, económica y ambiental ante futuras amenazas sociales.
En el capítulo sobre la protección social, el informe de desarrollo humano 2021 compara la gran diversidad de políticas de seguridad social que se han implementado por motivos históricos, políticos y económicos que han respondido a la visión de las sociedades y el rol del gobierno en la intervención de la vida de sus ciudadanos. Así, el informe no pretende comparar a los países, pero sí demostrar cómo unos sistemas han sido más veloces y eficientes que otros para alcanzar sus metas y quedarse cortos en alcanzar los objetivos utópicos por los que fueron creados dado que ninguno de los sistemas ha logrado asegurar un ciento por ciento de la protección social de sus ciudadanos. Lo anterior que tampoco ha sido logrado incluso en los países más desarrollados y que, en aquellos países donde existe cobertura “universal”, todavía se observa un sistema discriminatorio y desigual con respecto a los inmigrantes indocumentados, refugiados políticos, entre otros grupos poblacionales. Las iniciativas vinculadas al universalismo constituyen otra forma de aproximarse a la idea de protección social que fundamentalmente responde al concepto mismo que pretende integrar unas medidas sociales orientadas a construir sociedades más justas, inclusivas y que garanticen niveles mínimos de vida para todos.
En Guatemala y el resto de Iberoamérica esta perspectiva de creación de niveles de protección no se ha basado en un sistema de prestaciones y transferencias universales que buscan crear un sistema de acceso y consumo adecuados de alimentos, salud, educación y otros cuidados para toda la población, sino que se han creado sistemas de seguridad social contributiva (SSC) y sistemas de seguridad social no contributiva (SSNC) que se han alejado de los principios de beneficio para todos. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2021, detalla cómo en distintos países de Iberoamérica desde los años 30s y 40s se buscó primero crear un sistema de combinación de programas de seguridad social enfocado en proteger y beneficiar a los trabajadores de empresas formales y ofrecer regulaciones de protección de los salarios mínimos, acceso a la salud y la estabilidad laboral. Lo anterior, afectando al resto de la población que no participaba de la economía laboralmente activa y la dejaba a la deriva.
Este sistema popularizado en la región durante el resto del siglo XX resultó en la creación de un sistema social de dependencia de la población obligada a ser trabajadora en relación de dependencia en sistemas escalonados de beneficios por los salarios que recibían. Asimismo, esta dependencia del sistema se fortaleció con el control monetario que las empresas continúan manteniendo en los sistemas de seguridad social en los cuales son las empresas las que financian los sistemas sociales en proporción a los sueldos que pagan a sus empleados. Particularmente relevante es el caso de Guatemala donde la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta votos muy poderosos para representantes de las asociaciones o sindicatos patronales. Votos que han utilizado desde los últimos lustros para promover una reforma aún más limitada y concreta respecto a los servicios sociales que se prestan mediante la facilitación para que las empresas privadas puedan elegir el acceso a otros servicios sociales privatizados. Tales servicios según proponen, son seguros opcionales facultativos y pensiones complementarias que serían contratados con empresas privadas, acceso complementario al IGSS de empleados contratados por tiempo parcial y modificaciones al modelo de gobernanza que obliguen al Estado a cumplir con el pago de las prestaciones que adeuda a la entidad. Así, las propuestas en Guatemala de prestación de servicio social continúan alejándose de la universalidad del acceso a los servicios de protección social en salud y, en su lugar, promueven sistemas más limitados de acceso y escalonados que según los estudios comentados por el Informe de Desarrollo Humano tienen un efecto contrariamente negativo en la promoción de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en los países.
Al respecto, esfuerzos internacionales para universalizar el acceso a la protección social continúan avanzando. En la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) del 20 de septiembre de 2022, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Este informe presentó las recomendaciones relacionadas con el proyecto de creación de una Convención o Tratado que sería jurídicamente vinculante para asegurar el Derecho al Desarrollo de los países miembros de la ONU. Actualmente, la meta es que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023 que se realizó la semana pasada empezó a trabajar en avanzar las propuestas de este tratado internacional y buscar la creación de consensos al respecto.
La situación actual en Iberoamérica requiere de la protección del derecho al desarrollo y el acceso universal a los medios de protección social a nivel interno. Pero también, a nivel externo en el concierto de naciones que deben fomentar el desarrollo y la cooperación entre las naciones para reducir las brechas de protección social que existen hoy en día en el norte global. Esto permitirá reducir las desigualdades estructurales del sistema internacional que actualmente son preservadas por el orden hegemónico neoliberal que ha reducido los controles institucionales para ofrecer acceso a servicios sociales y aumentado las desigualdades en y entre los países ya que los países que controlan los capitales financieros y los activos físicos globales construyeron sus riquezas en gran medida gracias a los mercados no regulados del siglo XX que les han permitido el poder político y se benefician ampliamente de la desprotección de los empleados formales e informales. Tal reciprocidad —entre el aumento de la riqueza de unos pocos correspondiente al empobrecimiento de tantos— refleja el núcleo del actual modelo de desarrollo explotador en el mundo que continúa excluyendo a una amplia variedad de trabajadores, desempleados, jubilados y niños y niñas que solamente a través de la universalidad de la protección social podrán abrir un nuevo camino para salir del círculo vicioso de la baja o inexistente calidad de servicios sociales e incrementar la voluntad de empresarios y trabajadores por contribuir al pago de impuestos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) conmemorará el 25 de febrero su 75º aniversario. Durante estos años de trabajo, la CEPAL ha sido una de las organizaciones más importantes en la promoción del desarrollo social, político y económico en América Latina. A lo largo del siglo XX, la organización ofreció a los gobiernos y ciudadanos propuestas de políticas públicas enfocadas en la reducción de pobreza a través de la industrialización y atracción de inversiones. Para lograr estos objetivos, se crearon estadísticas e indicadores que permitían a los tecnócratas identificar oportunidades de integración a la economía mundial mediante la diversificación e innovación industrial.
Las teorías estructuralistas y neo estructuralistas que dictaron muchas de las recomendaciones de la CEPAL para América Latina permitieron a los países implementar políticas adaptadas a las necesidades locales en un entorno globalizado y competitivo. La CEPAL mostró su preocupación debido a que las teorías neoliberales tradicionales de ventajas competitivas fallaban en el caso latinoamericano y propuso soluciones para romper el ciclo en el que la región continuaba proveyendo al norte global de materias primas de bajo valor e importaba, con mayor velocidad y cantidad, productos terminados que cada vez más inclinaban la balanza de pagos hacia el empobrecimiento de la región. Las recomendaciones de CEPAL permitieron que Latinoamérica implementaran políticas de búsqueda de atracción de inversiones, incremento del ahorro, inversión en programas de industrialización y creación de obras de infraestructura como estímulo a la economía.
América Latina en la segunda mitad del siglo XX se encontraba en condiciones muy desfavorables con el centro económico del norte global. A pesar de la recuperación veloz de la economía global después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de las economías latinoamericanas fue lento y rezagado con respecto al resto del mundo. La región que no había sido impactada directamente por las guerras, se encontraba en un proceso de fortalecimiento del poder de las elites económicas en alianza con la clase política y los países de la región continuaban presentando una gran desigualdad económica y social en su población. Sumado a esto, en los años 70s se empezó a observar en el mundo los efectos de los desequilibrios económicos cíclicos, el incremento del endeudamiento y la inflación estructural que se derramó velozmente en todo el continente. Latinoamérica, que respondió a estas presiones con la implementación de políticas de sustitución de importaciones y la creación de organismos de integración regional, no fue capaz de aplicar políticas macroeconómicas que hasta en la década de 1990 permitirían realizar políticas macroeconómicas de estabilidad del crecimiento económico y el alcance del pleno empleo. Como resultado, no se logró evitar los impactos en el ámbito fiscal de los países que sobrecalentaban la economía e impedían la formación de reservas para enfrentar las caídas cíclicas. Razón por la cual muchos países de América Latina sufrieron un veloz incremento de inflaciones y devaluación de la moneda durante la última parte del siglo XX.
Debido al contexto global de atraso y lento crecimiento en que se encontraba Latinoamérica aún 50 después de trabajo en conjunto de la CEPAL con los gobiernos y las elites de los países de la región, los métodos de la organización para promover mejoras del bienestar social y económico los llevaron a implementar un neoestructuralismo que se caracterizó por la búsqueda de la inserción internacional mediante el fomento de industrias tecnológicas que permitieran a la región tener una participación más activa del comercio globalizado sin que se dejara de prestar atención al fortalecimiento de un Estado más fuerte y activo en la solución de problemas de los grupos más pobres y promover el desarrollo.
Durante 75 años, la CEPAL y sus teorías estructuralistas y neoestructuralistas han sido ampliamente criticadas por su enfoque en resolver problemas del desarrollo desde el Estado y también por su enfoque en asuntos netamente económicos que descuidaron los temas sociales y retos ambientales conforme se invertía en la creación de industrias en la región. Lo anterior fue algo muy importante que impactó en la privatización de los recursos naturales del continente con miras de fomentar la industrialización y el creciente desarrollo de áreas urbanas sin políticas públicas que velaran por el cuidado social y cultural de las poblaciones migrantes desde zonas rurales, más pobres y analfabetas.
Como tarea, quedan en la región tres elementos clave que continúan esperando ser resueltos para alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo en el mundo globalizado. Primero, el subdesarrollo de América Latina se caracterizó por una escasa diversidad productiva y se especializó en bienes primarios. Guatemala, por ejemplo, continúa siendo un país exportador de monocultivos y de industrias protegidas en beneficio de pocos manteniendo las brechas entre ricos y pobres sin cambios relevantes. Al 2020, el 36 por ciento de las exportaciones de Guatemala seguían siendo productos agrícolas de la industria primaria y empleaban a un 32 por ciento de la población total en labores poco tecnificadas y con salarios muy bajos. A lo anterior, se suma la alta dependencia de las exportaciones a pocos países compradores ya que más del 65 por ciento es importado por Estados Unidos y Centroamérica bloqueando el acceso competitivo de los productos guatemaltecos a más países. Lo anterior contribuía al segundo reto al desarrollo debido a los monocultivos y heterogeneidad de la oferta productiva con una limitada mano de obra calificada, bajos niveles de productividad por hora hombre y concentración de la propiedad aún en manos de un grupo reducido de la elite económica y política.
Por lo anterior, las brechas sociales y económicas que se observan en América Latina continúan siendo resultado de la falta de homogeneidad de la oferta productiva y de una mejora en conocimientos técnicos y calificados para ingresar a industrias con un mejor retorno de ingresos. Asimismo, el crecimiento de la informalidad en la región, la ausencia de políticas efectivas para formalizar negocios y la asignación insuficiente de recursos financieros para asuntos sociales de los países afectaba un tejido social que sigue siendo poco propenso a la acumulación de capital, el progreso técnico y la inversión.
Los retos pendientes por resolver en América Latina siguen siendo la mejora según las recomendaciones realizadas desde la CEPAL para promover políticas macroeconómicas anticíclicas que permitan a la región enfrentar las épocas de volatilidad de capitales y reducción de la oferta tal y como se ha observado durante el período de recuperación de la economía global ante la pandemia de COVID-19. Además, quedan pendientes tareas para fortalecer la adaptación y resiliencia de América Latina ante los impactos del cambio climático y los cambios venideros con el veloz desarrollo tecnológico que se está viviendo en un mundo casi totalmente globalizado por las tecnologías digitales.
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