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La protección social universal como vehículo al desarrollo de Guatemala e Iberoamérica

Hablar de políticas de protección social en Iberoamérica invita inmediatamente al lector a tomar una postura paternalista o liberal respecto a quién debe cubrir qué, por qué y para quién. Partiendo de estas tesis y antítesis, las discusiones sobre los resultados de las políticas de protección social son siempre criticadas de forma aislada. Por ejemplo, en Guatemala no se suele escuchar discusiones sobre los impactos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por impuestos a empleados y empleadores formales, está teniendo en la calidad de vida del resto de personas que son excluidas de participar en este beneficio. Hablar de universalidad en los servicios de seguridad social en el país rápidamente se convierte en una discusión sobre si tienes una filosofía paternalista extractivista o una filosofía liberal individualista. Encontrar puntos medios es difícil o imposible y casi siempre termina la gente peleando. Leer el Informe de desarrollo humano 2021 – Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina me llevo a meditar sobre la eficacia de las políticas de protección social y los análisis comparativos que contrastan distintos experimentos regulatorios e institucionales en Iberoamérica con el objetivo de presentar propuestas de futuras públicas con mayores posibilidades de reducir las desigualdades en y entre los países de la región y acelerar el crecimiento.

El informe demuestra la existencia de una correlación entre la protección social universal como un mecanismo para acelerar el crecimiento de la productividad de los países al igualar las condiciones de acceso a servicios para la población que trabaja tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Y que, además, permite a los empleados contar con un sistema de servicios más eficiente y que le permite en el largo plazo asegurar su crecimiento dado que sus necesidades básicas de protección social estarán cubiertas por un sistema universal. Esta universalidad de la protección social deberá tener como objetivo proteger, según explica el informe, a: “i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta por el mismo programa; ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y iii) beneficios en especie de la misma calidad para todos.” En estas condiciones de cobertura universal, los países iberoamericanos tendrán herramientas potentes para que desde el gobierno se fortalezca el capital humano y se mejore la productividad a la vez que se genera resiliencia social, económica y ambiental ante futuras amenazas sociales.

En el capítulo sobre la protección social, el informe de desarrollo humano 2021 compara la gran diversidad de políticas de seguridad social que se han implementado por motivos históricos, políticos y económicos que han respondido a la visión de las sociedades y el rol del gobierno en la intervención de la vida de sus ciudadanos. Así, el informe no pretende comparar a los países, pero sí demostrar cómo unos sistemas han sido más veloces y eficientes que otros para alcanzar sus metas y quedarse cortos en alcanzar los objetivos utópicos por los que fueron creados dado que ninguno de los sistemas ha logrado asegurar un ciento por ciento de la protección social de sus ciudadanos. Lo anterior que tampoco ha sido logrado incluso en los países más desarrollados y que, en aquellos países donde existe cobertura “universal”, todavía se observa un sistema discriminatorio y desigual con respecto a los inmigrantes indocumentados, refugiados políticos, entre otros grupos poblacionales. Las iniciativas vinculadas al universalismo constituyen otra forma de aproximarse a la idea de protección social que fundamentalmente responde al concepto mismo que pretende integrar unas medidas sociales orientadas a construir sociedades más justas, inclusivas y que garanticen niveles mínimos de vida para todos.

En Guatemala y el resto de Iberoamérica esta perspectiva de creación de niveles de protección no se ha basado en un sistema de prestaciones y transferencias universales que buscan crear un sistema de acceso y consumo adecuados de alimentos, salud, educación y otros cuidados para toda la población, sino que se han creado sistemas de seguridad social contributiva (SSC) y sistemas de seguridad social no contributiva (SSNC) que se han alejado de los principios de beneficio para todos. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2021, detalla cómo en distintos países de Iberoamérica desde los años 30s y 40s se buscó primero crear un sistema de combinación de programas de seguridad social enfocado en proteger y beneficiar a los trabajadores de empresas formales y ofrecer regulaciones de protección de los salarios mínimos, acceso a la salud y la estabilidad laboral. Lo anterior, afectando al resto de la población que no participaba de la economía laboralmente activa y la dejaba a la deriva.

Este sistema popularizado en la región durante el resto del siglo XX resultó en la creación de un sistema social de dependencia de la población obligada a ser trabajadora en relación de dependencia en sistemas escalonados de beneficios por los salarios que recibían. Asimismo, esta dependencia del sistema se fortaleció con el control monetario que las empresas continúan manteniendo en los sistemas de seguridad social en los cuales son las empresas las que financian los sistemas sociales en proporción a los sueldos que pagan a sus empleados.  Particularmente relevante es el caso de Guatemala donde la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta votos muy poderosos para representantes de las asociaciones o sindicatos patronales. Votos que han utilizado desde los últimos lustros para promover una reforma aún más limitada y concreta respecto a los servicios sociales que se prestan mediante la facilitación para que las empresas privadas puedan elegir el acceso a otros servicios sociales privatizados. Tales servicios según proponen, son seguros opcionales facultativos y pensiones complementarias que serían contratados con empresas privadas, acceso complementario al IGSS de empleados contratados por tiempo parcial y modificaciones al modelo de gobernanza que obliguen al Estado a cumplir con el pago de las prestaciones que adeuda a la entidad. Así, las propuestas en Guatemala de prestación de servicio social continúan alejándose de la universalidad del acceso a los servicios de protección social en salud y, en su lugar, promueven sistemas más limitados de acceso y escalonados que según los estudios comentados por el Informe de Desarrollo Humano tienen un efecto contrariamente negativo en la promoción de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en los países.

Al respecto, esfuerzos internacionales para universalizar el acceso a la protección social continúan avanzando. En la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) del 20 de septiembre de 2022, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Este informe presentó las recomendaciones relacionadas con el proyecto de creación de una Convención o Tratado que sería jurídicamente vinculante para asegurar el Derecho al Desarrollo de los países miembros de la ONU. Actualmente, la meta es que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023 que se realizó la semana pasada empezó a trabajar en avanzar las propuestas de este tratado internacional y buscar la creación de consensos al respecto.

La situación actual en Iberoamérica requiere de la protección del derecho al desarrollo y el acceso universal a los medios de protección social a nivel interno. Pero también, a nivel externo en el concierto de naciones que deben fomentar el desarrollo y la cooperación entre las naciones para reducir las brechas de protección social que existen hoy en día en el norte global. Esto permitirá reducir las desigualdades estructurales del sistema internacional que actualmente son preservadas por el orden hegemónico neoliberal que ha reducido los controles institucionales para ofrecer acceso a servicios sociales y aumentado las desigualdades en y entre los países ya que los países que controlan los capitales financieros y los activos físicos globales construyeron sus riquezas en gran medida gracias a los mercados no regulados del siglo XX que les han permitido el poder político y se benefician ampliamente de la desprotección de los empleados formales e informales. Tal reciprocidad —entre el aumento de la riqueza de unos pocos correspondiente al empobrecimiento de tantos— refleja el núcleo del actual modelo de desarrollo explotador en el mundo que continúa excluyendo a una amplia variedad de trabajadores, desempleados, jubilados y niños y niñas que solamente a través de la universalidad de la protección social podrán abrir un nuevo camino para salir del círculo vicioso de la baja o inexistente calidad de servicios sociales e incrementar la voluntad de empresarios y trabajadores por contribuir al pago de impuestos.

Las tareas pendientes de América Latina después de 75 años de la CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) conmemorará el 25 de febrero su 75º aniversario. Durante estos años de trabajo, la CEPAL ha sido una de las organizaciones más importantes en la promoción del desarrollo social, político y económico en América Latina. A lo largo del siglo XX, la organización ofreció a los gobiernos y ciudadanos propuestas de políticas públicas enfocadas en la reducción de pobreza a través de la industrialización y atracción de inversiones. Para lograr estos objetivos, se crearon estadísticas e indicadores que permitían a los tecnócratas identificar oportunidades de integración a la economía mundial mediante la diversificación e innovación industrial.

Las teorías estructuralistas y neo estructuralistas que dictaron muchas de las recomendaciones de la CEPAL para América Latina permitieron a los países implementar políticas adaptadas a las necesidades locales en un entorno globalizado y competitivo. La CEPAL mostró su preocupación debido a que las teorías neoliberales tradicionales de ventajas competitivas fallaban en el caso latinoamericano y propuso soluciones para romper el ciclo en el que la región continuaba proveyendo al norte global de materias primas de bajo valor e importaba, con mayor velocidad y cantidad, productos terminados que cada vez más inclinaban la balanza de pagos hacia el empobrecimiento de la región. Las recomendaciones de CEPAL permitieron que Latinoamérica implementaran políticas de búsqueda de atracción de inversiones, incremento del ahorro, inversión en programas de industrialización y creación de obras de infraestructura como estímulo a la economía.

América Latina en la segunda mitad del siglo XX se encontraba en condiciones muy desfavorables con el centro económico del norte global. A pesar de la recuperación veloz de la economía global después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de las economías latinoamericanas fue lento y rezagado con respecto al resto del mundo. La región que no había sido impactada directamente por las guerras, se encontraba en un proceso de fortalecimiento del poder de las elites económicas en alianza con la clase política y los países de la región continuaban presentando una gran desigualdad económica y social en su población. Sumado a esto, en los años 70s se empezó a observar en el mundo los efectos de los desequilibrios económicos cíclicos, el incremento del endeudamiento y la inflación estructural que se derramó velozmente en todo el continente. Latinoamérica, que respondió a estas presiones con la implementación de políticas de sustitución de importaciones y la creación de organismos de integración regional, no fue capaz de aplicar políticas macroeconómicas que hasta en la década de 1990 permitirían realizar políticas macroeconómicas de estabilidad del crecimiento económico y el alcance del pleno empleo. Como resultado, no se logró evitar los impactos en el ámbito fiscal de los países que sobrecalentaban la economía e impedían la formación de reservas para enfrentar las caídas cíclicas. Razón por la cual muchos países de América Latina sufrieron un veloz incremento de inflaciones y devaluación de la moneda durante la última parte del siglo XX.

Debido al contexto global de atraso y lento crecimiento en que se encontraba Latinoamérica aún 50 después de trabajo en conjunto de la CEPAL con los gobiernos y las elites de los países de la región, los métodos de la organización para promover mejoras del bienestar social y económico los llevaron a implementar un neoestructuralismo que se caracterizó por la búsqueda de la inserción internacional mediante el fomento de industrias tecnológicas que permitieran a la región tener una participación más activa del comercio globalizado sin que se dejara de prestar atención al fortalecimiento de un Estado más fuerte y activo en la solución de problemas de los grupos más pobres y promover el desarrollo.

Durante 75 años, la CEPAL y sus teorías estructuralistas y neoestructuralistas han sido ampliamente criticadas por su enfoque en resolver problemas del desarrollo desde el Estado y también por su enfoque en asuntos netamente económicos que descuidaron los temas sociales y retos ambientales conforme se invertía en la creación de industrias en la región. Lo anterior fue algo muy importante que impactó en la privatización de los recursos naturales del continente con miras de fomentar la industrialización y el creciente desarrollo de áreas urbanas sin políticas públicas que velaran por el cuidado social y cultural de las poblaciones migrantes desde zonas rurales, más pobres y analfabetas.

Como tarea, quedan en la región tres elementos clave que continúan esperando ser resueltos para alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo en el mundo globalizado. Primero, el subdesarrollo de América Latina se caracterizó por una escasa diversidad productiva y se especializó en bienes primarios. Guatemala, por ejemplo, continúa siendo un país exportador de monocultivos y de industrias protegidas en beneficio de pocos manteniendo las brechas entre ricos y pobres sin cambios relevantes. Al 2020, el 36 por ciento de las exportaciones de Guatemala seguían siendo productos agrícolas de la industria primaria y empleaban a un 32 por ciento de la población total en labores poco tecnificadas y con salarios muy bajos. A lo anterior, se suma la alta dependencia de las exportaciones a pocos países compradores ya que más del 65 por ciento es importado por Estados Unidos y Centroamérica bloqueando el acceso competitivo de los productos guatemaltecos a más países. Lo anterior contribuía al segundo reto al desarrollo debido a los monocultivos y heterogeneidad de la oferta productiva con una limitada mano de obra calificada, bajos niveles de productividad por hora hombre y concentración de la propiedad aún en manos de un grupo reducido de la elite económica y política.

Por lo anterior, las brechas sociales y económicas que se observan en América Latina continúan siendo resultado de la falta de homogeneidad de la oferta productiva y de una mejora en conocimientos técnicos y calificados para ingresar a industrias con un mejor retorno de ingresos. Asimismo, el crecimiento de la informalidad en la región, la ausencia de políticas efectivas para formalizar negocios y la asignación insuficiente de recursos financieros para asuntos sociales de los países afectaba un tejido social que sigue siendo poco propenso a la acumulación de capital, el progreso técnico y la inversión.

Los retos pendientes por resolver en América Latina siguen siendo la mejora según las recomendaciones realizadas desde la CEPAL para promover políticas macroeconómicas anticíclicas que permitan a la región enfrentar las épocas de volatilidad de capitales y reducción de la oferta tal y como se ha observado durante el período de recuperación de la economía global ante la pandemia de COVID-19. Además, quedan pendientes tareas para fortalecer la adaptación y resiliencia de América Latina ante los impactos del cambio climático y los cambios venideros con el veloz desarrollo tecnológico que se está viviendo en un mundo casi totalmente globalizado por las tecnologías digitales.

Una visión estructuralista a los problemas del desarrollo en América Latina

Los motivos por los cuales la periferia latinoamericana no logra alcanzar a la misma velocidad el desarrollo de los países del centro fueron parte de las discusiones que académicos y economistas estructuralistas como Raúl Prebish buscaron entender y estudiar durante muchas décadas hasta bien entrados en el siglo XXI.  Prebish no solo fue un importante economista latinoamericanista. Además, fue uno de los líderes de cambios políticos e institucionales en la región a través de su activa participación en organismos internacionales que buscaban acelerar el desarrollo latinoamericano.

En las obras de Prebish se presentó siempre un pensamiento que confrontó la historia económica y teorías del centro con sus impactos directos en la periferia con un especial énfasis en Latinoamérica. Prebish buscó el aprendizaje de la historia para evitar se cometiesen los mismos errores del proceso de la industrialización cometidos en los países del centro. Al respecto, con elocuente claridad explicó por ejemplo que, “en América Latina están tratando de desarrollar a un lado de la frontera las mismas industrias que en el otro. Ello disminuye la eficiencia productora y conspira contra la consecución del fin social que se persigue.” Sobre la cita anterior, muchos casos de estrategias de políticos oportunistas podríamos que llegaron a las presidencias latinoamericanas. Por mucho tiempo, la clase política y académicos como Prebish, mantuvieron una amplia correspondencia, pero algo impidió la verdadera innovación y reinvención de Latinoamérica. Al respecto, de este y otros ejemplos, mucho podría discutirse respecto a la sociología de las elites latinoamericanas y su arraigado temor por el cambio y la innovación que, finalmente, ha mantenido a los países en el letargo económico en beneficio de pequeños grupos privilegiados en la cúspide social.

Al estudio del rol político y socioeconómico del control por las elites de Latinoamérica se sumaron aspectos que interesaron a Prebish y lo llevaron a realizar análisis de la importancia del balance de pagos de los países latinoamericanos como países netamente importadores de productos terminados y exportadores de productos primarios. En Latinoamérica, existía un fuerte desbalance en la balanza de pagos internacional que, con la llegada de los ciclos económicos, incrementaba la falta de capital circulante, el acelerado encarecimiento de los productos y la resultante crecida inflacionaria que los gobiernos de la región eran incapaces de controlar. Como resultado, el endeudamiento de los países latinoamericanos solamente incrementaba y alargaba la crisis de los ciclos económicos que en Estados Unidos y Europa controlaban de una mejor manera.

Prebish fue un proponente de la industrialización de los países y explicaba que, aunque no era un fin en sí misma, la industrialización era el único medio del que disponían los países latinoamericanos par captar una parte del progreso técnico y elevar progresivamente el nivel de vida de la población. El reto para América Latina radicaba en el poder de cambio e innovación que cada país tuviese y su potencial de atraer inversiones extranjeras que alimentaran el capital ahorrado nacional para el surgimiento de nuevas y diversas industrias. Desafortunadamente según explica Prebish, para implementar procesos de larga duración de industrialización existen muchos retos en América Latina tanto de conocimientos como de su correcta interpretación técnica.

Cada país en la periferia cuenta con potencialidades para industrializar sus procesos técnicos, pero según Prebish observó, ha sido imposible tan siquiera abordar en común los problemas regionales sin que, en el proceso, se logre evitar hacer comparaciones con las publicaciones y teorías de los centros de la economía mundial que impiden comprender las peculiaridades de Latinoamérica. Y peor aún se pretende encontrar soluciones en esas teorías del centro de la economía que no son las más efectivas para la periferia. Prebisch criticó en este tema el pilar del ideal liberal que afirma que “cada país debe especializarse según sus ventajas comparativas.” Y, al respecto, explicó que la implementación de estos ideales de los países del centro solo serviría para condenar a los países en desarrollo a perpetuarse en condiciones de pobreza y atraso. Ya que, al igual que ocurrió en Estados Unidos, su proceso “estadounidense” de industrialización no fue más que una copia del europea.

Importante para Prebish fue recalcar que la industrialización en América Latina también podía surgir y ser liderada por la misma producción primaria como ocurrió en el caso de Europa y Estados Unidos; y que esto permitiría enfocar sus capitales en industrias secundarias y terciarias.  Al respecto, las políticas de mecanización y tecnificación de la agricultura debieron de haber jugado un rol mayor del que se ha observado en las últimas décadas en América Latina. Las razones detrás de este poco y en ocasiones nulo apoyo desde los gobiernos centrales al surgimiento de riqueza técnica e industrialización en el campo agrícola se vio aún más visible en países de América Latina con una alta población indígena dedicada a la agricultura. Al respecto, ha sido una política de estado evitar el surgimiento de nuevas elites económicas cuando estas no dependan de la participación de las elites gobernantes en esos países donde la exclusión de los pueblos indígenas del gobierno se ha mantenido desde el período colonial.

Pero invertir en la industrialización de un país requiere de capital y de incrementar la exportación de bienes primarios. Al respecto, Prebish indica que “en la mayor parte de los países latinoamericanos el ahorro espontáneo es insuficiente para cubrir sus necesidades más urgentes de capital.” Por lo que elevar el nivel de ingresos de las masas ocurrirá solo mediante una fuerte inversión de capital por el estado y capitales privados en la creación de empleos, de infraestructura hacia todas las regiones y de una aptitud de tecnócratas capaz de administrarla y acrecentarla. Más aún, durante el período colonial, indica Prebish que América Latina creció ya una vez empujada por los ingresos del centro que buscaban la compra de industrias primarias y que, es muy posible, que esto volviese a ocurrir incrementando la gran brecha de riqueza entre los países del centro y la periferia si no se implementaban acciones de industrialización de forma acelerada.

Las lecciones de la historia económica según Prebish explicaba sobre el funcionamiento del orden mundial continuaban dependiendo de visiones que continúan sirviendo y atendiendo a los países del centro. Al respecto, la tarea de Latinoamérica era rebelarse contra esas estrategias que no eran viables en la periférica sino para seguir manteniendo la sumisión del continente a las economías del centro. Para transformar esta realidad, se debería de alcanzar una relación de simetría económica que no esté subordinada a los intereses de los países del centro. Cambios como este se pueden observar en el surgimiento en el siglo XXI de la industria terciaria de los servicios de la industria de contratación de actividades y funciones comerciales a un proveedor externo, también conocidas como BPO y Call Center, donde existe una inmensa oportunidad de exportar e importar capitales con una simetría de negociación y de transformación de los esquemas de poder de las elites locales que durante décadas disfrutaron de los capitales que llegaban solo a ellos como premio por esa sumisión a los países del centro.

El Desarrollo y sus alternativas en América Latina

Los países del sur global han sido el escenario de experimentación para la implementación de políticas de desarrollo dirigidas desde una visión eurocéntrica sobre qué y cómo se implementaría el desarrollo sostenible. El desarrollo, entendido como un modelo a ser replicado en todos los países del sur, predominó en los discursos y propuestas internacionales y en su seno se presentaba el éxito de implementar la economía del desarrollo como el objetivo principal.

La propuesta se centraba en crear los mecanismos de largo plazo para asegurar el crecimiento económico y eliminar la pobreza de las poblaciones. Sin embargo, la crítica a estas propuestas, que no solían incluir en la discusión a actores de las ciencias sociales y biológicas, pronto abrió las puertas a un debate más amplio y enriquecido con datos, experimentos y hechos irrefutables que las ciencias naturales nos ofrecieron para la toma de decisiones sociales, políticas y económicas.

La imposibilidad de un desarrollo infinito en términos ecológicos, el impacto climático por y en el desarrollo, la necesidad de la inclusión social y la participación de actores discriminados en la toma de decisiones, entre otros factores, se sumaban a que el desarrollo económico que se proponía partía de una visión etnocéntrica que no tomaban en cuenta a las poblaciones indígenas, la mujer y las particularidades geográficas, culturales e históricas de las regiones del sur global que eran discriminadas de esta discusión.

Los impactos que las teorías del desarrollo económico tuvieron a lo largo de distintas épocas en América Latina fue muy variado y se enriqueció con propuestas nacidas en la región para integrar aspectos culturales de las cosmovisiones locales latinoamericanas a las que se sumaron visiones desde disciplinas científicas como la ecología o visiones sociales desde el feminismo e indigenismo. Asimismo, América Latina también participó de estas teorías al cuestionar con puntos de vista externos a la visión de desarrollo que los economistas buscaban recetarse y recetarnos para hacer del sur global la fuente de medios de producción y de mano de obra de un desarrollo que beneficiaba principalmente a las economías del norte.

Desde el siglo pasado, el proceso de búsqueda del desarrollo económico hizo que en América Latina el desarrollo se convirtiera en un sueño y, a la vez, algo a ser rebatido e incluso denunciado. Desde distintas ideologías y escuelas de pensamiento, activistas y políticos buscaron y continúan rebuscando críticas al desarrollo de países latinoamericanos moviéndose entre ideologías y puntos de vista extremos. En este proceso, América Latina ha sido la región donde se han creado formas únicas de implementación del desarrollo sostenible que apoyan el establecimiento de un Estado sólido que decida sobre los programas de desarrollo pero que, a su vez, fomenta el desarrollo de un capitalismo local competitivo y exportador en beneficio de una elite económica o étnica.

A esto se suma que, sin importar las ideologías reinantes, Latinoamérica ha pasado por un proceso de explotación de los recursos naturales con miras de acelerar el proceso del desarrollo justificando los impactos medioambientales de las industrias con el acelerado proceso de tecnología y la creación de riqueza que ha reducido velozmente la desigualdad económica de la región en el siglo XXI.

Dentro de este proceso, el siglo XXI ha visto un resurgimiento del populismo económico de economía mixta donde, El Estado nacionaliza algunas industrias extractivas y reinvierte las ganancias en el desarrollo socioeconómico mientras que, a su vez, el Estado fortalece las instituciones que protegen a la elite capitalista para crear una industria exportadora que acelere el crecimiento económico y salarial. Como respuesta, muchos de los movimientos ecológicos y ambientalistas no han tenido el impacto en la legislación y gobierno como sí lo han tenido en países del norte global dado que el discurso ambientalista de muchos de estos movimientos continúa siendo poco popular entre las clases medias y pobres dado que su objetivo central se enfocaba en detener el desarrollo económico ante la acelerada escasez de recursos naturales y el impacto medioambiental que la industria tenía acelerando el cambio climático de origen antropogénico.

Sobre esa visión anti desarrollista que surgió en el norte global e impactaría con menor medida en América Latina, el analista uruguayo Eduardo Gudynas presentó una lectura sistémica de esta situación a la que identifica como la “ideología del progreso”. Sobre esta ideología, Gudynas explica que en América Latina su impacto en la política y economía de la región ha pesado desde los años 90s con mayor medida debido al surgimiento de pensamientos más extremos del neoliberalismo y el conservadurismo, al igual que con sus opuestos entre políticos izquierdistas y estatistas. Esta ideología, apegada a lo “irracional y emotivo” tuvo un fuerte impacto en la agenda ambientalista de la región debido al enorme poder que desde los años 1960, los líderes neoliberales promovieron un progresismo veloz que rechazaba los impactos medioambientales del progreso y que no asignaba un rol protagónico a los actores subordinados (campesinos, indígenas, pobres rurales y urbanos, mujeres, niños, entre otras poblaciones).

Como respuesta a esta idea del progreso acelerado, que ignora la escasez de los recursos y el impacto ambiental del desarrollo, surgiría un movimiento “posdesarrollista” que abordaba el desarrollo desde una perspectiva que cuestionaba las instituciones del Estado y las prácticas de sus políticos. En América Latina, se empezó a cuestionar el éxito o fracaso de los objetivos del desarrollo ante una región que vivía en la pobreza aún y a pesar de que el resto de países del norte alcanzaba los ODS, cuestionaba los programas de ayuda y su lento avance para reducir las brechas socioeconómicas, criticaba las acciones de planificación a través de organizaciones internacionales y bancos globales para endeudar a la región sin que se invirtiera en un desarrollo sostenible y cuestionaba la misma institucionalidad creada desde el norte y sin haber tomado en cuenta la participación de los pueblos originarios en la creación de las leyes y constituciones de cada país.

El debate latinoamericano actual de la búsqueda del desarrollo se centra en la implementación de “alternativas al desarrollo” que permitirían reenfocar la discusión de las políticas públicas e institucionales en la creación de nuevos marcos conceptuales y de nuevos ordenamientos sociales, económicos y políticos que anteriormente se definían simplemente como desarrollo.

El posdesarrollo en Latinoamérica se presenta como una visión a las racionalidades de los pueblos originarios, su idea del progreso y sus propias ideologías que, mezcladas con el izquierdismo o el capitalismo del norte global son la fuente de soluciones a los problemas locales y de cada país. Esto es a su vez, una respuesta a la modernidad misma que, desde una visión universalista del norte global, conseguía presentar una visión lineal del progreso. Así, indica Gudynas en su ensayo, el posdesarrollo surge como respuesta a visiones de políticos y presidentes como los izquierdistas Rafael Correa y Alan García, que creían que la tarea del progreso en América Latina era “civilizar” tanto a los “salvajes” como a las áreas silvestres y calificaban a los indígenas de sus países como “atrasados” que impiden el desarrollo”.  Junto a ellos y de manera semejante, muchos otros políticos con ideologías tanto de izquierda o derecha veían y siguen viendo el desarrollo como algo ajeno de la agencia de los pueblos originarios y de las sociedades mestizas latinoamericanas.

Ante las alternativas al desarrollo y los recientes acontecimientos sociopolíticos, se presenta una visión que continúa considerando el desarrollo como progreso y que empieza a entender qué no hay un solo camino o ruta a seguir, sino que, existen distintas visiones sobre cómo avanzar.

Ante tantas y tan diversas visiones sobre el desarrollo y cómo América Latina participa de esta, la cuestión del desarrollo continuará al centro de las discusiones y nos queda como tarea continuar analizando las implicaciones que los “desarrollos alternativos” y las “alternativas al desarrollo” planteados por distintos académicos transforman las políticas públicas en América Latina y el resto del sur global para construir verdaderos caminos, alternativos, al desarrollo sostenible.

Una larga historia de Escuadrones de la Muerte en Guatemala

No hace mucho tiempo en Guatemala se vivía con temor a salir a la calle y nunca regresar. Las desapariciones eran realizadas con las venia del Gobierno para eliminar a sus opositores y regresar a esas épocas es algo que debemos impedir. La primera acción a hacer para no cometer los mismos errores del pasado es recordar.

El ejército guatemalteco mantuvo registros detallados de las operaciones de su escuadrón de la muerte (ver links más adelante), según ha sido documentado por grupos de derechos humanos e informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Entre los registros que ahora tenemos, revelan el destino que dio el ejército a decenas de ciudadanos guatemaltecos que fueron “desaparecidos” por las fuerzas de seguridad a mediados de los años ochenta. En las bibliotecas digitales tenemos ya los reportes de fotografías y cientos de víctimas y referencias codificadas de la manera en que fueron realizadas sus ejecuciones sumarias. La fuente central de la información llega a nosotros de un documento de 54 páginas que fue sacado de contrabando de los archivos de inteligencia del ejército guatemalteco y entregado a los defensores de los derechos humanos en los años 90s, solo dos días antes de que una comisión de la verdad patrocinada por la ONU publicara su informe sobre la sangrienta Guerra Civil de 36 años del país.

El libro de registro cubre la actividad de los escuadrones de la muerte de las unidades de inteligencia guatemaltecas durante un período de 18 meses entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Un extracto de dos páginas aparece en la edición de junio de 1999 de Harper’s Magazine. Según explicaban en una nota de prensa de la época y en el mismo artículo explicaban que,

“Este escalofriante documento es el equivalente del escuadrón de la muerte de un informe anual de productividad, una cuenta del interior de los archivos secretos de la máquina de matar de Guatemala”, dijo Kate Doyle, analista de la política de Estados Unidos en América Latina y directora del Proyecto de Guatemala en Seguridad Nacional.  “Es absolutamente único: un raro atisbo de asesinato político organizado desde la perspectiva de los perpetradores que lo cometieron”.

A lo largo de la guerra, el ejército guatemalteco utilizó el secuestro, la tortura y el asesinato en su campaña de contrainsurgencia contra la izquierda guatemalteca. Para cuando el gobierno y las guerrillas firmaron el Acuerdo de Paz en 1996, unas 200,000 personas habían muerto y más de 40,000 “desaparecidos” que probablemente fueron asesinados y lanzados a fosas o incinerados; de este número de muertos y desaparecidos, al menos un 93% estuvo en manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas tanto oficiales como extraoficiales, según explica el libro publicado por el difunto Monseñor Gerardi “Guatemala: Memoria del silencio”, del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Exhumación en San Juan Comalapa, Guatemala

Luego de la publicación de estos informes se solicitó en los años 90s que el gobierno de Guatemala investigase los delitos detallados en el documento, e identificara y enjuiciara a los responsables. También pidieron al entonces Presidente Álvaro Arzú que tomara medidas inmediatas para proteger los archivos de los servicios militares y de inteligencia para evitar la destrucción de otras pruebas críticas que pudiesen existir sobre los delitos contra los derechos humanos. Ambas acciones nunca fueron realizadas y muchos desaparecidos en los años 80s siguen sin Justicia.

Hoy, los guatemaltecos estamos enfrentando acusaciones de un escuadrón de la muerte organizado desde el gobierno 20 años después de los escuadrones del ejército durante el conflicto armado. Los contextos son distintos pero los resultados son los mismos: violación de los derechos humanos de los guatemaltecos por personas con el apoyo del Gobierno de turno. 

No debemos subestimar la frustración en Latinoamérica con la creciente Corrupción y no debemos subestimar la tolerancia actual a las soluciones tiránicas de gobiernos de “mano  dura” que prometen soluciones enérgicas para problemas intratables. Aprendamos de los errores de nuestra historia que estas acciones solamente sirven para destruir nuestro tejido social y violar los derechos humanos de todos nosotros.

Los gobiernos autoritarios nos han ofrecido intercambiar nuestras libertades individuales y el Estado de Derecho por una mayor seguridad personal y social. La verdad es que esto ha sido un gran engaño y nos han dañado por generaciones. Cuando un gobierno declara que es aceptable matar a sus ciudadanos sin el debido proceso o, en realidad, cualquier proceso, la indignación debió y debería de ser inmediata y clara; sin embargo, en Guatemala por muchas ocasiones nos hemos quedado mudos. La historia de Guatemala ha estado plagada por la violencia política y con el tiempo se ha transformado en violencia de clase. A pesar de la mayoría de los gobiernos formalmente democráticos, el “legado del autoritarismo” persiste y la presencia de “actores armados” prevalece como resultado de una larga historia de violencia. La violencia experimentada en nuestro país ha provocado una erosión del capital social y nos ha sumido en desconfianza social, falta de unidad y miedo. Aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo.