Desafíos para alcanzar el desarrollo sostenible y eliminar la segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo presentar una preámbulo a los estudios realizados en la arena latinoamericana respecto a los desafíos sociales y económicos que enfrentan los grupos rurales que han migrado hacia la ciudad de Guatemala y presentar los impactos socioespaciales que estas migraciones de poblaciones rurales pobres han tenido en el desarrollo de la ciudad de Guatemala. Como preámbulo, el presente artículo presenta brevemente la teoría y estudios realizados en América Latina con respecto a tendencias que se han repetido a lo largo de las décadas respecto al aumento de la distancia entre el centro y la periferia de las áreas urbanas, la creciente distancia entre las zonas de industria y la ubicación de las zonas residenciales de la población más pobre que han contribuido no solo a mayores tasas de desempleo sino a índices de desarrollo humano menores para las zonas periféricas.

Es muy importante resaltar que la alta tasa de desempleo de las poblaciones que han migrado de zonas rurales hacia las zonas periféricas de la ciudad de Guatemala es el efecto de la lejanía entre la oferta de empleo y el encarecimiento del transporte de las clases bajas en una ausencia de planes de gobierno municipal que permitan el transporte masivo. A lo anterior, se suma el estancamiento salarial de las poblaciones más pobres cuyos costos de transporte hacia y desde las zonas financieras e industriales aumentan anualmente y se pronuncian con el encarecimiento de los precios internacionales del petróleo.

Aunado al encarecimiento del transporte desde la periferia hacia el centro, se suma el racismo y discriminación del que son víctimas las poblaciones provenientes de las zonas periféricas y que, como resultado, crean prejuicios de los potenciales empleadores a habitantes provenientes de las llamadas “zonas rojas”. Esta discriminación aumenta aún más con las poblaciones provenientes de las áreas rurales y que pertenecen a grupos étnicos de pueblos originarios profundizando el desempleo y autoempleo en el mercado informal que caracteriza a las áreas periféricas pobres.

Los desafíos al desarrollo sostenible presentados en este artículo son solamente una aproximación a los retos urbanos que tiene el gobierno municipal de la ciudad de Guatemala y las municipalidades de ciudades periféricas para trabajar en conjunto y reducir la intensidad de la segregación socioespacial existente mediante una mayor inversión pública en mejoramiento de la infraestructura, ordenación territorial y descentralización de las áreas industriales y financieras y creación de polos de desarrollo alrededor de las zonas periféricas que permitan elevar el nivel de ingresos y bienestar social de las zonas más pobres del área metropolitana.

Desafíos del desarrollo y segregación socioespacial en la ciudad de Guatemala

El proceso de transición hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas de América Latina durante el siglo XX tuvo como resultado una masiva migración interna. De acuerdo con los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 la población rural descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de América Latina. Este período observó el surgimiento de una industria secundaria y terciaria urbanas que acrecentaron las diferencias de ingresos y la desigualdad económica a niveles no observados.

La población que históricamente había dedicado sus vidas a los patrones de producción asociados al mundo agrícola, rural y no tecnificado, observó drásticos cambios en su entorno con la movilización de millones de personas hacia los centros urbanos, el empobrecimiento creciente de sus familias y la inescapable realidad de la pobreza para generaciones venideras. De la misma manera, esta dinámica de incremento de la desigualdad económica se observó de forma aún más pronunciada por las poblaciones migrantes de las zonas agrícolas a un estilo de vida urbano que resultó más caro, más discriminador y aún más excluyente para aquellos migrantes provenientes de regiones indígenas.

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada. De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a). De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estiman que para el 2021, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes. De la cual, 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas y en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala habitan 5.1 millones de habitantes cuyo crecimiento principal provino de una migración acelerada de las áreas rurales del país.

Esta migración acelerada que alcanza ya más de la mitad de la población de Guatemala es la raíz por la cual, en las zonas urbanas existen importantes desafíos al desarrollo sostenible que deben ser resueltos en la mayor prontitud y coordinación posible entre los distintos actores sociales y el gobierno central.

El entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina. En general, la urbanización del continente ha mejorado los indicadores de desarrollo y se ha evidenciado una correlación positiva entre indicadores como el PIB, el índice de desarrollo humano (IDH) y la dinámica del proceso de urbanización. Sim embargo, (Jordán et al., 2017) indican que “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores en los entornos urbanos y las brechas de igualdad en los indicadores.

A pesar de que las zonas urbanas latinoamericanas se han convertido en las regiones con una mayor diversificación económica y de producción, el desarrollo sostenible se ha visto detenido debido a que la aglomeración en viviendas, la inseguridad jurídica y socioeconómica y la ausencia del estado en provisión de servicios de salud e infraestructura han sido en conjunto frenos a la mejora de los ingresos para toda la población.

En las zonas urbanas los procesos de adaptación energética, de infraestructura y de mejora de condiciones de bienestar y salud ha sido un proceso que pocas ciudades de América Latina han logrado resolver con la llegada de millones de migrantes internos. Como resultado, en las zonas urbanas se ha pronunciado la segregación racial y económica de la población, se ha incrementado la estigmatización de las poblaciones más vulnerables y pobres y se ha incrementado la desigualdad en ingresos y de acceso a servicios públicos entre los ricos y pobres.

Como resultado de décadas de crecimiento urbano desordenado y en ausencia de planes de desarrollo sostenible dirigidos desde los gobiernos locales y centrales, la gran mayoría de las zonas urbanas es hoy un territorio donde la inseguridad, la inviabilidad y la insalubridad son la norma en los territorios pobres y es, a la vez, un territorio de riqueza, exclusión y protección de una pequeña elite poblacional que goza de acceso a servicios de salud, entretenimiento, infraestructura, seguridad y presencia del Estado que crece de forma diametralmente opuesta según los niveles de ingreso promedio de las zonas y municipios.

La solución de décadas de abandono de los territorios recientemente asentados por migrantes de las zonas rurales de los países las urbes de América Latina no serán resuelto de forma sencilla y pasarán varias décadas de exclusión y ausencia del Estado en la provisión de servicios básicos de salud, seguridad y justicia. Además, la reorganización urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios más pobres de las ciudades requerirá de programas de largo plazo en consenso con actores privados que invertirán en el desarrollo de servicios que el Estado históricamente no ha proveído. Lo anterior, requerirá de una actividad participación del estado para proveer de los servicios financieros para las poblaciones más pobres y evitar procesos de gentrificación que incrementan las brechas de riqueza, movilizan a las barriadas y zonas menos apreciadas a las poblaciones pobres y ralentizan la creación de un territorio urbano más inclusivo y sostenible.

Planeación urbana y acceso a servicios básicos

La movilización en Guatemala del área rural al área urbana ha resultado en espacios de desigualdades fácilmente identificables por las zonas en las que los migrantes se han asentado, con un acceso dispar a servicios públicos de calidad y altos grados de segregación residencial socioeconómica. Al respecto, un estudio de (Lozano, 2021) indica que el acceso al agua en las zonas 21,12, 7 y 18 son las áreas que presentan una mayor escasez y más demanda por la densidad poblacional. Estos datos, explica Lozano, son “un rasgo de desigualdad en la distribución del líquido vinculada a la diferencia de clases sociales e intereses comerciales. Al respecto, es importante mencionar que, las zonas 18 y 21 son las zonas ubicadas en el ingreso a la ciudad capital para las poblaciones rurales del Oriente del país y las zonas 7 y 12 son las zonas de ingreso a la ciudad capital para las poblaciones provenientes del Occidente y Sur del país, respectivamente.” Estas ubicaciones son, además, algunas de las zonas de población más recientes en la ciudad de Guatemala dado que han mostrado un mayor crecimiento de habitantes desde la década de los años posteriores al terremoto de 1976 que forzó a una amplia migración de población en todo el país.

De acuerdo con (Martínez, 2020) en cuanto a la vivienda, las zonas municipales con mayor localización de viviendas para 2018 fueron: la zona 18, con 58,416 unidades, y la zona 7, con 36,607 y dentro del número de viviendas existe un porcentaje que no reúne las condiciones de desarrollo humanos mínimos. Especialmente las ocupadas por la población de escasos recursos. Una de las causas es la inexistencia de una política de vivienda social, por no ser considerada por los diversos gobiernos como una prioridad social. Lo anterior confirma que las zonas con mayor crecimiento poblacional en la ciudad de Guatemala han sido las más afectadas por la ausencia de condiciones mínimas de desarrollo humano. Lo anterior es aún más extremo cuando se integran al análisis los municipios pertenecientes al área metropolitana de la ciudad de Guatemala que abarca los municipios de Mixco, Villa Nueva y San Miguel Petapa, entre otros que han sido los lugares con un crecimiento exponencial de población.

En los últimos años, la reubicación de poblaciones rurales a las áreas urbanas en Guatemala ha resultado en un importante flujo inmigratorio de fuerza laboral que diariamente debe movilizarse desde las periferias al centro y los gobiernos municipales no han ofrecido las condiciones adecuadas de transporte masivo con lo que se ha incrementado el congestionamiento vehicular hacia y desde zonas periféricas en el área metropolitana e incluso de municipios cercanos como Palín, en Escuintla, y San Lucas Sacatepéquez, en Sacatepéquez.

A la falta de medios públicos de desplazamiento se suma el encarecimiento del transporte que absorben los trabajadores pobres con un costo social millonario que aún no ha sido cuantificado que restringe aún más los ingresos de la población migrante de las zonas rurales a los centros urbanos. En ausencia de un eficiente sistema de transporte público explica (Martínez, 2020), que en la actualidad se privilegia el uso de vehículos particulares que incrementan el tránsito vehicular debido a que no existen rutas exclusivas para el ingreso y salida del transporte de carga, lo que obliga a retomar la positividad de la planificación urbana para facilitar la movilidad de la población y de los circuitos económicos en la ciudad de Guatemala.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos, se obtiene como resultado la segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala, se encuentren ubicadas en las zonas de reciente movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de homicidios. Según una publicación de (García Aldana, 2012) indicó que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que abarcan de junio de 2011 a junio de 2012, el área con un mayor número homicidios es la zona 18, con un total de 151 muertes criminales. La persiguen de cerca la zona 7, con 144 asesinatos, y la zona 12 con 117. Una vez más, estas tres zonas con una alta población de migración rural-urbana, son las víctimas principales de la ausencia de seguridad y mayores índices de homicidios.

La producción socioespacial

Como resultado de una ausencia de planeación urbana y de desarrollo sostenible en la ciudad de Guatemala desde el siglo XX, la ciudad capital se ha convertido en un espacio de segregación socioespacial. Esta segregación se refiere a la existencia de desigualdades sociales dentro de un colectivo de población en un entorno urbano. Colectivo dentro del cual se observan atributos específicos de discriminación y reagrupamiento polarizado entre una población que se aisla cultural, social y espacialmente una de la otra. Esta polarización resulta en una producción socioespacial donde la población rica convive en un área segregada del resto de la población y, en el contexto de la ciudad de Guatemala, esta segregación se pronunció con una migración rural proveniente principalmente de las poblaciones más pobres y que se instaló en las zonas periféricas de la ciudad. Así, se observó una potencialización de la desintegración social y de falta de una conciencia colectiva que perjudicó principalmente a los grupos pobres migrantes de las zonas rurales.

De acuerdo con (Linares, 2013), como resultado de la segregación socioespacial se observan en las zonas urbanas problemas característicos que surgen como producto de la aglomeración de familias pobres en áreas residenciales segregadas tales como “bajo rendimiento escolar, el desempleo, el embarazo adolescente, la desprotección social, la degradación ambiental y el deterioro urbanístico-habitacional.”

En un estudio de ciudades argentinas realizado por Linares, identificó que existe una correlación de intensidad de la segregación socioespacial y algunas consecuencias socio habitacionales en las ciudades como resultado de la migración de poblaciones pobres provenientes de las áreas rurales. Situación que puede ser extrapolada para entender las condiciones de bajos índices de educación, desempleo, falta de infraestructura y seguridad en las zonas recientemente pobladas por los grupos más pobres de la ciudad. Según explica Linares, “Para el caso de las ciudades de América Latina, el modelo característico de segregación socioespacial durante el siglo pasado fue semejante al modelo europeo de ciudad compacta. En las áreas centrales se concentran los grupos de elite de la sociedad y, consecuentemente, son las áreas urbanas con mayor disponibilidad de infraestructura, mejores condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y mejor calidad de las viviendas. A partir del centro comercial y financiero, las ciudades decaen social y físicamente hacia la periferia, con la excepción de un cono de expansión de clase alta, que parte en forma lineal desde el centro hacia la periferia.” Estas condiciones de centro-periferia se evidencian una vez más en el plan existente de desarrollo urbano de la ciudad de Guatemala que continua buscando crear hacia el centro, un área financiera y residencial para las poblaciones ricas y empujar hacia la periferia a aquellas poblaciones pobres que deberán de viajar todos los días hacia el centro.

El esquema de riqueza hacia el centro y pobreza hacia la periferia es resultado de lo que (Sjoberg, 1960) presentó como “ciudades preindustriales” en las cuales existe un patrón similar de segregación que se caracterizan por una marcada concentración espacial de las clases altas y medias ascendentes en el centro histórico típico del diseño colonial español implementado desde el período colonial en Guatemala y una marcada dispersión periférica de los estratos socioeconómicos más bajos que provinieron de áreas rurales en su mayoría.

A este patrón de segregación observado por Sjober, se suman los cambios evidenciados en Guatemala desde el terremoto de 1976 que resultaron de nuevas dinámicas socioespaciales como la creación de alternativas habitacionales para las clases altas en colonias y condominios cerrados que continuaron empujando más hacia la periferia a los pobladores más pobres y que, incluso, se desarrollaron asfixiando a antiguas aldeas y pueblos con el objetivo de crear subcentros habitacionales, comerciales y financieros para las clases altas en zonas de la ciudad de Guatemala ubicadas hacia Carretera a El Salvador, la calzada Roosevelt, ciudad San Cristóbal en Mixco y la gentrificación de la zona 9 y 4 que beneficiaron a grupos de las clases medias y altas.

Consecuencias de la segregación en el desarrollo urbano

La literatura existente sobre los desafíos al desarrollo urbano y la segregación socioespacial apuntan a que las mismas son el resultado de la ausencia de un estado eficiente que coordine los niveles de ingresos y desempleo, la alfabetización y educación primaria y secundaria, la reducción de los daños al medio ambiente y la reducción de los daños a la población como resultado del racismo y la discriminación racial de los habitantes más pobres. A estas deficiencias, los autores explican que se suman los problemas de seguridad y justicia que causan una desprotección de la propiedad privada, incrementos de la delincuencia y drogadicción en la población que impactan directamente en el incremento de las brechas del desarrollo entre ricos y pobres (Vargas y Royuela, 2007; Bayer et ál., 2004; Charles et ál., 2004; Clapp y Ross, 2004; Sabatini, 2003; Dosh, 2003; Burton, 2003; Greenstein et ál., 2000).

Según los autores, en las ciudades de tamaño mediano o grande de América Latina que han tenido un rápido crecimiento como el observado en la ciudad de Guatemala, las inversiones en infraestructura que impactan en la arquitectura urbana y tiene efectos de mejora de las condiciones socioespaciales para todos los actores deberían de ser el foco del análisis y de la propuesta de una visión a futuro para la ciudad. Estas acciones requieren la prevención de nuevas expansiones urbanas planificadas que integren económicamente y socialmente a la ciudad, que permitan preservar y aumentar los ecosistemas de recursos estratégicos, principalmente el acceso al agua y la producción local de alimentos, y que, permitan un diseño urbano que reduzca la discriminación socioespacial mediante el desarrollo de una infraestructura con movilidad inclusiva y sostenible para todos los habitantes tomando en cuenta las proyecciones de crecimiento poblacional ya proyectadas al futuro por organizaciones como el Banco Mundial.

Conclusión

Al realizar una lectura comparativa elaborada por autores de distintas áreas urbanas de América Latina y analizar el proceso de migración interna visible en el continente durante el siglo XX hacia los centros urbanos fue posible contrastar y corroborar tendencias similares respecto a los grados de segregación socioespacial y de desarrollo observados en las zonas periféricas de los centros urbanos.

Asimismo, se identificó una amplia similitud en consecuencias socioeconómicas y socio-habitacionales respecto de las poblaciones urbanas de clase y alta y la población migrante rural que se instaló en zonas periféricas. Como resultado, los menores niveles de ingresos salariales se observa que repercuten no solo en menores niveles educativos, menor seguridad y certeza jurídica, sino que también son consecuencia de una ausencia del estado municipal y del gobierno para planificar y establecer planes que largo plazo que permitan evitar la degradación ambiental y urbanístico de las zonas periféricas.

Las actuales trayectorias de transporte, generación de riqueza, habitación y consumo de bienes y servicios del centro a la periferia de la ciudad de Guatemala han demostrado que la inviabilidad del patrón actual de desarrollo urbano que han emprendido los gobiernos municipales y las constructoras privadas. No solo los crecientes costos de transporte y sostenimiento familiar sino los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la prolongación del actual sistema de beneficio del centro de la ciudad de Guatemala confirman la urgente necesidad de identificar planes de desarrollo urbano sostenibles en el largo plazo.

En la ciudad de Guatemala y distintas ciudades de América Latina estudiadas en la presente bibliografía se confirma que el acceso a una calidad de vida decente de las poblaciones urbanas ricas y pobres depende en una gran medida de su ubicación socioespacial y geográfica y que, esta ubicación, tendrá el efecto de impactar y limitar su capacidad de movilización dentro de urbes desarrolladas hacia el centro financiero e industrial. Por lo tanto, es importante recalcar la necesidad de implementar estrategias de integración económica mediante una infraestructura pública de altos volúmenes mientras que, a la vez, se descentralice y fortalezca la presencia del Estado, en materia de salud, seguridad, cultura, educación y economía, en las zonas periféricas de la ciudad capital. La situación actual de la ciudad de Guatemala presenta una marcada una distribución desigual de los beneficios y los costos de la urbanización, que viene acumulándose durante décadas pronunciándose posteriormente al terremoto de 1976. Desde entonces, los sectores más vulnerables económica y socialmente enfrentan graves desigualdades en cuanto al acceso a una vivienda digna y oportunidades de desarrollo.

Tomando en cuenta que, según se estima en los modelos estadísticos ( World Urbanization Prospects 2018: Highlights, 2019) para el año 2050 habrá 27 millones de habitantes en Guatemala, de los cuales un 67 por ciento serán poblaciones urbanas y, de no cambiar las condiciones actuales, la vulnerabilidad socioespacial de las poblaciones pobres que viven en las zonas urbanas se agravará si no se le enfrenta a nivel gubernamental con políticas públicas de largo plazo. Al respecto, la planificación y búsqueda del desarrollo sostenible y la gestión urbana debe enfocarse a la internalización de las externalidades negativas de los patrones de urbanización que la ciudad de Guatemala ha seguido desde el siglo pasado.

Bibliografía

World Urbanization Prospects 2018: Highlights. (2019). Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población.

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Banco Mundial. (2023b, febrero 13). Población rural (% de la población total) – Latin America & Caribbean. Indicadores de Desarrollo Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ZJ

García Aldana, M. B. (2012, agosto 22). ¿Zona roja o zona crema?… ¿O naranja? Plaza Pública. https://www.plazapublica.com.gt/content/zona-roja-o-zona-crema-o-naranja

Jordán, R., Riffo, L., & Prado, A. (2017). Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América Latina y el Caribe: dinámicas para el cambio estructural. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Linares, S. (2013). Las consecuencias de la segregación socioespecial: un análisis empírico sobre tres ciudades medias bonaerenses (Olavarría, Pergamino, Tandil). Cuaderno Urbano, 14(14), 5–30. https://doi.org/10.30972/crn.1414527

Lozano, E. (2021, noviembre). El consumo de agua en la Ciudad de Guatemala es preocupante. Universidad San Carlos de Guatemala. https://soy.usac.edu.gt/?p=16007

Martínez, F. (2020, agosto 10). Así se han movilizado las poblaciones en las zonas capitalinas en los últimos 70 años y estas son algunas de las necesidades urbanas. Prensa Libre. https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/comunitario/asi-se-han-movilizado-las-poblaciones-en-las-zonas-capitalinas-en-los-ultimos-70-anos-y-estas-son-algunas-de-las-necesidades-urbanas/

Sjoberg, G. (1960). The preindustrial City. Past and present. The Free Press.

Una visión estructuralista a los problemas del desarrollo en América Latina

Los motivos por los cuales la periferia latinoamericana no logra alcanzar a la misma velocidad el desarrollo de los países del centro fueron parte de las discusiones que académicos y economistas estructuralistas como Raúl Prebish buscaron entender y estudiar durante muchas décadas hasta bien entrados en el siglo XXI. Prebish no solo fue un importante economista latinoamericanista. Además, fue uno de los líderes de cambios políticos e institucionales en la región a través de su activa participación en organismos internacionales que buscaban acelerar el desarrollo latinoamericano.

En las obras de Prebish se presentó siempre un pensamiento que confrontó la historia económica y teorías del centro con sus impactos directos en la periferia con un especial énfasis en Latinoamérica. Prebish buscó el aprendizaje de la historia para evitar se cometiesen los mismos errores del proceso de la industrialización cometidos en los países del centro. Al respecto, con elocuente claridad explicó por ejemplo que, “en América Latina están tratando de desarrollar a un lado de la frontera las mismas industrias que en el otro. Ello disminuye la eficiencia productora y conspira contra la consecución del fin social que se persigue.” Sobre la cita anterior, muchos casos de estrategias de políticos oportunistas podríamos que llegaron a las presidencias latinoamericanas. Por mucho tiempo, la clase política y académicos como Prebish, mantuvieron una amplia correspondencia, pero algo impidió la verdadera innovación y reinvención de Latinoamérica. Al respecto, de este y otros ejemplos, mucho podría discutirse respecto a la sociología de las elites latinoamericanas y su arraigado temor por el cambio y la innovación que, finalmente, ha mantenido a los países en el letargo económico en beneficio de pequeños grupos privilegiados en la cúspide social.

Al estudio del rol político y socioeconómico del control por las elites de Latinoamérica se sumaron aspectos que interesaron a Prebish y lo llevaron a realizar análisis de la importancia del balance de pagos de los países latinoamericanos como países netamente importadores de productos terminados y exportadores de productos primarios. En Latinoamérica, existía un fuerte desbalance en la balanza de pagos internacional que, con la llegada de los ciclos económicos, incrementaba la falta de capital circulante, el acelerado encarecimiento de los productos y la resultante crecida inflacionaria que los gobiernos de la región eran incapaces de controlar. Como resultado, el endeudamiento de los países latinoamericanos solamente incrementaba y alargaba la crisis de los ciclos económicos que en Estados Unidos y Europa controlaban de una mejor manera.

Prebish fue un proponente de la industrialización de los países y explicaba que, aunque no era un fin en sí misma, la industrialización era el único medio del que disponían los países latinoamericanos par captar una parte del progreso técnico y elevar progresivamente el nivel de vida de la población. El reto para América Latina radicaba en el poder de cambio e innovación que cada país tuviese y su potencial de atraer inversiones extranjeras que alimentaran el capital ahorrado nacional para el surgimiento de nuevas y diversas industrias. Desafortunadamente según explica Prebish, para implementar procesos de larga duración de industrialización existen muchos retos en América Latina tanto de conocimientos como de su correcta interpretación técnica.

Cada país en la periferia cuenta con potencialidades para industrializar sus procesos técnicos, pero según Prebish observó, ha sido imposible tan siquiera abordar en común los problemas regionales sin que, en el proceso, se logre evitar hacer comparaciones con las publicaciones y teorías de los centros de la economía mundial que impiden comprender las peculiaridades de Latinoamérica. Y peor aún se pretende encontrar soluciones en esas teorías del centro de la economía que no son las más efectivas para la periferia. Prebisch criticó en este tema el pilar del ideal liberal que afirma que “cada país debe especializarse según sus ventajas comparativas.” Y, al respecto, explicó que la implementación de estos ideales de los países del centro solo serviría para condenar a los países en desarrollo a perpetuarse en condiciones de pobreza y atraso. Ya que, al igual que ocurrió en Estados Unidos, su proceso “estadounidense” de industrialización no fue más que una copia del europea.

Importante para Prebish fue recalcar que la industrialización en América Latina también podía surgir y ser liderada por la misma producción primaria como ocurrió en el caso de Europa y Estados Unidos; y que esto permitiría enfocar sus capitales en industrias secundarias y terciarias. Al respecto, las políticas de mecanización y tecnificación de la agricultura debieron de haber jugado un rol mayor del que se ha observado en las últimas décadas en América Latina. Las razones detrás de este poco y en ocasiones nulo apoyo desde los gobiernos centrales al surgimiento de riqueza técnica e industrialización en el campo agrícola se vio aún más visible en países de América Latina con una alta población indígena dedicada a la agricultura. Al respecto, ha sido una política de estado evitar el surgimiento de nuevas elites económicas cuando estas no dependan de la participación de las elites gobernantes en esos países donde la exclusión de los pueblos indígenas del gobierno se ha mantenido desde el período colonial.

Pero invertir en la industrialización de un país requiere de capital y de incrementar la exportación de bienes primarios. Al respecto, Prebish indica que “en la mayor parte de los países latinoamericanos el ahorro espontáneo es insuficiente para cubrir sus necesidades más urgentes de capital.” Por lo que elevar el nivel de ingresos de las masas ocurrirá solo mediante una fuerte inversión de capital por el estado y capitales privados en la creación de empleos, de infraestructura hacia todas las regiones y de una aptitud de tecnócratas capaz de administrarla y acrecentarla. Más aún, durante el período colonial, indica Prebish que América Latina creció ya una vez empujada por los ingresos del centro que buscaban la compra de industrias primarias y que, es muy posible, que esto volviese a ocurrir incrementando la gran brecha de riqueza entre los países del centro y la periferia si no se implementaban acciones de industrialización de forma acelerada.

Las lecciones de la historia económica según Prebish explicaba sobre el funcionamiento del orden mundial continuaban dependiendo de visiones que continúan sirviendo y atendiendo a los países del centro. Al respecto, la tarea de Latinoamérica era rebelarse contra esas estrategias que no eran viables en la periférica sino para seguir manteniendo la sumisión del continente a las economías del centro. Para transformar esta realidad, se debería de alcanzar una relación de simetría económica que no esté subordinada a los intereses de los países del centro. Cambios como este se pueden observar en el surgimiento en el siglo XXI de la industria terciaria de los servicios de la industria de contratación de actividades y funciones comerciales a un proveedor externo, también conocidas como BPO y Call Center, donde existe una inmensa oportunidad de exportar e importar capitales con una simetría de negociación y de transformación de los esquemas de poder de las elites locales que durante décadas disfrutaron de los capitales que llegaban solo a ellos como premio por esa sumisión a los países del centro.

De Keynes a Friedman

Los científicos tienden a indagar por respuestas cada vez más exactas y eficientes para la resolución de los conflictos que identifican en las teorías y postulados que predominan en sus campos. En la búsqueda por respuestas, las investigaciones que realizan los científicos pretenden describir la implementación de las teorías en la práctica y busca explicar cómo la investigación científica llega a conocer y explicar los procesos de la investigación. Al respecto, Thomas Kuhn se refería a estos procesos como paradigmas en los cuales existía un sistema de creencias y premisas que determinaban el actuar de la comunidad de científicos de una época. En ellos recaía partir del y en el paradigma y resolver preguntas a los problemas existentes para buscar nuevas soluciones que, potencialmente, dejarían a un paradigma vencido y caduco para dar vida a un nuevo paradigma científico.

Los descubrimientos realizados por los keynesianos ofrecieron respuestas que permitieron solucionar los efectos negativos de los ciclos económicos y la reducción en la demanda de los consumidores durante las crisis económicas. Además, esta revolución respondió a muchas preguntas que habían quedado sin resolver en la revolución ricardiana y los estudios de economistas marginalistas y neoclásicos en el siglo XIX. De la teoría de Keynes surgieron muchas propuestas económicas innovadoras y una de las más importantes fue la intervención del Estado mediante el gasto público como mecanismo de estimulación de la demanda agregada en momentos de crisis económica y sus impactos directos para reducir y eliminar el desempleo durante estos períodos. Esta propuesta, junto a los estudios de Keynes y sus colegas respecto a los problemas agregado de la economía, los efectos del desempleo y la falta de inversión, la reducción de la producción y del consumo y sus impactos en el ahorro.

Los temas anteriores, convirtieron a Keynes y sus colegas en los autores de las bases de la economía moderna y, como consecuencia de esta teoría revolucionaria, gobiernos en todo el planeta implementaron estas estrategias keynesianas de incremento del gasto público para estimular la producción, empleos e inversión en un mundo cada vez más globalizado. El éxito de la teoría parecía haber conseguido los más importantes avances en muchas décadas; sin embargo, en la misma teoría keynesiana se encontraban las razones por las que una contrarrevolución económica surgiría y debatiría el aparente éxito keynesiano refutando muchos de sus postulados.

La contrarrevolución económica del monetarismo surgió como un esfuerzo de científicos que crecieron y aprendieron de académicos de la generación de Keynes y buscaron demostrar, probar y refutar los postulados teóricos keynesianos enfatizando un problema que ni Keynes ni sus colegas pudieron resolver: el problema de la inflación. Ante esto, los monetaristas explicaban los efectos a largo plazo del gasto público keynesianos para estimular la demanda agregada y enfatizaba la necesidad de controlar el excedente de oferta monetaria que se creaba con el gasto público.

Sin embargo, el keynesianismo tenía vulnerabilidades teóricas a las que se sumó “la incapacidad de prescribir el antídoto efectivo contra la inflación y la sujeción de las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales de la ciencia económica a un liderazgo obsoleto.

El surgimiento de la nueva teoría monetarista resultó por la obvia irrelevancia que había alcanzado la ortodoxia económica al no tener respuestas a los problemas reales del momento y por el nuevo camino que creó la misma teoría keynesiana para que el monetarismo surgiera como una respuesta convincente. Independientemente de las refutaciones y nuevos descubrimientos teóricos realizados por la generación de Keynes y posteriormente por la generación de Friedman, una cosa es cierta, y ambas teorías fueron revolucionarias para resolver los problemas que el siglo XXI continuaría enfrentando para resolver las crisis económicas y establecer estrategias a nivel nacional que permitieran frenar, un poco, las crisis de la demanda, el desempleo y la inflación. El keynesianismo por su parte continúa siendo una teoría que explica y permite enfrentar las recesiones económicas y el desempleo de una mejor manera. Mientras que el monetarismo nos ofrece las soluciones más adecuadas para reducir la inflación que surge posterior a las crisis de demanda.

Actualmente continúan existiendo problemas económicos y sociopolíticos que hacen mucho más complejo el análisis de los economistas y académicos que intentan buscar soluciones para los efectos de los ciclos económicos y no tenemos aún respuestas definitivas. Es más, estos complejos retos del cálculo económico se vuelven en el siglo XXI aún más complejos con el surgimiento de la inteligencia artificial y las amenazas al empleo que los países desarrollados están enfrentando luego de la reciente crisis de la pandemia Covid-19. Tan solo en 2022, la industria de tecnología y sistemas digitales enfrentó despidos de casi un millón de empleados que, según explican analistas, serán reemplazados por la inteligencia artificial que sustituirá a estos humanos y realizará un trabajo muchísimo más eficiente y competitivo en términos de costos. Según el artículo publicado por Zippia.com, se calcula que de 2022 a 2030 se podrían perder 73 millones de empleos tan solo en Estados Unidos, equivalentes a 46% del total de empleos existentes en USA, que serán reemplazados por la automatización e inteligencia artificial en un proceso que se aceleró por la pandemia Covid-19. Sin duda, al respecto de estos temas ni Keynes o Friedman pudieron predecir lo que ocurriría en el futuro. Probablemente, estamos ante las puertas de nuevos descubrimientos que acabarán con ortodoxias económicas que, tal y como explica Johnson, deberán desafiar la vieja sabiduría en económica con un enfoque científico superior y estimar nuevas y desafiantes relaciones empíricas.

El Desarrollo y sus alternativas en América Latina

Los países del sur global han sido el escenario de experimentación para la implementación de políticas de desarrollo dirigidas desde una visión eurocéntrica sobre qué y cómo se implementaría el desarrollo sostenible. El desarrollo, entendido como un modelo a ser replicado en todos los países del sur, predominó en los discursos y propuestas internacionales y en su seno se presentaba el éxito de implementar la economía del desarrollo como el objetivo principal.

La propuesta se centraba en crear los mecanismos de largo plazo para asegurar el crecimiento económico y eliminar la pobreza de las poblaciones. Sin embargo, la crítica a estas propuestas, que no solían incluir en la discusión a actores de las ciencias sociales y biológicas, pronto abrió las puertas a un debate más amplio y enriquecido con datos, experimentos y hechos irrefutables que las ciencias naturales nos ofrecieron para la toma de decisiones sociales, políticas y económicas.

La imposibilidad de un desarrollo infinito en términos ecológicos, el impacto climático por y en el desarrollo, la necesidad de la inclusión social y la participación de actores discriminados en la toma de decisiones, entre otros factores, se sumaban a que el desarrollo económico que se proponía partía de una visión etnocéntrica que no tomaban en cuenta a las poblaciones indígenas, la mujer y las particularidades geográficas, culturales e históricas de las regiones del sur global que eran discriminadas de esta discusión.

Los impactos que las teorías del desarrollo económico tuvieron a lo largo de distintas épocas en América Latina fue muy variado y se enriqueció con propuestas nacidas en la región para integrar aspectos culturales de las cosmovisiones locales latinoamericanas a las que se sumaron visiones desde disciplinas científicas como la ecología o visiones sociales desde el feminismo e indigenismo. Asimismo, América Latina también participó de estas teorías al cuestionar con puntos de vista externos a la visión de desarrollo que los economistas buscaban recetarse y recetarnos para hacer del sur global la fuente de medios de producción y de mano de obra de un desarrollo que beneficiaba principalmente a las economías del norte.

Desde el siglo pasado, el proceso de búsqueda del desarrollo económico hizo que en América Latina el desarrollo se convirtiera en un sueño y, a la vez, algo a ser rebatido e incluso denunciado. Desde distintas ideologías y escuelas de pensamiento, activistas y políticos buscaron y continúan rebuscando críticas al desarrollo de países latinoamericanos moviéndose entre ideologías y puntos de vista extremos. En este proceso, América Latina ha sido la región donde se han creado formas únicas de implementación del desarrollo sostenible que apoyan el establecimiento de un Estado sólido que decida sobre los programas de desarrollo pero que, a su vez, fomenta el desarrollo de un capitalismo local competitivo y exportador en beneficio de una elite económica o étnica.

A esto se suma que, sin importar las ideologías reinantes, Latinoamérica ha pasado por un proceso de explotación de los recursos naturales con miras de acelerar el proceso del desarrollo justificando los impactos medioambientales de las industrias con el acelerado proceso de tecnología y la creación de riqueza que ha reducido velozmente la desigualdad económica de la región en el siglo XXI.

Dentro de este proceso, el siglo XXI ha visto un resurgimiento del populismo económico de economía mixta donde, El Estado nacionaliza algunas industrias extractivas y reinvierte las ganancias en el desarrollo socioeconómico mientras que, a su vez, el Estado fortalece las instituciones que protegen a la elite capitalista para crear una industria exportadora que acelere el crecimiento económico y salarial. Como respuesta, muchos de los movimientos ecológicos y ambientalistas no han tenido el impacto en la legislación y gobierno como sí lo han tenido en países del norte global dado que el discurso ambientalista de muchos de estos movimientos continúa siendo poco popular entre las clases medias y pobres dado que su objetivo central se enfocaba en detener el desarrollo económico ante la acelerada escasez de recursos naturales y el impacto medioambiental que la industria tenía acelerando el cambio climático de origen antropogénico.

Sobre esa visión anti desarrollista que surgió en el norte global e impactaría con menor medida en América Latina, el analista uruguayo Eduardo Gudynas presentó una lectura sistémica de esta situación a la que identifica como la “ideología del progreso”. Sobre esta ideología, Gudynas explica que en América Latina su impacto en la política y economía de la región ha pesado desde los años 90s con mayor medida debido al surgimiento de pensamientos más extremos del neoliberalismo y el conservadurismo, al igual que con sus opuestos entre políticos izquierdistas y estatistas. Esta ideología, apegada a lo “irracional y emotivo” tuvo un fuerte impacto en la agenda ambientalista de la región debido al enorme poder que desde los años 1960, los líderes neoliberales promovieron un progresismo veloz que rechazaba los impactos medioambientales del progreso y que no asignaba un rol protagónico a los actores subordinados (campesinos, indígenas, pobres rurales y urbanos, mujeres, niños, entre otras poblaciones).

Como respuesta a esta idea del progreso acelerado, que ignora la escasez de los recursos y el impacto ambiental del desarrollo, surgiría un movimiento “posdesarrollista” que abordaba el desarrollo desde una perspectiva que cuestionaba las instituciones del Estado y las prácticas de sus políticos. En América Latina, se empezó a cuestionar el éxito o fracaso de los objetivos del desarrollo ante una región que vivía en la pobreza aún y a pesar de que el resto de países del norte alcanzaba los ODS, cuestionaba los programas de ayuda y su lento avance para reducir las brechas socioeconómicas, criticaba las acciones de planificación a través de organizaciones internacionales y bancos globales para endeudar a la región sin que se invirtiera en un desarrollo sostenible y cuestionaba la misma institucionalidad creada desde el norte y sin haber tomado en cuenta la participación de los pueblos originarios en la creación de las leyes y constituciones de cada país.

El debate latinoamericano actual de la búsqueda del desarrollo se centra en la implementación de “alternativas al desarrollo” que permitirían reenfocar la discusión de las políticas públicas e institucionales en la creación de nuevos marcos conceptuales y de nuevos ordenamientos sociales, económicos y políticos que anteriormente se definían simplemente como desarrollo.

El posdesarrollo en Latinoamérica se presenta como una visión a las racionalidades de los pueblos originarios, su idea del progreso y sus propias ideologías que, mezcladas con el izquierdismo o el capitalismo del norte global son la fuente de soluciones a los problemas locales y de cada país. Esto es a su vez, una respuesta a la modernidad misma que, desde una visión universalista del norte global, conseguía presentar una visión lineal del progreso. Así, indica Gudynas en su ensayo, el posdesarrollo surge como respuesta a visiones de políticos y presidentes como los izquierdistas Rafael Correa y Alan García, que creían que la tarea del progreso en América Latina era “civilizar” tanto a los “salvajes” como a las áreas silvestres y calificaban a los indígenas de sus países como “atrasados” que impiden el desarrollo”. Junto a ellos y de manera semejante, muchos otros políticos con ideologías tanto de izquierda o derecha veían y siguen viendo el desarrollo como algo ajeno de la agencia de los pueblos originarios y de las sociedades mestizas latinoamericanas.

Ante las alternativas al desarrollo y los recientes acontecimientos sociopolíticos, se presenta una visión que continúa considerando el desarrollo como progreso y que empieza a entender qué no hay un solo camino o ruta a seguir, sino que, existen distintas visiones sobre cómo avanzar.

Ante tantas y tan diversas visiones sobre el desarrollo y cómo América Latina participa de esta, la cuestión del desarrollo continuará al centro de las discusiones y nos queda como tarea continuar analizando las implicaciones que los “desarrollos alternativos” y las “alternativas al desarrollo” planteados por distintos académicos transforman las políticas públicas en América Latina y el resto del sur global para construir verdaderos caminos, alternativos, al desarrollo sostenible.

El debate sin fin de la economía del desarrollo

El debate sobre la economía del desarrollo y los mecanismos utilizados por distintos países del mundo para alcanzar el crecimiento económico de sus poblaciones ha tenido distintas fases de implementación en los países del norte y sur global. Las acciones tomadas por los gobiernos para incrementar la riqueza de la población, asegurar mejores condiciones de vida para los más pobres y establecer las bases para un desarrollo de largo plazo han sido discutidas por académicos que, inspirados por sus épocas, proponían la intervención del Estado para fortalecer el crecimiento o la retirada del estado y la liberalización de la mano invisible del mercado. La discusión sobre qué es la economía del desarrollo y cómo se debería de implementar continúa siendo discutida por los principales académicos e instituciones internacionales que, desde sus contextos históricos y sociales, evaluaron las causas del desarrollo económico en países y regiones que involucraron a distintos actores políticos y sociales para construir planes de largo plazo. A lo anterior, se ha sumado la profundización en el análisis histórico de distintos eventos políticos y económicos que, controlados a nivel local por buscadores de rentas y estados patrimonialistas, impidieron la creación de sociedades más desarrolladas, equitativas y con una mayor certeza jurídica.

El progreso económico de los países por sí mismo no ha servido para generar la receta del progreso que distintos académicos de las escuelas del libre mercado promovieron durante el siglo XX. A este progreso, le hacía falta la intervención de un estado con instituciones sólidas que permitiera el desarrollo a largo plazo de gobiernos estables, empresas privadas sólidas y facilidades para la exportación e importación de bienes. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el rol del Estado creció una vez más. Las visiones keynesianas en el manejo de las economías promoviendo un desarrollo veloz que permitió la recuperación de las economías afectadas por la guerra se revitalizó y se establecieron en conjunto con el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, los sistemas económicos globales que permitirían la intervención de los gobiernos nacionales en la inversión internacional. El objetivo de la época fue apoyar el desarrollo de naciones del sur global mediante inversiones y emisión de deuda para los países que se habían quedado atrasados en la brecha del desarrollo como resultado de un pasado colonialista y patrimonialista por sus instituciones débiles, economías locales en las que no existía un estado activo y con condiciones de desarrollo humano de salud, educación y vivienda deficientes. Sin embargo, durante más de veinte años, de 1944 a la década de los 70s, la búsqueda de un mayor desarrollo económico global que permitiera la reducción de las brechas entre los países más ricos y los más pobres no mejoró con las recetas que implementaros los técnicos de esas épocas. Los fundamentos de la teoría del desarrollo que se basaban solamente en ofrecer propuestas para acelerar la industrialización, incrementar la acumulación de capital para invertir, creación de una base de empleados asalariados y la planificación estatal de la economía demostraron no ser suficientes para eliminar la pobreza.

Como respuesta a lo ocurrido en las crisis financieras de la década de 1970, durante los años de 1980 a 2000 se observó el resurgimiento de visiones de libre mercado de autores centrales como Hayek y Friedman que inspiraron y se popularizaron con los gobiernos de países del norte global liderados por Reagan y Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. La década de los años 80 observó un resurgimiento del libre mercado y la reducción del rol del Estado en la intervención de la economía con el objetivo de crear mayor riqueza y permitir que las reglas de la mano invisible del mercado realizaran los ajustes necesarios para reducir la pobreza, crear ingresos para el fortalecimiento de las empresas y fomentar el desarrollo de la economía global. Desafortunadamente, esta receta tampoco fue suficiente para promover un desarrollo global más equitativo y reducir la pobreza de los países que seguían resabiados en el proceso de creación de economías sostenibles y desarrolladas. En especial, este liberalismo en países con economías patrimonialistas o de “capitalismo de amigos” donde solamente resulto en un incremento de los privilegios que se otorgaba a un minúsculo grupo de la elite y, además, no tenía interés en desarrollar instituciones sólidas que protegiesen los derechos de todos los ciudadanos, la mejora del bienestar social ni la protección del capital humano como roles centrales de un estado desarrollado.

En la revisión histórica de estas teorías en el siglo XX y cómo influyen en nuestra época debemos prestar especial atención a los efectos que la implementación de políticas económicas y estatales desde los países del norte global hacia las periferias con el objetivo de que se implementaran políticas proteccionistas desde el estado hacia sus habitantes y que se enfocaran en la inversión y mejora de las condiciones de vida de la población en general. Junto a estas inversiones, se suma como indispensable según los tomadores de decisiones en el fomento de la economía de desarrollo, la participación del estado en la creación de las estrategias de desarrollo que permitan a los capitalistas locales crear empresas de exportación de bienes y servicios con valor agregado y el rol que juegan las instituciones de un estado para dar seguridad y certeza jurídica a estos inversores locales e internacionales.

Casi un siglo después de que se implementaran distintas visiones de creación de economías desarrolladas por quienes creían en la necesidad de un estado fuerte y proteccionista versus aquellos que creían en los mecanismos invisibles del mercado como las mejores formas de crearla, seguimos aún en difíciles condiciones de desigualdad y pobreza que separan a los países del norte y sur global.

Como agudamente explica el economista Dani Rodrik, “la historia, el poder político y los grados de desigualdad de una sociedad son ahora relacionados con las características de la economía y la calidad de las instituciones”. En esta frase se resume en gran parte las preguntas que al día de hoy siguen sin responderse sobre el debate de la economía del desarrollo. Por una parte, se presenta una historia de las distintas acciones implementadas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano en las últimas décadas. Y, también, resume las fallas y omisiones repetidas una y otra vez por los gobiernos que tomaron decisiones económicas y de gobierno aisladas de un análisis de la historia de cada país y región, de sus condiciones culturales y políticas, de la desigualdad local y la herencia postcolonial, de factores geográficos y naturales que han determinado la riqueza de las naciones y, últimamente, los análisis necesarios de la vulnerabilidad al cambio climático que sufren algunos países por encima de otros, entre otros factores.

El debate continúa, y como líderes tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones de los distintos momentos por los cuales la economía del desarrollo y la emergencia de distintos estados desarrollistas han pasado. Aún siguen existiendo muchas preguntas que deben ser respondidas por cada país en la creación de instituciones que permitan cerrar la brecha de ingresos entre los países ricos y pobres y que, como explicó Robert Lucas en 1988, “estas brechas deben ahora incluir acciones que también estén encaminadas a ser sostenibles ambientalmente, disminuir las desigualdades y conquistas las libertades individuales.”

Ante esta visión, el estado desarrollista del siglo XXI, involucrará cada vez más factores de análisis económicos a nivel local y regional, mejores sistemas de indicadores y estadísticas nacionales, fortalecimiento de instituciones y estados sólidos para reducir el poder de las plutocracias y el corporativismo, un mayor rol proteccionista del estado para mejorar las condiciones del capital humano y asegurar la protección de la propiedad privada y la certeza jurídica de las inversiones capitalistas en un mundo globalizado.