El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS, por sus siglas) es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
El ODS6 es un reto de la Agenda 2030 muy importante para los países en vías de desarrollo y con altas tasas de crecimiento demográfico. El consumo de agua y el acceso a agua potable y sana ha sido uno de los indicadores más difíciles de alcanzar por países con un gobierno debil en asegurar la captura, provisión, almacenamiento y distribución para la población. Al 2023, la falta de acceso universal al agua se mantiene como uno de los obstáculos al desarrollo humano más importantes, tanto para la sociedad y economía guatemalteca en general como para cada individuo.
El ODS6 enfocado en el agua busca cambiar la situación de 1/5 de la población humana (aprox. 2000 millones de personas) que actualmente no tienen a agua limpia y sostenible. Además, el OD6 tiene como objetivo que casi la mitad de la población humana (3600 millones de la población mundial) consiga al 2030 acceso a un sistema de drenajes y saneamiento gestionado de forma segura.
Las personas que habitan en zonas marginadas y vulnerables del sur global no siempre tienen los recursos para construir una infraestructura costosa o centralizada y en estas circunstancias el rol de un Estado eficiente es vital para crear esos sistemas de acceso a agua potable y drenajes.
A estas condiciones de infraesctructura se suma el calentamiento global y los efectos que está teniendo incrementándose las temperaturas extremas, las sequías y las inundaciones que afectan la provisión sostenible del agua. Conforme crece la población y mejoran los ingresos de los países, el incremento en la demanda de agua también crece en paralelo y, como resultado, también crece en paralelo la contaminación debido a la ausencia de sistemas adecuados de drenaje.
Fotografía de 2014, Guatemala. El Organismo Ejecutivo declaró Estado de Calamidad Pública por la canícula prolongada. Durante el plazo de treinta días de Estado de Calamidad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, se encargará de la implementación de diferentes acciones que tiendan a atender los daños derivados de los efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el riesgo que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera. Foto/Conred
Actualmente el acceso al agua y al saneamiento ocupan un lugar muy bajo en la agenda política de muchos países e incluso hay países (como Guatemala) en los que no existe una legislación que regule el acceso y consumo universal a este recurso. La falta de un manejo adecuado del agua será uno de los retos más importantes a resolver ante la escasez de agua que ha sido proyectada debido al incremento del calentamiento global y el consumo desregulado de las crecientes poblaciones humanas.
En Guatemala, a pesar de que el agua es un recurso hídrico abundante, la creciente población, la falta de un manejo integral del agua y la falta de una gestión de los residuos sólidos deberán de ser uno de los principales temas a discutir entre las elites políticas y económicas del país para asegurar que toda la población tenga acceso a este recurso. El no hacerlo y el no tomar acción resultará en una creciente contaminación de las aguas superficiales, incremento de la conflictividad social, desperdició de recursos e incremento de la escasez de agua en las zonas del área metropolitana y del sur y oriente del país.
Riesgos del agua en Guatemala según American Quarterly en 2019
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS, por sus siglas) es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades.
La meta de alcanzar niveles de salud similares y mejores a los de los países del norte global es una de las metas más importantes de la Agenda 2030 para asegurar un Buen Vivir. El bienestar que genera un “buen vivir” va más allá de la salud física de la persona e implica conseguir mejoras en la salud mental, priorizar la calidad de vida en todos sus aspectos y alcanzar una vida plena. El buen vivir es un tema del que llevamos siglos hablando, según Aristóteles este se refería ano sólo la mejora en la vida natural del cuerpo sino en querer y alcanzar ser feliz como un logro del bien supremo que ha de ser la principal meta de nuestra vida.
Para las personas en países como Guatemala donde se sobrevive día con día y la escasez es la regla de sus vidas, conseguir estos ideales de Buen vivir parecieran una meta lejana y quizás imposible de alcanzar. Por esta razón, el ODS3 tiene como objetivo que la población en Guatemala pueda mejorar sus niveles de ingresos económicos pero también su calidad de vida. Para alcanzar esto es necesario que el gobierno vele y proteja los derechos de los trabajadores, les asegure un acceso a la salud y educación pública y que les permita buscar el bienestar de cada persona y de sus familias.
Al igual que con el ODS2 que busca acabar con el Hambre, es esencial que los gobiernos trabajen desde distintas áreas y Ministerios para conseguir mejoras en los niveles de bienestar de la población. Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero del ODS2 busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“ La meta de alcanzar mejoras en el ODS3 será el resultado de la suma de diversos factores que involucran la cooperación de la población a través de organizaciónes civiles, organizaciones sin fines de lucro patrocinadas por las empresas privadas, alianzas público-privadas para apoyar a las regiones y departamentos más vulnerables y, principalmente, de un gobierno con la meta clara de velar por la mejora de los indicadores de desarrollo humano de toda la población mediante la creación de fuentes de empleo, certeza jurídica, protección de la propiedad privada, mejora de los sistemas de salud y educación pública y fortalecimiento de la justicia.
Según la ONU, el reto más importante para alcanzar el ODS3 es asegurar el acceso universal de la población a la salud pública. En Guatemala, el acceso a la salud pública de calidad es muy reducido y es necesario ampliar la cantidad de centros de salud, hospitales nacionales y centros especializados para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, es aún casi inexistente en Guatemala el acceso a servicios de salud mental y familiar de apoyo para toda la población. Lo anterior es una de las tareas prioritarias que deberán atender los gobiernos electos y se requerirá del trabajo coordinado entre las empresas privadas y el gobierno para ampliar la base de servicios de salud.
La reciente pandemia de Covid-19 y la baja cantidad de personas que recibieron la vacuna de protección contra el virus es un termómetro muy útil para conocer cuán baja es la presencia del Estado en las zonas rurales del país y cuan bajo es el alcance de la salud y de la educación con el resto de la población. Conseguir mejoras en la vacunación de la población para protegerla de pandemias como Covid-19 será uno los principales objetivos a trabajar de la mano de una constante educación sobre la importancia de las vacunas con la población más vulnerable.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS, por sus siglas) es poner fin a la pobreza antes del año 2030.
El fin de la pobreza en el mundo es uno de los principales objetivos que se han trazado todos los países miembros de las Naciones Unidas. Eliminar la pobreza implica reducir también las diferencias y la desigualdad y, en países como Guatemala, implica la implementación urgente de políticas nacionales que faciliten la generación de empleos, la mejora de la educación y de las condiciones de vida de la población.
A pesar de que al 2015, la pobreza extrema se había reducido a la mitad en todo el mundo, en Guatemala este indicador fracasó y casi 4 millones de guatemaltecos vivían en condiciones de extrema pobreza. Como resultado, desde el 2015 las migraciones a Estados Unidos y México de guatemaltecos buscando más y mejores oportunidades económicas se han incrementado.
Guatemala para el año 2030 tiene como objetivo: “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.”
Al año 2023, la pandemia de Covid-19 y los conflictos armados en Europa y Asia incrementaron de nuevos los niveles de pobreza mundiales y los gobiernos del mundo tendrán grandes retos para alcanzar sus objetivos y metas de la Agenda 2030. Centroamérica ha sido uno de los países más afectados por los incrementos de los costos de vida en los últimos años y esto se ha visto reflejado en un incremento de la pobreza, el crimen y la migración. A lo anterior, se suman las condiciones de precariedad existentes en vivienda e infraestructura pública que hacen más vulnerables a las personas en condiciones de pobreza para protegerse de los impactos negativos que el cambio climático está teniendo en la alimentación y el cultivo de alimentos básicos.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
La creciente población humana y la demanda de recursos naturales para atender las necesidades de la población han causado que, durante las últimas décadas, la capacidad productiva anual del planeta sea alcanzada antes de que finalice el año. Como se observa en la Figura 1 se alcanzará un sobregiro del uso de los recursos del planeta el día 02 de agosto de 2023. Como resultado del crecimiento poblacional, el incremento de la producción global y el manejo insostenible de los recursos, desde el año 1971 la población del planeta se gasta cada vez más temprano los recursos del planeta. Como resultado, la Global Footprint Network ha calculado cómo la cantidad de días de biocapacidad del planeta se ha reducido y es insuficiente para reponer la Huella Ecológica de la humanidad. Así, a partir del día 03 de agosto de 2023, los humanos estaremos viviendo con un sobregiro de recursos ya que habremos consumido el equivalente a todos los recursos ecológicos que el planeta genera anualmente.
Figura 1. Estadísticas del día de sobregiro del uso de recursos del planeta desde 1971 a 2023. Fuente: (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2023)
Como resultado de este sobregiro en el uso de los recursos naturales, el consumo no sostenible de los recursos ha causado que crisis poblacionales se aceleren por no existir planes nacionales e internacionales para el manejo y gestión sostenible de los recursos naturales. Según el reporte del (Panel Internacional de Recursos, 2019):
“La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero y con más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.
La extracción de recursos se ha más que triplicado desde 1970, incluido un aumento de cinco veces en el uso de minerales no metálicos y un aumento del 45 por ciento en el uso de combustibles fósiles.
Para 2060, el uso global de materiales podría duplicarse a 190,000 millones de toneladas (desde 92,000 millones), mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar en un 43 %.”
La creación e implementación de Políticas Nacionales de Sostenibilidad, Gestión de los Recursos Naturales y Manejo Financiero Sostenible del erario son herramientas vitales y urgentes en todos los países para reducir el uso insostenible de los recursos que durante los últimos siglos años han causado un crecimiento sin controles y plagado de excesos. Como punto central de partida para el planeta y los gobiernos de cada país ha sido la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven como metas en 17 objetivos de desarrollo (ODS, por sus siglas) que permitirían a los países cambiar el rumbo de sobreexplotación, escasez y bajos niveles de desarrollo humano que afectan, principalmente, a los países del sur global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas con el fin de servir de guía a la creación de Políticas, Planes y Proyectos de escala nacional unificados en una visión hacia la creación de países sostenibles económica, social y políticamente.
Así, la creación de programas en los ministerios encargados del cumplimiento de cada uno de los 17 ODS es una herramienta fundamental para la aceleración de proyectos que permitan enfrentar las actuales crisis, reparar los daños ambientales causados en el pasado, facilitar la resiliencia y adaptación de los países para contrarrestar los efectos del cambio climático y construir una sociedad cuya económica y cultura gire en torno a la sostenibilidad ambiental. El desarrollo de los ODS es una guía inicial y la creación de programas a nivel de país son una herramienta necesaria para hacer ejecutables, fiscalizables y alcanzables los objetivos que cada gobierno se ha trazado. Un ejemplo valioso de estos avances a través de políticas y planes es la “Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos”, esta política creada como un Acuerdo Gubernativo 281-2015 ha permitido que el gobierno establezca metas compartidas con distintos grupos de interés de la sociedad que han contribuido a crear una hoja de ruta con la cual el Gobierno Central y Local cuenta con objetivos claros, indicadores, organizaciones responsables y planes educativos que permitirían a la población cambiar el rumbo de la gestión inadecuada de los residuos y desechos sólidos que actualmente son desechados en lugares no apropiados y sin el manejo adecuado para asegurar la circularidad, el reciclaje, el compostaje y la protección de contaminación por agentes peligrosos. Este es un ejemplo de tantos otros que los gobiernos han creado para empezar a hacer un cambio de rumbo respecto a la mala gestión de los recursos naturales y fomentar una transición más acelerada al desarrollo sostenible y la protección del planeta que está viendo sus recursos naturales agotados. Alcanzar las metas de los ODS para el año 2030 es uno de los retos más importantes que el planeta tiene delante de sí y de la creación de políticas, programas y proyectos nacionales dependerá la ejecución y fiscalización efectiva de los gobiernos electos para cuidar y proteger a sus ciudadanos.
Hablar de políticas de protección social en Iberoamérica invita inmediatamente al lector a tomar una postura paternalista o liberal respecto a quién debe cubrir qué, por qué y para quién. Partiendo de estas tesis y antítesis, las discusiones sobre los resultados de las políticas de protección social son siempre criticadas de forma aislada. Por ejemplo, en Guatemala no se suele escuchar discusiones sobre los impactos que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por impuestos a empleados y empleadores formales, está teniendo en la calidad de vida del resto de personas que son excluidas de participar en este beneficio. Hablar de universalidad en los servicios de seguridad social en el país rápidamente se convierte en una discusión sobre si tienes una filosofía paternalista extractivista o una filosofía liberal individualista. Encontrar puntos medios es difícil o imposible y casi siempre termina la gente peleando. Leer el Informe de desarrollo humano 2021 – Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina me llevo a meditar sobre la eficacia de las políticas de protección social y los análisis comparativos que contrastan distintos experimentos regulatorios e institucionales en Iberoamérica con el objetivo de presentar propuestas de futuras públicas con mayores posibilidades de reducir las desigualdades en y entre los países de la región y acelerar el crecimiento.
El informe demuestra la existencia de una correlación entre la protección social universal como un mecanismo para acelerar el crecimiento de la productividad de los países al igualar las condiciones de acceso a servicios para la población que trabaja tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Y que, además, permite a los empleados contar con un sistema de servicios más eficiente y que le permite en el largo plazo asegurar su crecimiento dado que sus necesidades básicas de protección social estarán cubiertas por un sistema universal. Esta universalidad de la protección social deberá tener como objetivo proteger, según explica el informe, a: “i) toda la población expuesta a un riesgo determinado cubierta por el mismo programa; ii) la misma fuente de financiación para cada programa; y iii) beneficios en especie de la misma calidad para todos.” En estas condiciones de cobertura universal, los países iberoamericanos tendrán herramientas potentes para que desde el gobierno se fortalezca el capital humano y se mejore la productividad a la vez que se genera resiliencia social, económica y ambiental ante futuras amenazas sociales.
En el capítulo sobre la protección social, el informe de desarrollo humano 2021 compara la gran diversidad de políticas de seguridad social que se han implementado por motivos históricos, políticos y económicos que han respondido a la visión de las sociedades y el rol del gobierno en la intervención de la vida de sus ciudadanos. Así, el informe no pretende comparar a los países, pero sí demostrar cómo unos sistemas han sido más veloces y eficientes que otros para alcanzar sus metas y quedarse cortos en alcanzar los objetivos utópicos por los que fueron creados dado que ninguno de los sistemas ha logrado asegurar un ciento por ciento de la protección social de sus ciudadanos. Lo anterior que tampoco ha sido logrado incluso en los países más desarrollados y que, en aquellos países donde existe cobertura “universal”, todavía se observa un sistema discriminatorio y desigual con respecto a los inmigrantes indocumentados, refugiados políticos, entre otros grupos poblacionales. Las iniciativas vinculadas al universalismo constituyen otra forma de aproximarse a la idea de protección social que fundamentalmente responde al concepto mismo que pretende integrar unas medidas sociales orientadas a construir sociedades más justas, inclusivas y que garanticen niveles mínimos de vida para todos.
En Guatemala y el resto de Iberoamérica esta perspectiva de creación de niveles de protección no se ha basado en un sistema de prestaciones y transferencias universales que buscan crear un sistema de acceso y consumo adecuados de alimentos, salud, educación y otros cuidados para toda la población, sino que se han creado sistemas de seguridad social contributiva (SSC) y sistemas de seguridad social no contributiva (SSNC) que se han alejado de los principios de beneficio para todos. Al respecto, el informe de desarrollo humano 2021, detalla cómo en distintos países de Iberoamérica desde los años 30s y 40s se buscó primero crear un sistema de combinación de programas de seguridad social enfocado en proteger y beneficiar a los trabajadores de empresas formales y ofrecer regulaciones de protección de los salarios mínimos, acceso a la salud y la estabilidad laboral. Lo anterior, afectando al resto de la población que no participaba de la economía laboralmente activa y la dejaba a la deriva.
Este sistema popularizado en la región durante el resto del siglo XX resultó en la creación de un sistema social de dependencia de la población obligada a ser trabajadora en relación de dependencia en sistemas escalonados de beneficios por los salarios que recibían. Asimismo, esta dependencia del sistema se fortaleció con el control monetario que las empresas continúan manteniendo en los sistemas de seguridad social en los cuales son las empresas las que financian los sistemas sociales en proporción a los sueldos que pagan a sus empleados. Particularmente relevante es el caso de Guatemala donde la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuenta votos muy poderosos para representantes de las asociaciones o sindicatos patronales. Votos que han utilizado desde los últimos lustros para promover una reforma aún más limitada y concreta respecto a los servicios sociales que se prestan mediante la facilitación para que las empresas privadas puedan elegir el acceso a otros servicios sociales privatizados. Tales servicios según proponen, son seguros opcionales facultativos y pensiones complementarias que serían contratados con empresas privadas, acceso complementario al IGSS de empleados contratados por tiempo parcial y modificaciones al modelo de gobernanza que obliguen al Estado a cumplir con el pago de las prestaciones que adeuda a la entidad. Así, las propuestas en Guatemala de prestación de servicio social continúan alejándose de la universalidad del acceso a los servicios de protección social en salud y, en su lugar, promueven sistemas más limitados de acceso y escalonados que según los estudios comentados por el Informe de Desarrollo Humano tienen un efecto contrariamente negativo en la promoción de un desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en los países.
Al respecto, esfuerzos internacionales para universalizar el acceso a la protección social continúan avanzando. En la 51ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) del 20 de septiembre de 2022, se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Este informe presentó las recomendaciones relacionadas con el proyecto de creación de una Convención o Tratado que sería jurídicamente vinculante para asegurar el Derecho al Desarrollo de los países miembros de la ONU. Actualmente, la meta es que en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de 2023 que se realizó la semana pasada empezó a trabajar en avanzar las propuestas de este tratado internacional y buscar la creación de consensos al respecto.
La situación actual en Iberoamérica requiere de la protección del derecho al desarrollo y el acceso universal a los medios de protección social a nivel interno. Pero también, a nivel externo en el concierto de naciones que deben fomentar el desarrollo y la cooperación entre las naciones para reducir las brechas de protección social que existen hoy en día en el norte global. Esto permitirá reducir las desigualdades estructurales del sistema internacional que actualmente son preservadas por el orden hegemónico neoliberal que ha reducido los controles institucionales para ofrecer acceso a servicios sociales y aumentado las desigualdades en y entre los países ya que los países que controlan los capitales financieros y los activos físicos globales construyeron sus riquezas en gran medida gracias a los mercados no regulados del siglo XX que les han permitido el poder político y se benefician ampliamente de la desprotección de los empleados formales e informales. Tal reciprocidad —entre el aumento de la riqueza de unos pocos correspondiente al empobrecimiento de tantos— refleja el núcleo del actual modelo de desarrollo explotador en el mundo que continúa excluyendo a una amplia variedad de trabajadores, desempleados, jubilados y niños y niñas que solamente a través de la universalidad de la protección social podrán abrir un nuevo camino para salir del círculo vicioso de la baja o inexistente calidad de servicios sociales e incrementar la voluntad de empresarios y trabajadores por contribuir al pago de impuestos.
Globalization & Capitalism 