El PPWR en aplicación y cómo el embalaje es apenas la punta del iceberg

El 12 de agosto de 2026 —hace apenas unos días— comenzó a aplicarse en los 27 Estados miembros de la Unión Europea el Reglamento 2025/40 sobre embalajes y residuos de embalajes, conocido por sus siglas en inglés como PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Con ese Reglamento quedó derogada la antigua Directiva 94/62/CE, que durante tres décadas rigió las reglas de empaque en Europa y fue uno de los motores de la transición hacia la Economía Circular de toda la Comunidad.

Para muchos exportadores, la noticia pasará desapercibida como: “una norma de empaque más…”. Sin embargo, pensar así sería un gran error.

El PPWR no es, en esencia, una norma sobre cajas, botellas o bolsas. Es el primer capítulo implementado plenamente de una transformación estructural que la Unión Europea viene diseñando desde hace más cinco años con el surgimiento de Pacto Verde y que reescribe, de forma técnica pero profunda, las condiciones de acceso al mercado de la Unión Europea con más de 450 millones de habitantes. Quien lea el PPWR como un requisito técnico aislado se preparará para la batalla equivocada. Quien lo lea como lo que es —la punta visible de un iceberg regulatorio— tendrá tiempo de adaptarse antes de que las obligaciones más exigentes lleguen a su línea de producción en los próximos años.

Estaré publicando en los próximos días una serie posts pensada para que los lectores exportadores de las MiPyME que, como muchos de nosotros, requiere de anticiparse a los cambios en el mercado para mantener su competitividad.

De directiva a reglamento: un cambio de forma que cambia el fondo

El primer detalle que conviene entender no es técnico, sino jurídico. La norma anterior era una directiva y con esto, cada Estado miembro debía transponerla a su legislación nacional, lo que a lo largo de treinta años produjo veintisiete versiones distintas de las mismas reglas, con símbolos, registros y obligaciones de reporte propios de cada país. Lo anterior complicó e hizo totalmente difícil (e incluso imposible) para muchos empresarios cumplir a cabalidad con los 27 reglamentos nacionales.

El PPWR, por otro lado, es un Reglamento y esto signfica que se aplica de forma directa y uniforme en toda la Unión, sin necesidad de leyes nacionales que lo desarrollen.

Para el exportador esto tiene una doble cara:

  • La buena noticia: menos fragmentación, un único marco de referencia.
  • La “mala” noticia, y que les exige mayor atención: el reglamento se aplica a todo operador económico que coloque embalajes o productos empacados en el mercado de la Unión, sin importar dónde esté establecida la empresa. El criterio que activa la obligación no es la nacionalidad de quien exporta, sino el hecho de colocar el producto en el mercado europeo. Por ejemplo, un lote de café, cardamomo u otro producto agroindustrial que llega a un anaquel en la UE está dentro del alcance de la norma, aunque la empresa que lo produjo nunca haya pisado suelo europeo. Es importante tomar nota que en este Reglamento, como sí ocurre en otros, no existe una exención general para micro, pequeñas o medianas empresas. Las obligaciones concretas dependerán del rol que cada actor ocupa en la cadena, no de su tamaño.

El PPWR no nació solo

Aquí está el punto central de este primer artículo, y la razón por la que titulé la serie alrededor de la economía circular y no de los empaques.

El PPWR es una pieza dentro de una arquitectura regulatoria coherente y deliberada, cuyos cimientos vale la pena reconstruir:

  • En 2019, la UE lanzó el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), su hoja de ruta hacia la neutralidad climática en 2050.
  • En 2020, adoptó el Plan de Acción de Economía Circular (Circular Economy Action Plan, CEAP), que fijó el objetivo de mantener los recursos en uso el mayor tiempo posible y reducir drásticamente los residuos.
  • En 2024 entró en vigor el Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR, Reglamento (UE) 2024/1781), que introduce el Pasaporte Digital de Producto: un registro digital con la información de sostenibilidad y trazabilidad de cada producto a lo largo de su ciclo de vida.
  • Y en 2025 se publicó el PPWR, que ahora comienza a aplicarse.

A esta columna vertebral se suman instrumentos que el exportador de materias primas y productos agroindustriales ya conoce o pronto conocerá: el Reglamento de Deforestación (EUDR), el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el Ómnibus I y los sucesivos.

El hilo conductor de todos ellos es el mismo. La Unión Europea está desplazando el eje de lo que regula: de qué es un producto, hacia cómo se produce, cómo se empaca, qué contiene y qué ocurre con él al final de su vida útil. El acceso al mercado europeo se está redefiniendo en torno a la circularidad, la trazabilidad y la huella ambiental. El embalaje es simplemente el primer frente donde esa lógica se vuelve una obligación exigible con fecha en el calendario.

Un horizonte por fases: 2026 no es el final, es solamente el inicio

Un rasgo característico de esta legislación es que se aplicará por distintas fases a lo largo de más de una década. La fecha del 12 de agosto de 2026 marca el inicio de la aplicación general y algunas obligaciones inmediatas —como restricciones a ciertas sustancias químicas en los embalajes en contacto con alimentos, límites al espacio vacío en el comercio electrónico y la exigencia de documentación de conformidad—, pero los requisitos que verdaderamente impactarán y transformarán el comerció vienen después. Y estos requisitos vendrán acompañados de otra serie larga de normativas legales llamadas “Actos Delegados” y “Actos de Ejecución” que precisarán la aplicación técnica de lo regulado:

  • 2030 — Solo se permitirán envases con grados de reciclabilidad A, B o C; entran en vigor los primeros umbrales obligatorios de contenido reciclado para plásticos, las primeras metas de reutilización y las reglas de minimización de envases.
  • 2035 — Los envases deberán ser reciclables “a escala”, es decir, efectivamente recogidos, clasificados y reciclados por la infraestructura industrial existente, no solo reciclables en teoría.
  • 2038 — Se prohíbe el grado C: solo sobrevivirán los grados A y B.
  • 2040 — Umbrales de contenido reciclado más altos y una segunda ola de metas de reutilización.

La lección para nosotros y los demás exportadores hacia la UE es clara: aunque las fechas parezcan lejanas, las decisiones que exigen desde ya como: rediseñar los embalajes, cotizar y validar a los proveedores de materias primas recicladas, construir todo un sistemas de datos y trazabilidad, entre otros requerirán de plazos de maduración que les tomarán varios años. Prepararse en 2026 y 2027 no es adelantarse en exceso sino algo que les permitirá ingresar “on time” al mercado europeo en el futuro cercano.

El verdadero cambio es de mentalidad

Si tuviera que resumir este primer post en una sola idea, sería esta: el exportador que trate cada reglamento europeo como un incendio que apagar irá siempre por detrás. Es importante que entendamos que el EUDR, el CBAM, el ESPR y el PPWR son todos reglamentos que surgen de una misma Estrategia que les permitirá integrar la circularidad en los modelos operativos una sola vez, en lugar de reaccionar norma por norma, plazo por plazo.

No hace falta ser ingeniero de packaging para hacer esa lectura. Hace falta entender que la lógica regulatoria europea se interconecta por distintas piezass y que, traducir sus fechas y umbrales en decisiones de negocio concretas, es precisamente el propósito de los posts que les compartiré en los próximos días.

Lo que veremos en esta serie de posts,

En los próximos posts iremos de lo estratégico a lo operativo:

  1. Este post: El PPWR en aplicación y cómo el embalaje es apenas la punta del iceberg.
  2. Qué exige realmente el PPWR: obligaciones núcleo y calendario 2026–2040.
  3. Reciclabilidad y “diseño para el reciclaje”: los grados A–E y qué se prohíbe cuándo.
  4. Contenido reciclado obligatorio: el reto de la cadena de suministro para el exportador.
  5. Reutilización, recarga y minimización: espacio vacío y sobreembalaje.
  6. Responsabilidad Ampliada del Productor y representante autorizado: quién paga y quién responde.
  7. La arquitectura completa: cómo dialogan PPWR, ESPR, Pasaporte Digital de Producto, EUDR y CBAM.
  8. Hoja de ruta práctica: qué hacer en los próximos 12–24 meses.

Fuentes públicas recomendadas:

  • Reglamento (UE) 2025/40 — texto íntegro en EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/eng
  • Comisión Europea — Documento de Orientación y Preguntas Frecuentes sobre el PPWR (marzo de 2026).
  • Comisión Europea — Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR), Reglamento (UE) 2024/1781, y Plan de Trabajo 2025–2030 (COM(2025) 187 final).
  • Comisión Europea — Plan de Acción de Economía Circular (2020) y Pacto Verde Europeo (2019).

Las opiniones y análisis expresados en este texto son estrictamente personales del autor, se basan exclusivamente en información de acceso público y no representan la posición de ninguna institución ni gobierno.

Trabajemos por una Guatemala competitiva y sostenible: mis reflexiones y nuevos retos hacia el 2025

Durante este primer año en el gobierno, he tenido el privilegio de conocer diversas perspectivas, tanto nacionales como internacionales, de actores comprometidos con el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Mi labor en el Ministerio de Economía, asesorando en temas de Comercio Sostenible, ha sido una experiencia profundamente transformadora que me ha permitido derribar paradigmas y contribuir al desarrollo de planes para que Guatemala se consolide como un actor económico atractivo, sólido y sostenible. Estoy profundamente agradecido con el equipo del Ministerio y con los representantes de organizaciones internacionales, el sector productivo y la sociedad civil, quienes generosamente nos han compartido su conocimiento y visión para contribuir a la construcción de una Guatemala más sostenible y competitiva.

 Sin duda, Guatemala tiene una oportunidad única en este momento para cultivar su especialización y manufactura con valor agregado trascendiendo la dotación básica de commodities para el mundo. Guatemala debe continuar invirtiendo estratégicamente en capital humano, impulsando la educación, la investigación y la formación especializada y para esto se requiere de un equipo desde el gobierno comprometido con la construcción de un mejor país. Este compromiso ha sido la guía de nuestro equipo de trabajo en el gobierno y continuará siéndolo en futuras posiciones en las que trabajaremos en 2025.

Pero cultivar esta oferta con valor agregado también requiere que entendamos las complejas condiciones de la demanda global y nos preparemos con prácticas resilientes. Desde el gobierno debemos continuar fortaleciendo un mercado interno exigente y sofisticado que impulse a las empresas a la innovación constante. Para lograr esto, el desarrollo de la competitividad de las MIPYME es una prioridad y también la construcción de las redes de negocios e infraestructura que permitan llevar este desarrollo a toda Guatemala. Un mercado interno que demande altos estándares de calidad y se mantenga a la vanguardia de las necesidades globales, como lo demuestra un estudio del BID que vincula la exigencia local con un 20% más de probabilidades de exportar, es crucial para el éxito de nuestro país. Asimismo, el desarrollo de clústeres de industrias interconectadas, como el exitoso caso del turismo de salud y tantos otros ejemplos de dinamismo empresarial, permitirán la colaboración, el intercambio de conocimientos y la generación de sinergias que multiplican la competitividad.

Como grandes retos para los próximos tres años, tenemos el centrarnos en la estrategia sostenible que la Política de Gobierno 2024-28 ha presentado y mantenerla alineada con el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032 velando porque prioricemos los cinco pilares estratégicos del plan: 1. Reducir las brechas de desigualdad entre la Guatemala urbana y rural, 2. Fomentar un bienestar para toda la gente y 3. Contribuir a facilitar la creación de riquezas para todos y para todas velando porque estos no comprometan el aprovechamiento sostenible de 4. Recursos naturales para hoy y para el futuro. Todo esto, recordando la obligación de todos nosotros por velar se mantenga un sólido 5. Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo,

Entre mis principales metas para el 2025 estarán contribuir a promover un entorno que estimule la creación de empresas dinámicas, capaces de innovar y adaptarse a los desafíos cambiantes del mercado global en distintos territorios del país. Debemos contribuir a reducir el bajo desempeño en el pilar de “Dinamismo empresarial” del Índice de Competitividad Global, donde Guatemala ocupa el puesto 98 de 141 países, asegurando que el Estado fortalezca su participación en el impulso del espíritu emprendedor y la competencia en todos los departamentos.  Asimismo, trabajaremos con todo nuestro compromiso en fomentar una competencia e innovación para fomentar un crecimiento inclusivo. Para esto, la mejora de los servicios estatales cumpliendo estándares de economía circular será vital en los nuevos desarrollos territoriales aprovechando el uso de la digitalización, las energías renovables y los sistemas de saneamiento y reciclaje.  Para lograr esto, deberemos continuar contribuyendo al desarrollo y cumplimiento de un marco regulatorio que aproveche su potencial innovador sin comprometer la equidad. Pero la inversión y la infraestructura no son suficientes. En 2025, me comprometeré a buscar aumentar y mejorar la educación en el país y unir los esfuerzos público-privados para mejorar la tan necesaria inversión en educación como recomienda la UNESCO para construir una fuerza laboral capacitada y reducir las raíces de la migración. Para esto, invertir en infraestructura digital a nivel municipal y promover la alfabetización digital son esenciales para cerrar la brecha digital y facilitar la participación en la economía global de todos los guatemaltecos.

Cierro el 2025 con una profunda alegría con el trabajo que realicé este año junto a tantos compañeros y con un firme compromiso de trabajar por mi país. Estoy convencido de que Guatemala tiene en sus manos la oportunidad de construir un futuro próspero basado en la innovación, la competitividad y el crecimiento inclusivo. Este es el momento crucial para unirnos como nación y enfocar nuestros esfuerzos hacia un propósito común. Si trabajamos juntos, estoy seguro de que las metas de Desarrollo Sostenible estarán cada vez más al alcance, permitiendo que Guatemala libere todo su potencial y se posicione en el mapa global por las razones correctas, generando beneficios reales y duraderos para todos y todas.

Biocombustibles: un impulso verde para la logística marítima de Guatemala

La transición hacia biocombustibles en la industria naviera es un paso crucial para que Guatemala reduzca su huella de carbono y fortalezca su posición en el comercio internacional. Con el compromiso adecuado y el apoyo de políticas gubernamentales, el país tiene la oportunidad de liderar en prácticas sostenibles, promoviendo una cadena logística que no solo sea competitiva, sino también respetuosa con el medio ambiente.

En este contexto, la industria naviera es un pilar fundamental de la cadena logística global y, en el caso de Guatemala, es esencial para el comercio exterior que debe cumplir con las metas globales de reducciones de emisiones. Estrategias como la de la OMI para la reducción de emisiones en combustibles de las navieras es un ejemplo claro de estas nuevas regulaciones globales. Dado que la naviera es uno de los sectores más dependientes de combustibles fósiles, contribuyendo significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) la innovación verde es una obligación para mantener la competitividad. En este contexto, los biocombustibles emergen como una alternativa prometedora para reducir las emisiones y avanzar hacia una logística más sostenible.

Los biocombustibles son combustibles renovables derivados de biomasa, como aceites vegetales, residuos agrícolas y forestales, que se pueden utilizar en motores diésel sin necesidad de grandes modificaciones. Su utilización en la industria naviera ofrece una reducción notable en las emisiones de GEI, ya que, al contrario de los combustibles fósiles, los biocombustibles emiten menos CO₂, azufre y partículas contaminantes.

En la industria naviera, la adopción de biocombustibles puede reducir hasta un 80% las emisiones de CO₂ en comparación con los combustibles tradicionales. Para Guatemala, esta reducción no solo contribuye a los objetivos de sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático, sino que también mejora la competitividad del país en el comercio internacional. Las regulaciones medioambientales son cada vez más estrictas, y el uso de biocombustibles ayuda a que las exportaciones guatemaltecas cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad.

De estas y muchas otras innovaciones sostenible depende el futuro cercano de la industria global y el crecimiento del transporte transcontinental de bienes.

El rol de las instituciones ante el Cambio Climático, los Estudios Globales y las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson

Los Estudios Globales fueron el campo de especialización que estudié durante mis maestrías en Alemania y Dinamarca hace más de diez años. En ese entonces, esta disciplina era aún difícil de explicar y entender, y a menudo enfrentábamos críticas debido a su enfoque interdisciplinario, que examina exhaustivamente procesos, sistemas y problemas globales con énfasis en la interconexión de las dinámicas económicas, políticas y sociales entre las naciones. Esto nos llevaba a complejas discusiones ad infinitum que a los académicos suele irritar. Con la reciente entrega del Nobel de Economía 2024 a Acemoğlu, Robinson y Johnson, en particular por su análisis de los marcos institucionales y su impacto en el desarrollo económico en Why Nations Fail, considero relevante compartir cómo sus ideas se alinean con los Estudios Globales. Estos académicos exploran el papel fundamental de las instituciones políticas y económicas en la configuración de las desigualdades entre países, y cómo estas instituciones resultan clave para enfrentar la crisis climática actual.

Las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson y de los Estudios Globales se alimentan de una gran diversidad de autores, perspectivas e ideologías y son complementarios por ramas muy importantes como la Teoría de los Sistemas Mundiales de Wallerstein, que considera al capitalismo global como un sistema que mantiene dependencias entre el centro y la periferia, reforzando las disparidades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Asimismo, el análisis de Marx del capitalismo y las luchas de clases ofrece perspectivas fundamentales sobre las estructuras económicas y las relaciones de poder que los Estudios Globales examinan, especialmente para comprender cómo el capitalismo global puede perpetuar las desigualdades. Juntos, estos académicos y muchos otros que se han especializado en territorios o ramas de las ciencias humanas más específicas, contribuyen a una comprensión integral dentro de los Estudios Globales de cómo los sistemas económicos globales y los factores institucionales influyen en las disparidades y dan forma al orden global.

En mi caso, mi especialización en el impacto que el cambio climático y la práctica de nuevos modelos económicos de comercio sostenible como la economía circular me han llevado a ver cómo fenómenos globales, han suscitado preocupaciones no solo en términos de sus impactos medioambientales, sino también en relación con sus efectos en la estructura y funcionamiento de las instituciones. Este artículo busca explorar la relación entre el cambio climático y las instituciones de forma breve y con temas que podrían tomarnos un libro entero para analizar. Asimismo, presentaré cuál es su rol dentro del contexto de la “big history” o “gran historia” que ha inspirado la ideología detrás de estos autores laureados al presentar una perspectiva histórica que sitúa los eventos humanos dentro de la vasta cronología del universo.

La Big History y el cambio climático: un contexto macrohistórico

Cuando hablamos de “big history” nos referimos a un enfoque donde se considera la historia del ser humano no de manera aislada, sino como una pequeña parte de un proceso mucho más extenso que abarca desde el Big Bang hasta el presente. En este marco, el cambio climático representa un punto de inflexión que puede ser interpretado como un desencadenante de transformaciones a gran escala, similar a otros eventos disruptivos como la Revolución Agrícola o la Revolución Industrial y la actual Revolución del Internet y la Inteligencia Artificial que está reconfigurando desde ya el futuro de la humanidad.

El cambio climático es un evento dentro de esta narrativa que fuerza una reinterpretación de la relación de los seres humanos con el entorno natural y con las instituciones que continuarán sosteniendo esta sociedad vulnerable a las dinámicas de la naturaleza planetaria. Este cambio, se ha convertido en un catalizador que no solo modifica el clima y los ecosistemas, sino que también exige la adaptación de las instituciones y las estructuras económicas y políticas.

El rol de las instituciones y su vinculación con el cambio climático. La Adaptación y Resiliencia son clave

Las instituciones, entendidas como los sistemas de normas, reglas y estructuras organizativas que regulan el comportamiento social y económico, juegan un papel fundamental en la respuesta a la crisis climática. Las instituciones políticas y económicas se encuentran ahora en una encrucijada, ya que deben responder a desafíos sin precedentes que ponen a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia. En este contexto, es útil aplicar conceptos de la teoría institucional para analizar cómo las instituciones han reaccionado —o no— ante el cambio climático y cómo otras instituciones han sido las causantes —o no— de la aceleración de este cambio. Al respecto, mencionaré tres funciones clave que pueden resaltar el rol de las instituciones frente a esta problemática:

  1. Regulación ambiental y gobierno eficiente: conforme se intensifica el cambio climático, las instituciones deben desarrollar e implementar regulaciones que promuevan la sostenibilidad y mitiguen los efectos ambientales. Para esto, se requiere crear desde políticas de control de las emisiones de CO2 hasta acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030. La efectividad de estas regulaciones dependerá de la capacidad de las instituciones para adaptarse a la incertidumbre y coordinar respuestas integrales.
  2. Rediseño económico: el cambio climático también ha implicado una reconfiguración económica y el surgimiento de mecanismos de gobierno autoritarios que limiten el libre mercado y regulen la acción humana hacia sistemas proteccionistas y autoritarios. La transición hacia una economía baja en carbono y sostenible requiere una transformación significativa de las instituciones financieras y comerciales que en algunos países ha dependido de sistemas unipartidistas y totalitarios para reafirmar sus objetivos. Otros, como en la Unión Europea, han logrado establecer el consenso para alcanzar estas metas a la vez que protegen sus economías y cierran sus fronteras a la importación de CO2 vía fletes de transporte o productos fabricados como resultado de la deforestación. Es aquí donde el rol de economistas, internacionalistas y politólogos es crucial para analizar y promover políticas que permitan esta transición sin perjudicar el desarrollo económico.
  3. Innovación social y tecnológica: las instituciones también son fundamentales para fomentar la innovación social y la aceleración de la adaptación tecnológica. Estos son elementos necesarios para enfrentar el cambio climático y para fortalecer una población responsable de sus acciones bajo marcos regulatorios sólidos y certeza jurídica. Las universidades, centros de investigación y principalmente las empresas multinacionales han desempeñado un papel clave en esta reeducación social y aceleración tecnológica mediante la promoción de tecnologías limpias, creación de modas “verdes” y cumplimiento de certificaciones y prácticas sostenibles como el uso de empaques reciclables o de fuentes renovables. La colaboración interinstitucional es esencial para que estas innovaciones puedan escalar y ser efectivas a nivel global.

El rol de las Instituciones en el contexto de la Big History y el cambio climático

En el marco de la “big history” y de los estudios globales, el cambio climático puede ser visto como un momento crucial que demanda una reevaluación de las instituciones existentes de la misma manera en que Acemoglu-Robinson analizaron a países, regiones y civilizaciones. A lo largo de la historia, cada gran cambio estructural ha dado lugar a una reconfiguración de las instituciones, desde las primeras civilizaciones hasta las actuales democracias industriales capitalistas y los sistemas totalitarios de economía mixta. Actualmente, las instituciones enfrentan un reto similar: evolucionar o quedar obsoletas y ser víctimas del cambio climático. Las instituciones que logran adaptarse y promover una economía resiliente y sostenible podrían no solo sobrevivir, sino también liderar un nuevo capítulo en la gran historia de la humanidad. Algo que no ocurre por primera ocasión y que el caso de la caída de la civilización maya es un excelente ejemplo respecto a otros momentos críticos en la historia, en los que la respuesta institucional al cambio climático determinó el curso de la civilización humana.

El camino que queda ante nosotros para combatir el cambio climático desde instituciones nuevas y fortalecidas

Para los académicos y los tomadores de decisiones en el gobierno y las empresas, la relación entre el cambio climático y las instituciones ofrece un campo fértil para el análisis de cómo las estructuras de poder y gobernanza están respondiendo a este desafío global. La historia ha demostrado que las instituciones son capaces de cambiar en respuesta a crisis significativas y hoy nos encontramos ante una oportunidad similar. Por su parte, los globalistas tenemos el inmenso reto de diseñar modelos y estrategias socioeconómicas y políticas que faciliten la transición hacia economías sostenibles, considerando no solo los beneficios ambientales, sino también las implicaciones socioeconómicas para diferentes sectores de la sociedad. El cambio climático, en este contexto, se convierte no solo en un problema que resolver, sino en una oportunidad para reformular y reforzar el papel de las instituciones en el desarrollo humano. La premiación que hicieron del Nobel a Acemoğlu-Robinson-Johnson, nos debe invitar a continuar haciendo siempre análisis interdisciplinarios para entender cómo podremos enfrentar el futuro y construir sociedades más resilientes y sostenibles en el marco de los desafíos actuales y venideros.

Salud no es ausencia de enfermedades, es bienestar

En el curso del doctorado en Desarrollo Sostenible que estudio actualmente, explicaba el doctor Luján Lunsford cuáles eran los retos socioeconómicos y culturales de buscar soluciones a la situación de la salud en Guatemala. Muy claro fue su análisis para explicar que la salud no es ausencia de enfermedades. Especialmente, en países como Guatemala con tan compleja geografía, clima, cultura y sistemas económicos. De esta sesión sale este breve artículo para meditar.

La salud, tradicional e históricamente definida como la ausencia de enfermedad, es una interpretación estrecha que no logra captar ni la complejidad del bienestar humano ni el difícil recorrido humano de las ciencias de la salud que se han enfocado en enterrar pacientes. Particularmente en países tropicales como Guatemala, esta visión limitada pasa por alto la naturaleza multifacética de la salud. Un enfoque más integral considera factores que tienen al centro una visión de análisis global y de desarrollo sostenible. Estos factores deberían de analizar las interrelaciones de factores físicos, mentales, sociales y ambientales, reconociendo que la salud es una interacción intrincada de varios elementos que contribuyen al bienestar general de un individuo. Esta perspectiva holística es crucial para abordar los desafíos únicos que enfrentan las regiones tropicales, donde factores como el clima, las condiciones socioeconómicas y el acceso a la atención médica desempeñan un papel importante en los resultados de salud y en los subsecuentes estilos de vida que requieren del uso de productos químicos, fertilizantes y pesticidas que protejan los cultivos y permitan llevar los alimentos a las mesas de Guatemala y de Europa.

Una visión holística de la práctica del principio de Bienestar en el uso de la tecnología yasegurar beneficios económicos y a la salud de los humanos y del planeta

Los desafíos en los países tropicales

En Guatemala, el clima tropical crea un conjunto único de desafíos de salud, incluida la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue y que se han agravado con el surgimiento del Covid y sus variantes. Sin embargo, abordar estas enfermedades por sí solo no es suficiente para fomentar una población sana. ¿Pero qué es una población sana? Una definición común es la de “aquella que consigue disponer de bienes suficientes para sobrevivir y crece con el excedente que se genera entre lo que produce y lo no consume en mantenimiento, sino lo invierte en su crecimiento.”

Las altas tasas de desnutrición, el acceso limitado al agua potable y el saneamiento inadecuado también afectan significativamente la salud y dificultan identificar qué es una condición “normal” de salud humana. Además, las disparidades socioeconómicas exacerban estos problemas, dejando a las comunidades marginadas particularmente vulnerables y en la mayoría de los casos fuera de los indicadores y encuestas nacionales de condiciones de vida. Por lo tanto, un enfoque holístico de la salud en Guatemala debe abarcar una gama más amplia de determinantes, incluyendo no solo la nutrición, la educación y los servicios sociales sino la felicidad y la estabilidad emocional.

¿Pero qué es el bienestar?

El bienestar implica múltiples dimensiones, cada una de las cuales contribuye a la salud general de las personas y las comunidades. El bienestar físico es fundamental y abarca una nutrición adecuada, ejercicio y acceso a atención médica. Es un proceso intergeneracional de familias que han mantenido condiciones de buen vivir y les han asegurado visiones de vida en las que la enfermedad es resultado de situaciones excepcionales. La salud mental es igualmente importante y requiere sistemas de apoyo para el estrés, la ansiedad y otras afecciones psicológicas y la vida de bienestar implica un amplio cuidado por la salud mental como por la salud física.

El bienestar social implica la calidad de las relaciones y el apoyo comunitario, que son esenciales para la salud emocional y mental de forma continuada y retroactiva. La salud ambiental considera el impacto de las condiciones de vida, como el aire y el agua limpios, la vivienda segura y los espacios verdes. La estabilidad económica y las oportunidades educativas también desempeñan un papel crucial a la hora de permitir que las personas lleven una vida sana y plena.

Fotografía de un retiro de yoga ubicado en el lago de Atitlán, Guatemala

En estas condiciones, ¿qué requisitos deberían de cumplir nuestras sociedades para vivir en bienestar?

Crear una sociedad que promueva el bienestar integral requiere un enfoque multifacético. En primer lugar, es necesario fortalecer los sistemas de salud para brindar servicios integrales que vayan más allá del tratamiento de enfermedades e incluyan atención preventiva, apoyo a la salud mental y educación sanitaria. En Guatemala, esto significa mejorar la infraestructura de atención médica, capacitar a más profesionales de la salud y garantizar el acceso equitativo a los servicios en las áreas urbanas y rurales. Ir más allá de cuidar la salud por el afán de la salud no es suficiente y requiere de una planeación de largo plazo que permita construir las condiciones mínimas de bienestar intergeneracional. Esto implica la contribución estatal constante y enfocada en la reducción de las desigualdades y la construcción de sistemas de servicios públicos que construyan ambientes seguros, espacios verdes y zonas de reunión culturales y sociales.

Importancia de las políticas sociales y económicas

Las políticas sociales deben abordar las causas profundas de las disparidades en salud. Esto incluye implementar programas para combatir la desnutrición, mejorar el agua y el saneamiento y brindar educación y oportunidades económicas. Por ejemplo, los programas de nutrición comunitarios pueden ayudar a abordar la malnutrición, mientras que las inversiones en educación pueden dotar a las personas de los conocimientos y habilidades necesarios para mejorar su salud y sus medios de vida. Las políticas económicas deben apuntar a reducir la pobreza y proporcionar redes de seguridad social, asegurando que todos los ciudadanos tengan los recursos necesarios para mantener su salud. Repensando la salud, los hospitales deberían de dejar de funcionar como centros de captación de enfermos y convertirse en centros de integración social y de participación de la comunidad que sumen a un bienestar integral de las comunidades. En sociedades con mayor bienestar, es muy común ver hospitales rodeados de plazas, jardines y puntos colectivos de reunión y de transporte. El hospital en estos lugares se convierte en una institución de construcción social y no de obnulación y alienación como suele ocurrir con los hospitales que vemos se construyen aún hoy en día con altos muros, barrotes y territorios alejados del acceso de las personas “sanas”.

La salud en países tropicales como Guatemala no puede abordarse adecuadamente centrándose únicamente en la ausencia de enfermedades. Decir que quienes vivimos en estos países vivimos “sanamente” requiere de una comprensión y de un enfoque holístico que abarque el bienestar físico, mental, social y ambiental como factores esenciales para redefinir las condiciones en las que vivimos.

Al fortalecer los sistemas de salud, implementar políticas sociales y económicas integrales, involucrarnos más en nuestras comunidades y promover la gestión ambiental de los recursos naturales que compartimos, Guatemala puede crear una sociedad que apoye el bienestar integral y nos permita a todos prosperar en comunidad. Lograr esto no es difícil siempre y cuando se cuente con una voluntad comunitaria unificada en construir estas condiciones de vida. Lograr el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en general debe partir por construir sociedades que vivan realmente sanas y en bienestar.