El comercio internacional es cada vez más complejo de lo esperado gracias a las preocupaciones sobre los límites de la producción humana. Con el aumento de las legislaciones nacionales que buscan preservar el medio ambiente, proteger los recursos naturales y fomentar sistemas de economía circular, es muy importante conocer y entender el papel de las cláusulas espejo en el comercio sostenible internacional. Para entender este tema, es necesario empezar por definir qué son las cláusulas espejo y su importancia en el comercio sostenible. Además, presentaré algunos ejemplos, tanto positivos como negativos, de la implementación de estas cláusulas y cuál es su relación con el comercio global.
Las cláusulas espejo son disposiciones contractuales que se incluyen en los acuerdos comerciales internacionales y establecen que las partes contratantes (exportador e importador) deben cumplir con determinados estándares y normas en materia de sostenibilidad. Estas cláusulas reflejan las obligaciones y responsabilidades asumidas por los países o empresas importadoras respecto a la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la lucha contra la corrupción y otros aspectos relacionados con el desarrollo sostenible que son parte de la diligencia debida que se exige en los nuevos Reglamentos y Directivas de regiones como el mercado de la Unión Europea. El objetivo de las cláusulas espejo es asegurar que el comercio internacional se realice de forma responsable y sostenible.
El comercio sostenible desempeña un papel crucial en la promoción del desarrollo económico, social y ambiental a nivel global que requiere trascendamos las visiones de soberanía y proteccionismo que se promovieron en el siglo pasado por muchos actores políticos e ideologías. A través de prácticas comerciales responsables, se busca garantizar la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos laborales, la promoción de la igualdad de género y el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Como resultado, estas prácticas de comercio son uno de los más efectivos motores para reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de las comunidades, fortalecer las economías locales y alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS, por sus siglas). En este marco, las cláusulas espejo juegan un papel fundamental al establecer compromisos concretos y verificables en los acuerdos comerciales, lo que permite garantizar que las prácticas comerciales sean sostenibles y respetuosas con los derechos humanos.
Efectos positivos y negativos de las cláusulas espejo
Existen diversos ejemplos positivos de la aplicación de cláusulas espejo en el comercio sostenible internacional. Uno de ellos es el caso de la Unión Europea, que ha incluido cláusulas espejo en sus acuerdos comerciales para promover la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos laborales de sus industrias locales y de las industrias de donde se proveen de importaciones. Gracias a estas cláusulas, se ha logrado reducir la huella de carbono de los productos importados, la disminución de la deforestación y garantizar condiciones de trabajo dignas a lo largo de toda la cadena de suministro. Otro ejemplo es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Guatemala, el cual incluye cláusulas espejo que garantizan el cumplimiento de estándares de sostenibilidad en diversas áreas como la protección del medio ambiente y los derechos humanos.
La falta de cláusulas espejo en acuerdos comerciales puede dar lugar a situaciones negativas en términos de sostenibilidad. Un ejemplo de ello es la explotación laboral en algunos países productores de productos agrícolas o industriales, donde la ausencia de cláusulas espejo ha permitido condiciones de trabajo precarias y salarios injustos en los que no se reconoce la mano de obra que elaboró los productos. Además, sin cláusulas espejo, se corre el riesgo de que se produzca una competencia desleal entre los países exportadores, ya que aquellos que no tienen regulaciones estrictas en materia de sostenibilidad pueden ofrecer productos a precios más bajos sin respetar los estándares mínimos. Esta falta de equidad no solo afecta al medio ambiente y a los trabajadores, sino también a las empresas que sí operan siguiendo prácticas sostenibles, creando un desbalance en el comercio internacional.
El impacto para Guatemala
Guatemala mantiene relaciones importantes con los países del norte global, lo que ha permitido establecer intercambios comerciales significativos que están contribuyendo a acelerar la transición hacia sistemas productivos más sostenibles, ambientalmente responsables y responsables de la seguridad y derechos de su mano de obra. Además, es muy importante enfatizar que las relaciones comerciales de países como Guatemala se han fortalecido con el comercio sostenible, ya que los países del norte global han mostrado interés en promover prácticas comerciales responsables y respetuosas con el medio ambiente para la provisión de productos de primera calidad que solamente pueden ser cultivados o manufacturados en países ricos en recursos como Guatemala. Esta dinámica comercial sostenible ha abierto oportunidades para Guatemala de acceder a mercados más exigentes y desarrollar productos sostenibles que puedan ser valorados en el contexto internacional.
El efecto de las cláusulas espejo en el Pacto Verde podría resultar en la imposición de barreras a las importaciones de productos procedentes de Guatemala hacia la Unión Europea. Por lo tanto, es crucial llevar a cabo un seguimiento detallado y constante de los nuevos desarrollos normativos. Entre otras medidas, la Unión Europea ha,
Implementado el reglamento sobre deforestación
modificado los límites máximos de residuos de plaguicidas y
adoptado un mecanismo de ajuste de frontera para las emisiones de carbono.
Pero estos desarrollos normativos no se quedan acá, es importantísimo que los empresarios y tomadores de decisiones en Guatemala estén en constante diálogo con delegados de la UE y estén al tanto de futuros cambios regulatorios para poder adaptarse y cumplir con los requisitos necesarios con sus exportaciones hacia la Unión Europea de manera efectiva y sostenible.
El siguiente paso de Guatemala y sus países vecinos es continuar mejorando sus procesos y resolver los desafíos que las cláusulas espejo presenten. Entre los desafíos que actualmente tenemos, está la necesidad de adaptarse a más y “mejores” exigencias y estándares de los países del norte global, lo cual implica invertir en la mejora de infraestructuras, fortalecimiento de la certeza jurídica y protección y desarrollo de las capacidades productivas. Como resultado, estas nuevas prácticas comerciales serán sin duda el empuje necesario para acelerar la modernización, la mejora continua, la diligencia debida y la sostenibilidad de las cadenas productivas que impactará en el comercio de todos los productos y servicios que desde el sur global se fabriquen.
Celebrar el Día de la Tierra en las economías del Sur Global es sumamente importante para los empresarios y emprendedores que buscan construir negocios con el potencial de crecimiento exponencial. Para conseguir esa riqueza sostenible con la que todos los empresarios soñamos, implementar y fortalecer las prácticas de economía circular es imprescindible en un mundo con recursos limitados y con presiones energéticas y vitales cada vez más agudas. Temas ambientales como el cambio climático, la eficiencia energética, la contaminación derivada de las prácticas empresariales y la pérdida de biodiversidad tienen un impacto global que trasciende las fronteras económicas y que debe ser el eje central de la visión estratégica de todos los proyectos empresariales. Ante este contexto y a pesar de su situación económica, las economías del sur global son los territorios en los que una visión empresarial estratégica contribuirá significativamente a superar estos desafíos debido a la rápida industrialización, las nuevas prácticas de explotación de recursos y la apertura a nuevas oportunidades de negocio cada vez más circulares y energéticamente innovadores.
Como consecuencia de este impacto climático global, el rol central de los empresarios con visión estratégica es uno de los principales vehículos por el cuál muchas economías en el sur global serán capaces de rescatar a las comunidades más vulnerables ante la degradación ambiental actual. Estas comunidades vulnerables, dependen en gran medida de los recursos naturales para su sustento y está en las innovaciones empresariales la inmensa oportunidad de cambir el ritmo de Producción-Consumo-Desecho de la economía lineal hacia sistemas productivos de economía circular como el de la siguiente gráfica,
Además, las economías del sur global a menudo cuentan con una rica biodiversidad y recursos naturales con un inmenso potencial de investigación científica y nuevas formas de producción que permitirán desarrollar soluciones económicas para continuar protegiendo los recursos de este planeta. Conmemorar el Día de la Tierra cada 22 de abril sirve para crear conciencia sobre la necesidad de conservar estos recursos para las generaciones futuras y de apoyar al sector empresarial que innove en proyectos sostenibles y circulares. Adoptar estas prácticas sostenibles de la economía circular como parte de la Planeación Estrategia, Misión y Visión de las empresas no sólo garantiza el desarrollo económico a largo plazo, fomenta la paz y la convivencia y, como consecuencia, protege el medio ambiente de todos los humanos.
Dado que la degradación ambiental plantea graves amenazas a la salud pública, especialmente en regiones con acceso limitado a la atención sanitaria y al saneamiento es importante recordar el importantísimo rol social que los empresarios tienen en sus áreas locales de trabajo, producción y comercialización. A través de la conmemoración del Día de la Tierra, los empresarios y emprendedores sostenibles tienen una oportunidad de oro para identificar iniciativas destinadas a abordar la contaminación y promover el aire limpio, el agua potable y el saneamiento de las comunidades que les rodean. La participación activa en las actividades del Día de la Tierra demuestra un compromiso con los acuerdos ambientales internacionales y las soluciones colaborativas para los desafíos globales apremiantes.
Celebrar el Día de la Tierra en las economías del sur global es una oportunidad para subrayar la interconexión de las cuestiones ambientales, sociales y política con el importante rol que la actividad económica tiene para liderar la innovación sostenible en la meta común por alcanzar los 17 ODS. La investigación en productos que utilicen energías renovables y que innoven en el diseño de los productos para eliminar por completo los desechos es también un gran aporte que los empresarios exitosos continúan desarrollando e innovando.
Un empresario visionario tiene en estas celebraciones la oportundiad de reforzar la importancia de la acción colectiva de sus clientes para generar cambios en el consumo y para construir mecanismo de colaboración económicamente sostenibles que nos permitan proteger nuestro planeta para las generaciones actuales y futuras.
Aunque en América Latina, y específicamente en Guatemala, se han logrado grandes avances en reforestación en las últimas décadas, todavía enfrentamos importantes desafíos por delante en el resto del mundo. Ante este contexto global, la Unión Europea implementará el Reglamento de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) que busca analizar a partir del 1 de enero de 2025 la cadena de producción de siete productos:
café,
aceite de palma,
cacao,
madera,
ganado bovino,
caucho y
soya
El café, el aceite de palma, el cacao y la madera los principales productos afectados de la economía guatemalteca y estas industrias emplean casi un millón de trabajadores del agro anualmente. Como resultado, cientos de empresas productoras y agricultores guatemaltecos deberán asegurar el cumplimiento de requisitos de diligencia debida y garantizar que sus productos, que alimentan a los más de 450 millones de habitantes de la UE, son productos libres de deforestación.
Como se observa en la siguiente gráfica, Guatemala ha logrado grandes pasos para reducir la deforestación desde el año 2001 y se proyecta que, en los próximos años, el país habrá alcanzado niveles positivos de cobertura forestal gracias a las políticas implementadas por el CONAP e INAB en alianza con comunidades locales, empresarios y agricultores.
Desafortunadamente, en otras regiones del mundo la historia no ha sido igual de positiva como en Guatemala. Según la encuesta anual del Instituto de Recursos Mundiales, en el año 2022 la pérdida mundial de bosques ascendió a 4.1 millones de hectáreas (+10% versus 2021) como resultado de prácticas agrícolas no sostenibles. Como resultado, la deforestación ha puesto en riesgo los ecosistemas locales y contribuido a la aceleración del cambio climático del planeta. Para contribuir a este ritmo de deforestación, el EUDR europeo aspira a detener el ritmo de deforestación en línea con los compromisos firmados por los países del mundo en importantes eventos como las Convenciones de Río y muchos otros acuerdos y tratados firmados y ratificados por Guatemala desde el siglo pasado.
A pesar de que el reglamento EUDR de la UE marcará un paso muy importante para abordar este problema que lleva siglos de consumo lineal aún existen retos a nivel de gobierno y empresas que siguen sin una respuesta concreta respecto a la Diligencia Debida, Mapeo y Geolocalización, Capacitaciones y Procedimientos que las empresas deberán de cumplir y estar preparados para cumplir los nuevos requisitos para la producción y comercio internacional que permitan un flujo sostenible de los recursos y un mapeo de la información cada vez más sostenible.
Ejemplo de un Sistema de trazabilidad en una cadena de suministro agrícola
A continuación les comparto algunas recomendaciones que nos podrán prepararnos y priorizar acciones, mientras nos preparamos para cumplir con la diligencia debida de los productos mencionados en el Reglamento de Deforestación:
Debido a que serán los operadores y comerciantes europeos los que deben demostrar que sus productos están libres de deforestación, es importante mantener una comunicación directa con ellos para preguntar por su conocimiento sobre el tema, informales que las empresa y los gobiernos de América Latina nos estamos preparando para cumplir los requisitos de normativa local vigentes en respeto de una larga lista de obligaciones comerciales, legales y civiles que se exigirán demostrar y presentar la evidencia requerida para demostrar que no se ha deforestado las áreas productivas versus el año 2020. Asimismo, este es aún un excelente momento para solicitar a los operadores sus dudas y preguntas para que los gobiernos locales en América Latina nos permitan consolidar respuestas alineadas y evitar que trabajo innecesario de parte de nuestras empresas.
Debido a que las empresas en Guatemala estarán obligadas a recopilar las coordenadas geográficas de las parcelas de tierra donde se produjeron los productos, es importante solicitar a los gobiernos locales información respecto a qué sistemas nacionales se utilizarán para presentar las imágenes satelitales que verificarán la geolocalización.
Evaluar amenazas, riesgos y mitigación a nivel empresarial es uno de los primeros pasos que las empresas deben realizar para identificar las brechas de mejora respecto a la trazabilidad de geolocalización o de legislación para solicitar, con tiempo, apoyo a los gobiernos locales y elaborar los planes de mitigación de riesgos que consideren necesarios.
Las empresas latinoamericanas debe contribuir con sus gobiernos locales a generar datos estadísticos de protección forestal, reforestación y cumplimiento de prácticas comerciales sostenibles con el fin de elaborar documentación a nivel de país verificable, medible y de cumplimiento de las regulaciones internacionales y estándares altos de protección de los derechos humanos.
Dado que las certificaciones internacionales como Rainforest Alliance, FSC, PEFC y muchas otras no serán aceptadas como evidencia de la diligencia debida y geolocalización según las autoridades europeas, es necesario que las empresas revisen la documentación que ya se presenta para cumplir estas certificaciones y que indaguen con sus gobiernos locales qué otros requisitos deben ser presentados. Lo anterior contribuirá a una mayor trazabilidad y acceso a información a nivel de parcelas de tierra que permitirá una mejor toma de decisiones en las cadenas de suministro para evitar la pérdida de bosques.
Por último, a pesar de que la trazabilidad a nivel de plantas, beneficios de café o bodegas de exportación es un paso intermedio importante para lograr una trazabilidad total, el EUDR exige que las empresas rastreen los productos hasta su origen de cultivo y cosecha con coordenadas exactas a nivel de plantación. Esto requerirá que las empresas se reúnan con todos sus proveedores y trabajen en equipo para mapear las cadenas de suministro completas y se incluyan incluso los proveedores indirectos de productos, materias primas y empaques.
A ocho meses de que la UE empiece a exigir la diligencia debida y geolocalización de la producción de los productos que ingresan a su territorio, nuestras empresas deben continuar prestando mucha atención a la solidez y el alcance de los programas de trazabilidad y seguimiento que ya existen en sus empresas. Estos sistemas internos serán vitales para garantizarles cumplir con los requisitos de diligencia debida en todas las cadenas de suministro cubiertas por el reglamento y, como en el caso de Guatemala, contribuir a acelerar este camino de reforestación nacional que nos permitirá convertirnos en países que han dejado la deforestación como una cosa del pasado. La implementación de prácticas de economía circular es una gran oportunidad para que se fortalezca la colaboración entre proveedores, empresas, gobiernos y actores de la sociedad civil para asegurar que la producción de nuestros alimentos sea cada vez más sostenible.
Con la creciente necesidad de crear los mecanismos de adaptación y resiliencia climática los organismos del estado de Guatemala han establecido mecanismos para abordar los desafíos ambientales y cumplir con sus obligaciones constitucionales. El presente ensayo tiene como objetivo ofrecer una síntesis de la legislación e instrumentos de evaluación ambiental vigentes en la República de Guatemala y explicar los procedimientos que deben seguirse para realizar actividades productivas en el país en cumplimiento con la protección del medio ambiente, evitar la degradación ambiental y manejar adecuadamente los recursos del planeta.
Los instrumentos de evaluación ambiental son herramientas creadas para que las empresas prevengan y mitiguen los distintos impactos ambientales adversos que las actividades antropogénicas generan en el medio ambiente. La función de estos instrumentos es cumplir con la legislación vigente y cubrir los procedimientos de evaluación técnica previa a una actividad de construcción evaluando múltiples variables ambientales. Al finalizar la evaluación ambiental correspondiente para cada proyecto, se contribuirá a mejorar la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. El uso de instrumentos de evaluación ambiental es un mecanismo utilizado en muchos países para garantizar un desarrollo sostenible y en Guatemala el ente rector del seguimiento y aprobación de estos instrumentos es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Los instrumentos de evaluación ambiental desempeñan un papel fundamental para fomentar el desarrollo sostenible de la actividad antropogénica en los países y sirve como una herramienta requerida para evaluar y mitigar los posibles efectos adversos de los proyectos en el medio ambiente. No se puede subestimar la importancia de realizar estos estudios y su correcta categorización contribuye significativamente al objetivo general de fomentar el desarrollo ordenado, resiliente y sostenible. Las actividades de construcción, por su naturaleza, a menudo implican la alteración de paisajes, utilización de recursos, modificación del entorno natural y la generación de residuos, lo que puede resultar en diversas formas de contaminación. Al realizar estudios exhaustivos de impacto ambiental, las partes interesadas obtienen información valiosa sobre las posibles consecuencias ambientales de los proyectos propuestos, lo que permitirá tomar decisiones informadas que priorizan la preservación y protección de los ecosistemas. Uno de los principales beneficios de los instrumentos de evaluación ambiental es la identificación y evaluación de posibles fuentes de contaminación que pueden ser evitadas con una correcta construcción y modificaciones en los proyectos que se gestionan ante el Ministerio de Ambiente. Estos estudios permiten un examen integral de los impactos potenciales de un proyecto en la calidad del aire, el agua y el suelo, facilitando el desarrollo de estrategias para minimizar o eliminar la contaminación. Este enfoque proactivo no sólo salvaguarda el entorno inmediato, sino que también contribuirá a alcanzar el objetivo más amplio de la conservación del medio ambiente. Además, los estudios de impacto ambiental ayudan a identificar áreas ambientalmente sensibles y puntos críticos de biodiversidad que pueden verse afectados por las actividades de construcción a niveles meso y macro en los alrededores; así como, los impactos potenciales que un proyecto tendrá en áreas protegidas y en áreas bióticas vulnerables. Esta información es crucial para desarrollar medidas de conservación y mitigación adaptadas para proteger estos ecosistemas vulnerables y requiere de una activa comunicación interinstitucional del gobierno para mantener y actualizar esta información de vulnerabilidad en colaboración entre organismos como la Dirección de Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas del CONAP, el INAB y otras instituciones gubernamentales clave.
La integración de estudios de impacto ambiental en la planificación del desarrollo también se alinea con los principios del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Al evaluar y abordar sistemáticamente los riesgos ambientales potenciales, los instrumentos de evaluación ambiental pueden esforzarse por lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. Esta postura proactiva no solo minimiza los impactos negativos en los ecosistemas, sino que también promueve el uso eficiente de los recursos, reduce la generación de desechos y fomenta la adopción de tecnologías y prácticas de construcción ecológicas. Como se presentará en el siguiente ensayo, la correcta categorización y estudio de los instrumentos de evaluación ambiental permitirá evitar la contaminación y fomentar el desarrollo sostenible de Guatemala. Estos estudios proporcionan un marco sistemático para evaluar y mitigar los riesgos ambientales potenciales asociados con los proyectos. Al identificar las fuentes de contaminación, proteger la biodiversidad y promover prácticas sostenibles, los estudios de impacto ambiental contribuyen al desarrollo responsable y ético de la infraestructura, asegurando que el progreso económico se produzca en armonía con la preservación del medio ambiente.
Los instrumentos de evaluación ambiental tienen como finalidad respaldar el proceso de toma de decisiones en relación con futuros proyectos de construcción, al evaluar los impactos tanto negativos como positivos que estos puedan tener en el entorno ambiental. La principal función de dichas evaluaciones consiste en identificar y prevenir los posibles impactos ambientales y prever el desarrollo de estrategias para modificar dichos impactos. Las evaluaciones ambientales llevan a cabo una comparación científica y técnica de las variables que influyen en el entorno ambiental del proyecto y el análisis abarca factores abióticos, bióticos, económicos, sociales, legales y financieros. Es imperativo considerar y evaluar el análisis ambiental antes de emprender cualquier acción de índole técnica o económica que sea lo suficientemente significativa como para comprometer o perjudicar el proceso de toma de decisiones del proyecto. Asimismo, es esencial crear un presupuesto específico para abordar cualquier resultado que la evaluación ambiental revele durante el proceso de elaboración con el fin de adaptar y mitigar los posibles impactos ambientales de los proyectos, asegurando así una gestión ambientalmente responsable.
La legislación y el MARN vigilan porque se cumpla con una categorización de proyectos de acuerdo con su grado de impacto potencial en el ambiente y esta consta de dos grandes grupos de proyectos:
Categoría 1: proyectos que no tienen mayores impactos ambientales y que no requieren de un Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Categoría 2: son los proyectos que necesitan ser evaluados con mayor detalle por medio de un Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Como punto de partida, los instrumentos de evaluación de impacto ambiental requieren de la existencia de suficiente información básica de la zona en la que se realizarán trabajos de construcción. Especialmente, estos instrumentos son solicitados para el desarrollo de obras de gran impacto ambiental como minas, hidroeléctricas, carreteras, fábricas e industrias o proyectos agrícolas o forestales. Además, los instrumentos de evaluación ambiental son particularmente importantes cuando los proyectos se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo por ser ecosistemas de conservación y protección ambiental, áreas protegidas registradas o cuando tienen un impacto en las reservas culturales, históricas o de valor religioso para grupos étnicos de Guatemala.
A enero de 2024 se tiene documentación de la existencia de 6 distintos tipos de evaluaciones ambientales que deben utilizarse dependiendo del tipo de proyecto a realizar y sus alcances e impactos económicos.
La evaluación ambiental más sencilla se utiliza para proyectos que no tendrán un impacto ambiental significativo y cuya mitigación de impactos es fácil de eliminar o reducir. Para aquellos proyectos cuyo impacto ambiental será hasta nivel medio o para infraestructuras de mayores dimensiones que tendrán un impacto ambiental en el entorno se requiere la elaboración de diagnósticos ambientales de bajo impacto. Cuando el instrumento ambiental se desarrolla para proyectos que tienen el potencial de generar un impacto ambiental de moderado a alto se debe realizar una evaluación de impacto ambiental acumulativo que deberá analizar todos los impactos originados por la actividad antropogénica del proyecto.
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86 de la república de Guatemala se han establecido los siguientes tipos de instrumentos de evaluación ambiental según se grafica en la Ilustración 1.
Ilustración 1. Escala de requisitos e instrumentos ambientales solicitados por el MARN
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MARN y el Listado Taxativo.
Este es un estudio que se realiza por experto autorizados por el gobierno de Guatemala de la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y que realizan una visita a los sitios propuestos para un proyecto. La visita técnica determinará los impactos ambientales del proyecto y si el mismo afecta o no significativamente el medio ambiente. El análisis técnico se basa en la evidencia obtenida de proyectos anterior en relación con su ubicación, tamaño e indicadores específicos del tipo de proyecto. El informe técnico se presenta de forma escrita con el fin de determinar si el proyecto no tiene impactos significativos o si debe realizarse un estudio de impacto mayor. El documento que debe presentarse se incluye en el Anexo 1.
Estos instrumentos se desarrollan en las fases preliminares o de factibilidad con el fin de recabar información respecto a los impactos naturales, sociales y humanos. Así como para determinar las medidas de mitigación, la disposición de los desechos y residuos sólidos y líquidos, establecer planes de contingencia y de salud y seguridad humana.
Este instrumento se utiliza para aquellos proyectos que tendrán altos impactos ambientales y que requieren un estudio completo para analizar los impactos en el medio ambiente, el alcance de los cambios ambientales que se tendrán, los mecanismos de prevención y mitigación de impactos ambientales, alternativas factibles para el desarrollo del proyecto y la opinión y apoyo de la comunidad entorno al proyecto a ser afectada. Los instrumentos con impactos significativos en el medio ambiente requieren que los responsables del mismo garanticen se cumplirá con los requisitos solicitados y se pague una fianza a ser determinada por la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República de Guatemala.
Según el impacto ambiental que tendrán los proyectos los que caigan en la categoría B1 y A de la Ilustración 1 deberán presentar solamente un estudio predictivo “Estudio de impacto ambiental” y un estudio correctivo “Diagnóstico ambiental -DA-”. Para los proyectos de categorías superiores según la Ilustración 1 que corresponden a las siglas CR, C, C+PGA y B2 se requiere una “Evaluación ambiental inicial” predictiva y un “Diagnóstico de Bajo Impacto -DABI-” correctivo.
Las categorías mencionadas anteriormente son listadas y determinadas en base al Listado Taxativo creado en base al Acuerdo Ministerial 204-2019 emitido por el (Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, 2019) con el fin de normar el listado de proyectos, obras industrias y otras actividades que establecen la base-técnico descriptiva para categorizar los instrumentos ambientales a cumplir según los sectores industriales siguientes:
Según los impactos ambientales que un proyecto tendrá en el medio ambiente, se debe realizar una medición de los siguientes factores ambientales y sus impactos con el fin de determinar los requisitos de mitigación de los daños a ocasionar en el medio ambiente. A continuación, se presenta una tabla que resume los diversos factores ambientales que se analizan en los instrumentos de impacto ambiental:
Factor Ambiental
Medición
Consumo de energía
Energía utilizada a lo largo de todos los procesos productivos del proyecto.
Materias primas
Suma de elementos materiales a utilizarse para el desarrollo del proyecto.
Emisiones al medio ambiente
Medición de partículas de aire y gases vertidos al medio ambiente por el proyecto que tienen el potencial de contaminarlo y causar efectos en el cambio climático planetario.
Residuos y desechos líquidos
Vertidos líquidos que impactarán o se derramarán en ríos, lagos o en la tierra y que tienen potencial de contaminar los mantos acuíferos, reducir el agua potable o causar daños a la salud humana y animal.
Residuos y desechos sólidos
Materiales sólidos vertidos en la tierra, ríos o lagos con el potencial de causar daños y contaminar la salud humana, animal y ambiental.
Fuente: elaboración propia.
Los instrumentos de evaluación ambiental siguen procesos para identificar primero la acción a realizar en un territorio específico e identificar los posibles impactos mediante el análisis de causalidad, seguido de la predicción matemática de la magnitud e impactos ambientales sobre el hombre y sobre los componentes bióticos del entorno. La Ilustración 2 presenta un detalle de qué tipo de instrumento y conclusiones debe entregarse con una interpretación técnica de los resultados observados y establecer mecanismos de prevención de los efectos ambientales del mismo.
Ilustración 2. Tipos de Instrumentos de Evaluación Ambiental predictivos y correctivos
Fuente: elaboración propia en base a datos de (Dirección de Gestión Ambiental MARN, 2023)
Según estableció inicialmente el (Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, 2019), la recategorización de los proyectos y los instrumentos ambientales a llevar a cabo será realizada por la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y la Dirección de Coordinación Nacional de Guatemala. Este listado fue reformado con el (Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., 2021) que reformó y revisó las categorías establecidas en el Acuerdo Ministerial número 204-2019 de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales para actualizar las categorías asignadas a cada sector productivo luego de determinar factores que modificaron de manera significativa la categoría del proyecto en base a alguno de los criterios siguientes establecidos en (Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., 2021):
Localización (ubicarse en áreas ambientalmente frágiles o áreas con planificación territorial.
Normativa vigente sobre la actividad específica y grado técnico de tecnificación.
Cuando las características de la actividad productiva puedan generar un aumento o disminución en el impacto ambiental potencial.
Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, Pub. L. No. 204–2019, MARN (2019). https://www.marn.gob.gt/Multimedios/15548.pdf
Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., MARN (2021).
Dirección de Gestión Ambiental MARN. (2023). Normativa Ambiental Actual.
En una sociedad latinoamericana altamente competitiva donde el costo de las materias primas y la búsqueda de nuevos mercados ha sido nuestra eterna prioridad, la diferenciación en el mercado y de las marcas se ha vuelto una necesidad cada vez más importante para el mercado conforme los latinos y latinas nos educamos más aprendemos más sobre la urgencia de cambiar nuestro estilo de vida hacia uno más sostenible con el medio ambiente. La creciente llegada a los mercados latinoamericanos de empresas multinacionales con capacidades productivas de escala y la dificultad de establecer contratos a precios competitivos con los grandes productores de materias primas en Asia y Europa, se suman a la compleja toma de decisiones a nivel estratégico que los líderes deben analizar para consolidar el éxito con una visión estratégica de largo plazo.
Con la intensificación de los efectos del cambio climático en las últimas décadas y debido a la mayor preocupación de las nuevas generaciones de consumidores por cambiar sus estilos de vida, la sostenibilidad ambiental y la práctica de estrategias de economía circular se ha vuelto cada vez más importante para las organizaciones que buscan diferenciarse y ser más competitivas. Para atender a los consumidores que somos cada vez más “verdes”, las empresas listas para innovadoras han sido las primeras en reconocer la necesidad de repensar sus productos y servicios, identificar sinergias internas y alinear sus operaciones con prácticas éticas, económicamente circulares y que contribuyan a la neutralidad de huella de carbono como aportes a proteger nuestro medio ambiente. Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones en Latinoamérica aún no se encuentran listas para innovar y establecer estrategias de sostenibilidad en sus estructuras. En estas condiciones, la segmentación estratégica circular y el liderazgo que prioriza la toma de decisiones sostenibles es no solo un paso crucial para replantear las organizaciones, sino que será el determinante del éxito empresarial para continuar siendo competitivos en el mundo globalizado en que vivimos.
A continuación, les comparto algunas lecciones sobre los 10 principales Retos que una Estrategia de Sostenibilidad debe resolver para consolidar la transformación empresarial hacia negocios ciento por ciento circulares y ambientalmente responsables, ofrecer productos y servicios sustentables y asegurar la modernización de sus procesos hacia la búsqueda de ser cada vez más eficientes y amigables con el medio ambiente.
Reto 1 – Revisar la cartera de productos o servicios y analizar su ciclo de vida y el impacto integral El primer paso para desarrollar una estrategia sostenible es arrancar con un proceso de evaluación de la cartera e identificar cuál de estos productos o servicios tiene los mayores y menores impactos en huella de carbono equivalente (CO2e.) y hacer una evaluación del impacto ambiental (EIA) exhaustiva. Para realizar esto se puede contratar equipo capacitado, utilizar software de análisis y utilizar estudios académicos existentes sobre el tema. Al respecto, estos permitirán identificar si los productos y servicios que se ofrecen son eficientes en términos ambientales o si debe realizarse innovaciones a los mismos en coordinación con los clientes que consumen los mismos. El gran reto de este paso inicial es identificar dónde y cómo se debe cambiar la forma en que se realizan los procesos productivos, las materias primas que se utilizan y los métodos de distribución y transporte con los que se trabaja. La meta es analizar toda la cadena de valor de la empresa para identificar áreas donde el impacto ambiental es mayor y empezar a trabajar en estas áreas. Estos análisis incluirán todo el consumo de recursos, la generación de residuos, las emisiones de carbono y otros indicadores ambientales relevantes.
Reto 2 – Identificar y alinear a las partes interesadas y asignar un equipo de trabajo liderado para coordinar a colaboradores clave Una estrategia sostenible requiere la colaboración de varias partes interesadas, tanto internas como externas que desde la Alta Dirección han priorizado la transformación de la organización. Para esto, es ideal hacer un benchmark en la industria e identificar cómo y por qué los competidores han creado “centros de innovación” o “centros de sostenibilidad” desde los cuales han creado grupos de trabajo enfocados a la innovación verde de la organización. Este proceso requiere de la participación de trabajadores clave de distintos departamentos (producción – ventas – mercadeo – calidad – entre otros) + Proveedores de Insumos + Clientes + Legislaciones y Actores gubernamentales. Al crear estos grupos de trabajo multidisciplinarios se priorizará la innovación sostenible y la recopilación de ideas urgentes a empezar a trabajar, responder a dudas sobre la capacidad técnica y operativa de implementarlas e identificar qué departamentos deberán realizar mejoras. Muy importante en este proceso es involucrar a los clientes como actores clave para identificar sinergias de compromisos de sostenibilidad tales como metas de ahorro de huella de carbono, metas de Reducción, Eliminación o Reciclaje y facilitar el intercambio de conocimientos y recursos.
Reto 3 – Creación de Metas de Sostenibilidad SMART y Compromisos públicos liderados desde la alta gerencia La creación de metas de sostenibilidad requieren fundamentalmente de claridad para guiar los consiguientes procesos de segmentación estratégica que se habrán de realizar. Alcanzar la claridad es fácil en papel; sin embargo, es muy usual que estas metas fallen por no ser SMART. Las metas u o objetivos SMART son aquello que deben contar con las siguientes características (Específicos + Medibles + Alcanzables + Relevantes + Tiempos establecidos). Junto a estos indicadores, se debe establecer indicadores para cada uno de los miembros de los equipos internos, indicadores para nuevos desarrollos e innovaciones e indicadores para medir los impactos positivos y negativos versus aquellos productos o servicios que se estarán sustituyendo. Los indicadores más utilizados son huella de carbono equivalente, eficiencia energética y de agua, reducción de desechos y residuos, aumento de reciclabilidad y reducción de tiempo o impactos en la vida de anaquel para industrias de productos perecederos. Respecto a los Compromisos públicos, estos se deben basar en la sumatoria de los objetivos SMART que el equipo ha desarrollado y debe trazar metas a mediano y largo plazo que permitan a la organización demostrar cuánto, cómo y cuándo pretende alcanzar las innovaciones sostenibles.
Reto 4 – Crear una segmentación basada en competitividad, innovación y sostenibilidad Dónde y qué productos o servicios se priorizarán dependerá de la segmentación y categorías que se establezcan para innovar el negocio en el que se encuentren. Para esto, es imprescindible reconocer que no se podrá innovar en todos los productos o servicios que deseemos debido a que el tiempo, el dinero y los recursos siempre serán limitados; y que, por lo tanto, es necesario priorizar aquellas categorías donde se podrán tener innovaciones más significativas que mejoren la competitividad organizacional. La priorización de estas categorías asegurará un veloz impacto en términos ambientales que contribuirá a que la cultura organizacional también se transforme. Junto a ella, se asegurará también que la viabilidad de las innovaciones se visibilice en el corto plazo y que sean eslabones que permitirán transformaciones más grandes y complejas en el largo plazo. El objetivo de la segmentación es priorizar y determinar qué iniciativas son económicamente viables, sean apreciadas y solicitadas por los clientes y sean positivamente recibidas por los consumidores finales.
Reto 5 – Eficiencia tecnológica e Innovación limpia El desarrollo de nuevas y más eficientes tecnologías ha permitido a las organizaciones ahorrar energía y acelerar sus procesos productivos. En muchas organizaciones, la norma de los compradores de equipo y maquinaría se dirigía por la directiva “buscar el ahorro de recursos”. Bajo esta dirección, muchos de los compradores ignoraban si los equipos ahorraban energía y recursos o si, al contrario, incrementaban el gasto de energía, reducían la eficiencia productiva o ralentizaban los procesos. En la nueva era del pensamiento sostenible, la búsqueda de ahorros se evalúa en igualdad de condiciones con los términos de sostenibilidad ambiental y reducción de generación de desechos y residuos en el mediano y largo plazo. Una organización sostenible considera además que, la inversión en fuentes de energía renovables y reutilización de recursos debe ser parte de la identidad de la organización y un factor fundamental a comunicar a los actores externos. En este sentido, la eficiencia e innovación sostenible debe integrarse también en el uso de tecnologías administrativas que ahorren recursos y que fomenten la reutilización, reducción y reciclaje. Junto a esto, debe también fomentarse el uso de aquellas prácticas circulares que fomenten los ahorros en alianza con los proveedores y clientes de los productos o servicios que se entregan.
Reto 6 – Monitoreo y Adaptación Continua La regla de oro en temas de innovación y sostenibilidad es que los productos y servicios que ofrecemos siempre, siempre, siempre podrán ser más eficientes y sostenibles. Y que, por lo tanto, debemos mantener un constante monitoreo y adaptación continúa de nuestros procesos al uso de nuevas tecnologías, nuevas materias primas y nuevos procesos de fabricación que aseguren mantener un sistema sólido de seguimiento dirigido por los sistemas de gestión de calidad más actualizados. Adoptar una cultura de mejora continua, marcos de gestión de proyectos de metodología ágil, colaboración y retroalimentación constante entre las partes interesadas y superar los estándares ambientales deben ser requisitos mínimos de una organización que busca innovar continuamente y adaptarse a los cambios del mercado.
Reto 7 – Capacitación y compromiso de los empleados Una planeación estratégica sostenible que busca convertirse en parte de la identidad de la organización requerirá de una constante capacitación de sus trabajadores desde las áreas operativas hasta la alta gerencia. Es fundamental que la organización esté siempre actualizada en las innovaciones del mercado y que la estrategia se desarrolle independiente de la intervención de otras áreas de trabajo. Esto permitirá que se creen programas de capacitación para crear conciencia sobre temas de sostenibilidad con los clientes internos y externos, fomentar la innovación en los procesos y promover la actitud propositiva de todos los miembros de la organización. Las actividades que se realizan con los trabajadores también deberán tener por objetivo involucrar a los trabajadores en la participación activa para compensar y reparar aquellos impactos ambientales que sean muy difíciles o imposibles de realizar en un momento específico. y, por último, pero no menos importante, capacitar constantemente a los colaboradores debe también fomentar la competencia en ideas y propuestas que los trabajadores ofrezcan para mejorar el trabajo que se realiza en todos los procesos de la organización.
Este libro es una herramienta útil para siempre repensar nuestras organizaciones
Reto 8 – Estar dispuestos a escuchar y replantearnos el qué y cómo hacemos lo que hacemos
Este es el antepenúltimo reto de esta lista y es uno de los más importantes. Adaptarnos al constante cambio ha sido por muchos años uno de los principales temores del liderazgo. La meta de vida de muchos era llegar a un puesto y quedarse cómodo y seguro en él. Evitar los cambios veloces, huir a la innovación y buscar crear procesos inamovibles era la meta a la que muchas organizaciones medianas y grandes solían aspirar. La idea antigua era pensar que las organizaciones se creaban para ser líderes en un negocio y evitar moverse de ahí por el mayor tiempo posible. Los nuevos liderazgos y la búsqueda de la innovación sostenible de las formas de hacer negocios nos llevan en la dirección diametralmente opuesta a la anterior formar de pensar. Dado que las tecnologías e innovaciones continúan acelerándose de forma exponencial, la mentalidad dentro de las organizaciones debe ser igual de versátil y capaz de adaptarse a los nuevos cambios del mercado. Vivimos cada vez más en entornos VUCA (por sus siglas en inglés: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). En estos entornos, el liderazgo y la alta gerencia de las organizaciones debe fomentar la búsqueda de cambios constantes e incentivarlos. Asimismo, sus inversiones deben enfocarse en cambiar la forma en que se planteaban los negocios. Por ejemplo, las inversiones en maquinaria y equipo ya no deben de considerarse en términos de 5, 10 ó 20 años de depreciación sino en planes de negocios que consideren la depreciación como una parte intrínseca del riesgo de los negocios y, por lo tanto, planificar para períodos cada vez más cortos de depreciación y adaptación.
Reto 9 – Escuchar al consumidor y ser éticos para atender sus deseos
Una máxima de los principios de la economía del libre mercado es que el consumidor siempre tiene la última palabra. En estas condiciones, la ley de oferta y demanda debe siempre ser nuestra guía para el establecimiento de nuestros precios, el desarrollo de nuestros productos y servicios y la identificación de las acciones de sostenibilidad y eficiencia ambiental que pretendemos conseguir. Sumado a este principio, el desarrollo del marketing ha transformado el mundo hacia el fomento del consumo masivo y la publicidad de productos que sean “mejores para el ambiente”. En esta búsqueda de ese nuevo mercadeo verde, la práctica del “greenwashing” ha sido utilizado por organizaciones que buscan venderse como innovadores en sostenibilidad. En un mundo sin marketing, las empresas no tendrían idea de lo que quieren sus clientes y los clientes no tendrían idea de qué empresas ofrecen los productos que necesitan. La práctica del greenwashing entre las organizaciones que buscan hacer crear nuevas necesidades entre los consumidores es uno de los temas más analizados y criticados en la actualidad ya que la organización que utiliza estas estrategias no solo busca engañar a sus consumidores, sino que también se engaña a sí mismos. Dado que el greenwashing es un proceso de transmitir una impresión falsa o información engañosa sobre cómo los productos de una empresa son ambientalmente mejores que otros. En este nuevo mundo de oferta y demanda y del mercadeo de consumo masivo, la responsabilidad de las empresas que sí son ambientalmente responsables requiere de cumplir siempre con todas las promesas de valor que los productos o servicios ofrezcan al consumidor (desde su durabilidad, su medición y reducción de huella de carbono, su compostabilidad o reciclabilidad y/o sus efectos en la salud del consumidor). Las empresas éticas y responsables con el medio ambiente son aquellas que realizan sus estudios de análisis de ciclo de vida y lo comunican con claridad a los consumidores. Junto a estas prácticas, el fomento de legislaciones que protejan la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente deben ser acciones que se lideren desde las organizaciones que fabrican productos o servicios de consumo.
Reto 10 – Involucrarse activamente en redes con actores externos
“Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo.”De la misma manera en que el poeta John Donne definió al ser humano en este abstracto de uno de sus famosos poemas, en las organizaciones debemos creer con firmeza que debemos ser parte también de una red de alianzas colaborativas y de trabajo. Para posicionar a las organizaciones como líderes en la sostenibilidad en cada una de sus áreas de trabajo, es fundamental que se participe en las redes sociales, políticas y económicas de forma activa y propositiva. Es muy común que las empresas pequeñas y medianas no participen de las redes de gremiales y asociaciones porque consideran que no tienen mucho que ganar o que no cuentan con los recursos humanos, de tiempo o de dinero para ser actores activos en estas organizaciones. Sin embargo, no se podría estar más equivocado. La participación en redes de sostenibilidad no debe ser una actividad de solamente aquellas empresas con excedentes de recursos. Las PYMES son en realidad las empresas que más oportunidades tienen de beneficiarse de la participación en redes de sostenibilidad y en estas organizaciones, los propietarios o propietarias, deben asignar un espacio de sus agendas cada semana para atender a estas actividades y buscar ocupar puestos en sus juntas directivas y comités. La razón más importante de esta participación es económica. La mayoría de los fondos asignados por los gobiernos nacionales y la cooperación internacional en temas de sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica, adaptación y resiliencia al cambio climático, entre otros se gestiona y administra dentro de estas redes.
Emprender la transformación de una organización hacia la creación de una estrategia de sostenibilidad es un proceso que requerirá el compromiso a largo plazo de todos los actores clave. Principalmente, el rol de los propietarios y la alta gerencia será determinante para liderar desde sus puestos la creación de una segmentación estratégica sostenible que empodere a los centros de innovación, reingeniería de procesos y gestión de calidad para acelerar la transición a ser más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La estrategia de las organizaciones requiere un enfoque sistemático y holístico que involucre un extenso análisis de las debilidades y oportunidades de las organizaciones. Solamente después de realizar una evaluación integral del impacto ambiental, de interactuar con las partes interesadas, de establecer objetivos de sostenibilidad SMART, de priorizar segmentos competitivos e integrar nuevas tecnologías innovadoras se podrá arrancar con la transformación sostenible de un negocio. El fomentar el compromiso de los trabajadores y mantener un equipo de seguimiento y auditoría ambiental sobre la mejora continua permitirá crear una hoja de ruta hacia la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos productos y servicios sostenibles.
Esta breve revisión que les he compartido sobre los retos que debe responder una Metodología de Sostenibilidad, les permitirá no sólo alinear las actividades que sus organizaciones actualmente estén realizando, sino también acelerar la innovación de los productos y servicios que ofrecen y crear valor agregado para sus clientes. Ser competitivos en el largo plazo es ya cosa del pasado cuando una organización no esté dispuesta a innovar continuamente. Las organizaciones que serán competitivas con aquellas que estén siempre dispuestas a ponerse metas más altas, retarse a mejorar la forma en que consume sus recursos ambientales-financieros y a fomentar liderazgos disruptivos y visionarios que deseen conquistar el mundo.
El racismo es una ideología sistémica y profundamente arraigada en el ser humano. Como una ideología, el racismo se puede observar en distintas sociedades e individuos y atraviesa a lo largo de grupos étnicos y económicos sin respetar fronteras ni colores de piel. Como práctica, el racismo es una actitud individual que, sumado a ideologías compartidas por un grupo de personas, ha tenido efectos nefastos en la vida de distintos grupos humanos al día de hoy.
Es fundamental reconocer que el racismo no es inherente a ningún grupo de personas o “razas” y que este es un aprendizaje aprendido y altamente influenciado por la cultura, la historia y los factores sociales de los individuos que rechazan la universalidad de la humanidad en busca de beneficios y privilegios mesquinos para un grupo específico de personas. La práctica del racismo debe ser por todos repudiada y requiere de esfuerzos colectivos para evidenciar a las personas que lo promuevan, refutar sus expresiones con evidencias y haciendo uso de los recursos legales que buscan acabar con el racismo en nuestros países. Es necesario demostrar, tal y como lo explica la ciencia, que los seres humanos somos todos universalmente iguales e indivualmente diferentes. Y que, por lo tanto, los esfuerzos realizados por los gobiernos para eliminar las brechas y diferencias creadas desde discursos racistas deben ser combatidas no solo por los gobiernos sino por los individuos de forma activa en todas las labores sociales y económicas que realizamos.
Guatemala es un país creado luego de un largo proceso de conquista europea que arrancó en el siglo XV. Nuestro país junto con el resto del continente americano fue escenario de la fuerza terriblemente destructiva que el racismo es capaz de crear a lo largo de generaciones y de prácticas repetidas de exclusión, discriminación, minimización y destrucción de los pueblos considerados “inferiores”, “infrahumanos” o “subhumanos”. La esclavitud, la servidumbre y otras formas de trabajo obligatorio surgieron de la ideología de los conquistadores que consideraron a los pueblos conquistados como tales durante siglos. Estas prácticas aún se observan en regiones del sur global a través de la subyugación y explotación de inmigrantes, trabajadores forzados y esclavos. Según el Índice Global de Esclavitud, publicado por Walk Free Foundation, estiman que hay más de 49.6 millones de personas bajo “esclavitud moderna” y son personas que han sido subhumanizadas por sus captores para realizar trabajos forzosos, ofrecer servidumbre por pago de deudas, son víctimas de la trata de personas y prostitución, entre otras formas de explotación.
De acuerdo con el índice de la gráfica anterior, Guatemala es uno de los países de América Latina con mayor presencia de esclavitud moderna y ocupa la posición #37 de entre los países del mundo. La información del Índice se elabora en base a entrevistas con sobrevivientes de la esclavitud moderna recopiladas a través de encuestas de hogares representativas a nivel nacional en 75 países y la evaluación de Walk Free sobre la vulnerabilidad a nivel nacional reflejando que aún existen inmensas retor por asegurar que en América Latina se combatan las prácticas de racismo y subhumanización heredadas de la historia colonial. Históricamente, estas prácticas han sido reforzadas por prácticas comerciales sin ética y han sido fortalecidas por ideologías irracionales de actores y líderes que desde sus áreas de influencia continúan intentando degradar a las culturas indígenas, deshumanización a los grupos que consideran inferiores (en especial los grupos étnicos africanos, aborígenes, indígenas y nativos americanos) y utilizar discursos de odio para referirse a estos grupos como infrahumanos o animales con derechos inferiores a los de ellos.
Los impactos del imperialismo impulsado por el deseo mercantilista de extracción de los recursos de la periferia jugó un papel fundamental en la propagación de ideologías racistas. Las potencias europeas, impulsadas por un sentido de superioridad, se embarcaron en una misión de conquistar y colonizar vastos territorios del sur global y consolidaron una percepción distorsionada de las jerarquías raciales que categorizaban a los pueblos indígenas como inferiores y, en algunos casos, infrahumanos. En la obra elaborada por Wilson Romero y Ana Patricia Orantes con el título “Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala” se analiza a profundidad cómo el racismo es no solo una ideología que ha tenido impactos sociales sino también profundos daños económicos y políticos para los pueblos indígenas excluidos. Al respecto, indican que en Guatemala,
” (…) las brechas que hoy se observan entre la población indígena y la mestiza/ladina no surgieron espontáneamente ni son el resultado del destino o de la casualidad, sino que tienen un origen histórico que desde la Colonia se ha proyectado y ha definido las estructuras económicas, sociales, políticas y la forma subordinada de inserción al mundo globalizado. La historia y las estructuras expresadas en los diferentes modelos de desarrollo han creado sus propias instituciones, formales e informales, y han reproducido el racismo.”
Wilson Romero y Ana Patricia Orantes
Sobre el racismo hay cientos de películas y libros que nos permitirán entender los inmensos daños que esta ideología han tenido sobre la humanidad entera. Para el caso de Guatemala, la obra de autoras Marta Elena Casaús Arzú es un punto de partida necesario en la obra “Guatemala: linaje y racismo“, donde la autora estudia los fundamentos ideológicos de la clase dominante de Guatemala y cómo el racismo y la discriminación nos han permitido a algunos grupos beneficiarnos de una economía extractivista y mercantilista.
vía: Casaús, Marta Elena. El diagnóstico del racismo y la discriminación en Guatemala: Metodología cualitativa y participativa para la elaboración de una política pública. (Link al artículo en la imagen)
Eliminar con el discurso racista no será sencillo y debemos estar concientes que a pesar de la existencia de muchos instrumentos internacionales de derechos humanos que buscan legislar y eliminar el racismo debemos legislar en nuestros países las regulaciones necesarias para que las libertades políticas de una persona no pueden ser absolutas en vista del derecho igualmente fundamental a ser protegido contra la discriminación racial que garantiza el Artículo 41 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y que, por lo tanto, no se puede permitir que se abuse de las libertades políticas para explotar, causar o iniciar prejuicios por motivos de raza, color, origen étnico o nacionalidad o con el propósito de tratar de ganarse la simpatía de un grupo de personas utilizando prejuicios raciales.
Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. ↩︎
Durante más de 20 años, el nombre y las ideas de Henry Kissinger han impactado mi vida y nuestro entorno con resultados que permanecerán vigentes durante décadas por venir. La influencia de Kissinger fue más que ideológica y sus análisis sirvieron de consejo para la toma de decisiones de los políticos estadounidenses y sus contrapartes en Latinoamérica y el resto del sur global.
A Kissinger lo conocí muy joven y lo leí a los 14 años en un libro que compré en la extinta librería del Fondo de Cultura Económica de México. Años después, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, el nombre de Kissinger nos aparecía en la sopa cada semestre y era imposible no citarlo en ensayos y discusiones. Posteriormente, en mi transición hacia Europa, Kissinger no dejó de sonar en las discusiones en las Universidades de Leipzig y Copenhague, y su huella indeleble se mantuvo siempre presente en las discusiones que tuve sobre los impactos que el imperialismo estadounidense habían tenido en la conformación del sur global.
En la obra “La Diplomacia“, Kissinger presentaba su visión sobre las implicaciones globales de decisiones que configuraron la historia occidental. En el libro y en sus escritos y conferencias, Kissinger siempre prestó muchísima atención a los eventos más críticos en los que se vio envuelto el mundo diplomático durante las guerras coloniales y mundiales y explicaba cómo los intereses nacionales debían ser la guía en la toma de decisiones políticas. La Diplomacia, sigue estando en mi biblioteca y luego de haberlo leído varias veces es uno de los libros que más he manchado, resaltado, pintado y escrito con comentarios para entender las razones por las cuales Latinoamérica sigue siendo (a mucha honra o no) el patio trasero de los intereses del imperialismo estadounidense. Imperialismo que nos permitió salvarnos del totalitarismo de la URSS, pero que también trajo consigo un autoritarismo militar de débiles democracias artificiales. Debilidad que aún hoy en día es tangible en países como Guatemala donde se está llevando a cabo un intento autoritario de corruptos por derribar un gobierno democráticamente electo y ante el cual Estados Unidos ha sido claro explicando que, parafraseando a algunos colegas expertos en el tema “cualquier intento de evitar la continuidad de la democracia en Guatemala, sería una amenaza y ataque directo a los intereses nacionales del país del norte”.
Kissinger fue uno de los principales asesores que recomendó a USA y permitió a Pinochet mantenerse en el poder luego de concretar el asesinato del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Leer más de los archivos desclasfiicados del a CIA: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB437/
Contestar a La Diplomacia y a las ideas de Kissinger requeriría uno o varios libros para entender punto por punto un complejo enmarañado de relaciones internacionales. Además, requeriría de muchísima más experiencia y habilidades de la que tengo incluso 20 años después de haber leido por primera vez una de sus muchas obras. Sin embargo, A Kissinger lo entiendo ahora en dos actos y estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado algo similar con un autor que ha tenido tanta influencia en la política durante tantos años.
En el primer acto, a Kissinger lo entendí siendo un joven inmerso en el discurso eurocéntrico, capitalista neoliberal y colonial y en el segundo, en el ahora, lo leo como un no-tan-joven globalista que entiende cómo Kissinger aconsejó a políticos y empresarios para que crearan y fortalecieran un mundo occidental eurocéntrico (el nunca lo llamaría así) con golpe tras golpe fríamente calculados para proteger sus intereses nacionales (realpolitik) y construir sistemas democráticos artificiales que contrarrestaran el avance del totalitarismo populista.
Como resultado de esta política, la democracia artificial creada desde Estados Unidos sostuvo valores “occidentales” y alianzas estratégicas de dependencia económico-militar de USA y Europa y, por el otro lado, creó y protegió a una elite militar y empresarial que practicaba un capitalismo mercantilista que les aseguraba control político, social y económico sobre las fuerzas de producción y evitaba el surgimiento de una clase media educada y sana. En esta dinámica de relaciones capitalistas, Latinoamérica fue uno de los lugares más impactados por los consejos de Kissinger y otros expertos de su época como George Kennan, Zbigniew Brzezinski, Samuel P. Huntington y muchos otros realistas, políticos y empresarios. Por fortuna, estas ideas evitarían el efecto dominó luego de la llegada del totalitarismo popular que se hizo del poder en Cuba y que posteriormente lo haría en Venezuela y Nicaragua.
Kissinger en su visita a la China maoísta reformó el orden internacional. Su visita sirvió a USA para contrarrestar el poder soviético y complicar el avance de la estrategia del Kremlin. Paralelamente, USA buscó una distensión con Moscú, produciendo un conjunto histórico de acuerdos comerciales, de control de armas, de derechos humanos y de fomento de la confianza que ayudaron a limitar la carrera armamentista y hacer la Guerra Fría más manejable y predecible para los intereses calculados de Kissinger y Co.
Las ideas de Kissinger permitieron en el siglo XX crear un mundo donde USA demostró y expandió su poderío tras un discurso realpolitik de superioridad moral disfrazado de “democrático”, “liberal” y “capitalista” pero que se enfocaba en la conquista del poder y la victoria a toda costa contra los enemigos comunistas orientales (Rusia y China).
El autoritarismo clientelar que se fortaleció y esparció con redes de corrupción en Latinoamérica durante los últimos 40 años de estrategias kissingerianas es uno de los frutos de la estrategia de realpolitik estadounidense que, luego de que se les saliera del control, ahora se intenta reducir o controlar desde la Casa Blanca.
Pero lo pasado es pasado, y lo que nos queda ahora son los efectos de la escuela de Kissinger que permearon nuestra política hispanoamericana. La región sigue sumida en una lucha de intereses en los que USA continúa buscando equilibrar las dinámicas de poder contrarrestando la influencia del comunismo del siglo pasado. En este proceso, USA continúa apoyando el derrocamiento de gobiernos democráticamente electos en Bolivia, Perú y Honduras para dar algunos ejemplos. Mientras que, a la vez, lucha por proteger otros gobiernos democráticamente electos en países como Guatemala, Colombia o México, siempre y cuando, estos se plieguen a los intereses nacionales y la agenda central de:
lucha contra la inmmigración indocumentada,
combate a las drogas,
lucha contra el terrorismo y
bloqueo latinoamericano al ingreso de intereses y capital económico ruso-chino.
En este proceso, hispanoamérica aún tiene mucho que aprender para consolidar verdaderos sistemas democráticos donde los votantes tengan la voz principal y no se viva dependiendo de los contubernios políticos (el famoso estado paralelo) donde autoritariamente manda una pequeña elite política-empresarial creada el siglo pasado. A este inmenso reto, se suma la necesidad de crear e integrar un verdadero sentido de democracia participativa donde todos los pobladores de los países (en especial pueblos indígenas) tengan una voz y representación en la creación de los estados democráticos en los que viven.
Sin duda, en este proceso tan influenciado por el intervencionismo kissingeriano que aún domina desde USA, nos queda aún un largo recorrido para que hispanoamérica sea capaz de administrar sus gobiernos de forma soberanal, activa e independientemente participando en la arena global y fortaleciendo en instituciones sólidas la separación de poderes del estado. La gran meta: consolidar democracias ideológicamente sólidas e inclusivas donde se concreten planes de gobierno consensuados, pragmáticos y académicos que para muchos académicos más pesimistas (o realistas) es una meta muy lejana y romántica.
Pero este proceso no será sencillo de lograr y Estados Unidos es y seguirá siendo un imperio económico y político que domina Latinoamérica según sean los intereses de una política exterior de longue durée en referencia al concepto braudeliano.
El intervencionismo que Kissinger y Co. fomentaron sigue estando vigente hoy. El apoyo del país del norte a los regímenes autoritarios continuará ocurriendo cuando el fantasma del comunismo vuelva a aparecer en las elecciones de nuevos gobiernos y se necesitará que seamos más los votantes y analistas políticos que recordemos los impactos (a veces positivos y mayormente negativos) que este intervencionismo ha tenido en nuestra historia postcolonial.
El sistema democrático en Guatemala y muchos otros países de Latinoamérica están hoy más débiles que nunca.
Hacia el siglo XXI se presentan nuevos retos heredados de Kissinger y Co. y en países como Guatemala es urgente que prestemos atención a los siguientes puntos,
El fortalecimiento de la organización política y social de los pueblos indígenas que reclama un espacio en la política y toma de decisiones surge como una exigencia cada vez más fuerte. El rechazo a la apertura ante estos reclamos de parte de la elite mestiza gobernante ha forzado a que estos movimientos se radicalicen y se exija no solo la inclusión política de estos pueblos sino la refundación de los estados tal y como ocurrió en Bolivia y parcipalmente en Perú.
La creciente desigualdad económica fomenta la organización más sólida de los grupos excluidos. ESta desigualdad es a la vez un reflejo de la exclusión política de la mayoría de la población y su organización exige romper con el sistema de autoritarismo clientelar creado desde el siglo pasado. El populismo autoritario neoliberal surge como una amenaza tal y como ocurrió en El Salvador de Bukele y recientemente con la Argentina de Milei.
La corrupción del estado clientelar creado bajo el auspicio de la visión Kissingeriana desde USA para sostener gobiernos autoritarios está pasando la factura y el estado de bienestar en hispanoamérica se cae a pedazos sin hospitales ni escuelas públicas dignas. La estrategia de USA a través de las ONGs para crear fuentes de inversión y trabajo se ha quedado corta y ha fallado. Como resultado, la migración de trabajadores hacia USA y Canadá seguirá en ascenso.
Kissinger falleció el 29 de noviembre de 2023 y el legado que dejaron y que seguirán teniendo sus ideas seguirán vivas por muchos años más. Nos queda una larga tarea por aprender de estas lecciones y construir países más sólidos y democráticos, poblaciones más inclusivas y equilibradas, economías más competitivas y globales.
Finalmente, Como Kissinger dijo en su libro de memorias
“No siempre podemos asegurar el futuro de nuestros amigos; Tenemos más posibilidades de asegurar nuestro futuro si recordamos quiénes son nuestros amigos.”
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS, por sus siglas) tiene como meta Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este ODS se enfoca en la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho de todos los países y la colaboración internacional para contribuir al desarrollo técnico, educativo y social de sociedades más democráticas, de fomento de la separación de poderes y el respeto de los sistemas legales vigentes en cada país.
Hoy 09 de octubre de 2023, en medio de la débil y grave situación institucional en la que se encuentra Guatemala, luego del asedio del Gobierno Ejecutivo y el Ministerio Público al sistema electoral del país, el ODS 16 se perfila como uno de los más importantes y relevantes.
La Agenda 2030 tiene como objetivo acelerar el proceso de promoción de sociedades más democráticas y respetuosas de todas las personas en los países del sur global. Históricamente, en estos países se han evidenciado los peores casos de discriminación racial, económica y de género que han resultado de estructuras políticas dominadas por elites militares clientelares desde que arrancó el proceso de descolonización. El ODS16 tiene un rol muy importante en el fortalecimiento de las instituciones del Estado en África y América Latina donde se busca romper con las estructuras clientelares y evitar que el Estado de Derecho y la aplicación de la ley continúen sirviendo como herramienta para la protección de privilegios pecuniarios. La paz social, la certeza jurídica y la protección de la propiedad privada y estatal son condiciones básicas para el desarrollo económico de estas regiones.
Protesta ciudadana frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de los empleados públicos Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cynthia Monterroso y Fredy Orellana (poderes Ejecutivo y Judicial) quienes buscan detener el proceso de transición democrática de las Elecciones Generales realizadas en junio y agosto de 2023.
El ODS16 tiene como objetivo central evitar los conflictos mediante la identificación de las causas estructurales de conflictividad social. La corrupción, los privilegios, la impunidad y los abusos de poder son algunas de estas causas primarias de conflictos que pueden ser evitados con la creación de vínculos entre gremios empresariales, líderes sociales y religiosos, actorse de la comunidad internacional y de los poderes del Estado para crear acuerdos multilaterales que permitan fortalecer instituciones republicanas.
El ODS16 es vital para combatir eventos como los que ocurren actualmente en Guatemala. Si ODS estuviera implementado efectivamente, el país habría encontrado una solución eficaz que evitara el conflicto social de forma temprana, se habría detenido el avance de violaciones de la separación de poderes y se habrían reducido las pérdidas económicas con la participación de los líderes económicos, sociales y políticos mediante mesas de diálogo y asambleas que garantizarían la voz y acceso igualitario de los participantes para resolver las disputas vigentes.
Participación legal inclusiva en la cosa pública es aquella justicia ciega que no discrimina a los ciudadanos por ninguna razón.
La efectiva implementación del ODS16 permitiría a los países evitar conflicto sociales, manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras que resultan como una forma efectiva de protesta mediante la “escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública” como determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019. Al respecto, la CIDH continúa indicando que
“… los Estados no pueden limitar la protesta social en base a los prejuicios e intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. No se debe perder de vista que según los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, la libertad de expresión y de asociación son derechos de “toda persona” y que las restricciones al derecho a la protesta “no deben ‘perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia.”
CIDH. (2019). Protesta y derechos humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 15 (ODS, por sus siglas) tiene como meta gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Este ODS se enfoca en la necesidad del fortalecimiento de los países y su legislación vigente en para proteger los bosques y detener la pérdida de biodiversidad.
La tala de árboles es tan antigua como el establecimiento de las primeras aldeas de humanos hace miles de años. Los restos de las aldeas más antiguas que se han encontrado fueron viviendas construidas con barro y ramas de árboles hace más de 19,000 años en las orillas del Mar de Galilea. Desde entonces, la madera y la civilización humana han sido inseparables para el desarrollo de nuestros actuales estilos de vida. Desafortunadamente, la relación entre los humanos y los bosques entró en un proceso de desbalance por la tala excesiva que ha resultado del veloz crecimiento de la población humana en los últimos 200 años. Como se observa en la siguiente gráfica, en 1928 eramos tan solo 2,000 millones de humanos y actualmente hemos cuadruplicado este número a 8,000 millones de habitantes al 2023.
Como resultado de este veloz crecimiento de la población, la Agenda 2030 busca que los países del sur global que mantendrán un veloz crecimiento de la población, implementen acciones que reduzcan la deforestación de los bosques tropicales, fomenten la reforestación de zonas que son taladas para convertirlas en tierras de cultivo y pastos de animales y reducir la tala ilegal para la generación de leña en los hogares más pobres. De toda Centroamérica, Guatemala es el país con el mayor porcentaje de deforestación en los últimos años y los principales retos que el país tiene son: a.) mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más pobres que practican la tala ilegal para proveer de leña en sus hogares y b.) combatir el veloz crecimiento de la narcoganadería que ha causado la tala ilegal de inmensos territorios de bosques en el país.
La narcoganadería en Guatemala ha deforestado amplios territorios de bosques en el norte y occidente del país para convertirlos en tierras de pastos. Esta práctica ha crecido vinculada a una creciente -e ilegal- industria de corte de maderas preciosas. La Universidad de Texas realizó un estudio en Guatemala e identificó que entre el 59% y 87% de la deforestación en las áreas protegidas, biotopos y parques nacionales que forman la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala corresponde a la “cría ilegal de ganado”. Esta zona, equivalente a 2,2 millones de hectáreas no ha sido protegida por el Estado de Guatemala especialmente en el departamento de Petén.
Al menos un tercio de todos los bosques del mundo han desaparecido y su recuperación es vital para la continuidad de la especie humana. Los bosques están directamente vinculados no solo a la generación de oxígeno y almacenamiento de carbono, sino también a la generación de agua potable, preservación de la vida de animales e insectos vitales para el balance ecológico y evitan la erosión de los suelos a la vez que lo fertilizan. La meta del ODS15 es uno de los principales esfuerzos que se deben fomentar desde la legislación del país. Para lograr lo anterior, algunas de las acciones que se deben fomentar son:
Penas y castigos más fuertes a individuos que deforestan.
Mejor protección y mayor presupuesto estatal a la protección de áreas protegidas.
Creación de mayores incentivos fiscales para que empresas privadas reforesten y establezcan zonas de bosques vírgenes protegidas.
Fomento de la reforestación y reparación de la huella de carbono generada por las empresas con incentivos fiscales.
Educación a la población sobre la importancia de la protección de los bosques.
Mejora en los planes estatales para proveer de estufas ahorradoras y estufas con tecnologías que permitan eliminar por completo el uso de la leña para generación de fuego en los hogares.
Detener la deforestación es el primer de muchos pasos que el ODS15 tiene como objetivo. Junto a esto es necesario que los países luchen contra la desertificación, se rehabiliten los suelos degradados por la práctica de monocultivos, la sequía y las inundaciones, y reducir la degradación de los hábitats naturales para proteger las especies amenazadas y evitar su extinción en todo el país.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS, por sus siglas) tiene como meta Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Este ODS se enfoca en la protección de los océanos, la vida marina y el fomento de la adaptación y resiliencia en los territorios costeros para reducir la contaminación que se genera.
El ODS14 es muy amplio y no se conecta solamente con las ciudades costeras sino también con las cuencas hidrográficas por las cuales descienden los ríos de agua dulce hacia los océanos. Actualmente, los ríos son una de las principales fuentes de contaminación y el ODS14 busca que los países establezcan programas de manejo y gestión de los residuos sólidos y líquidos que son vertidos en ríos, lagos y océanos.
La protección de los océanos también aspira a velar por que se mantenga el balance de la vida marina y la protección de las especies de flora y fauna que habitan los mares. Entre el 70-80% del oxígeno que respiramos proviene de los océano y es el mar –y no las selvas tropicales que sólo producen entre el 20-30%– y en el mar se encuentran los mayores productores de oxígeno. El océano produce oxígeno a través de las plantas fitoplancton, del plancton y las algas marinas. Estos seres vivos producen oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis, un proceso que convierte el dióxido de carbono y luz solar en azúcares que el organismo utiliza para obtener energía.
Imagen de SeaWiFS que muestra la concentración de clorofila-a en el mar frente a la costa de Florida. Las grandes concentraciones visualizadas por el color rojo indican brotes de algas. Fuente: NASA
La protección de este sensible balance marino es estudiado por los científicos porque el incremento del calentamiento de los océanos es una de las principales causas de destrucción y desertificación de los océanos. Desafortunadamente, en el año 2023 se alcanzaron records históricos de incremento de la temperatura de los océanos marinos y los científicos explican que el mundo está ante una de las mayores “deforestaciones” de los pastos marinos y áreas de coral. El jueves 17 de agosto de 2023, los científicos de la NOAA brindaron una sesión informativa sobre cómo el aumento de las temperaturas oceánicas cálidas sin precedentes han estresado, blanqueado y, en algunos casos, matado a los corales dentro de las 3800 millas cuadradas del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Este caso se ha observado también en los demás océanos del planeta.
A los arrecifes de coral se les denomina “selvas tropicales del mar” y junto a los pastos marinos de algas son habitados por una increíble biodiversidad. Estas zonas proporcionan beneficios vitales como parte de los ecosistemas marinos al sostener hábitats para la vida marina, amortiguar los impactos dañinos de las tormentas en las comunidades costeras y apoyar las economías locales a través del turismo y la pesca. La protección de estas zonas es uno de los principales objetivos de los ODS y la responsabilidad involucra a todos los países del mundo (incluso aquellos sin acceso a los océanos). La protección de los océanos en los países del sur global también invoca a través de la Agenda 2030 que los países ofrezcan educación y financiamiento para que los pueblos pesqueros mejoren sus prácticas, reduzcan los desperdicios y establezcan zonas marinas de seguridad y protección de especies amenazadas. Asimismo, se aspira a que los países del norte global establezcan mayores regulaciones en las industrias globales de pesca para facilitar la transición hacia industrias de pesca sostenibles. Al año 2020, como se observa en las siguientes gráficas más del 79% de la pesca global ya se realizaba según la definición de pesca sostenible. La pesca sostenible es aquella en que cada país pesca los máximos establecidos por cada territorio, permitiendo a los pescadores captar la mayor cantidad de peces posibles sin poner en riesgo la reproducción y estabilidad de las poblaciones pescadas. A pesar de esta mejora en las prácticas pesqueras, aún existen amplias zonas de pesca ilegal y pesca de especies marinas en peligro de extinción.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (ODS, por sus siglas) tiene como meta adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Este ODS se enfoca principalmente en la toma de medidas por los individuos, el sector privado y los gobiernos que contribuyan a la reducción de los efectos antropogénicos del cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero (GEI).
El Cambio Climático lo debemos entender como la variación del estado del clima identificable según las variaciones durante largos períodos del tiempo. Este cambio es resultado de procesos internos naturales del planeta y también por forzamientos externos como las modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos en la atmósfera y el uso del suelo.
Según la IPCC, al 2023 las emisiones globales netas de gases de efecto invernadero eran de 59,000 millones de toneladas de CO2eq. De este valor, China genera el 30.2%, seguido de USA (13.5%), India (7.3%), Unión Europea (7.2%), Rusia (5.1%), resto de países del G20 (17.5%) y solo un 19.2% es generado por el resto de países del sur global en donde viven las poblaciones más pobres y vulnerables. Guatemala generó 31.6 millones de toneladas de CO2eq y representa tan solo el 0.05% del total mundial.
Ante estos porcentajes, la presión para que los países realicen cambios a sus dinámicas de producción se ha enfocado durante las últimas décadas a solicitar ante las convenciones mundiales de ambiente que los países que más CO2eq generan sean los que más acciones para reducir la contaminación implementen. Lo anterior implicaría que los países como China y Estados Unidos reduzcan el consumo y fabricación de energía mediante carbón, petróleo y gas y utilicen sistemas de energía renovables más eficientes. Esto a su vez, implicaría que según lo acordado en la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre Cambio Climático de 1992, los países desarrollados “estabilicen las concentraciones de GEI para impedir interferencias peligrosas en el sistema climático (…) en un plazo que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente, asegurar la producción de alimentos y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.“
Fuente de los Gases de Efecto Invernadero en Guatemala según datos de MARN a 2022. Elaboración propia.
Desde la Convención de 1992 a la COP 21 del Acuerdo de París, se ha trabajado por conseguir que la Mitigación para reducir los GEI se acelere y que la adaptación de los sistemas productivos sea más rápida en los países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo. Para los países más pobres como Guatemala, la transición hacia medidas para combatir el cambio climático incluye la adaptación a uso de energías más eficientes. Como se observa en la gráfica anterior, del total de las emisiones generadas por Guatemala, la principal fuente de GEI es la tala de madera y la deforestación ilegal o no sostenible. Evitar la tala en los hogares requiere de inversión pública y privada para el mejoramiento de los hogares más pobres, reducir la práctica de la tala ilegal y también mediante la mejora de las técnicas agrícolas para reducir la deforestación con fines industriales. Consolidar estos cambios permitirá reducir más de la mitad de la fuente de los GEI que genera el país y contribuir con un pequeño grano de arena al inmenso reto de generación de contaminación que hacen las naciones más industrializadas.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
Shylock después del juicio, una ilustración para El mercader de Venecia. Ejemplo de un estereotipos discursivo con el que se ha representando al pueblo judío
Uno de los versículos bíblicos más atingentes a comprender el poderoso rol de la palabra sobre la acción humana es Proverbios, 18:21 que lee “Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto”. De las palabras hechas verbo se ha construido el lenguaje que ha permitido configurar ideologías e identidades de poder social en las cuales surge la teoría del Análisis Crítico del Discurso (ACD, por sus siglas) sobre el cual Ruth Wodak y Michael Meyer presentan el libro “Métodos de análisis crítico del discurso”. El ACD se origina en el trabajo de lingüistas que exploraron la relación existente entre el lenguaje, el poder y las estructuras sociales que parten del reconocimiento del poder de la palabra para modificar el comportamiento de uno o varios individuos. En el lenguaje que se utiliza según indican los autores, se esconden estructuras de poder e ideologías de los sujetos actuantes que actúan siempre bajo una ideología y dentro de dinámicas de poder incrustadas en el discurso. Así, la acción dentro del contexto social en el que se interactúa tendrá una contribución que formará una sociedad, sus normas, las conductas y las legislaciones. A la vez, también el lenguaje y la ideología detrás de este tendrá un poder sobre la no creación o prohibición dentro de una sociedad de aquellas ideas y conceptos no compartidos por una ideología o por los sujetos que detenten el poder. Según Wodak y Meyer el lenguaje es un eje central del estudio del ACD y cita a Habermas exponiendo que el lenguaje “es también un medio de dominación y una fuerza social. Sirve para legitimar las relaciones del poder organizado, En la medida en que las legitimaciones de las relaciones de poder, r, .. ] no estén articuladas, [ … ] el lenguaje es también ideológico” (Habermas, 1977, pág. 259). En este proceso de acción del lenguaje, el discurso involucra la participación de diversos actores y también de diversas disciplinas que interactúan para la conducción de un discurso específico que es utilizado por los actores para dominar y dividir a la sociedad en grupos.
Junto con el lenguaje hablado, la palabra escrita es también uno de los principales motores de la acción y Wodak y Meyer explican que los textos escritos son también un medio fundamental para la construcción y crecimiento de las ideologías e ideas dentro de una sociedad y para que, los actores en el poder continúen su dominación sobre los otros. Los textos son una herramienta que según Wodak y Meyer ha permitido a los humanos moldear sus ideologías y relaciones de poder de acuerdo con las dimensiones históricas detrás de las cuales eventos han pasado para pueblos que comparten los mismos idiomas y que incluso llegan, gracias al idioma, a distinguirse entre ellos mismos de los otros. De esta manera, el idioma fue la causa principal por la cual las actuales naciones en Europa se establecieron y no debido a la geografía o las migraciones a las que muchos pueblos se vieron forzados. El idioma de un pueblo funcionó para estructurar y construir las identidades sociales y como explican Wodak y Meyer, la etnicidad, el género y la nacionalidad de un pueblo constituyeron pueblos y marginaron a otros pueblos. Así, las relaciones de poder dentro de estas sociedades permitieron constituir una historia común para algunos miembros de los grupos.
El análisis del ACD permite estudiar las estrategias que actualmente utilizan los políticos para manipular la opinión pública, construir narrativas y legitimar sus acciones. Es en este estudio de los actores y de sus discursos que una compleja ideología y prácticas lingüísticas permiten propagar y popularizar ideas a través del lenguaje. Por lo cual, el continúo estudio de las teorías del discurso, permitirán al estudioso comprender cómo la evolución de las tecnologías de la comunicación influencia el discurso en la opinión pública y estructuran la formulación de nuevas políticas y dinámicas sociales en el siglo XXI. Asimismo, el estudio del ACD es una herramienta que permite a las personas comprender los mensajes ocultos detrás de los discursos políticos, exponer el racismo y las desigualdades y comprender las formas enmarañadas en que el lenguaje que utilizan las personas en el poder puede llegar incluso a cambiar la forma de nuestro mundo en pro de la vida o de la muerte.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS, por sus siglas) tiene como meta garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Garantizar una producción y consumo sostenible de los productos y servicios que consumimos requiere de una compleja interacción de personas e instituciones que hasta el día de hoy muy pocas personas habían estudiado a profundidad. Como punto de partida, la producción sostenible requiere del uso de la menor cantidad de energía y de estudios del Análisis del Ciclo de Vida de los productos que se consumen. Por ejemplo, con una botella de agua envasada en plástico. Este análisis implica analizar cómo fabricar los envases con la menor cantidad de materias primas posibles, cómo rediseñar el envase para hacerlo más liviano y cómo asegurar que su transporte en camiones permita ahorrar la mayor cantidad de recursos en cajas o tarimas. Como resultado, las industrias han hecho grandes avances en este proceso de reducción de pesos y rediseños pero queda aún mucho trabajo que hacer para enseñar a los consumidores del sur global cómo deben clasificarlos y separarlos en sus bolsas de residuos después de consumirlos. Estas acciones permiten implementar esas nuevas prácticas de consumo sostenible que se conocen como “economía circular”.
La economía circular tiene como objetivo rediseñar los procesos de fabricación y consumo de productos con el fin de eliminar los desechos y permitir que los residuos sean todos reutilizables, reciclables o compostables. En el caso del ejemplo anterior, la meta del ODS12 busca que los gobiernos incentiven este tipo de innovaciones en el diseño de nuevos productos pero también que se eduque a la población sobre las formas sostenibles de consumir.
El consumo sostenible no implica dejar de consumir o eliminar por completo el consumo de un producto o servicio que es necesario para mantener un estilo de vida. Sino que implica repensar la manera más sostenible de que un consumidor disfrute de esos productos o servicios con los menores costos posibles y con la menor huella de carbono posible. Como se podrá observar en la siguiente gráfica, países como Guatemala tienen una emisión de dióxido de carbono como resultado de sus actividades anuales entre los niveles más bajos del mundo. Lo anterior se debe a que Guatemala es un país aún muy pobre y con un muy bajo poder adquisitivo para contar con las comodidades y necesidades que sí se tienen en los países del norte global. Según la ONU, para los siguientes 50 años, el reto será evitar que estas poblaciones pobres como la de Guatemala y el resto de América Latina, África, India y China continúen creciendo al mismo ritmo que hicieron los consumidores del norte global ya que esto implicaría que la contaminación del planeta por persona sría 4x más alta de lo que es actualmente.
Como acciones viables, el mundo está buscando implementar acciones de consumo más sostenibles y romper con los malos hábitos adquiridos por la población del norte global en donde el desperdicio de recursos y de alimentos ha sido la norma. Entre las acciones de consumo que se busca fomentar se encuentran:
Implementas las Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar): reducir el consumo de productos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades y no desperdiciar. Reutilizar los productos la mayor cantidad de veces sin que ponga en riesgo la salud. Reciclar los productos separándolos desde la casa en bolsas distintas y entregarlos en un centro de acopio o al recolector de residuos.
Ahorrar energía y agua: usar electrodomésticos de bajo consumo de luz, cambiar las bombillas tradicionales por bombilas LED y bombillas ahorradoras. Usar la menor cantidad de agua posible y utilizar accesorios que permiten el cierre automático de los grifos.
Transporte sostenible: utilizar medios de transporte colectivos permite ahorrar recursos en lugar de usar autos. Utilizar bicicletas y caminar en lugar de utilizar autos es también muy útil para reducir el uso de gasolina.
Alimentación sostenible: el consumo de carne es uno de los principales generadores de dióxido de carbono, seleccionar una dieta reduciendo el consumo de carne y comiendo más alimentos de origen vegetal permite tener una alimentación más sostenible.
Compras conscientes: priorizar el uso y consumo de productos con empaques más sostenibles y reciclables y comprar productos reutilizables en lugar de productos desechables son algunas formas de consumir de forma más consciente.
Reducción de desperdicios: los desechos orgánicos son los únicos que en teoría deberíamos enviar a los rellnos sanitarios, donde sea posible es importante comprar productos que sean reciclables o compostables al 100%. Muy importante es que estos productos sean enviados a los centros de reciclaje adecuados o entregados en bolsas separadas a lso recolectores de basura.
Educación: las prácticas de vida sostenible deben enseñarse en todas las aulas de las escuelas públicas y colegios privados. Para esto, el Estado tiene un importante rol que jugar en modificar la educación para fomentar un estilo de vida más sostenible desde la juventud. Asimismo, los padres deben educar e informarse sobre qué productos consumen y cómo podrían mejorar el consumo que hacen hacia productos más sostenibles.
Consumo solidario: consumir sosteniblemente implica proveerse de alimentos y productos locales. Este consumo debe ser solidario con las personas que ofrezcan productos de industrias de autosubsistencia y se debe ofrecer precios competitivos por los alimentos cultivados de forma local, orgánicamente y sin preservantes químicos.
Inclusión social: exigir a los gobiernos que velen por el acceso de toda la poblción a las condiciones adecuadas de alimentaación y productos para todas las personas de la sociedad es muy importante. Debemos aspirar a garantizar que los beneficios del consumo sostenible se distribuyan equitativamente entre todos mediante políticas nacionales de largo plazo que combatan la desnutrición, el acceso a agua y energía eléctrica.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS, por sus siglas) tiene como meta que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Este ODS involucra se alcancen las metas de toda la Agenda 2030 en conjunto para asegurar que las poblaciones urbanas y en desarrollo de urbanizarse cumplan desde su diseño con ofrecer servicios públicos y privados accesibles para todas las personas, que sean diseñados para ser resilientes ante el cambio climático y que fomenten el uso sostenible de los recursos energéticos.
En países del sur global donde contamos con estados débiles y falta de acceso a recursos públicos para invertir. Se debe abordar la sostenibilidad como desafíos que requieren acciones desde distintas áreas y actores ya que se requiere de la cooperación del gobierno municipal y del gobierno nacional, de empresarios y ciudadanos y de los países donantes del norte global. Es muy importante que en Guatemala se adapten estrategias globales a nuestras necesidades específicas con poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños de grupos indígenas, para conseguir una verdadera inclusión, participación comunitaria y desarrollo de capacidades en el lago plazo.
Retos para crear ciudades sostenibles en Guatemala:
Recursos limitados: Guatemala cuenta con pocos recursos financieros y capital humano preparado muy limitados para invertir en infraestructura, tecnología y prácticas sostenibles. Se requiere que el gobierno invierta más y mejor el erario público para crear planes sostenibles de largo plazo.
Infraestructura: la infraestructura inadecuada y obsoleta en Guatemala y la falta de sistemas de transporte público, limpieza y extracción de basura y el suministro de agua y energía para todos por igual es uno de los principales retos del país para conseguir crear entornos urbanos sostenibles y resilientes.
Urbanización: Guatemala ha tenido un inmenso crecimiento de su mancha urbana y desde hace algunos años más de la mitad de la población del país vive en zonas urbanas. Este crecimiento no se desarrollo a la misma velocidad que la infraesctructura y controles sanitarios adecuados. Como resultado, ahora necesitamos mejorar la infraestructura existente y reducir las condiciones de falta de suministro de agua, luz, insalubridad y hacinamiento en las zonas pobres y reducir la contaminación ambiental.
Asentamientos informales: Según la SEGEPLAN al 2014 había más de 250 asentamientos precarios donde habitaba casi un millón de personas. Estos sectores de la población no cuentan con viviendas sans y seguras yt ampoco con servicios públicos adecuados. Es vital que el gobierno establezca planes de formalización de estos asentamiento o reubicación de las poblaciones hacia sectores construidos con un plan arquitectónico sostenible y resiliente que permita evitar desastres naturales letales.
Débil gobierno: las estructuras de gobernanza y planificación urbana es muy débil por la falta de personal capacitado, la baja recaudación de impuestos y por la inmensa corrupción que afecta al país. Es necesario crear las condiciones para planificar un desarrollo urbano planificado y ordenado a largo plazo.
Cambio climático: los países pobres como Guatemala tienen la tecnología y conocimientos inadecuados para adaptarse a los impactos del cambio climático y proteger a la población antes de que los eventos climatológicos ocurran. Además, las construcciones pobres y sin las licencias adecuadas de construcción ponen en alto riesgo las zonas urbanas de todo el país. Las inundaciones, los huracanes y las sequías ocurren anualmente y el gobierno no cuenta con un plan adecuado de prevención con los recursos financieros suficientes.
Gestión de residuos y contaminación: desde el siglo pasado, Guatemala no cuenta con un sistema de recolección de residuos y desechos sólidos adecuado. Como resultado, la mayoría de los residuos y desechos son quemados o lanzados a barrancos, ríos y lagos. Y de los residuos que sí son recolectados, la red de transporte está controlada por un grupo informal y no se cuenta con la suficiente participación del Estado en la creación de sistemas de tranpsorte de residuos público. Además, el Estado no participa actualmente en la construcción y administración de plantas de reciclaje, incineración, compostaje y rellenos sanitarios controlados que son vitales para proteger el medio ambiente y la salud humana.
Acceso a agua limpia y sana: desafortunadamente Guatemala es uno de los pocos países que no ha legislado el acceso y protección del agua para la población. Sin esta legislación, el Estado ha fallado en asegurar el acceso a agua limpia y la creación de sistemas de drenaje para toda la población y empresas independientemente de su nivel de ingresos. Este es uno de los principales retos que Guatemala debe atender y solucionar.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga Reducir la desigualdad en y entre los países.
El ODS10 es uno de los objetivos más importantes para el mundo en general pues busca promover la inclusión en igualdad de condiciones para todas las personas tanto en los países ricos como en los más pobres. Ante esto, el ODS10 busca que los países implementen acciones directas a tener un impacto positivo en la economía familiar, en los niveles de educación y en las condiciones de acceso al trabajo de las personas más pobres del mundo. El ODS 10 no propone tomar dinero o expropiar la riqueza de los más ricos sino que se enfoca en la reducción de las desigualdades en y entre los países mediante la promoción de políticas que creen una sociedad más inclusiva y equitativa. Si bien abordar las disparidades de riqueza es un aspecto fundamental del ODS10, el énfasis está en crear un sistema equitativo y equitativo en lugar de apuntar directamente a tomar la riqueza de los individuos y de los países más ricos.
Para lograr lo anterior, el ODS10 se enfoca en entender y reducir la desigualdad de ingresos, promover la inclusión socio-económica y política y reducir las brechas. En países como Guatemala, este ODS busca reducir la disparidad económica que ha causado que el país tenga algunos de los niveles más bajos de educación, salud y expectativa de vida del planeta. Al respecto, la meta del país al 2030 es “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales”. Para lograr esto, se requerirá que los gobiernos prioricen políticas enfocadas en reducir la desigualdad, crear estabilidad económica, atraer inversiones y ofrecer más y mejores servicios públicos de salud y educación. Una población más educada y saludable en Guatemala permitirá romper el ciclo de la pobreza creando una fuerza laboral calificada, industrias más competitivas y una población más sana. Al invertir en la salud y seguridad públicas se podrá romper el ciclo histórico de discriminación y racismo que tanto daño ha causado al país.
Como se observa en las gráficas anteriores tomadas de los estudios del economista francés Thomas Piketty, el mundo ha tenido un lento pero positivo para reducir las desigualdades de la población y el ODS10 se enfoca en acelerar este proceso. Según indica Piketty en su estudio, la desigualdad en el 2020 es la misma que existía en 1870. Sin embargo, tenemos 8 veces menos pobreza y 7 veces más ingresos en la población. Esto ha significado que la tasa de pobreza, que en 1870 era de 80% se ha reducido a tan solo un 10% en la actualidad según las estimaciones de François Bourguignon.
El ODS10 es muy importante para Guatemala y las naciones más pobres del sur global debido a que se convierte en punto de partida para, no solo reducir la desigualdad, mejorar el acceso a los servicios básicos y promover el crecimiento económico, sino que también es el punto de partida para lograr mejoras en el largo plazo de la economía, el bienestar social y el crecimiento económico de doble dígito.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 (ODS, por sus siglas) busca que se consiga construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Este objetivo de la Agenda 2030 está vinculado de raiz a la capacidad de los gobiernos y de su sector privado organizado para crear las condiciones tecnológicas y de inversión para fomentar el desarrollo de infraestructura resiliente. Por resiliente se debe entender aquella infraestructura que se diseña tomando en cuenta los riesgos e interrelaciones que existen entre la pobreza de las economías del sur global, el crecimiento poblacional, el cambio climático y las nuevas tecnologías. Interrelaciones que nos permitirían cambiar el enfoque actual de la planificación, la financiación, el diseño, el desarrollo, las operaciones y el desmantelamiento de la infraestructura que no tiene plenamente en cuenta ni la naturaleza interdependiente de la infraestructura y los servicios, ni la naturaleza cada vez más compleja de los riesgos y los efectos en cascada que un desastre puede tener en todo el mundo.
Compontes de infraestructura. Fuente: Fundesa
Una infraestructura resiliente es aquella totalmente distinta a la que nos hemos acostumbrado a ver con un paso a desnivel por un lado o por el otro, una carretera que amplia un carril tan solo por unos kilómetros o un hospital que se construye pero que no cuenta con las camillas ni el equipo suficiente. Resiliencia implica la capacidad de superar las adversidades y dificultades que la poca eficiencia de los recursos públicos y la escasez de los mismos genera. Infraestructura resiliente trata de planear el acceso al agua, a la electricidad, al saneamiento, a carreteras y puertos y aeropuertos dignos y para todos.
Un enfoque de “pensar en la resiliencia” nos permitiriía analizar estas preocupaciones y crear soluciones de larga escala. Para esto, existen ya planes y propuestas desde el sector privado que se han encaminado en esa dirección y tan solo es necesario continuar discutiendo, fiscalizando y proponiendo la inversión pública proba y honesta. Fundesa ha trabajado y consolidado muchas de estas propuestas con el Plan Macro-Estratégico de Infraestructura para la Competitividad. Este documento es uno de muchos estudios elaborados por la Fundación con el objetivo de incrementar “la inversión en infraestructura de forma estratégica por el impacto que esta tiene en la calidad de vida de las personas, en el medio ambiente y en el crecimiento económico.” Junto a este plan, la Fundación y otras organizaciones han aspirado a construir planes de largo plazo y de gran envergadura que requieren un enfoque proactivo. La inversión resiliente usualmente requiere una inversión alta en costos pero provee de grandes beneficios en el largo plazo, evitando desastres y asegurando la calidad de vida de futuras generaciones.
Retos que deben enfrentar las ciudades resilientes
En Guatemala, la inversión estatal ha sido muy mal vista por la mala gestión que se ha hecho de los recursos y por los resultados de baja calidad que se han obtenido. Sin embargo, la construcción estatal y privada tienen la capacidad de contar con la misma calidad y resiliencia y se realizan en los países del norte global con una amplia participación de distintos actores políticos. El ODS9 busca fomentar esto y conseguir que sean más los actores y municipalidades que se unan y colaboren unos con otros. De esta manera, los costos iniciales más altos no deberían conducir al rechazo sistemático de las mejoras que promueven la resiliencia sino en fomentar la reducción y prevención de riesgos. Además, según evaluó Fundesa, el país tiene dos retos muy importantes aún para solventar en temas de infraestructura resiliente. Al respecto indican,
El primero es un rezago considerable en su stock de infraestructura al compararlo con otros países de la región y el mundo; y el segundo es que a la fecha Guatemala no ha podido suplir y atender de manera adecuada la demanda de los distintos tipos de servicios de infraestructura, esto se agrava al considerar que el fenómeno de urbanización supone la necesidad de una serie de intervenciones estratégicas en materia de gestión de la ciudad, implicando un incremento en la demanda de los servicios de infraestructura.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El proceso de transición en el siglo XX hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas del sur global ocurrió en Guatemala siguiendo patrones similares. Para entender esta urbanización, es necesario preguntarse ¿cómo mirar la situación y los problemas del planeta urbano desde una perspectiva del Sur? ¿cómo pensar el planeta desde las reflexiones del Sur? ¿cómo podemos entender la ineficiencia de las teorías urbanas tradicionalmente basadas y generadas en el Norte global? ¿cómo podemos explicar los problemas causados por la veloz urbanización del sur y cómo podemos generar teorías urbanas desde el Sur global? En otras palabras, cómo podemos analizar el Sur global como la fuente de nuevas teorías contemporáneas y revisiones de conceptos para una aplicación mundial que nos permitan contextualizar los problemas de desarrollo que actualmente enfrenta esta región. En el caso de Guatemala y como resultado de este proceso de urbanización, la población del país tuvo durante el siglo pasado un veloz crecimiento con tasas de natalidad por arriba de la tasa de fertilidad de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo (De Broe et al., 2018) y junto a este crecimiento, la migración interna hacia la ciudad de Guatemala y las ciudades dormitorio del área metropolitana crecieron velozmente sin que se observara un proceso de desarrollo institucional, organización gremial y estatal y sin que se contase con el crecimiento de un estado sólido que atendiese a las necesidades colectivas de estos centros urbanos. Como resultado, la ciudad del Sur global es “un tipo distintivo de asentamiento humano” (Schindler, 2017), totalmente diferente de la ciudad del Norte global. Por esta razón, las teorías generadas en el Norte global enfrentarán inmensos retos para hacerlas funcionar en el Sur global y la cuestión del manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos es un excelente caso de análisis. Además, ni siquiera conceptos como el de “urbanización planetaria” de autores como Brenner y Schmid son útiles para la comprensión del Sur global, ya que continúan ignorando las características de las ciudades del Sur y puede ser un concepto de riesgo, ya que se afirma que es planetario manteniendo un enfoque y una base del contexto del Norte.
Ante este contexto, los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 nos dan herramientas para entender las complejidades del caso guatemalteco. La población rural en Guatemala descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de la zona metropolitana que requeriría que los gobiernos municipales planificaran y gestionaran el desarrollo urbano de manera sostenible y eficiente. Principalmente, los últimos cincuenta años requerían sin que se consiguiera desarrollar, la instalación de infraestructura y redes de transporte para facilitar la movilidad urbana, creación de sistemas de agua potable y saneamiento, creación de zonas de manejo y gestión de residuos sólidos, distribución de energía y telecomunicaciones, creación de plazas y parques, establecimiento de un sistema de seguridad y protección de los ciudadanos y planificación de las zonas de urbanización y ordenamiento territorial con el fin de reducir los conflictos y mantener la calidad de vida de los habitantes. Todo lo anterior, es parte de una planeación inicial base que requería establecer, además, los planes de resiliencia, adaptación y preparación para desastres asociados a los desastres naturales más comunes en la zona y en la respuesta ante los cambios climáticos con el objetivo primordial de proteger la vida y propiedades de todos los habitantes.
Desafortunadamente, el manejo y gestión de los residuos sólidos ha sido uno de estos proyectos cuya responsabilidad local a través de la municipal de Guatemala, las municipalidades en el área metropolitana y el gobierno central de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha quedado inconclusa y estancada en paradigmas del manejo y gestión de residuos que no son viables ni sostenibles en las nuevas condiciones de desarrollo urbano del país. Desde el año 1950, la zona 3 de la ciudad de Guatemala ha sido el escenario donde uno de los barrancos de la ciudad se convirtió en un vertedero a cielo abierto durante el gobierno de Juan José Arévalo (Barillas, 2015). Durante más de 70 años, el vertedero continúo funcionando sin los controles adecuados y luego de que se cerrara en 1966 la primera ubicación, años después se volvió a inaugurar un nuevo vertedero sanitario en esa zona. Desde entonces, el relleno sanitario es utilizado en una zona del barranco al que se ingresa desde su parte superior y en donde, los residuos que se han depositado aprovechan la pendiente del barranco para escurrirse hacia abajo con un proceso de compactación por maquinarias pesadas como se observa en la Ilustración 1. El primer gran cambio de paradigmas en el manejo de desechos sólidos se dio en y al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de los primeros rellenos sanitarios en Estados Unidos. Debido al creciente volumen de chatarra y residuos sólidos generados por las bases militares que se crearon, empezaron a crearse terrenos aledaños para almacenar basura. Para la década de 1950 en Estados Unidos ya había centenares ciudades y bases con rellenos sanitarios que funcionaban utilizando tractores que movilizaban la basura. El mismo sistema que aún hoy en día se utiliza en el relleno sanitario de Guatemala después de décadas utilizando la misma práctica.
En estas nuevas condiciones, las prácticas de los usuarios empezaron a utilizar un sistema de recolección de residuos que enviaba los materiales a rellenos sanitarios. De esta manera, el consumidor o generador perdía absoluta responsabilidad sobre los residuos que se recolectaban y enviaban a los nuevos rellenos sanitarios. Así empezó a crearse un ciclo de nuevas prácticas que cada vez más, eliminaron la responsabilidad sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos de la fuente generadora y que, socializaba y entregaba al gobierno la responsabilidad sobre los mismos. Durante las décadas siguientes, los países del norte global empezaron a invertir en la tecnificación y mejora de la eficiencia del manejo de los residuos sólidos y, con el surgimiento de indicadores ambientales y metas de reducción de la generación de gases de efecto invernadero se empezó a prestar una mayor atención a la mejora de la eficiencia del proceso de recolección de residuos y desechos. Desafortunadamente, en los países del sur global y especialmente en el caso de Guatemala, la inversión y tecnificación de los residuos nunca se implementó debido a que estos costos de inversión no ganaban votos. Es decir, las municipalidades no tenían los incentivos económicos de la presión popular ni de la academia técnica para presionarlos a invertir en la mejora de los rellenos sanitarios existentes ni en la creación de nuevos y, mucho menos, en la creación de plantas estatales de reciclaje y compostaje industrial que velasen por la reducción de la generación de gases de efecto invernadero de estos procesos.
Ilustración 1. Fotografía del relleno sanitario de la zona 3. Fuente: Imagen extraída del documental “Ciudad de Guatemala: La zona 3 y su gente”
Al vertedero de la zona 3, llegan grandes cantidades de residuos que durante más de 70 años no han sido gestionados adecuadamente y según (Espinosa & Parra, 2017) en el año 2017 calculaba que “al relleno sanitario de la zona 3 ingresan cada día 550 camiones (de la capital son 267 y 283 son de otros 13 municipios)” que recibe anualmente más de 668,000 toneladas de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y que, es considerado entre los 50 más grandes del mundo y entre los 13 más grandes de América Latina, con un área de 19.3 hectáreas (Waste Atlas Parternship, 2020). En estas condiciones, este relleno que, históricamente ha sido utilizado como un basurero a cielo abierto ha funcionado sin controles adecuados de saneamiento, reducción de contaminantes gaseosos y líquidos, sin protecciones ambientales para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y sin una gestión para evitar el derrame de residuos sólidos a los ríos y riachuelos cercanos a la barranca ha existido sin cambios sustantivos durante más de 50 años.
En este contexto y ante un creciente problema ambiental y social que se acumula frente a las autoridades locales de la ciudad de Guatemala, se han realizado diversas acciones con el fin de consolidar mejoras en la actual situación del manejo y gestión de residuos sólidos en la ciudad de Guatemala y en la búsqueda de repensar la cadena de recolección, manejo y gestión de estos residuos. Ante la crisis existente en el relleno sanitario cuya planeación original no contó con las instalaciones e infraestructura adecuadas para atender las necesidades de más de 3 millones de personas se suma la compleja red de actores en esta cadena de gestión de uno de los servicios públicos más importantes de la vida urbana.
Históricamente, la gestión de residuos y desechos sólidos en Latinoamérica fue una práctica de limpieza pública que, desde las culturas prehispánicas, era realizada por un grupo específico de la población. Según (Tello Espinoza, 2018). “en la gran Tenochtitlán alrededor de mil personas recogían la basura, los tiraderos se ubicaban en tierras pantanosas, la basura se utilizaba para iluminar la ciudad y la materia séptica y excretas se utilizaba como abono.” Con la llegada de la colonia las prácticas de quemar los desechos orgánicos continuaron utilizándose en las ciudades y pueblos y no fue sino hasta que a mediados del siglo XX empezaron a generarse volúmenes mayores de residuos inorgánicos que los principales problemas de gestión de los residuos aparecieron.
La práctica histórica de quemar la basura orgánica generaba CO2, metano, otros gases contaminantes y cenizas que debido a los volúmenes bajos de desechos pasaban desapercibidos. Sin embargo, con las altas tasas de natalidad y la movilización de las poblaciones hacia las zonas urbanas, la acumulación de residuos orgánicos alcanzó niveles que hicieron imposible continuar con la práctica de quemar la basura debido a los altos volúmenes de contaminantes que generaba. Así, los rellenos sanitarios como el de la ciudad de Guatemala, empezaron a crecer en Guatemala y el resto de América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Junto a este crecimiento, el aumento del consumo de productos empacados o envasados en materiales no orgánicos también creció en estos últimos 70 años y como resultado, los rellenos sanitarios empezaron a sufrir de una ausencia de políticas municipales adecuadas para la creciente generación de residuos de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y, como resultado, una crisis ambiental se empezó a generar.
Con la creciente población de la ciudad de Guatemala, la cobertura de los servicios de recolección de residuos en la ciudad de Guatemala se volvió cada vez más inadecuada y, debido a que la población históricamente ha estado acostumbrada a la quema de los residuos, la población empezó a buscar formas alternas para desechas sus residuos orgánicos. Así, según el análisis de la información disponible en el Censo del año 2018, respecto a la cobertura del servicio de recolección indica que, a nivel urbano, el departamento de Guatemala tiene un 85% y el resto del país presenta en promedio un 42% de cobertura (INE, 2018) que, en teoría[1], son transportados en el departamento de Guatemala al relleno sanitario de la zona 3 o al relleno de AMSA en el municipio de Amatitlán. En el país continúa existiendo una alta prevalencia de vertidos ilegales en basureros ilegales, ríos y barrancos y el transporte de residuos y desechos sólidos es principalmente realizado por empresarios informales y, estos empresarios informales, “contratan al menos a 3000 recicladores o guajeros que dependen directamente de la recuperación y comercialización de residuos del vertedero” (Barillas, 2015).
Con la creciente generación de residuos inorgánicos, en Guatemala también ha crecido el mercado de la revalorización de los residuos sólidos a través de empresarios informales que compran productos (principalmente, chatarra, aluminio, plástico, vidrio y cartón) directamente generados en los hogares, industria o comercios. Asimismo, existe un mercado informal de recolectores de residuos que los trabajadores de los camiones de basura y sus empleados guajeros separan y clasifican del resto de residuos recolectados para una posterior reventa. De esta manera, la práctica de separar los residuos para una reventa en proceso de reutilización o reciclaje se ha vuelto una práctica común de las cuadrillas de camiones que recolectan basura, de los guajeros en los basureros legales y clandestinos y de los guajeros recolectores en las calles de la ciudad de Guatemala. Tan solo en las calles alrededor del relleno sanitario de la zona 3 se calcula que hay “entre 600 y 2000 recicladores (guajeros) en el relleno sanitario de la zona 3.” (Rodić & Bethancourt, 2012) Respecto a los guajeros, es importante recalcar que son personas con los más bajos niveles de educación, niños, mujeres y hombres excluidos de la sociedad, usualmente adictos a drogas y que carecen incluso de nombres y que, muchos de ellos, no cuentan con DPI ni registros de sus nacimientos registrados en el Registro Nacional de las Personas lo que los fuerza a vivir en estas condiciones sin posibilidad alguna de integrarse a la sociedad y a la formalidad.
Recientemente, el relleno sanitario de la zona 3 alcanzó su capacidad después de 60 años de funcionamiento y, a pesar de que las autoridades de la ciudad han iniciado actividades de cierre y rehabilitación, el funcionamiento de este relleno se ha mantenido activo debido a la inmensa presión que ejercen organizaciones legales y no legales de recolectores de residuos, guajeros, recicladores y otros actores activos en esta red de acopio. Ante esta situación, ni la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Nacional Civil parecen tener control de la toma de decisiones sobre cómo se gestiona y lidera el acceso y movilización dentro del basurero de la zona 3 y, además, las empresas de recolectores de residuos privadas que existen laboran en la informalidad y parecieran estar también controladas por lo que, en el documental sobre el vertedero de Zona 3 que dirigió el documentalista Mijaíl Barynin, se refería a la “mafia del vertedero”. En el documental, se explica que esta red informal de líderes es “algo peor que la basura” e indica que “los desastres naturales son solo uno de los varios peligros de la zona. Los residentes (guajeros) evitan hablar de más con los visitantes, debido a que temen las repercusiones de la ‘mafia del vertedero’, un grupo de bandas criminales que operan en el área.” (Barinyn, 2017)
La mala gestión de los residuos y desechos sólidos ocasiona altos costos económicos y ambientales al país debido a las malas prácticas que se emplean para la disposición final de estos residuos. A lo anterior, se suman los impactos económicos y sociales negativos que actualmente tiene la falta de una gestión adecuada de los residuos afectando la educación ambiental, la salud pública y el equipamiento tecnológico adecuado de los rellenos sanitarios. Superar la situación actual de abandono que ha tenido la gestión de residuos y la casi absoluta ignorancia de la población respecto al manejo, clasificación y gestión de los residuos y desechos sólidos ha implicado que no exista una demanda pública para la creación de centros de reciclaje y compostaje industriales adecuados.
Al respecto, el país requiere de un proceso complejo de participación de diversos actores y de un apoyo interinstitucional que enfoque sus esfuerzos en hacer de las municipalidades las principales responsables de ejecutar acciones en pro de una gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos. Debido a que no ha existido una legislación que regule y estandarice las formas y mecanismos de gestión de residuos y desechos sólidos, cualquier cambio que se proponga requerirá de una activa participación e involucramiento de todos los actores de esta cadena y, así, evitar lo ocurrido con la publicación del Acuerdo Gubernativo 164-2021 que no cumplió con los tiempos de implementación descritos en el Acuerdo y que debió ser postergado debido a que no se siguieron los procesos democráticos de negociación para la implementación de un cambio paradigmático en la forma en que la población en general ha gestionado desde siempre sus residuos y desechos sólidos.
Previamente a presentar el análisis situacional de las razones por las cuales se retrasó la implementación del Acuerdo 164-2021 que debió de entrar en vigor el 11 de agosto de 2023, es importante recalcar los avances que durante muchos años se han realizado en términos de legislación nacional e internacional con el objetivo de regular le manejo y gestión de los residuos sólidos y crear las condiciones para la creación de sistemas de tratamiento adecuado de los residuos sólidos.
Como se puede observar en la Tabla 1, la legislación vigente en el manejo de residuos tiene como objetivo cumplir con los acuerdos internacionales y nacionales que exige la Constitución de la República de Guatemala para garantizar el derecho humano fundamental a la salud, siendo obligación de todas las personas e instituciones velar por su conservación y restablecimiento del medio ambiente. Responsabilidad ante la cual el “Estado de Guatemala, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.” (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)
Nombre
Ente Responsable
implicaciones
Nombre Ley
Código Civil
Observancia General
Sanciona por arrojar basura, animales muertos, sustancias fétidas, insalubres o peligrosas o escombros en las calles o sitios públicos o fuentes o abrevaderos
Decreto 106 del Congreso de la República
Constitución Política de la República de Guatemala
Observancia General
Obligaciones Constitucionales
Artículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195
Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (artículo 4)
MARN
Exige evaluaciones de impacto ambiental para las actividades productivas y vela por localidad ambiental a nivel nacional
Decreto 68-86
Convenio C.A. sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
MARN, MSPAS
Cumplir el Convenio
Decreto 6-94
Convenio mundial sobre el control intl. de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos
MARN, MSPAS
Cumplir el Convenio de Basilea y las posteriores inclusiones de plásticos en las enmiendas a los anexos II, VIII y IX (las enmiendas relativas a los desechos plásticos) a partir de enero 2021
Decreto 3-95
Consejo Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos CONADESCO
Comisión interinstitucional de carácter asesor al ministerio en materia de gestión de desechos sólidos
Acuerdo G. 700-97
Código Municipal. (artículo 67 y 68 inciso A)
Municipalidades de Guatemala
Asigna la principal responsabilidad por la buena gestión de los desechos sólidos a las municipalidades
Decreto 12-2002
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos para el municipio de Guatemala
Municipalidad de la ciudad de Guatemala
Creado para cumplir con lo preceptuado en la Constitución de la República, código de salud, código municipal y ley de protección y mejoramiento del medio ambiente
Consejo Municipal 26-09-2002
Ley Marco de Cambio Climático
Consejo Nacional de Cambio Climático
Establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en Guatemala.
Decreto 7-2013
Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y los Desechos Sólidos
MARN
Comisión interinstitucional de carácter coordinador de la gestión de desechos sólidos
Acuerdo Ministerial Número 666-2013
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos
MARN y apoyado por MINEDUC, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MEM, INFOM, ANAM
Fortalecimiento institucional, programa de inversiones, fortalecimiento técnico, programa de educación y participación social en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
Acuerdo G. 281-2015
Creación del Departamento para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.
MARN
Responsable de la creación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos
Acuerdo Ministerial Número 51-2015,
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes
MARN
Establece las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión de los residuos y asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambiente
Acuerdo G. 164-2021
Tabla 1. Mapeo de la legislación existente en Guatemala sobre residuos y desechos sólidos. Elaboración propia.
¿Quién decide qué es un desecho o un residuo?
En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada desde la segunda mitad del siglo XX. De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a). De acuerdo con estos datos, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes y 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas. De esta población 5.1 millones de habitantes viven en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala y sin cambios desde el siglo pasado, solamente existe el relleno sanitario de la zona 3 y el vertedero de AMSA en Villa Nueva para gestionar los residuos de todas estas personas. Ante esta situación, la población no ha contado de otras y nuevas formas de gestionar sus residuos mas allá de entregarlas a los recolectores privados o públicos de la basura. En estas situaciones, la falta de una educación ambiental sobre la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos se ha quedado solamente escrita en el papel de los documentos oficiales. También, a pesar de que es parte del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación, son pocos los alumnos y adolescentes que reciben esta educación y aprenden la responsabilidad que como generadores de residuos tienen todas las personas, no conocen sobre la responsabilidad extendida y la necesidad de colaboración entre distintos actores de la sociedad para la gestión de los mismos y tampoco han aprendido cuáles son las materias primas con las que se elaboran los productos que consumen y la manera adecuada de clasificarlos.
Debido a la situación anterior, un cuasi monopolio sobre la decisión de qué material es un desecho y cuál es un residuo valorizable ha caído en la responsabilidad casi única de los recolectores de basura y los guajeros quienes son los únicos que verdaderamente han realizado un proceso de clasificación de los residuos. La clasificación de residuos no solo es realizada únicamente por estos grupos, sino que la valorización generada de este proceso es recibida inicialmente solo por ellos. Esta cuestión es uno de los principales paradigmas que el Acuerdo 164-2021 falló en prever y replantear en el proceso creado para la valorización de residuos en los artículos pertinentes a la Recolección de Residuos y las Normas para el almacenamiento temporal e infraestructura a crearse según la Sección II del (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)
Dado que el entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina es en territorios como la ciudad de Guatemala donde se genera la mayor cantidad de materiales valorizables. Es por esto por lo que la opinión y participación de actores como las cámaras empresariales, las gremiales relacionadas a la industria de recolección de residuos y las gremiales recicladoras se debieron tomar en cuenta en el proceso de reeducación de todos los actores de la cadena de manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos. Según explica (Jordán et al., 2017) “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones en la generación de residuos y productos valorizables no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores y esto se ha debido en gran medida a la existencia de una gran base de recolectores o guajeros que deben vender los productos valorizables por asociaciones de microempresarios vinculados a grupos fuera de la ley.
El mercado informal de los residuos
Actualmente, la mayoría de los servicios de recolección de residuos, conocidos comúnmente como “camiones amarillos”, recolectan y valorizan los residuos de los hogares, empresas e industrias. Estos grupos de empresarios son, según la investigación de (Rodić & Bethancourt, 2012), a menudo compuestos por el propietario de un camión y los miembros de la familia que lo ayudan, pero la gran mayoría de estas empresas son propiedad de alguna de las tres asociaciones privadas principales: ATRADESGUA[2], ASTRODEGUA, ARSGUA O URBAGUA. Estas asociaciones que sobreviven dentro de un negocio altamente informal se fortalecieron y crecieron desde hace más de 25 años. Por ejemplo, “ATRADESGUA comenzó como una empresa familiar que brindaba recolección de desechos en mulas; actualmente cuenta con 343 camiones registrados. Una asociación coordina las rutas de los camiones y asegura una distribución justa de las áreas entre los camiones, lo que a menudo implica la resolución de conflictos. Las autoridades de la Municipalidad revisan los camiones una vez al año.” (Rodić & Bethancourt, 2012)
Junto a estas asociaciones privadas se incluye la Asociación de Trabajadores Particulares de Extracción de Basura (ATPEB) y la Cooperativa Integral de Servicios Especiales de Transporte Motorizado de Basura, R. L. (CISETMEB) que desde el año 1994 se constituyeron en la “Gremial Metropolitana de Recolectores de Basura (GMRB)” que absorbió a estas organizaciones con el objetivo de mejorar y tecnificar los procesos de extracción, transporte, disposición y tratamiento final de desechos sólidos. (Martínez López, 1996). Estos son algunos de los esfuerzos aparentes de organización, mejora y tecnificación que no han realizado y cuyos intereses económicos de trabajo en la informalidad les han impedido optar a la recepción de fondos internacionales o nacionales de inversión y mejora. La informalidad de la industria de valorización de residuos y desechos sólidos se relaciona directamente con otros problemas que dificultan la integración de estos actores a nuevas y distintas formas de valorización de los residuos y desechos sólidos. En la industria informal de la basura, la delincuencia, la competencia desleal ejercida sobre el llamado comercio establecido, las malas condiciones de salubridad de los recolectores guajeros y la violencia de mafias entorno a este negocio dificultan la solución de diferencias y conflictos según los estándares tradicionales de resolución de estos.
En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos como la gestión de los residuos y desechos sólidos existe actualmente una segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala y las calles entorno al relleno sanitario de la zona 3, se encuentren ubicadas en las zonas de una veloz movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de pobreza y desigualdad con una marcada ausencia del Estado en la prestación de servicios públicos básicos.
Ante la falta de una planeación urbana adecuada, el comercio en la informalidad ha sido clasificado en algunos estudios sobre el tema en dos tipos: el de subsistencia, al que pertenecen aquellos que invierten los pocos recursos que poseen para recolectar o comprar mercancía y la venden para sostenerse, y el de alta rentabilidad, en donde se encuentran los comerciantes que invierten un capital considerable y obtienen con ello un margen de ganancia que incluso les permite tener empleados a su servicio y son los que generalmente se arrogan la prerrogativa de usar las zonas más rentables para el comercio callejero tal y como actualmente se han dividido las principales asociaciones privadas de recolección de residuos el mercado de recolección por zonas. En estas son zonas, repartidas por las mafias sin ningún respaldo legal más allá del de la presión de las amenazas y la violencia existen actores que reditan del negocio de la basura y no fueron incluidos en la redacción del Acuerdo Gubernativo 164-2021.
Ante esta situación donde actores formales se relacionan con actores informales, la negociación de cambios al estatus quo del negocio de la basura requiere de una perspectiva distinta de negociación y de tomar en cuenta que, prácticamente, todos los estudios sobre maras y grupos organizados en la informalidad destacan el papel central de la violencia y la fuerza en la cultura de las pandillas. La violencia se presenta más a menudo como conflicto de fuerza, a la forma de amenaza omnipresente (Vigil, 1988) y esta se pronuncia ante el cambio de las condiciones del terreno que controlan. Y, como señala (Horowitz, 1987, p.437-450), se dice que actualmente el comercio informal ha dejado de ser primordialmente un problema de subsistencia para convertirse en una actividad de alta rentabilidad. Rentabilidad que, en la industria de gestión de residuos, genera millones de quetzales para una reducida red de actores y que con el ingreso en vigor del Acuerdo Gubernativo 164-2021 no solo cambiaria las reglas del juego de ese negocio, sino que involucraría más y nuevos actores en el negocio de la valorización de residuos.
Uno de los factores que permite que este tipo de comercio informal de la basura siga aumentando es la poderosa red de corrupción que lo sostiene desde el aparato estatal y en la que participan los distribuidores, las autoridades y los líderes de las agrupaciones comerciales. Estas redes controlan permisos y rentas para uso de los espacios públicos para ejercer el comercio informal de transporte de residuos y la recaudación de las cuotas a cambio de la protección y la representación de sus agremiados. Horowitz explica que, en el mercado informal y de maras, “el pandillero tiene que estar preparado para responder a la violencia en cualquier momento y, por lo tanto, a consolidar su identidad a partir de la fuerza.” (Horowitz, 1987). Consecuentemente con estas acciones de fuerza y de protección de sus territorio, Miguel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores de Basura anunció que “tomarían medidas de hecho” y detendrían la recolección de residuos de los hogares (García & Domínguez, 2023). La anterior, fue una reciente amenaza directa que forzó al MARN a detener la entrada en vigor del Acuerdo y que incluso pondrá en riesgo el ingreso de nuevos reglamentos que busquen modernizar y transformar el proceso de gestión y manejo de residuos sólidos en el país. Situaciones como la anterior, han ocurrido en este sector informal en repetidas ocasiones y son muchas las denuncias que ha habido respecto a la toma de decisiones arbitrarias respecto a la recolección de residuos y desechos sólidos. Por ejemplo, de forma unilateral los recolectores de residuos de los camiones recolectores deciden dejar de recolectar la “basura” cuando empresas deciden de forma voluntaria hacer una separación de residuos reciclables y llevarlos a los centros de acopio directamente. Esto fuerza a los restaurantes y empresas formales a continuar entregando toda su “basura” a los recolectores quienes serán los que clasifiquen estos residuos posteriormente y los vendan a los recicladores.
La creación de un nuevo y moderno sistema de manejo y gestión de residuos requerirá que, desde el Estado y las cámaras empresariales, se reconozca la necesidad de construir un sistema de solución con base en lo que existe en los territorios que dependen del mercado informal como es el caso del negocio de la recolección y gestión de residuos y desechos sólidos facilitando, de primero, la formalización de esta industria y la desintegración de las mafias a lo interno de la industria. Este sistema debe integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia del acuerdo gubernativo que busca reglamentar esta industria. En el país, la Municipalidad de Guatemala habrá de jugar un papel central en este propósito por su conocimiento de negociación con estos grupos informales; pero, a la vez, deberá de cambiar sus prácticas y eliminar la corrupción a lo interno del sistema estatal y replantear un plan en conjunto con estos actores como figuras centrales de futuros acuerdos.
Crear las condiciones de negociación entre actores formales e informales para viabilizar el Acuerdo 164-2021 y futuros acuerdos requerirá de un proceso de mejora y moderniza el sistema de gestión de residuos y desechos sólidos que siga una serie de pasos como se observa en la Ilustración 2. Para lo anterior, debe seguirse un proceso de negociación previamente coordinada en base a la exigencia mínima de principios como el respeto de los derechos humanos de todos los participantes de la cadena de recolección dado que actualmente se violan derechos tan básicos como la vida o la integridad personal de los trabajadores y se deberán crear también sanciones que exijan un mínimo que proteja los derechos humanos de todos. La siguiente fase será crear las condiciones de coexistencia entre el sistema formal e informal para que, con el tiempo, se formalicen las actividades y se cumplan las reglas vigentes en la ley y que, asimismo, se incluyan y comprendan las normas informales que son vigentes en la vida diaria de miles de estas personas trabajando en la informalidad. Esto requiere de una estrategia que permita cierto proceso de modernización y de autonomía y diversidad de formas de solución de conflictos dentro del marco legal. La última y más importante de las fases es prever la pérdida de eficacia de los sistemas una vez se elimine el sistema informal de valorización de residuos contando con una activa vigilancia del mercado por el Estado. Este último es quizá el reto más grande y requiere de la creación de los subsidios adecuados para rentabilizar la recolección, transporte, clasificación y reciclaje de los residuos mientras que, a la vez, se modernizan sistemas y prácticas que utilizaban los actores de la red de recolección.
Ilustración 2. Proceso de negociación entre actores formales e informales. Elaboración propia.
Los factores formales en los que se han acentuado las legislaciones sobre la gestión de residuos y el comercio han fallado en establecer un camino a la regulación del comercio informal y se han basado sólo en aspectos de inmediatez administrativa y económica para los propósitos de los acuerdos gubernativos y reglamentaciones de forma aislada. La construcción de una futura ley nacional de manejo y gestión de residuos y desechos sólidos deberá tomar en cuenta a estos actores informales para conseguir de forma efectiva la modernización de esta industria. Con este objetivo, los círculos normativos relativos a la competencia económica de los proyectos de desarrollo sostenible y de protección ambiental deberán negociar con el derecho de libertad de comercio que protege la Constitución para que incidan directamente en el comercio informal existente en torno a la valoración de residuos y se les proteja formalizando y legalizando los conglomerados de pequeños empresarios y comerciantes aislados que ya existen en la industria. Por lo anteriormente expuesto, la adaptación en lo formal de esta compleja realidad mercantil y laboral deberá de obligar a que en futuras legislaciones que involucren a los mercados informales se tomen en cuenta los factores que se han descrito en este ensayo. Además, para la reorganización del servicio de manejo de residuos sólidos queda aún pendiente que se establezcan con claridad funciones específicas de cada institución gubernamental y se delimite la competencia de cada una de ellas.
Ilustración 3. Fases del proceso de generación, recolección y gestión final de residuos en un sistema de economía circular. Elaboración propia
Dado que la fase de recolección y transporte de residuos es actualmente la principal fase de conflicto en la mejora y modernización de esta industria, es fundamental evitar que esta red detenga su funcionamiento según se presentan en la Ilustración 3 ya que los residuos no recolectados presentarían un impacto ambiental directo si se llegase a acumular en los basureros clandestinos en las cercanías de las áreas urbanas, en predios baldíos, cauces de ríos, puentes y la vía pública. Para esto, es necesario que el proceso de recolección, manejo y gestión de los residuos sólidos esté acorde con los costos reales de todo el proceso hasta la llegada a la fase final de reciclaje, compostaje, tratamiento o incineración. Para esto, es necesario que se internalicen de esta manera los costos del daño ambiental causado por el manejo deficiente de los residuos generados por la industria, el comercio y los hogares. Al internalizar los costos del daño ambiental potencial, no solo se responsabilizará a los habitantes, sino que también a las industrias y comercios para que se dispongan los residuos de una manera sana, clasificada y que permita a los recolectores modernizar y mejorar las condiciones existentes de transporte. De lo contrario, los costos del daño por la contaminación de residuos serán pagados de manera indirecta por los mismos actores comerciales en las cercanías urbanas y también en las cuencas de ríos que nacen en las zonas urbanas y llevan contaminación de residuos sólidos hasta los océanos.
Lograr que la ciudadanía y los diversos actores en la cadena de la gestión de los residuos y desechos sólidos cumplan consciente y voluntariamente con las obligaciones y derechos que le corresponden en lo referente a la entrega clasificada de los desechos sólidos, el cobro y venta de los servicios de recolección y el pago final por la gestión de los residuos y desechos sólidos en plantas de compostaje, reciclaje, incineración o tratamiento en rellenos sanitarios requerirá de estrategias que antecedan la elaboración de reglamentos y legislaciones. Asimismo, será necesario fortalecer el rol de las entidades locales que serán ejecutoras de estos y de los recursos humanos y económicos con la creación de entes responsables en la legislación y modificación de los renglones presupuestarios que les permitan recibir fondos públicos necesarios. La creación de fondos públicos para la modernización de la gestión de residuos también requerirá del apoyo financiero de la comunidad internacional. Quizás, el punto más importante para la implementación efectiva de nuevas legislaciones en términos del manejo y gestión de residuos sólidos será el aspecto cultural y educativo que es una de las fuentes de conflicto actuales. Para esto, debemos cambiar las prácticas colectivas que tienen más de 70 años de practicarse en un modelo de producción lineal en el cual los productos que se consumían eran posteriormente desechados como basura.
Cambiar la cultura lineal de pensamiento y de consumo de los actores requerirá de un cambio cultural sobre la naturaleza de los productos y de fomentar y educar qué es y qué beneficios tiene para la población en general la práctica de la economía circular. Este cambio a una economía circular implica un cambio total de la cultural y del manejo de los desechos sólidos para entenderlos como residuos con un potencial de valorización, de cultivar una consciencia de responsabilidad ambiental y de una ciudadanía ecológica y circular integral. Pero lograr estos cambios de comportamiento y de cultura requerirá de un incremento de los costos de transacción de estos procesos y el Estado debe contemplar este factor en la creación de futuras legislaciones ambientales. Cualquiera que sea la legislación que se cree en este tema, habrá un incremento del costo económico para los generadores (hogares, industria, comercios y gobierno), incrementos en costos para la recolección (camiones recolectores, recolectores individuales y guajeros, recolectores institucionales) y para los gestores finales (empresas públicas y privadas recicladoras, compostadoras e incineradoras y gestores de rellenos sanitarios) a quienes deberá facilitarse fondos desde los gobiernos municipales y desde el Presupuesto Nacional. Pero, también deberá de contemplarse la educación a los generadores sobre la responsabilidad extendida que tienen sobre los residuos que generan para que, educados al respecto, paguen las cuotas de extracción de residuos de forma individual como parte de sus contribuciones sociales en beneficio de la salud familiar, vecinal, la protección ambiental local y nacional y la protección de los ríos y lagos que actualmente son contaminados por residuos sólidos.
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Vigil, D. (1988). Barrio gangs. Texas University Press. Waste Atlas Parternship. (2020). Waste Atlas: The World’s 50 Biggest Dumpsite. http://www.atlas.d-waste.com/#globalChartsTab
[1] No existen datos exactos de la cantidad de residuos que son recolectados por empresas de transporte público o privado y que no son transportados a los rellenos sanitarios autorizados sino que son lanzados en botaderos ilegales, barrancos o directamente a los ríos. Según el MARN, en Guatemala hay por lo menos 2 mil 370 basureros sin estudios ambientales y, por lo tanto, sin autorización. Asimismo, organizaciones privadas calculan que en Guatemala existen al menos 3,000 basureros clandestinos. A estos números se debe sumar que es una práctica común de la población utilizar todos los ríos de Guatemala como basureros clandestinos.
[2] En 2022, Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala revelaron indicios que una posible red de extorsionistas operaba en un edificio de oficinas ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Según la nota publicada en el periódico Soy502, la PNC indicó que”en ese lugar funcionan las oficinas de la Asociación de Recolectores de Desechos de Guatemala (Atradesgua). Lo cual arroja suspicacias debido a que las investigaciones determinan que las extorsiones se producen desde ese punto.” Operaciones ilegales similares son relacionadas al negocio de la recolección de la basura y son difíciles de eliminar debido al mercado informal en el que se maneja esta industria. Link a noticia: https://www.soy502.com/articulo/allanan-oficina-extorsionistas-zona-4-32419
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS, por sus siglas) es garantizarel acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. En aquellos países donde la mayoría de la población cuenta con acceso a energía asegura y sostenible es donde también la mayoría de la población vive con mejores niveles de vida. Ante la creciente demanda y reducción de la oferta de fuentes de energía no renovables, los esfuerzos globales se han enfocado en fomentar que los gobiernos cuenten con las condiciones adecuadas para promover el uso de energías renovables y el ahorro energético que permita proveer de energía para toda la población.
Muchos expertos indican que nuestra dependencia actual de los combustibles fósiles es insostenible y que el crecimiento de la población requirirá de encontrar fuentes energéticas renovables para reducir el consumo de energías no renovables. El uso sostenible de las energías no renovables implica desde una perspectiva de economía circular utilizar la menor cantidad de recursos posibles, reutilizar la energía siempre que sea posible y asegurar que haya formas de evitar los desperdicios energéticos. Par conseguir lo anterior, la implementación de nuevas soluciones energéticas lo más rápido posible es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para contribuir a contrarrestar el cambio climático. Igual de importante es el cambio a combustibles modernos para cocinar en los hogares de Guatemala para reducir la contaminación del aire interno de los hogares y mejorar la salud de quienes habitan en esas casas.
En Guatemala, el uso de la leña en el interior de los hogares de escasos recursos es una práctica común y el respirar este humo es muy dañino para la salud de quienes lo respiran. Al respecto, la participación del gobierno y grupos benéficos para facilitar la transición a estufas con gas o de energía eléctrica será una importante contribución a la mejora de las condiciones de la población en general y promoverá el alcance del ODS7. Estas mejoras en la salud mejorarán las condiciones sanitarias de la población y permitirán que, con combustibles para cocinar más limpios, se benefice a toda la población. El problema de que no se logre una combustión completa en las estufas de leña es que lo que queda contamina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leña que no arde debidamente se convierte en dióxido de carbono y esto origina sustancias altamente tóxicas, principalmente monóxido de carbono (CO), pero también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos, entre otras. En sitios cerrados, con poca o nula ventilación, estos componentes tóxicos se mantienen en el aire, aumentando así la posibilidad de que las personas los respiren durante más tiempo. “Ese monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido, así que ni siquiera sabemos que está ahí. Cuando entra a nuestro cuerpo desplaza al oxígeno, por lo que si llega a concentrarse una alta cantidad puede incluso causar la muerte.
Mientras que según el PNUD el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, en Guatemala este porcentaje es menor y al 2021 el 89.26% de la población tenía acceso a la electricidad siendo solamente Alta Verapaz el único departamento con un 50.89% de cobertura electrica que ha resultado de un complicado proceso en el cual la política local, la sinuosidad del territorio geográfico y la historia del departamento se han confabulado para ralentizar la construcción de las vías eléctricas requeridas y las negociaciones entre los líderes locales y las empresas hidroeléctricas que operan en la zona. Ante esta compleja situación, la instalación de fuentes renovables de energía eléctrica podrían contribuir a que el 11% de la población del país sin electrificación pueda contar con este recurso.
Gráfica 1. Balance Energético 2021. Fuente: Ministerio de Energía y Minas de Guatemala
El uso de energías renovables provistas por las fuentes hidroeléctricas, biomasa, solar, eólica y geotérmica se ha mantenido en aumento en Guatemala y, aunque sigue siendo el renglón más importante dentro de la matriz energética nacional, requiere de más inversiones para atender el mercado eléctrico nacional y las exportaciones que se realizan a Centroamérica. El uso de energías renovables para poblaciones lejanas o con problemas políticos en los departamentos de Alta Verapaz, Petén y Baja Verapaz permitirá acelerar el acceso a energía eléctrica y alcanzar la meta del ODS7 de la Agenda 2030.
De acuerdo con la información del SICA en 2017, “un hogar que consume entre 100 a 150 kilovatios al mes requeriría entre tres a cuatro paneles solares para poder generar esa energía, por lo que la inversión necesaria sería de entre US$384 y US$512 (entre Q2 mil 815 y Q3 mil 753, según el cambio actual), más gastos de instalación.” Para ofrecer soluciones como la anterior, en las poblaciones con los niveles más bajos de electrificación (ver departamentos en columnas rojas de la gráfica 1) se requerirá de una participación de programas estatales que fomenten esta inversión en beneficios de las poblaciones más pobres y vulnerables. Conseguir este proyecto social resultará en beneficios para toda la sociedad guatemalteca asegurando el acceso a servicios para limpieza y desinfección de alimentos y agua como uno de los principales beneficios de contar con energía eléctrica.
Una familia con su panel solar en Tucumán, Argentina
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS, por sus siglas) es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
El ODS6 es un reto de la Agenda 2030 muy importante para los países en vías de desarrollo y con altas tasas de crecimiento demográfico. El consumo de agua y el acceso a agua potable y sana ha sido uno de los indicadores más difíciles de alcanzar por países con un gobierno debil en asegurar la captura, provisión, almacenamiento y distribución para la población. Al 2023, la falta de acceso universal al agua se mantiene como uno de los obstáculos al desarrollo humano más importantes, tanto para la sociedad y economía guatemalteca en general como para cada individuo.
El ODS6 enfocado en el agua busca cambiar la situación de 1/5 de la población humana (aprox. 2000 millones de personas) que actualmente no tienen a agua limpia y sostenible. Además, el OD6 tiene como objetivo que casi la mitad de la población humana (3600 millones de la población mundial) consiga al 2030 acceso a un sistema de drenajes y saneamiento gestionado de forma segura.
Las personas que habitan en zonas marginadas y vulnerables del sur global no siempre tienen los recursos para construir una infraestructura costosa o centralizada y en estas circunstancias el rol de un Estado eficiente es vital para crear esos sistemas de acceso a agua potable y drenajes.
A estas condiciones de infraesctructura se suma el calentamiento global y los efectos que está teniendo incrementándose las temperaturas extremas, las sequías y las inundaciones que afectan la provisión sostenible del agua. Conforme crece la población y mejoran los ingresos de los países, el incremento en la demanda de agua también crece en paralelo y, como resultado, también crece en paralelo la contaminación debido a la ausencia de sistemas adecuados de drenaje.
Fotografía de 2014, Guatemala. El Organismo Ejecutivo declaró Estado de Calamidad Pública por la canícula prolongada. Durante el plazo de treinta días de Estado de Calamidad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, se encargará de la implementación de diferentes acciones que tiendan a atender los daños derivados de los efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el riesgo que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera. Foto/Conred
Actualmente el acceso al agua y al saneamiento ocupan un lugar muy bajo en la agenda política de muchos países e incluso hay países (como Guatemala) en los que no existe una legislación que regule el acceso y consumo universal a este recurso. La falta de un manejo adecuado del agua será uno de los retos más importantes a resolver ante la escasez de agua que ha sido proyectada debido al incremento del calentamiento global y el consumo desregulado de las crecientes poblaciones humanas.
En Guatemala, a pesar de que el agua es un recurso hídrico abundante, la creciente población, la falta de un manejo integral del agua y la falta de una gestión de los residuos sólidos deberán de ser uno de los principales temas a discutir entre las elites políticas y económicas del país para asegurar que toda la población tenga acceso a este recurso. El no hacerlo y el no tomar acción resultará en una creciente contaminación de las aguas superficiales, incremento de la conflictividad social, desperdició de recursos e incremento de la escasez de agua en las zonas del área metropolitana y del sur y oriente del país.
Riesgos del agua en Guatemala según American Quarterly en 2019
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
La movilización social y el poder de agentes políticos de movilizar a grupos de personas en la búsqueda de objetivos comunes ha sido uno de los temas más estudiados y discutidos en los últimos siglos. Este tema que lleva tanto tiempo siendo discutido pareciera ser cada día menos entendido y, entender las causas y motivos detrás de la movilización social, ha sido algunas de las principales preocupaciones de quienes ocupan el poder y, también, uno de los principales intereses de quienes algún día quisieran ostentarlo.
Viñeta política de 1884, que representa a los ricos plutócratas en un banquete mientras una familia humilde pide limosna.
En los gobiernos democráticos desarrollados en Occidente durante los últimos dos siglos, la movilización de las masas ha sido uno de los principales vehículos de legitimación de la caída o ascenso de regímenes y aún hoy en día, los analistas que realizan aproximaciones al estudio de estos momentos históricos suelen quedarse cortos en el análisis y correlación de variables que tan complejos fenómenos representan.
La revisión histórica de los aportes que, desde distintas ramas académicas, se han presentado para comprender las raíces de los movimientos sociales del siglo XX y cómo surgieron sus raíces en un territorio limitado a Europa Occidental y Estados Unidos en el s. XVIII y XIX es un punto de inicio para entender la evolución de las posturas políticas e ideológicas que hoy en día se discuten en nuestros países y que nos permitirán comprender las dinámicas de poder en el siglo XXI y las fuentes subyacentes del conflicto en las sociedades occidentales.
Conflicto en Perú. 2018.
Para aproximarnos a la teoría de los conflictos, es fundamental partir comprendiendo que el conflicto es parte intrínseca de cualquier organización social y este es un vehículo de cambios y transformaciones sociales en constante evolución. Algunos de los autores que más han contribuido a este estudio son autores muy importantes como Karl Marx, Max Weber, R.K. Merton, Mancur Olson, Charles Tilly, Georg Simmel y W.E.B. Du Bois, entre otros. Y leerlos a todos y comprenderlos es una tarea maratónica que los académicos tenemos frente a nosotros día con día conforme más y más conflictos se desarrollan en todos nuestros países.
Partiendo de las aproximaciones han realizado muchos autores sobre el conflicto quisiera arrancar con los aportes ofrecidos por Karl Marx en el s. XIX y cómo sentó las bases de la Teoría del Conflicto analizando la manera en que nacía la lucha de clases, la movilización organizada y el apoderamiento de los factores económicos en la configuración de la sociedad que se estudiaría. En base a estos conceptos, cada estudio de una sociedad en conflicto según Marx permitiría analizar cómo las sociedades se caracterizan por conflictos de clase inherentes entre la burguesía dominante (la clase capitalista) y el proletariado (la clase trabajadora).
Ante estas crisis inherentes, Marx explicaba que los conflictos surgen en cualquier sociedad (independientemente de su cultura) debido a la distribución desigual de la riqueza y de los recursos y que, como gasolina, eran el combustible que impulsaba los cambios sociales y el conflicto. Según Marx, las revoluciones son una consecuencia natural de estos conflictos, que conducen al derrocamiento de la clase dominante y al establecimiento de una sociedad más equitativa.
Construyendo en las ideas de Marx, Max Weber amplió sus aportes al enfatizar la importancia del poder, de quién ejerce la autoridad y de cómo se conforma la burocracia para comprender los conflictos dentro de la sociedad. Weber observó que en las sociedades existen múltiples fuentes de conflicto, incluidas las disparidades económicas y además incluyó el rol social que factores como la religión, la política y la cultura ofrecen para contribuir a las tensiones sociales de los países. Según explicó Weber, los movimientos sociales surgían cuando los individuos o grupos se sienten marginados u oprimidos y se movilizan para desafiar las estructuras de poder existentes.
En base a estos dos grandes autores estudios siguieron importantes aportes que aún hoy en día nos permitirían profundizar en el análisis que distintos actores tienen en el desarrollo de los conflictos. Otros aportes fundamentales para entender el conflicto son los de académicos como el sociólogo Georg Simmel que contribuyó a la Teoría del Conflicto centrándose en el papel de las interacciones individuales en la configuración del conflicto y explicó cómo los conflictos surgen de las relaciones personales, las interacciones sociales y las dinámicas de grupo que podrían llegar a ser conflictos constructivos inclusive para el mejoramiento de una sociedad. Autores como Mancur Olson y Charles Tilly con sus teorías de elección racional y de la movilización de recursos y de oportunidades políticas son otros autores clave que nos permiten comprender cómo y por qué la gente se suma a los movimientos y qué buscan estas personas obtener a cambio de su participación.
Modelo de la mobilización revolucionaria según Charles Tilly
Estas acciones y decisiones (individuales y luego colectivas) suelen ser el resultado de análisis económicos racionales que hacen los individuos de forma aislada y que, sumados, consolidan objetivos que las elites dirigentes de los movimientos de protesta utilizan para capitalizarlos y convertirlos en demandas comunes con discursos que utilizan slogans atractivos como “lucha contra la corrupción”, “batalla contra la influencia extranjera”, “redistribución de recursos” y “justicia social”. Slogans anteriores que, a pesar de ser demandas racionales y necesarias, se convierten en la suma de lo que Olson llamaría incentivos selectivos que crean “toda una serie de compensaciones y, en su caso, coacciones, a los miembros del grupo para garantizar la cohesión.” y que, consolidados permiten crear las agencias detrás de los grandes movimientos en forma de nuevos partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles, entre otras que exigen metas colectivas con beneficios particulares.
Representación de W. E. B. Du Bois en la obra de teatro “Un hombre para todos los tiempos”
Al respecto, un ejemplo muy valioso para comprender las dinámicas existentes entre los movimientos sociales es comprender las dinámicas existentes entre la clase, el poder y la raza de los participantes. En el panafricanista W. E. B. Du Bois he encontrado importantísimos aportes para entender las dinámicas que vivimos en Hispanoamérica, en las obras de este sociólogo se estudian con detalle las relaciones de Clase-Raza-Poder y priorizó el rol que la desigualdad económica y social de un grupo racial, junto a su consecuente discriminación política y económica contribuyen a impulsar los conflictos y movimientos sociales que reclaman igualdad y derechos civiles. De sus estudios y aportes para consolidar la independencia de varios países africanos nos aportó muchísimas lecciones que deberíamos utilizar como herramientas para comprender el ritmo que vivimos en la sociedad postcolonial de Hispanoamérica donde la discriminación racial continúa siendo una norma en países como Bolivia, Guatemala y Perú. Entender estas relaciones y profundizar en los contextos históricos que cada movimiento social ha tenido, nos permitirá desde las áreas académicas donde ejercemos comprender un poco más de las Revoluciones y de los reclamos detrás de los movimientos sociales. Al analizar las dinámicas de poder, las disparidades económicas y las injusticias sociales en una sociedad podremos comprender las causas profundas del malestar social y empatizar con aquellas demandas desde las cuales podemos contribuir a resolver.
Los movimientos sociales que parecieran incrementarse en nuestros países son el resultado de lo que el importantísimo historiador y sociólogo Charles Tilly denominó “las oportunidades políticas” refiriéndose a ellas como “el surgimiento de un movimiento se encuentra condicionado por los signos de debilidad que muestren las autoridades o élites dirigentes, ya sea por existir divisiones internas o porque se les presuponga una actitud favorable a los objetivos del grupo movilizado.” y así, en la debilidad de un liderazgo que falla en la creación de los mecanismos de control sobre las masas a través de ventajas económicas, políticas o sociales es que surgen movimientos de intereses particulares exigiendo un espacio en la escena política como los movimientos de derechos civiles, los movimientos feministas y los movimientos LGTBIQ+, los cuales podrían examinarse a través de la lente de la teoría del conflicto para identificar los grupos involucrados, sus motivaciones y la resistencia que enfrentan por parte de las estructuras de poder existentes para construir consensos y establecer mecanismos de diálogo.
Obra de David Alfaro Siqueiros “Del Porfirismo a la Revolución”
Las revoluciones han sido el inicio de momentos de grandes cambios sociales y la teoría del conflicto es particularmente útil para comprender cómo se han desarrollado las dinámicas entre diferentes grupos de la sociedad que exigen un alto a la explotación física y económica, vejámenes políticos y opresión de derechos individuales, racismo y discriminación cultural, entre otras causas. Evitar sacar conclusiones a la ligera de estas complejas dinámicas es una herramienta para explorar los puntos de inflexión y cómo la suma de las ofensas se convierte en potentes catalizadores para la movilización masiva y la acción colectiva para dar lugar a nuevas formas de relaciones, de futuros conflictos, de paz y estabilidad y de nuevas formas de luchas por el poder.
El estudio de las crisis económicas ha sido uno de los principales campos de estudio y preocupación tanto de las ciencias económicas, como de las sociales, políticas e históricas. Desde sus áreas de experiencia y perspectivas, todos quienes se han aproximado al estudio de las crisis, sus causas y sus efectos han tenido distintas conclusiones, análisis de causalidad y propuestas para combatirlas y evitarlas. Durante décadas, sin embargo, las crisis económicas han continuado ocurriendo y resultando por y con las complejas relaciones creadas por la “mano invisible” del mercado que Adam Smith referenció como aquella en la que,
“El rico apenas consume más alimento que el vecino pobre. La calidad puede ser muy diferente y la preparación más delicada, pero, por lo que toca a la cantidad, es poca la diferencia. Pero compárese el espacioso palacio y la gran guardarropía del uno con la mísera choza y los harapos del otro y se hallará que la diferencia en albergue, vestido y ajuar es tan considerable en lo que respecta a la cantidad como a la calidad. El deseo de alimento se halla limitado en todos los seres humanos por la limitada capacidad de su estómago, pero el deseo de conveniencias, aparato mobiliario, ornato en la construcción, vestido y equipaje, parece que no tiene límites ni conoce fronteras”
Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones (Adam Smith, 1776)
En estas circunstancias de infinitas relaciones humanas y ambientales, las economías capitalistas modernas han debido plantearse soluciones ante las crisis económicas que una y otra vez han afectado a la humanidad. Ante estas situaciones cíclicas, distintas teorías en torno a las causas de las crisis económicas y las propuestas han abundado como soluciones. Algunas generalidades que podemos observar de las crisis económicas es que se han compuesto por las fases de (a) expansión y auge económico; (b) el inicio de la crisis, como el momento en el que la expansión se detiene y empieza el declive; (c) la caída, depresión o contracción económica y (d) la recuperación de la actividad económica.
En la antigüedad, las crisis económicas eran catastróficas y sus efectos resultaban principalmente de efectos ambientales como las malas cosechas consecutivas, las plagas y los desastres naturales. Como consecuencia, el auge económico se detenía e inmediatamente se observaba una depresión generalizada que resultaba en el hambre, enfermedades y reducción demográfica significativa. Posteriormente, la recuperación lenta iniciaba con una reducción de la oferta y demanda de productores y compradores que habrían de reconstruir las condiciones mínimas de sobrevivencia para poder empezar a consumir. Las guerras, además, contribuían a estas situaciones sumando tiempo a la duración de las crisis o alargando la recuperación. Desde la antigüedad, estas condiciones de crisis han acompañado a las economías agrarias, feudales y mercantilistas y, con el advenimiento del capitalismo y la economía mixta, se incrementaron y pronunciaron las causas y los efectos que creaban ciclos cada vez más complejos y dañinos.
El triunfo de la Muerte de Pieter Brueghel el Viejo es uno de los mejores ejemplos del impacto de las crisis en la época medieval
Durante los últimos dos siglos, los grandes debates entorno a las causas de las crisis y sus recuperaciones han involucrado relaciones complejas entre los mecanismos de precios, la capacidad productiva, la creación de plusvalía y la insuficiente demanda efectiva de los bienes y servicios generados por quienes controlan los bienes de producción. Al respecto, el sistema económico capitalista ha funcionado en ciclos económicos de expansión y depresión inevitables y que, a pesar de ser postergables, su retraso ha implicado crisis y efectos económicos más amplios. Ante esto, propuestas macroeconómicas en las últimas décadas han propuesto políticas que fomentan las crisis económicas con el fin de “enfriar” las economías y reducir los impactos complejos de la famosa metáfora smithiana de la mano invisible en acción.
Las crisis han evolucionado y sus impactos se han globalizado. De la misma manera, sus efectos son cada vez más desastrosos e impactantes en la sociedad, el medio ambiente y la estabilidad política de los países y cada crisis es ahora un “parteaguas” de la historia misma y sus efectos son cada vez más funestos.
A pesar de que muchos filósofos, políticos y economistas han buscado explicar y entender los ciclos económicos, aún nos quedan muchas dudas y respuestas respecto al análisis ético que de las mismas se debe realizar para entender los medios a implementar con tal de perseguir ese fin último en que creen los defensores del capitalismo para alcanzar niveles ¿realmente anhelados? de un crecimiento económico por siempre expansivo y de auge en el que no haya límites económicos, de bienes de producción, de capacidad productiva o medio ambientales. Tal y como con los terremotos y huracanes, su predicción y previsión es aún imposible pero cada vez más contamos con herramientas de análisis desde distintos sectores académicos para profundizar en las causas subyacentes y en los mecanismos adecuados en cada contexto para ralentizar las depresiones y reducir los efectos negativos en las poblaciones más vulnerables y los ambientes más sensibles. La tarea de los países del sur global reside en preparar a sus burocracias y elites empresariales para comprender el rol social que sus actividades individuales tienen para contribuir a estas previsiones y reducir los daños en las poblaciones sensibles de ancianos, mujeres y niños que suelen ser los grupos más afectadas en cada ciclo.
Pintura: Un encuentro en el camino de la fantasía. Autor: Emmanuel Garibay. Orige: Filipinas. (1993)
Mucho se ha hablado en las últimas semanas del incremento de la temperatura de los océanos y del planeta en general (ver noticia). Esta preocupación no ha sido para menos ya que un calentamiento superior a los 1.5 °C amenazaría con destruir una gran cantidad de los arrecifes de coral del planeta y causaría pérdidas de las cuales no habría un punto de retorno a las condiciones actuales de nuestros océanos. Como consecuencia, este calentamiento impactará en el derretimiento de los polos y tendría impactos directos en los cambios de las temporadas de lluvia y sequía y también afectaría las condiciones e intensidad de los ciclones y huracanes.
Ante esta situación, implementar acciones de resiliencia climática implican acelerar acciones para frenar los impactos del cambio climático (más y mayores incendios, sequías, inundaciones, tormentas, entre otros) y evitar que los impactos empeoren en las zonas más pobres y vulnerables del planeta. Cuando hablamos de resiliencia, debemos aspirar a construir una sociedad que tenga las herramientas para enfrentar los cambios climáticos extremos y continuar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para conseguir la resiliencia, tomemos por ejemplo la temperatura record alcanzada el día de hoy en Europa por arriba de los 40 grados Centígrados y las acciones que una sociedad debe tener a disposición de su población:
Cuidado y ampliación de espacios verdes en zonas urbanas.
Protección y cultivo de áreas boscosas y prevención de incendios forestales.
Construcción de áreas techadas en zonas de alto tránsito peatonal para proteger a la población.
Provisión y acceso de agua pública potable para el acceso de la población y campañas educativas de prevención de la deshidratación.
Reducción del congestionamiento vehicular y la emisión de gases de efecto invernadero.
Protección de las especies de flora y fauna que estén en peligro de extinción y de ser afectadas en zonas locales por el cambio climático.
Como se observar en la siguiente gráfica, el incremento y mantenimiento continúo de temperaturas altas acelera la desertificación de las zonas más pobladas. Como en el caso de Europa de la siguiente gráfica, se proyecta una aceleración del proceso de desertización y extensión del desierto del Sahara hacia las costas europeas del mar Mediterráneo. De continuar este proceso, la escasez de alimentos y agua se incrementará en toda la vertiente mediterránea a lo largo de más de 14 millones de hectáreas del sur, centro y este de Europa. (Fuente: Climate Impacts in Europe, the JRC PESETA II project, 2014. Data from Dosio and Paruolo 2011 and Dosio et al, 2012).
La resiliencia requiere que, como primer paso, aceptemos la realidad en la que nos encontramos con climas cada vez más extremos y movimientos de temperatura en todo el mundo y que afectarán la forma en la que todos los seres vivos sobrevivimos en nuestro planeta. En el caso de América Latina, la resiliencia es aún un tema más complicado debido a que los gobiernos no cuentan con las fuentes de financiamiento de programas nacionales de resiliencia para las industrias agrícolas, la provisión de agua y alimentos a poblaciones vulnerables, control de desertificación, programas de reforestación y protección de especies de flora y fauna en peligro.
Desde 1880 la temperatura global promedio de la Tierra ha aumentado al menos 1,1°Centígrados (1,9 °F) y los incrementos se han acelerado como resultado del consumo de combustibles fósiles por la humanidad. Ante esto, desde las últimas décadas se ha buscado fomentar la innovación en procesos circulares de diseño y transición hacia nuevas industrias que, en línea con los análisis de ciclo de vida de las materias primas, reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
Según se observa en la siguiente infografía de VisualCapitalist, desde 1979 a la fecha se ha producido la mayor parte del calentamiento global con un aumento de las temperaturas de 0,15 a 0,20 °C por década. Las proyecciones para la década de 2020 a 2029 actualmente están por encima de los 1.5 °C propuestos por el Acuerdo de París y como resultado, los planes de resiliencia para los países en vías de desarrollo y de las economías emergentes requerirán un mayor trabajo para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el metano (CH4) que están siendo creados por industrias en Asia, Europa y Norteamérica principalmente.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS, por sus siglas) es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
El ODS5 es uno de los retos de la Agenda 2030 más importantes e históricamente más significativos. Por primera ocasión en la historia de la humanidad el planeta entero se está uniendo para alcanzar la igualdad entre los géneros con el fin de reducir las brechas existentes entre hombres y mujeres. Históricamente, la desigualdad de género entre hombres y mujeres ha sido la norma y sus causas resultado de una complicada serie de relaciones políticas, religiosas, económicas y sociales que en casi todas las culturas de la humanidad le daba un poder superior al hombre sobre la mujer. Así, la naturaleza y las causas de la desigualdad de género han sido multifacéticas y con efectos nefastos para la paz y la prosperidad de todos los humanos.
El derecho al voto es un derecho fundamental en cuanto implica la capacidad de contribuir a la elección del gobierno que representará a los votantes. Este derecho fue una de las victorias más importantes para las mujeres y en muchos países el ejercicio de este voto es aún limitado. Alcanzar la igualdad de todos al acceso al voto es aún uno de los retos mas importantes de la humanidad y el ODS5 busca contribuir a que en todos los países se creen las condiciones de igualdad política entre los hombres y las mujeres.
Asimismo, otros derechos políticos como el respeto de la mujer en temas de negocios, manejo de dinero, herencias, propiedad privada y propiedad intelectual sobre las obras escritas por las mujeres son algunos de los temas que aún están pendientes de ser resueltos en muchos países para asegurar la igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. El ODS5 tiene como objetivo central que la igualdad de género permita empoderar a futuras generaciones de niñas para aspirar a lograr sus sueños en las mismas condiciones que los niños y para esto es necesario que las leyes y políticas de un gobierno desempeñen un papel en la configuración de las relaciones de igualdad de género a lo largo del tiempo.
Lo anterior sigue siendo un reto muy imporante para Guatemala ya que las leyes sobre la propiedad privada, la custodia de los hijos, el divorcio, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho al voto mismo siguen siendo objeto de ataques constantes por visiones fundamentalistas desde el machismo y la misoginia. Muy importante para Guatemala será trabajar en resolver las políticas de género sobre educación que tienen un papel muy importante que desempeñar. Según lo descubierto en el estudio de igualdad de género de OXFAM en 2021,
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el embarazo adolescente es un grave problema en el país; uno de cada cinco nacimientos corresponde a madres niñas y adolescentes. La tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta (140 por 100 mil), en especial en las mujeres indígenas, cifra que es 1.8 veces mayor que en las mujeres ladinas o mestizas. La exclusión histórica de las mujeres se reafirma también con una tasa del 48% de analfabetismo en mujeres indígenas y del 19 % en las mujeres no indígenas (INE 2016). La situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad guatemalteca es el resultado de relaciones de poder desiguales que se han establecido y naturalizado en el imaginario social. La idea de ser mujeres las coloca en condiciones de subordinación, exclusión, explotación, abuso, violencia, discriminación y genera una dinámica de vida adversa.
Ante las graves condiciones actuales de desigualdad de género en Guatemala existen diversos campos de acción desde los cuales futuros gobiernos habrán de trabajar. Será vital continuar con los programas de alimentación enfocados en la alimentación de las mujeres y niñas, implementar programas educativos que fortalezcan los carencias de la educación fémina actuales y programas y políticas referidas a superar las desigualdades que viven actualmente las mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS, por sus siglas) es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Recientemente, se publicó una nota que ha causado mucha preocupación en Guatemala y en la que se indica que el coeficiente intelectual promedio de los guatemaltecos y guatemaltecas es uno de los más bajos del mundo. La noticia causó preocupación en distintos sectores y en grupos de redes digitales que discutían “¿cómo llegamos a esto?”. Sin embargo, la causa detrás de este resultado es compleja y se encuentra en problemas sistémicos de larga duración y de múltiples factores. El estudio publicado por el World Population Review reveló que Guatemala ocupa el puesto 196 en términos de coeficiente intelectual (CI) de la población entre 199 países del planeta. Guatemala tiene un puntaje de 47.72 en el estudio y supera a otros países de la región como Nicaragua en la posición 193, Honduras en el lugar 185, El Salvador en el 162 y Panamá en el lugar 124.
Durante décadas, Centroamérica ha mantenido niveles de educación muy bajos debido a diversos factores relacionados a la calidad de la alimentación, la calidad de los sistemas educativos, la baja preparación y disponibilidad de catedráticos y la ausencia de sistemas escolares en áreas vulnerables de los países. En Guatemala, la ausencia del Estado en la mayoría de las zonas pobres y vulnerables del país ha sido una constante que con la pandemia solamente se incrementó afectando la calidad de vida de los y las guatemaltecas.
De acuerdo con la gráfica anterior, solamente los países de Nepal en Asia y Sierra Leona y Liberia en África tienen niveles peores de coeficiente intelectual promedio de sus poblaciones. Estos países comparten con Guatemala condiciones similares de pobreza, un proceso de descolonización, corrupción, clientelismo político, falta de salud y de alimentación adecuada y falta de estabilidad política y certeza jurídica para el desarrollo de la inversión.
El ODS4 tiene como objetivo el desarrollo para Guatemala de una de sus más importantes fuentes de riqueza potencial y uno de los principales motores de diferenciación en el mundo globalizado: su población. Aparte de unos pocos países con abundantes recursos naturales, el activo productivo más importante de países como Guatemala es la mente de sus ciudadanos. El papel del coeficiente intelectual de un país tiene impactos directos en la creación de la prosperidad económica, economías más competitivas y gobiernos más democráticos.
Las metas de la Agenda 2030 buscan que Guatemala ante las actuales condiciones de retraso educativo de su población mejore sus niveles de alimentación general de la población, mejora en la inversión estatal en la educación pública y en la salud pública y que se fomente la inversión de las empresas privadas en la búsqueda de fortalecer la calidad educativa de las nuevas generaciones de Guatemala.
La importancia de que Guatemala logre garantizar la calidad de la educación tiene como resultado crear un multiplicador social debido a que, al estar rodeado de gente inteligente, las personas són más productivas y el país es más competitivo. Como resultado, existe una relación directa entre el incremento del ingreso del PIB per cápita en relación con el IQ de la población como la siguiente gráfica explica:
Los beneficios de una mejora de los niveles de educación no son solo económicos. También, una mejora en la educación también ha demostrado que resulta en un fortalecimiento de la democracia y de la estabilidad política de los países que se alejan del populismo y de extremismos fundamentalistas. De la misma manera, la mejora de las condiciones de vida reduce la inestabilidad social y mejora los niveles educativos de la población en barrios que anteriormente eran más pobres o eran considerados zonas rojas o peligrosas.
Tal y como dijo el filósofo Immanuel Kant, “un pueblo educado es un pueblo libre“. Al referirse a la educación, el filósofo explicó qeu “no basta con el adiestramiento; lo que importa, sobre todo es que el niño aprenda a pensar” y la educación lo liberaría para emanciparlo completamente y aprender a reflexionar críticamente y ser sujetos 100% autónomos. Así, la mejora en la educación permite a la población de los países y a sus ciudadanos gobernarse a sí mismos y detener el surgimiento de tiranos.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS, por sus siglas) es poner fin al hambre en el mundo.
El fin del hambre es uno de los objetivos más importantes que la Agenda 2030 busca alcanzar mediante acciones desde los gobiernos para asegurar la provisión de seguridad alimentaria de todos los habitantes y la mejora de la nutrición.
Los gobiernos democráticos tienen como uno de los pilares más importantes de sus obligaciones constitucionales el asegurar acceso a alimentos para la población y para alcanzar esto muchos gobiernos requieren implementar acciones como:
Asegurar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de toda la población,
Combatir la especulación en precios de alimentos y eliminar monopolios
Producir o importar alimentos que sean necesarios para atender las necesidades nutricionales de los países.
Según el Programa de las Naciones Unidas, en Guatemala la meta de hambre cero busca “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.“
Para alcanzar la reducción del hambre en Guatemala es necesario que los gobiernos y las empresas privadas tomen acciones para reducir y eliminar distintos aspectos que mantienen en condiciones de pobreza a la población más afectada por el hambre y la desnutrición. La eliminación del hambre requiere de una serie de acciones que están íntimamente vinculadas a la mejora de la calidad de vida de las personas. Junto a la reducción del hambre, es necesario mejorar y proteger la existencia de más y mejores sistemas de salud, provisión de agua limpia y sana, creación de fuentes de trabajo, creación de sistemas de educación nutricional para la mejora de la ingesta de alimentos nutritivos, acceso a la electricidad, tuberías y drenajes para todos los hogares, entre otras. Asimismo, la cooperación internacional y la protección de las cadenas internacionales de suministro de alimentos son vitales para velar por la reducción del hambre en los países del sur global y ante este indicador es fundamental que exista una participación colaborativa global.
Según el Índice Global del Hambre, en el año 2022 Guatemala mejoró su posición en el índice ubicándose en el nivel “moderado” de problemas de alimentación y aún requiere mejorar la alimentación calórica de la población, desnutrición crónica que retrasa el crecimiento de los niños y vigilar el incremento post-COVID en la proporción de niños menores de 5 años que tienen bajo peso para su estatura, reflejando desnutrición aguda.
Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.
La creciente población humana y la demanda de recursos naturales para atender las necesidades de la población han causado que, durante las últimas décadas, la capacidad productiva anual del planeta sea alcanzada antes de que finalice el año. Como se observa en la Figura 1 se alcanzará un sobregiro del uso de los recursos del planeta el día 02 de agosto de 2023. Como resultado del crecimiento poblacional, el incremento de la producción global y el manejo insostenible de los recursos, desde el año 1971 la población del planeta se gasta cada vez más temprano los recursos del planeta. Como resultado, la Global Footprint Network ha calculado cómo la cantidad de días de biocapacidad del planeta se ha reducido y es insuficiente para reponer la Huella Ecológica de la humanidad. Así, a partir del día 03 de agosto de 2023, los humanos estaremos viviendo con un sobregiro de recursos ya que habremos consumido el equivalente a todos los recursos ecológicos que el planeta genera anualmente.
Figura 1. Estadísticas del día de sobregiro del uso de recursos del planeta desde 1971 a 2023. Fuente: (National Footprint and Biocapacity Accounts, 2023)
Como resultado de este sobregiro en el uso de los recursos naturales, el consumo no sostenible de los recursos ha causado que crisis poblacionales se aceleren por no existir planes nacionales e internacionales para el manejo y gestión sostenible de los recursos naturales. Según el reporte del (Panel Internacional de Recursos, 2019):
“La extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero y con más del 90 % de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico.
La extracción de recursos se ha más que triplicado desde 1970, incluido un aumento de cinco veces en el uso de minerales no metálicos y un aumento del 45 por ciento en el uso de combustibles fósiles.
Para 2060, el uso global de materiales podría duplicarse a 190,000 millones de toneladas (desde 92,000 millones), mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían aumentar en un 43 %.”
La creación e implementación de Políticas Nacionales de Sostenibilidad, Gestión de los Recursos Naturales y Manejo Financiero Sostenible del erario son herramientas vitales y urgentes en todos los países para reducir el uso insostenible de los recursos que durante los últimos siglos años han causado un crecimiento sin controles y plagado de excesos. Como punto central de partida para el planeta y los gobiernos de cada país ha sido la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que sirven como metas en 17 objetivos de desarrollo (ODS, por sus siglas) que permitirían a los países cambiar el rumbo de sobreexplotación, escasez y bajos niveles de desarrollo humano que afectan, principalmente, a los países del sur global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en 2015 por los países miembros de las Naciones Unidas con el fin de servir de guía a la creación de Políticas, Planes y Proyectos de escala nacional unificados en una visión hacia la creación de países sostenibles económica, social y políticamente.
Así, la creación de programas en los ministerios encargados del cumplimiento de cada uno de los 17 ODS es una herramienta fundamental para la aceleración de proyectos que permitan enfrentar las actuales crisis, reparar los daños ambientales causados en el pasado, facilitar la resiliencia y adaptación de los países para contrarrestar los efectos del cambio climático y construir una sociedad cuya económica y cultura gire en torno a la sostenibilidad ambiental. El desarrollo de los ODS es una guía inicial y la creación de programas a nivel de país son una herramienta necesaria para hacer ejecutables, fiscalizables y alcanzables los objetivos que cada gobierno se ha trazado. Un ejemplo valioso de estos avances a través de políticas y planes es la “Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos”, esta política creada como un Acuerdo Gubernativo 281-2015 ha permitido que el gobierno establezca metas compartidas con distintos grupos de interés de la sociedad que han contribuido a crear una hoja de ruta con la cual el Gobierno Central y Local cuenta con objetivos claros, indicadores, organizaciones responsables y planes educativos que permitirían a la población cambiar el rumbo de la gestión inadecuada de los residuos y desechos sólidos que actualmente son desechados en lugares no apropiados y sin el manejo adecuado para asegurar la circularidad, el reciclaje, el compostaje y la protección de contaminación por agentes peligrosos. Este es un ejemplo de tantos otros que los gobiernos han creado para empezar a hacer un cambio de rumbo respecto a la mala gestión de los recursos naturales y fomentar una transición más acelerada al desarrollo sostenible y la protección del planeta que está viendo sus recursos naturales agotados. Alcanzar las metas de los ODS para el año 2030 es uno de los retos más importantes que el planeta tiene delante de sí y de la creación de políticas, programas y proyectos nacionales dependerá la ejecución y fiscalización efectiva de los gobiernos electos para cuidar y proteger a sus ciudadanos.
La ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europa y el Mercado Común Centroamericano (MCCA, por sus siglas) permitirá a Guatemala tener un acceso más sólido a comerciar con los 27 países miembros de la Unión Europea. Este mercado, que es uno de los más exigentes en términos de calidad y sostenibilidad ambiental, ofrece a la exportación guatemalteca uno de los mercados que mejor paga a sus proveedores. En el año 2023 Guatemala exportó 1,424 millones de dólares a la Unión Europea representando el 10% del total de las exportaciones del país. Los principales productos exportados en 2023 fueron el aceite de palma ($693 millones), Café ($229 millones), Frutas ($107 millones), azúcar ($88 millones) y otros productos de la industria agrícola, industrial y de manufacturas como la medicina y textiles que han tenido un veloz crecimiento en las últimas décadas.
En términos comerciales, el acuerdo ratificado por la UE eliminará la mayoría de aranceles a la importación de productos centroamericanos y establece un mecanismo de resolución y medicación de disputas con lo que se completa el acuerdo que inició en el año 2012.
La zona del euro es el principal importador de la economía mundial y representa uno de los mercados más competitivos para la innovación sostenible debido a las más recientes exigencias establecidas en el marco del Pacto Verde Europeo. Como uno de los mercados regionales más grandes del mundo, la UE ofrece acceso a más de 440 millones de consumidores y el nuevo acuerdo otorgará condiciones comerciales favorables y reducciones arancelarias que crearán más y mejores empleos debido a los altos estándares de seguridad laboral, protección de derechos humanos y sostenibilidad ambiental que esos consumidores y sus regulaciones exigen. Desde la implementación del Pacto Verde la UE ha remodelado su dinámica comercial para construir un comercio más sostenible y bajo en huella de carbono. Como resultado, el Pacto Verde ya está influyendo en los patrones comerciales de Guatemala haciendo que las empresas exportadoras pongan un mayor énfasis en la sostenibilidad ambiental y los métodos de producción respetuosos con el clima.
Desde su creación y aprobación en enero, 2020, el Pacto Verde Europeo (también conocido como el “Green Deal Europeo”) funciona como un plan para fomentar la sostenibilidad y la conciencia medioambiental global con metas al año 2030 y 2050. La meta: consolidar la transición de la economía europea hacia una economía circular y alcanzar la neutralidad de GEI al 2050.
Los desafíos que plantean los objetivos del Pacto Verde representan una prueba de modernización ambiental para las empresas europeas, que se están viendo comprometidas a cumplir con una extensa lista de regulaciones verdes cuyas implicaciones ya están trascendiendo Europa. En un mundo cada vez más interconectado, las economías del sur global que carecen de las condiciones económicas y legales para adaptarse hacia una economía circular están siendo las más impactadas por esta rápida transformación productiva que arrancó en 2020 y las empresas (y los países en general) que ya han demostrado su continuo compromiso con la sostenibilidad ambiental están siendo las más beneficiadas por la apertura de estos nuevos mercados sostenibles.
Aunque el Pacto Verde pareciera centrarse principalmente en Europa, sus implicaciones se extienden mucho más allá del continente a lo largo de la intrincada cadena de la globalización. En América Latina, donde la producción de commodities y alimentos sostenibles desempeñan un papel significativo en el panorama económico de la región, el Pacto Verde se presenta como una oportunidad para,
producir sosteniblemente,
diseñar circularmente,
compensar y reparar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
abrir las puertas a nuevos mercados que valoran productos sostenibles y ecodiseños.
Neutralidad climática
Uno de los aspectos clave detrás del Pacto Verde europeo es la búsqueda por alcanzar la neutralidad climática al 2050. Este ambicioso objetivo requiere un cambio de paradigma de los liderazgos de las industrias, y los países latinoamericanos dedicados a la producción para la exportación no están exentos de este reto. El énfasis del Pacto Verde en la reducción de las emisiones de GEI y la implementación de prácticas sostenibles se alinea con el imperativo global de hacer frente al cambio climático. Para las empresas guatemaltecas alcanzar la neutralidad de GEI requiere de muchas actividades que pueden potenciarse de la mano de la inversión estatal y programas de apoyo internacionales invirtiendo en:
Invertir en energía renovable: demostrar el uso de fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica reduce significativamente las emisiones de carbono asociadas con el consumo de electricidad.
Invertir en eficiencia energética: implementar de tecnologías y prácticas de eficiencia energética en todas las operaciones, incluidas la iluminación, manejo de aire comprimido, refrigeración y maquinaria ecoeficiente.
Compensación de huella de carbono: invertir en planes de largo plazo de reforestación, forestación de nuevos terrenos, programas de reciclaje y uso de energías renovables.
Optimizar la cadena de suministro: contratar servicios y productos de proveedores locales y que demuestren también realizar proyectos de compensación de huella de carbono es lo ideal. Además, la inversión en el rediseño de los empaques y envases de los productos para reducir el impacto en la huella de carbono del transporte es una acción muy útil para conseguir esta transición.
Usar energías renovables en maquinaria: en Guatemala ya existen empresas proveedoras de energías renovables para el funcionamiento de maquinaria y la adaptación de los vehículos y la maquinaria hacia estos servicios es una excelente oportunidad para reducir la huella de carbono y fomentar el consumo sostenible.
Transformar las empresas hacia la economía circular: esta transformación implica cambiar la forma de pensar de hacer negocios y dar un posicionamiento prioritario a las decisiones ambientalmente racionales de negocios. Se debe arrancar desde el diseño de productos y servicios que cumplan con las Rs y que mininicen la generación de desechos no reutilizables. Para realizar estos cambios se requiere una transformación del capital humano de las empresas que interiorice la creación de una nueva forma de hacer las cosas y de atender a las demandas de los consumidores.
Educar e involucrar a todos los empleados: educar a los empleados sobre la importancia de reducir las emisiones, hacerlos partes de la transformación de las empresas hacia la economía circular y explicarles todas las implicaciones que esto representará y hacerlos actores partícipes de iniciativas para promover la sostenibilidad dentro y fuera de las empresas es vital.
Medir, medir y medir: lo que no se mide, no se puede demostrar. Es necesario establecer objetivos de reducción de emisiones, hacer un seguimiento del progreso utilizando métricas estandarizadas e informe periódicamente sobre los datos de emisiones de la empresa y de sus proveedores. Luego de medir, siempre es importante analizar si los indicadores están cumpliendo los objetivos establecidos o si es necesario incrementar las metas para fomentar una mejora continua de los procesos de transición hacia la economía circular.
Colaboración interinstitucional: en un mundo interconectado, las empresas no pueden hacer transiciones aisladas de las redes de apoyo interinstitucional. Se requiere de una activa participación en comites de colaboración, replicación de casos de éxito, distribución de incentivos y donaciones y co-creación de regulaciones y normas que permitan a empresas, gobiernos y actores de la sociedad civil crear planes de largo plazo para las empresas y las ciudades donde operan.
Invertir en eco-innovación: la practica de la economia circular parte de rediseñar los procesos y productos para utilizar la investigación y el desarrollo de tecnologías nuevas para hacer nuevos productos más sostenibles, que generen menos emisiones de GEI y que fomenten la reparabilidad y reciclabilidad al finalizar la vida útil de uso. Esto además implica la utilización y transformación de los productos hacia el uso de materias primas que sean más eficientes para compensar la huella de carbono y minimizar los impactos ambientales.
Conservar el agua: la escasez de agua potable es un problema global que requiere del cumplimiento de la legislación local para protegerla y la implementación de tecnologías y prácticas de ahorro que reduzcan el consumo de agua y el uso de energía asociado.
La Economía Circular como estrategia para las empresas
Las prácticas de economía circular listadas anteriormente, desempeñan un papel fundamental en la estrategia del Pacto Verde europeo. Esta transformación ofrece un marco para la producción y el consumo sostenible de las empresas (desde sus materias primas, a la exportación y la reparación y reciclaje de los residuos generados en el proceso productivo). Los países latinoamericanos, con su rica biodiversidad, pueden aprovechar los principios de la economía circular para mejorar los esfuerzos globales de compensación de los GEI y acelerar la reforestación que desde hace muchos años han venido legislando los países. Adoptando prácticas de agricultura regenerativa y silvicultura sostenible, las empresas también podrán contribuir no solo a su propio bienestar medioambiental, sino también a la lucha mundial contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad.
Las materias primas latinoamericanas
Los recursos renovables están en primera línea de la visión europea del Pacto Verde para un futuro sostenible. Latinoamérica, dotada con una inmensa riqueza natural, abundante luz solar, inmensos bosques, vientos ricos en minerales traídos desde África y ríos caudalosos capaces de proveer una inmensa fuente de energía renovables tiene muchísimas oportunidades para demostrar cómo las acciones que nuestras sociedades han tomado en los últimos años nos han permitido proteger el medio ambiente y reducir el impacto de la región en la generación global de GEI. Al 2022, Latinoamérica contribuía solo con el 9%-10% de las GEI y continúa siendo una de las regiones más eficientes en la producción sostenible de alimentos y materias primas para el resto del mundo.
Las Alianzas en el Pacto Verde
La colaboración entre la Unión Europea y las naciones latinoamericanas en el contexto del Pacto Verde debe continuar creciendo mediante el intercambio de conocimientos, la transferencia de tecnología y la creación de incentivos económicos para acelerar la transición de las empresas guatemaltecas y del resto de Latinoamérica hacia la economía circular. Esta colaboración requiere de la creación de los inventarios de cada país para identificar las áreas de oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras para una producción de exportación sostenible que se alinee con el PActo Global y las empresas multinacionales que han adoptado estos objetivos. Para alcanzar esto, los gobiernos tienen como tarea esencial el promover el desarrollo de PYMES que cumplirán con los requisitos de estas normativas, consolidar la información que demostrará sus complimientos y crear las condiciones de acceso a los créditos verdes para estas empresas.
El Green Deal europeo tiene un profundo significado para la producción exportadora sostenible de nuestros países y su implementación ya está en marca. La integración de prácticas de economía circular, con un enfoque central en la reforestación y el uso de recursos renovables y que reduzcan la huella de carbono, proporciona una hoja de ruta para que las empresas de Guatemala no sólo cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad, sino que también contribuyan de manera significativa al esfuerzo global para mitigar el cambio climático.
Globalization & Capitalism 