Shylock después del juicio, una ilustración para El mercader de Venecia. Ejemplo de un estereotipos discursivo con el que se ha representando al pueblo judío
Uno de los versículos bíblicos más atingentes a comprender el poderoso rol de la palabra sobre la acción humana es Proverbios, 18:21 que lee “Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto”. De las palabras hechas verbo se ha construido el lenguaje que ha permitido configurar ideologías e identidades de poder social en las cuales surge la teoría del Análisis Crítico del Discurso (ACD, por sus siglas) sobre el cual Ruth Wodak y Michael Meyer presentan el libro “Métodos de análisis crítico del discurso”. El ACD se origina en el trabajo de lingüistas que exploraron la relación existente entre el lenguaje, el poder y las estructuras sociales que parten del reconocimiento del poder de la palabra para modificar el comportamiento de uno o varios individuos. En el lenguaje que se utiliza según indican los autores, se esconden estructuras de poder e ideologías de los sujetos actuantes que actúan siempre bajo una ideología y dentro de dinámicas de poder incrustadas en el discurso. Así, la acción dentro del contexto social en el que se interactúa tendrá una contribución que formará una sociedad, sus normas, las conductas y las legislaciones. A la vez, también el lenguaje y la ideología detrás de este tendrá un poder sobre la no creación o prohibición dentro de una sociedad de aquellas ideas y conceptos no compartidos por una ideología o por los sujetos que detenten el poder. Según Wodak y Meyer el lenguaje es un eje central del estudio del ACD y cita a Habermas exponiendo que el lenguaje “es también un medio de dominación y una fuerza social. Sirve para legitimar las relaciones del poder organizado, En la medida en que las legitimaciones de las relaciones de poder, r, .. ] no estén articuladas, [ … ] el lenguaje es también ideológico” (Habermas, 1977, pág. 259). En este proceso de acción del lenguaje, el discurso involucra la participación de diversos actores y también de diversas disciplinas que interactúan para la conducción de un discurso específico que es utilizado por los actores para dominar y dividir a la sociedad en grupos.
Junto con el lenguaje hablado, la palabra escrita es también uno de los principales motores de la acción y Wodak y Meyer explican que los textos escritos son también un medio fundamental para la construcción y crecimiento de las ideologías e ideas dentro de una sociedad y para que, los actores en el poder continúen su dominación sobre los otros. Los textos son una herramienta que según Wodak y Meyer ha permitido a los humanos moldear sus ideologías y relaciones de poder de acuerdo con las dimensiones históricas detrás de las cuales eventos han pasado para pueblos que comparten los mismos idiomas y que incluso llegan, gracias al idioma, a distinguirse entre ellos mismos de los otros. De esta manera, el idioma fue la causa principal por la cual las actuales naciones en Europa se establecieron y no debido a la geografía o las migraciones a las que muchos pueblos se vieron forzados. El idioma de un pueblo funcionó para estructurar y construir las identidades sociales y como explican Wodak y Meyer, la etnicidad, el género y la nacionalidad de un pueblo constituyeron pueblos y marginaron a otros pueblos. Así, las relaciones de poder dentro de estas sociedades permitieron constituir una historia común para algunos miembros de los grupos.
El análisis del ACD permite estudiar las estrategias que actualmente utilizan los políticos para manipular la opinión pública, construir narrativas y legitimar sus acciones. Es en este estudio de los actores y de sus discursos que una compleja ideología y prácticas lingüísticas permiten propagar y popularizar ideas a través del lenguaje. Por lo cual, el continúo estudio de las teorías del discurso, permitirán al estudioso comprender cómo la evolución de las tecnologías de la comunicación influencia el discurso en la opinión pública y estructuran la formulación de nuevas políticas y dinámicas sociales en el siglo XXI. Asimismo, el estudio del ACD es una herramienta que permite a las personas comprender los mensajes ocultos detrás de los discursos políticos, exponer el racismo y las desigualdades y comprender las formas enmarañadas en que el lenguaje que utilizan las personas en el poder puede llegar incluso a cambiar la forma de nuestro mundo en pro de la vida o de la muerte.
No hace mucho tiempo en Guatemala se vivía con temor a salir a la calle y nunca regresar. Las desapariciones eran realizadas con las venia del Gobierno para eliminar a sus opositores y regresar a esas épocas es algo que debemos impedir. La primera acción a hacer para no cometer los mismos errores del pasado es recordar.
El ejército guatemalteco mantuvo registros detallados de las operaciones de su escuadrón de la muerte (ver links más adelante), según ha sido documentado por grupos de derechos humanos e informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Entre los registros que ahora tenemos, revelan el destino que dio el ejército a decenas de ciudadanos guatemaltecos que fueron “desaparecidos” por las fuerzas de seguridad a mediados de los años ochenta. En las bibliotecas digitales tenemos ya los reportes de fotografías y cientos de víctimas y referencias codificadas de la manera en que fueron realizadas sus ejecuciones sumarias. La fuente central de la información llega a nosotros de un documento de 54 páginas que fue sacado de contrabando de los archivos de inteligencia del ejército guatemalteco y entregado a los defensores de los derechos humanos en los años 90s, solo dos días antes de que una comisión de la verdad patrocinada por la ONU publicara su informe sobre la sangrienta Guerra Civil de 36 años del país.
El libro de registro cubre la actividad de los escuadrones de la muerte de las unidades de inteligencia guatemaltecas durante un período de 18 meses entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Un extracto de dos páginas aparece en la edición de junio de 1999 de Harper’s Magazine. Según explicaban en una nota de prensa de la época y en el mismo artículo explicaban que,
“Este escalofriante documento es el equivalente del escuadrón de la muerte de un informe anual de productividad, una cuenta del interior de los archivos secretos de la máquina de matar de Guatemala”, dijo Kate Doyle, analista de la política de Estados Unidos en América Latina y directora del Proyecto de Guatemala en Seguridad Nacional. “Es absolutamente único: un raro atisbo de asesinato político organizado desde la perspectiva de los perpetradores que lo cometieron”.
A lo largo de la guerra, el ejército guatemalteco utilizó el secuestro, la tortura y el asesinato en su campaña de contrainsurgencia contra la izquierda guatemalteca. Para cuando el gobierno y las guerrillas firmaron el Acuerdo de Paz en 1996, unas 200,000 personas habían muerto y más de 40,000 “desaparecidos” que probablemente fueron asesinados y lanzados a fosas o incinerados; de este número de muertos y desaparecidos, al menos un 93% estuvo en manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas tanto oficiales como extraoficiales, según explica el libro publicado por el difunto Monseñor Gerardi “Guatemala: Memoria del silencio”, del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Exhumación en San Juan Comalapa, Guatemala
Luego de la publicación de estos informes se solicitó en los años 90s que el gobierno de Guatemala investigase los delitos detallados en el documento, e identificara y enjuiciara a los responsables. También pidieron al entonces Presidente Álvaro Arzú que tomara medidas inmediatas para proteger los archivos de los servicios militares y de inteligencia para evitar la destrucción de otras pruebas críticas que pudiesen existir sobre los delitos contra los derechos humanos. Ambas acciones nunca fueron realizadas y muchos desaparecidos en los años 80s siguen sin Justicia.
Hoy, los guatemaltecos estamos enfrentando acusaciones de un escuadrón de la muerte organizado desde el gobierno 20 años después de los escuadrones del ejército durante el conflicto armado. Los contextos son distintos pero los resultados son los mismos: violación de los derechos humanos de los guatemaltecos por personas con el apoyo del Gobierno de turno.
No debemos subestimar la frustración en Latinoamérica con la creciente Corrupción y no debemos subestimar la tolerancia actual a las soluciones tiránicas de gobiernos de “mano dura” que prometen soluciones enérgicas para problemas intratables. Aprendamos de los errores de nuestra historia que estas acciones solamente sirven para destruir nuestro tejido social y violar los derechos humanos de todos nosotros.
Los gobiernos autoritarios nos han ofrecido intercambiar nuestras libertades individuales y el Estado de Derecho por una mayor seguridad personal y social. La verdad es que esto ha sido un gran engaño y nos han dañado por generaciones. Cuando un gobierno declara que es aceptable matar a sus ciudadanos sin el debido proceso o, en realidad, cualquier proceso, la indignación debió y debería de ser inmediata y clara; sin embargo, en Guatemala por muchas ocasiones nos hemos quedado mudos. La historia de Guatemala ha estado plagada por la violencia política y con el tiempo se ha transformado en violencia de clase. A pesar de la mayoría de los gobiernos formalmente democráticos, el “legado del autoritarismo” persiste y la presencia de “actores armados” prevalece como resultado de una larga historia de violencia. La violencia experimentada en nuestro país ha provocado una erosión del capital social y nos ha sumido en desconfianza social, falta de unidad y miedo. Aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo.
El presente artículo busca conversar con un grupo específico de personas: libertarios y/o simpatizantes con las ideas libertarias que han tomado una postura pública en defensa de los generales acusados de los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante los años 1982-83 en Guatemala quienes no han dicho, también, y con el mismo peso en sus opiniones que exigen se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles durante el gobierno de facto de estos militares y por los crímenes cometidos durante los 36 años de conflicto armado por el ejército y la guerrilla. En especial, ahora que se ha vuelto a confirmar que en Guatemala hubo genocidio del pueblo Ixil (lea más sobre el caso “Justicia a medias para el pueblo ixil: sí hubo genocidio, pero no hay culpables“.
Es con estas personas con quienes me gustaría conversar por unos instantes para presentarles mis puntos en contra de la actitud equivocada que han tomado al defender a estos políticos, empresarios y ex-militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Espero que luego de esta conversación encontremos puntos en común y ustedes puedan re direccionar sus energías a defender ideas y valores más importantes que los que hasta ahora han realizado.
Empiezo con un poco de contexto,
Ríos Montt y otros militares son acusados del delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad mientras gobernaron el país. Ríos Montt y otros militares implementaron y continuaron con estrategias militares en la lucha contra guerrilleros insurgentes en distintas regiones del país. Según la evidencia existente, las estrategias implementadas por estos militares fueron planes militares que resultaron en actos de genocidio. Tal y como ellos han aceptado en sus declaraciones, las decisiones de estos militares eran eliminar la amenaza guerrillera que vivía escondida en las montañas selváticas en Guatemala y que amenazaba su poder en el control del uso de facto y amenaza de facto de la fuerza del Estado guatemalteco que recién habían capturado por un golpe de estado.
El genocidio es un delito internacional que comprende “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal; estos actos comprenden la matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” (via: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998-2002 y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948). La legislación guatemalteca incluye pena de prisión de 30 a 50 años para los culpables de estos delitos.
En su mayoría, los negacionistas afirman que los actos militares durante el conflicto armado respondieron a prácticas de guerra necesarias para evitar el avance del comunismo en el país. el artículo de Luis Figueroa presenta que “la lucha de los guatemaltecos contra la guerrilla, no fue genocidio. El genocidio exige ciertos parámetros.” Parámetros que según la lectura que realizó el autor no fueron la fuente de los actos cometidos por la jerarquía militar durante el conflicto armado, pues su intención era la de detener el avance del comunismo y no el eliminar a un grupo nacional, étnico, racial o religioso específico según establece la Convención de Ginebra de 1948 en la que se define el genocidio como,
“cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”
Los insurgentes fueron civiles guatemaltecos y extranjeros que se sublevaron y armaron para luchar contra el ejército en la búsqueda de promover el colapso y caída del gobierno guatemalteco desde que tomaron las armas en 1960. En aras de alcanzar este fin, los guerrilleros emplearon actos terroristas y se refugiaron en la selva del departamento de Quiché durante gran parte del conflicto armado. Este mismo territorio era habitado desde cientos de años atrás, por grupos indígenas Uspantekos, Ixiles, Sacapultecos, Quiché, entre otros. Aprovechándose de estos grupos indígenas; la guerrilla los manipuló y utilizó como escudos humanos y fuente de provisiones. El ejército que buscaba eliminar la amenaza insurgente en la década de los 70s empezó a implementar estrategias militares en contra de la guerrilla y en contra de (y a pesar de) civiles que habitaban los pueblos, caseríos, aldeas y laderas de esta región aislada del país con tal de derrotarlos. Entre las estrategias documentadas que fueron implementadas por estos militares (y también por otros militares en el poder en gobiernos anteriores) se encuentran masacres, asesinatos, torturas y violaciones en contra de hombres, mujeres y niños que habitaban en la región antes mencionada cometiendo así crímenes de lesa humanidad. La guerrilla también implementó estrategias en contra de las poblaciones de civiles en esa región y también hay evidencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por estos actores.
Brevemente he intentado mencionar un contexto relevante para continuar esta conversación con usted lector libertario y/o simpatizante con las ideas libertarias.
Ahora, me gustaría explicarle por qué está usted cometiendo un grave error al tomar una postura en favor de estos militares al decir o escribir que estos militares no cometieron genocidio y no mencionar y exigir, TAMBIEN, que estos militares pueden y deben ser acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra cientos (o miles) de miembros mestizos y de distintas etnias indígenas en el departamento de Quiché durante los años 1982-83 de los cuales se han presentado y recabado evidencias y testimonio orales de sobrevivientes.
Creo que usted libertario está cometiendo un terrible error al dar más valor a la libertad de estos acusados debido a que según usted no hay evidencias suficientes de las acusaciones de genocidio. Comprendo que para usted libertario, el valor de la libertad individual sea el valor supremo y que, el mismo, esté por encima de otros valores. Sin embargo, yo creo que la libertad individual no es el valor supremo puesto que ese valor es la vida humana y al defender la libertad de estos militares acusados usted como líder de opinión amante de las ideas de la libertad está fallándonos.
El valor supremo es en mi opinión la vida feliz. La vida, como valor supremo del individuo es el único valor que, teniéndolo, le permite al hombre buscar otros valores (incluyendo la libertad). La vida es el punto de origen desde el cual se deriva el concepto de valor mismo. Sin esta no podemos valorar y buscar fines. La vida es necesaria para que el individuo decida actuar en busca de la felicidad como propósito moral supremo. Y note que menciono la vida feliz y no la vida infeliz. Porque solamente la vida en búsqueda de la felicidad es la vida moral. Cuando vivimos sin buscar la felicidad (cuando actuamos dañando, atentando o lastimando nuestra vida física y emocional) estamos desperdiciando nuestra vida y estamos actuando en contra de ella. De la misma manera, cuando el sistema de gobierno en el que vivimos deja de proteger y velar por que todos los ciudadanos vivamos una vida feliz y empieza a utilizar y fomentar acciones que atentan contra la vida de sus miembros este gobierno está actuando en contra del valor supremo de la vida feliz del colectivo de ciudadanos que gobierna. Note que menciono el colectivo de ciudadanos que es gobernado debido a que estos ciudadanos son miembros voluntarios (e involuntario y a veces incluso no enterados) de una agrupación, de una sociedad civil, de un pueblo, de una nación, de un estado desde el momento en que conscientemente se asientan, votan, opinan o critican los actos de los gobernantes.
Así, en el sistema de gobierno militar que se impuso sobre la vida de civiles guatemaltecos durante el gobierno de facto de Ríos Montt, las acciones que este dictador y su cúpula de mando tomaron en contra de los civiles (incluyendo los civiles insurgentes) fueron todos y cada uno, actos criminales que deben ser juzgados con todo el peso de nuestras leyes vigentes. El Tribunal B de Mayor Riesgo señaló que el alto mando del Ejército deRíos Montt que gobernó el país de marzo de 1982 a julio de 1983 sí tuvo la intención de exterminar a los habitantes de tres comunidades mayas.
Luego de que Ríos Montt diera un golpe de Estado y capturara el gobierno del país, el Presidente de facto suspendió la vigencia de la Constitución, vulneró la legitimidad institucional del Estado guatemalteco, e implementó la violencia y la amenaza de violencia para reemplazar al gobierno civil y electo democráticamente, por un gobierno militar dictatorial. Todas las estrategias que este militar y su grupo de mando tomaron durante su gobierno en contra de la guerrilla fueron, por lo tanto, actos en contra de civiles que pueden y deben ser entendidos como crímenes de lesa humanidad. Para acabar con la insurgencia el Ejército atacó a la población civil que la apoyaba. A la región ixil llegaron los pelotones con bombas, aviones y armas de alto impacto. Además, cuando el Ejército descubrió que volvían a sus casas cada vez que la tropa se retiraba, resolvieron quemarles las casas, las cosechas, matar a los animales o comérselos.
En este sistema de gobierno dictatorial establecido por el dictador Efraín Ríos Montt durante los años 1982-83 la libertad de todos los ciudadanos fue coartada y limitada por el golpe de estado. Pero más importante aún fue que la vida de todos los ciudadanos fuera sujeto de la amenaza del uso de la fuerza por el gobierno golpista.
Según explican con más detalle en el artículo de Plaza Pública,
Los que huían eran tachados de subversivos. Los que se quedaban debían concentrarse, someterse al dominio militar sin derecho a movilizarse para buscar empleo en otras comunidades. A los que se rindieron se les obligó a convertirse en patrulleros para vigilar y delatar a sus propios vecinos. Los obligaron a quemar los cultivos de maíz para impedir que los que huían tuvieran un medio de sobrevivencia.
Los que huyeron a la montaña murieron de inanición, reconoció el tribunal. Los sobrevivientes sufren hoy las consecuencias de los padecimientos. “Solo el Señor sabe cómo sobrevivieron a todo esto” reflexionaba la jueza María Eugenia Castellanos.
Aún está usted a tiempo de ser un agente de cambio positivo. Aún estamos a tiempo de hacer justicia por los verdaderos y más importantes valores. Ya no estamos a tiempo de llevar a la justicia a los culpables de terribles crímenes pues fallecieron impunes. Sin embargo, estamos a tiempo de empezar a construir un mejor futuro para nuestro país educando a nuestros jóvenes sobre la historia de Guatemala y los errores y crímenes cometidos por nuestros líderes.
La historia del genocidio perpetrado en Guatemala no pertenece solamente al pasado. Es una historia viva, que nos concierne a todos, cualesquiera que sean nuestras
distintas procedencias, culturas o religiones. Queda en nosotros extraer enseñanzas del pasado para construir un mejor futuro para los guatemaltecos.
La importancia de un censo para la construcción del Estado es tan importante como conocer la mezcla necesaria de cemento para construir las columnas de una casa fuerte y sólida. Si usas muy poco cemento en tu mezcla, lo más probable es que la estructura colapse. Si usas demasiada materia prima, terminarás desperdiciando recursos que muy bien podrías utilizar para construir en otros lados o ampliar el terreno de la casa.
Durante siglos, el censar a la población ha sido una herramienta fundamental para la construcción del Estado. No solo sirve para tomar decisiones inmediatas y establecer planes a mediano y largo plazo, sino que también sirve para replantear la aplicabilidad de la teoría e identificar cómo diversos y múltiples factores de la conducta humana hacen de unos países ricos y otros pobres.
Para Guatemala, la actualización del censo poblacional tendrá muchos beneficios y oportunidades de mejora. Así como amenazas del abuso de esa valiosa información que podría darse de caer en malas manos. Algunos ataques libertarios y anarquistas se han hecho escuchar ya explicando que el censo solamente fortalecerá el tamaño del Estado para crecer y extraer recursos. Sin duda, un censo fortalece a un Estado pues le da más herramientas para crecer en números donde el Estado era ausente. Sin embargo, hay muchos otros beneficios tales como el aumento de la eficiencia y eficacia del trabajo estatal y el gasto del erario. Mi invitación a las personas partícipes del liberalismo clásico es a que se fijen no en el crecimiento del Estado post-censal sino en su fortalecimiento y en cómo estos datos eficientizarían la toma de decisiones públicas. El reto que nos queda está en la elección de los políticos y en los usos que de esa información los mismos harán.
Elaborando con el lente de la teoría de la Opción Pública, el censo nos será de utilidad para interpretar las fallas que ocurren en el terreno político actual. Y tal y como lo explica muy bien la teoría, en lugar de sugerir lo que debería ser, en base a evidencias realizar un diagnóstico desapasionado para actuar. Este análisis utiliza al censo para que, con base en una cuidadosa observación y análisis de las acciones de los distintos actores políticos, se tomen decisiones de forma democrática y participativa para todos los actores políticos.
Algunos de los beneficios que nos dará este censo en Guatemala son:
Establecer la densidad de población y permitirá al gobierno conocer las áreas con un número grande o pequeño de personas. De especial importancia es esta información para situaciones de crisis como las ocurridas recientemente en el volcán de Fuego donde al día de hoy el Estado no conoce con exactitud la cantidad de muertos y desaparecidos.
Determinar el número de guatemaltecos y guatemaltecas con mano de obra disponible en un momento determinado y en un área determinada del país para identificar zonas de desarrollo agrícola, industrial o manufacturero.
Proveer de un sistema de atención de salud eficaz con el número de doctores y hospitales y centros de salud requeridos para las poblaciones en territorios determinados.
Proveedor de un sistema de educación eficaz basado en un buen conocimiento de la diversidad de la población de nuestro país.
Reconocer el número total de personas por su etnia, edad, ocupación, distribución geográfica. El Reconocimiento de las poblaciones es importante para conocer sus necesidades y fortalecer la presencia del Estado de acuerdo con estos grupos culturales. Desafortunadamente, en este censo no se incluye el de identidad sexual y dejamos a una importante población fuera de ser reconocida.
Realizar una mejor planificación económica y de desarrollo a mediano y largo plazo requiere de cifras que solo se consiguen en censos poblacionales.
A través del censo, el gobierno podrá saber el número de adultos imponibles y esto ayudará en gran medida a la estimación de los ingresos esperados anualmente. Además, le permitirá al gobierno conocer el tamaño real de la economía formal e informal y los territorios donde esta brecha puede reducirse.
El aspecto más importante en cualquier sociedad es el capital humano. El censo es importante porque este proceso ayuda a compilar un perfil numérico de quiénes somos “Guatemala”. Esto, a su vez, informa la toma de decisiones en todos los niveles, tanto en el gobierno como en el sector privado. Recordando al célebre Henry Hazlitt, es cierto que el gobierno es incapaz de darnos algo sin despojarnos de algo más y para esto el censo se convierte en una valiosa herramienta de aumento de eficiencia y eficacia. Quedará en nuestras manos que, como ciudadanos educados con esta valiosa información, presionemos e induzcamos a los políticos a actuar en pro de la maximización del bienestar colectivo.
Hace unos días finalicé con el libro “The Ethnic Cleansing of Palestine” del historiador israelí Ilan Pappe. La obra es una fenomenal exposición histórica del proceso de limpieza étnica realizada por judíos de origen europeo y ruso-asiáticos después de la Segunda Guerra Mundial contra los habitantes nativos que actualmente viven en Palestina.
El historiador es muy académico en su análisis y no se cuestiona la justificación de creación de un Estado para la población de origen judío y en la obra se presentan argumentos válidos por los cuales ese Estado muy bien pudo haber sido creado en otros territorios donde se hubiese podido evitar las guerras y muertes innecesarias.
En especial, la obra cuestiona las fallas del polilogismo nacionalista del grupo sionista, el robo, el encarcelamiento, el racismo y discriminación que, junto a la inmensa lista de desapariciones y asesinatos, continúan hasta la actualidad.
El autor es muy elocuente en combatir la resistencia irracional de muchas personas a abandonar los cuentos de hadas sionistas que victimizan a un pueblo y condenan a otro. Además, cuestiona críticamente paradigmas tales como la negación de la existencia del pueblo palestino, la desposesión ejercida por los primeros colonizadores judíos procedentes de Europa y Rusia y el impacto que han tenido los Campamentos y asentamientos sobre las poblaciones palestinas, entre otros temas.
Es importante leer y entender este libro, así como saber cuál es la agenda de los gobiernos y empresarios que apoyan el envío de dinero a la lucha por defender un Estado que en repetidas ocasiones ha violado los acuerdos internacionales.
La importancia de un censo para la construcción del Estado es tan importante como conocer la mezcla necesaria de cemento para construir las columnas de una casa fuerte y sólida. Si usas muy poco cemento en tu mezcla, lo más probable es que la estructura colapse. Si usas demasiada materia prima, terminarás desperdiciando recursos que muy bien podrías utilizar para construir en otros lados o ampliar el terreno de la casa.
Globalization & Capitalism 