No hace mucho tiempo en Guatemala se vivía con temor a salir a la calle y nunca regresar. Las desapariciones eran realizadas con las venia del Gobierno para eliminar a sus opositores y regresar a esas épocas es algo que debemos impedir. La primera acción a hacer para no cometer los mismos errores del pasado es recordar.

El ejército guatemalteco mantuvo registros detallados de las operaciones de su escuadrón de la muerte (ver links más adelante), según ha sido documentado por grupos de derechos humanos e informes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Entre los registros que ahora tenemos, revelan el destino que dio el ejército a decenas de ciudadanos guatemaltecos que fueron “desaparecidos” por las fuerzas de seguridad a mediados de los años ochenta. En las bibliotecas digitales tenemos ya los reportes de fotografías y cientos de víctimas y referencias codificadas de la manera en que fueron realizadas sus ejecuciones sumarias. La fuente central de la información llega a nosotros de un documento de 54 páginas que fue sacado de contrabando de los archivos de inteligencia del ejército guatemalteco y entregado a los defensores de los derechos humanos en los años 90s, solo dos días antes de que una comisión de la verdad patrocinada por la ONU publicara su informe sobre la sangrienta Guerra Civil de 36 años del país.

• Informe “Death Squad Dossier”
• Informe 2 “Death Squad Dossier”
• Informe de Resumen del “Death Squad Dossier”
• Artículo realizado por la revista Harper’s Magazine del “Death Squad Dossier”
• Reporte de la CIA “Guatemala: Political Violence” 1983
• Reporte de la CIA “Guatemala: Death Squads Resume Activity” 1983
  

El libro de registro cubre la actividad de los escuadrones de la muerte de las unidades de inteligencia guatemaltecas durante un período de 18 meses entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Un extracto de dos páginas aparece en la edición de junio de 1999 de Harper’s Magazine. Según explicaban en una nota de prensa de la época y en el mismo artículo explicaban que,

“Este escalofriante documento es el equivalente del escuadrón de la muerte de un informe anual de productividad, una cuenta del interior de los archivos secretos de la máquina de matar de Guatemala”, dijo Kate Doyle, analista de la política de Estados Unidos en América Latina y directora del Proyecto de Guatemala en Seguridad Nacional.  “Es absolutamente único: un raro atisbo de asesinato político organizado desde la perspectiva de los perpetradores que lo cometieron”.

A lo largo de la guerra, el ejército guatemalteco utilizó el secuestro, la tortura y el asesinato en su campaña de contrainsurgencia contra la izquierda guatemalteca. Para cuando el gobierno y las guerrillas firmaron el Acuerdo de Paz en 1996, unas 200,000 personas habían muerto y más de 40,000 “desaparecidos” que probablemente fueron asesinados y lanzados a fosas o incinerados; de este número de muertos y desaparecidos, al menos un 93% estuvo en manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas tanto oficiales como extraoficiales, según explica el libro publicado por el difunto Monseñor Gerardi “Guatemala: Memoria del silencio”, del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Luego de la publicación de estos informes se solicitó en los años 90s que el gobierno de Guatemala investigase los delitos detallados en el documento, e identificara y enjuiciara a los responsables. También pidieron al entonces Presidente Álvaro Arzú que tomara medidas inmediatas para proteger los archivos de los servicios militares y de inteligencia para evitar la destrucción de otras pruebas críticas que pudiesen existir sobre los delitos contra los derechos humanos. Ambas acciones nunca fueron realizadas y muchos desaparecidos en los años 80s siguen sin Justicia.

Hoy, los guatemaltecos estamos enfrentando acusaciones de un escuadrón de la muerte organizado desde el gobierno 20 años después de los escuadrones del ejército durante el conflicto armado. Los contextos son distintos pero los resultados son los mismos: violación de los derechos humanos de los guatemaltecos por personas con el apoyo del Gobierno de turno. 

No debemos subestimar la frustración en Latinoamérica con la creciente Corrupción y no debemos subestimar la tolerancia actual a las soluciones tiránicas de gobiernos de “mano  dura” que prometen soluciones enérgicas para problemas intratables. Aprendamos de los errores de nuestra historia que estas acciones solamente sirven para destruir nuestro tejido social y violar los derechos humanos de todos nosotros.

Los gobiernos autoritarios nos han ofrecido intercambiar nuestras libertades individuales y el Estado de Derecho por una mayor seguridad personal y social. La verdad es que esto ha sido un gran engaño y nos han dañado por generaciones. Cuando un gobierno declara que es aceptable matar a sus ciudadanos sin el debido proceso o, en realidad, cualquier proceso, la indignación debió y debería de ser inmediata y clara; sin embargo, en Guatemala por muchas ocasiones nos hemos quedado mudos. La historia de Guatemala ha estado plagada por la violencia política y con el tiempo se ha transformado en violencia de clase. A pesar de la mayoría de los gobiernos formalmente democráticos, el “legado del autoritarismo” persiste y la presencia de “actores armados” prevalece como resultado de una larga historia de violencia. La violencia experimentada en nuestro país ha provocado una erosión del capital social y nos ha sumido en desconfianza social, falta de unidad y miedo. Aún estamos a tiempo de cambiar de rumbo.