Hablemos de reciclabilidad en el PPWR. El método de calificación que usará la UE.

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Empecemos con una imagen muy común en muchos de los productos de menor valor que se producen para los mercados más económicos. Por ejemplo, pensemos en la más económica de las bolsas de del café de exportación con un empaque multicapa.

Para quienes no conozcan el término, un empaque multicapa se compone de varias capas de distintos materiales (plásticos, cartón, aluminio u otros) que tienen como objetivo proteger el café en el interior del ejemplo que revisaremos.

Normalmente, estos empaques tienen una capa de lámina de aluminio como barrera, muchas veces de color negro brillante y con su válvula desgasificadora. Su función clave es conservar el aroma y proteger el café. Sin embargo, según el nuevo reglamento PPWR que hemos estado analizando en el post anterior, esta maravilla de la ingeniería está peligrosamente cerca de “reprobar” el examen que hará la Unión Europea. Esa bolsa (al igual que ocurrirá con el sachet de una mayonesa o de cardamomo molido, o la bandeja laminada para proteger las frutas, entre otros) este tipo de empaques será justamente el tipo de embalaje que el nuevo sistema de calificación europeo analizará con mucha atención.

En el post anterior ordenamos los cinco temas clave de obligaciones del Reglamento 2025/40 (PPWR). Hoy veremos el primero de estos tema y que es, además, el más decisivo para el ingreso a la UE: la reciclabilidad. A partir del año 2030, decir “este embalaje es reciclable” dejará de ser un adjetivo que uno se pone solo y se convertirá en una calificacion numérica que dará la UE según un análisis medido y verificable técnicamente, con consecuencias directas sobre el acceso al mercado.

De un adjetivo a una calificación

El punto clave está en el artículo 6 y en el Anexo II del reglamento PPWR. Según este artículo, a cada unidad de embalaje se le asignará un grado de reciclabilidad, calculado según el porcentaje por peso total del embalaje que realmente pueda reciclarse con los procesos industriales existentes. Ese cálculo tendrá una de estas calificaciones:

  • Grado A — 95% o más reciclable. Lo ideal máximo.
  • Grado B — 80% o más. Muy bien.
  • Grado C — 70% o más. Aprobado raspando.
  • Por debajo del 70% — “técnicamente no reciclable”. Reprobado.

Esta será una matiz que conviene manejar con precisión (y que nos posicionará mejor frente a quien solo haya utilizado un empaque con una calificación menor). En este sentido, el PPWR nombra formalmente solo tres grados —A, B y C— y mete todo lo que cae bajo el 70 % en un mismo cajón como reprobado. Al respecto, aún falta que se establezcan los detalles específicos de cómo se hará esta calificación detallada y técnica. Por lo que en el proceso veremos cómo se empezarán a utilizar estrategias de marketing para etiquetar embalajes, que para el reglamento serán, simplemente, no reciclable.

Fechas que hay que tatuarse desde ya y preveer su llegada:

El calendario de la reciclabilidad tiene tres hitos que debemos tener claros:

  • 1 de enero de 2028 — La Comisión Europea debe adoptar los Actos Delegados que fijarán los criterios de “diseño para el reciclaje” (Design for Recycling) y la metodología exacta de cálculo de cada grado. Es decir, la letra fina técnica todavía se está escribiendo. Hasta este momento podremos comparar con exactitud si el empaque que utilizamos tiene el punteo que aspiramos a tener para nuestro producto.
  • 1 de enero de 2030 — Entra el primer bloqueo. A partir de esta fecha solo podrán colocarse en el mercado los embalajes con grado A, B o C. Todo lo que reprueba (por debajo del 70 %) queda fuera.
  • 1 de enero de 2038 — El nivel de exigencia aumentará y se eliminará el grado C. Solo podrán ingresar los grados A y B. Y ojo con esto, porque es la trampa más común: un embalaje que en 2030 aprueba con “C” puede sentirse a salvo… y quedar fuera en 2038. Diseñar hoy pensando solo en el 70% es diseñar para un problema futuro. Por esto, es importante empezar desde ya a analizar empaques que no afecten la rentabilidad del negocio, que sostengan el equity de la marca y que busquen alcanzar los mayores niveles de reciclabilidad industrial requerido.

Cómo empezar a prepararse para conseguir la mejor nota (y ¿qué impactos negativos tendrá en productos como las bolsas de café?)

La evaluación se hará por unidad de embalaje, por peso, y por categoría de material (según el material predominante). Aquí está el detalle clave al que se deberá prestar atención: ya que cada componente se evalúa por separado (artículo 6.9), y todo componente que se separe con facilidad ayuda, mientras que todo componente que “contamine” al material principal, penaliza y le restará puntos.

El ejemplo que mejor lo ilustra es el frasco de vidrio con tapa metálica y etiqueta de papel: si la tapa y la etiqueta se separan sin problema, el conjunto puede alcanzar grado A. Pero si a este embalaje se le agrega una bolsa plástica adhesiva no reciclable y sin un mecanismo de separación por rasgado sencillo, esta nota A se desploma a C o D en un abrir y cerrar de ojos. Con esa lógica en la mano, se entiende por qué ciertos embalajes muy comunes en nuestras exportaciones son los grandes candidatos a reprobar. Es importante prestar atención a estos embalajes:

  • Laminados multicapa (film flexible con cinco o más capas que no pueden separarse fácilmente y rentablemente a nivel industrial): el pan de cada día de las bolsas de café y snacks.
  • Híbridos metal-plástico y estructuras con lámina de aluminio: barrera excelente, reciclabilidad pésima.
  • Plásticos de color negro con negro de humo (carbon black): un dato poco conocido es que uno de los peores enemigos de los clasificadores ópticos de las plantas de reciclaje es el plástico color negro. Así que muchas veces, un empaque negro será reprobado de forma automática por no ser detectable.
  • Composites y laminados permanentes como el tetrapack (cartón-plástico-aluminio pegados): imposibles de separar en la práctica de forma económica y rentable.

El giro de 2035: no basta con haber diseñado bien el nuevo emapaque

Y aquí viene la sutileza muy importante que separará al que leyó el reglamento PPWR del que verdaderamente lo entendió. A partir de 2035 se añade una segunda condición sobre la nota de diseño: la reciclabilidad “a escala” (artículo 6.5). No bastará con que el embalaje esté diseñado para reciclarse; habrá que demostrar que su material se recicla realmente, en volumen, a lo largo de la Unión Europea.

Son dos cosas distintas y no llegan al mismo tiempo. La primera (nuestro diseño) está bajo nuestro control y dependerá de cómo construimos el embalaje. La segunda (que exista una cadena real que recolecte, clasifique y recicle ese material en cantidad) dependerá del mercado europeo en cada uno de los países miembros, no de nosotros. Un embalaje puede tener un diseño impecable y aun así ser castigado a partir de 2035 si su flujo de reciclaje no existe a escala. Por lo tanto, por muy bonito que sea nuestro diseño será importante desde ya buscar no apostar por materiales “teóricamente reciclables” que en la práctica nadie recicla a escala.

¿Y las excepciones? Existen, pero no se confíe

El reglamento excluye del artículo 6 a siete categorías de embalaje y concede a los embalajes “innovadores” una exención temporal de cinco años (artículo 6.10). Es tentador buscar refugio ahí, pero no será tan fácil de demostrarlo según las normativas contiguas que se irán desarrollando desde la Comisión Europea. El consejo es no buscar hacer diseños nuevos aspirando a convertirse en una de estas siete excepcio´nes ya que son limitadas, temporales y sujetas a interpretación del analista de packaging. La ruta más recomendada y la segura es rediseñar.

¿Qué podemos empezar a hacer desde ya?

Mientras se publican los Actos Delegados de 2028, deberán empezar a revisar estas acciones:

  1. Hacer el inventario de cada componente de los embalajes. Cada referencia, su material predominante y sus componentes y crear un indicador propio para medir el nivel de reciclabilidad similar al del PPWR.
  2. Pedir a los proveedores la composición exacta. Número de capas, tipo de barrera, tintas, adhesivos. Sin ese dato no hay nota posible.
  3. Marcar en rojo los componentes sospechosos como los laminados multicapa, láminas de aluminio, plásticos negros, composites pegados.
  4. Explorar el mono-material a la vez que se analizan los incrementos de costos por utilizar otros plásticos y químicos más costosos. Estructuras de un solo polímero (PET, PP o PE) o soluciones de fibra/papel bien diseñadas son las que hoy apuntan a grados A o B —y, de paso, pagan tarifas de Responsabilidad Ampliada del Productor más bajas—. Sin embargo, para mantener las barreras de protección, sellado, rigidez, resistencia, compatibilidad, adhesión, laminación, migración, entre otras se requerirá invertir en materiales y tecnologías de barrera como:
    1. EVOH: alta barrera a oxígeno, sensible a humedad.
    2. Aluminio: barrera total a gases y luz.
    3. Metalizados (AlOx, SiOx): barrera intermedia con menor peso.
    4. Recubrimientos barrera: soluciones sin metal.
    5. Polímeros de alta densidad: barrera moderada que podría reducir la vida de anaquel.

Rediseñar un embalaje que proteja igual de bien el producto pero suba de nota no se logrará de un día al otro. Y a esto se tiene que sumar el impacto en los costos de producción y de impacto en el equity y posicionamiento de marca que se comercializa. Habrá que empezar a probar nuevos materiales, validar en anaquel y recalificar a los proveedores. A la vez que se ven los costos con los contadores y se prueban los nuevos empaques con los consumidores que siempre tendrán una opinión respecto a los cambios en sus marcas favoritas. Empezar a hacer esto desde hoy no es iniciar con tiempo, es llegar “on time” al mercado euroopeo.

En el próximo post veremos la segunda tarea clave: el contenido reciclado obligatorio, que quizás se convierta en el mayor dolor de cabeza operativo para los exportadores internacionales. Habrá que localizar material reciclado, certificado y a un precio competitivo, justo cuando miles de fabricantes europeos estarán tratando de asegurar simultáneamente su abastecimiento. Para dimensionar el mercado, existen.

Qué exige realmente el PPWR y cuáles son las principales obligaciones a vigilar del 2026 al 2040

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En la el post anterior, vimos una fotografía del Reglamento (UE) 2025/40 sobre embalajes y residuos de embalajes y sus ramificaciones. Como explicaba, el PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation, por sus siglas en inglés) no es una norma aislada de embalaje, sino la punta visible del iceberg de la estrategia de economía circular de la Unión Europea. Ahora, empezaré a ver con más detalle distintos aspectos de este reglamento y la estrategia e identificaré las pregunta clave para quienes vemos la exportación hacia la UE: ¿qué realmente le exige el reglamento a los exportadores y para cuándo?

Un advertencia antes de iniciar, no es necesario memorizar las casi 200 páginas del PPWR ni la docena de anexos, además de los “Actos Delegados” y “Actos de Ejecución” que irán detallando las reglas del juego y la letra pequeña. Lo que cada exportador necesitará saber es cuáles de todas las obligaciones afectarán su producto y su forma actual de producción y en qué fecha para preventivamente empezar a tomar acciones. Partiendo de esto y con la ayuda de sus proveedores de materias primas y con la ayuda de la inteligencia artificial seguramente encontrarán soluciones a la medida.

Las obligaciones del PPWR debemos dividirlas en estos cinco temas clave para empezar a trabajar el plan de acción de nuestros embalajes (envases y empaques):

1. Las reglas de la Reciclabilidad darán una “calificacion” a sus embalajes

El PPWR introduce un nuevo sistema de grados de reciclabilidad de la A a la E. A cada unidad de embalaje se le asignará una “nota” según su diseño para el reciclaje (Design for Recycling), su compatibilidad con los sistemas de recogida y clasificación, y su reciclabilidad real. Los criterios se definirán mediante Actos Delegados previstos para el año 2028, lo que nos crea un problema desde ya: ¿cómo anticipar esos criterios que aún no han sido escritos por las autoridades?. En este paso, la creatividad y la visión de expertos en packaging es clave y empezar a buscar la mayor reciclabilidad posible sin perder la rentabilidad de sus embalajes es vital. Es importante empezar a hacerse muchas preguntas como si “¿es mi empaque o envase verdaderamente reciclable? y ¿qué puedo cambiar sin afectar mi marca o mis costos?”

El calendario es progresivo y muy inflexible por lo que es clave arrancar este proceso desde ya:

  • A partir de 2030, solo podrán colocarse en el mercado de la UE los embalajes con grado A, B o C (es decir, reciclables en al menos un 70 % por peso). Todo lo que quede por debajo, queda fuera.
  • Desde 2035, el embalaje deberá ser reciclable “a escala”: ya no basta con que sea reciclable en el papel, tiene que ser efectivamente recogido, clasificado y reciclado por la infraestructura industrial que exista en Europa.
  • Desde 2038, se elimina el grado C. Solo sobrevivirán los grados A y B (con un umbral de reciclabilidad más alto, del 80 %).

Ejemplo práctico:

2. Contenido reciclado: obligatorio, pero solo para envases y empaques plásticos

Sobre este punto ha habido muchas dudas que surgieron respecto a los materiales de empaque. Sin embargo, es importante resaltar que esto aplicará solamente para los plásticos y el uso de polímeros reciclados. Estos porcentajes se calculará como promedio de la producción de cada planta en un año. Además, se deberá hacer una distinción del material reciclado posconsumo versus la resina reciclada virgen. Esto es un punto clave ya que como sabemos quienes hemos trabajado en el reciclaje de plásticos, la recolección de posconsumo y su recuperación de propiedades químicas para alcanzar una calidad de grado alimenticio conlleva muchos retos técnicos y de costos. Además, de que aún en muchos países del sur global no existen las instalaciones de reciclaje posconsumo en las condiciones y estándares internacionales requeridos.

Es importante resaltar que las partes plásticas que incluya el embajale y que representen menos del 5% del peso del envase quedarán exentas.

Desde el 1 de enero de 2030, los umbrales mínimos serán:

  • 30% para botellas de bebida de plástico de un solo uso.
  • 30% para envases en contacto con alimentos cuyo componente principal sea el tereftalato de polietileno (PET).
  • 10% para envases en contacto con alimentos hechos de plásticos distintos del PET.
  • 35% para el resto de envases de plástico.

Desde el 1 de enero de 2040, esos porcentajes suben a 65%, 50%, 25% y 65% respectivamente según la lista anterior. Existen exenciones para envases de medicinas, dispositivos médicos y diagnósticos in vitro; así como para los plásticos compostables que deberán tener certificaciones aceptables en el mercado europeo.

Para el exportador de productos agroindustriales, el punto clave es este: aunque su empaque principal sea papel, yute (como en las bolsas de café) o cartón, cualquier componente plástico relevante como: forros, bolsas de válvula, películas secundarias, laminados o multilaminados, entre otros.

Veamos este ejemplo:

3. Reutilización y recarga: metas por tipo de embalaje

El PPWR establece metas de reutilización que dependen de nuevo del tipo de embalaje (ver el artículo 11). Las metas principales que aplicarán desde el 1 de enero de 2030 son:

  • Embalaje de transporte (pallets, cajas, contenedores, entre otros; no incluye el cartón de papel pero sí incluye el cartón plástico): 40% reutilizable en 2030, con meta de 70% en 2040.
  • Embalaje agrupado (también excluyendo cartón de papel): 10% en 2030 y 25% en 2040.
  • Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: 10% en 2030, con una meta “aspiracional” de 40% en 2040 (se excluyen leche y lácteos, vino y algunas categorías).

Buena parte de estas metas no golpea de frente al exportador de café verde, cardamomo o cacao, cuyo producto no es una bebida embalada para el anaquel. Pero es importante resaltar que SÍ tendrá impacto en el embalaje de transporte, y aún más importante será que los clientes e importadores europeos trasladarán estas exigencias a los proveedores de nuestros países. La Comisión hará una revisión en el año 2034 sobre qué tan realistas fueron estas metas antes de confirmar las de 2040.

Veamos un ejemplo más complejo sobre los embalajes primario, secundario y terciario de café:

4. Minimización y restricciones para tener menos embalaje y sin químicos problemáticos

Este punto ya está vigente desde el 12 de agosto de 2026 e implica que los embalajes primarios, secundarios y terciarios cumplan con requisitos específicos:

  • Minimización: el embalaje debe reducirse al mínimo de peso y volumen necesarios para cumplir su función. El sobreembalaje y las capas de más serían analizadas. Esta parte es muy complicada porque aún no existe una definición exacta respecto a cuál es la minimización idónea para cada envase o empaque de cada producto en específico. Esto seguramente abrirá la puerta a discusiones más técnicas y profundas para evitar la discrecionalidad.
  • Espacio vacío: en el comercio electrónico que utiliza tiendas grandes como Amazon, o supermercados como Aldi o Carrefour que hacen envíos a las casas, este será un punto a ser vigilado para los embalajes de transporte y los consolidados. También aplicará para espacios vacíos de los embalajes que se envíen por avión o barco desde nuestros países a Europa. Al respecto, el reglamento indica que el espacio vacío no podría superar el 40%, salvo que sea técnicamente inevitable.
  • Sustancias de preocupación: de acuerdo con el reglamento se debe desde ya minimizar la presencia de sustancias de amenaza para la salud. Lo anterior aplicará solamente en embalajes en contacto con alimentos. El reglamento fija además límites máximos de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) en los embalajes en contacto con alimentos. Estos son químicos muy comunes que se usan para poner películas en los empaques de cartón o plásticos, por ejemplo, con propiedades táctiles antideslizantes o antibacterianas o que sirven para dar barreras que eviten la oxidación como ejemplos del sinfín de usos que estos productos tienen en la industria de packaging.

Veamos ahora este ejemplo de minimización y rediseño de un empaque para mangos de exportación:

5. Información, etiquetado y cumplimiento que se deberá poder demostrar al importador europeo

Y llegamos al último punto. Esta es la información más inmediata y requerida para documentar y cumplir con el papeleo:

  • Declaración de conformidad y documentación técnica: desde el 12 de agosto de 2026, cada tipo de embalaje colocado en el mercado debe contar con una declaración de conformidad y con la documentación técnica que respalde el cumplimiento, tras un procedimiento de evaluación de la conformidad (Anexo VII).
  • Etiquetado armonizado: no se publicó en agosto, 2026 pero está ya en desarrollo por la Comisión Europea. El objetivo será contar con un sistema único de etiquetado en toda la UE sobre composición del material y clasificación para el reciclaje. Esta última deberá de tenerse hasta el 2028, mediante actos de ejecución.
  • Responsabilidad Extendida del Productor (REP; en inglés, Extended Producer Responsibility, EPR): se creará un set de impuestos que servirán para financiar la gestión de residuos en cada país. Ese impuesto será recabado en el lugar de venta final del producto o embalaje y cada autoridad nacional lo determinará según la reciclabilidad del embalaje a partir de 2030. En este sentido, se busca desincentivar aquellos productos que cuanto peor sea el grado de reciclabilidad, mayor será el impuesto que pagarán. Como resultado no deseado para nuestros productos, aquellos productos que se exportan desde Guatemala probablemente requieran más embalajes que alguno producido en las Islas Canarias o en Armenia y se requerirá de muchísima inventiva en el rediseño de los empaques desde nuestros expertos en packaging.
  • Representante autorizado: como regla general, quien coloque por primera vez cualquier tipo de embalaje o productos envasados en un Estado miembro sin estar establecido en él necesitará designar un representante autorizado en ese país. Este es un punto de acción práctico y frecuentemente subestimado por los exportadores de fuera de la Unión que se podría convertir en un costo extra potencial en su proceso de exportar a la UE.

Veamos este último ejemplo de lo que deberá cumplir esta famosa bebida energética desde el pasado 12 de agosto de 2026:

Resumamos el calendario a prestar atención:

  • 12 ago 2026 — Aplicación general. Minimización, espacio vacío ≤ 40%, restricciones de PFAS y sustancias de preocupación, declaración de conformidad y documentación técnica.. YA SE APLICA
  • en algún momento del 2028 — Etiquetado armonizado; actos delegados sobre criterios de diseño para el reciclaje.
  • 2030 — Solo grados A–C; cuotas de contenido reciclado; primeras metas de reutilización; modulación de tarifas de REP; reducción de residuos del 5%.
  • 2035 — Reciclabilidad “a escala”; reducción de residuos del 10%.
  • 2038 — Solo grados A y B (se prohíbe el grado C).
  • 2040 — Cuotas de contenido reciclado más altas; segunda ola de metas de reutilización; reducción de residuos del 15%.

Tres preguntas claves que debemos hacernos ahora mismo como exportadores hacia la UE:

  1. ¿Qué rol ocupo en la cadena comercial? ¿Soy Fabricante, importador o distribuidor? Según el rol, las obligaciones se asignarán al papel que se juega para cada producto, irrespectivamente del tamaño de la empresa.
  2. ¿De qué está hecho mi embalaje? Los porcentajes de contenido reciclado aplican solo para los plásticos; la reciclabilidad y la minimización se aplican a todos los materiales.
  3. ¿En qué fecha vence cada obligación que le toca cumplir al importador europeo y que por lo tanto también me tocará como exportador a la UE? Y, sobre todo, ¿cuánto tarda la obligación en entrar en efecto? Porque rediseñar un empaque o analizar a un nuevo proveedor de materias primas no es un proceso sencillo y toma muchísimos meses e incluso años de evaluación.

Hasta acá llega este post. En el próximo, veremos con mayor detalle el primero de estos cinco temas clave: la reciclabilidad y el diseño para el reciclaje con el fin de entender con ejemplos detallados cómo se comparaun grado A frente a un grado E y por qué esa letra escarlata decidirá qué embalajes podrán seguir entrando a la UE y cuáles dejarán de ser competitivos, rentables o autorizados.

5 años de aprendizajes para acelerar el camino a un futuro sin residuos plásticos

Cinco años pueden parecer un lapso breve, sin embargo, los frutos de la colaboración a largo plazo comienzan a manifestarse de manera cada vez más evidente. INGRUP, en conjunto con destacadas empresas de Centroamérica, así como con más de 1,000 empresas y gobiernos a nivel mundial, ha suscrito el Compromiso Global con el propósito de avanzar hacia la creación de una economía circular de los plásticos, contando con el apoyo de laFundación Ellen MacArthur.

Desde la firma en 2019 del Compromiso, nuestras empresas han tenido un impacto colectivo sustancia, tanto material y climático, hacia las metas que nos establecimos. En total, los firmantes hemos aumentado el uso de plásticos reciclados en +1.5 millones de tons. anuales e INGRUP, en 2022, duplicó la capacidad de reciclaje de sus instalaciones en Guatemala para la fabricación de más envases con plásticos reciclados. Junto a esto, se suman las estrategias de aligeramiento y reducción de empaques que se ha implementado para reducir el consumo de materias primas vírgenes y el rediseño de empaques más circulares y 100% reciclables.

Como la gran mayoría del plástico virgen se deriva de combustibles fósiles, al incrementar el uso de plásticos reciclados se ha logrado evitar la extracción de un barril de petróleo de la tierra tierra cada 2 segundos, que equivalen a más de 15 millones de barriles de petróleo al año que los firmantes del Compromiso dejamos de consumir. Al hacerlo, en conjunto hemos ahorrado al mundo 2.5 millones de toneladas de CO2 al año, que equivalen a haber eliminado las emisiones de CO2 de +2 millones de guatemaltecos (cada guatemalteco genera un promedio de 1.2 tons. de CO2/año).

El fuerte crecimiento en el uso de plásticos reciclados, combinado con mantener el crecimiento general en el uso de envases de plástico por debajo del promedio del mercado, ha resultado en evitar la producción de 2.8 millones de toneladas de plásticos vírgenes al año en comparación con lo habitual, lo que equivale a más +2 años de importaciones anuales de materias primas plásticas por toda Centroamérica.

Cinco años han pasado y se han logrado inmensos avances, sin duda, ¡los próximos 5 años tendrán nuevos retos y descubrimientos para acelerar la transición de nuestras industrias a un mundo cada vez más circular! ¡Vamos por más!

Conflictos en la gestión de los residuos y desechos sólidos: impactos económicos, ambientales y sociales de prácticas e implementación de políticas no consensuadas en Guatemala

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El proceso de transición en el siglo XX hacia patrones de industrialización en las áreas urbanas del sur global ocurrió en Guatemala siguiendo patrones similares. Para entender esta urbanización, es necesario preguntarse ¿cómo mirar la situación y los problemas del planeta urbano desde una perspectiva del Sur? ¿cómo pensar el planeta desde las reflexiones del Sur? ¿cómo podemos entender la ineficiencia de las teorías urbanas tradicionalmente basadas y generadas en el Norte global? ¿cómo podemos explicar los problemas causados por la veloz urbanización del sur y cómo podemos generar teorías urbanas desde el Sur global? En otras palabras, cómo podemos analizar el Sur global como la fuente de nuevas teorías contemporáneas y revisiones de conceptos para una aplicación mundial que nos permitan contextualizar los problemas de desarrollo que actualmente enfrenta esta región. En el caso de Guatemala y como resultado de este proceso de urbanización, la población del país tuvo durante el siglo pasado un veloz crecimiento con tasas de natalidad por arriba de la tasa de fertilidad de las economías desarrolladas y en vías de desarrollo (De Broe et al., 2018) y junto a este crecimiento, la migración interna hacia la ciudad de Guatemala y las ciudades dormitorio del área metropolitana crecieron velozmente sin que se observara un proceso de desarrollo institucional, organización gremial y estatal y sin que se contase con el crecimiento de un estado sólido que atendiese a las necesidades colectivas de estos centros urbanos. Como resultado, la ciudad del Sur global es “un tipo distintivo de asentamiento humano” (Schindler, 2017), totalmente diferente de la ciudad del Norte global. Por esta razón, las teorías generadas en el Norte global enfrentarán inmensos retos para hacerlas funcionar en el Sur global y la cuestión del manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos es un excelente caso de análisis. Además, ni siquiera conceptos como el de “urbanización planetaria” de autores como Brenner y Schmid son útiles para la comprensión del Sur global, ya que continúan ignorando las características de las ciudades del Sur y puede ser un concepto de riesgo, ya que se afirma que es planetario manteniendo un enfoque y una base del contexto del Norte.

Ante este contexto, los datos del (Banco Mundial, 2023b) de 1950 a 2020 nos dan herramientas para entender las complejidades del caso guatemalteco. La población rural en Guatemala descendió de un 50% de la población total a tan solo un 19%, respectivamente. Esta migración interna implicó una transformación de la zona metropolitana que requeriría que los gobiernos municipales planificaran y gestionaran el desarrollo urbano de manera sostenible y eficiente. Principalmente, los últimos cincuenta años requerían sin que se consiguiera desarrollar, la instalación de infraestructura y redes de transporte para facilitar la movilidad urbana, creación de sistemas de agua potable y saneamiento, creación de zonas de manejo y gestión de residuos sólidos, distribución de energía y telecomunicaciones, creación de plazas y parques, establecimiento de un sistema de seguridad y protección de los ciudadanos y planificación de las zonas de urbanización y ordenamiento territorial con el fin de reducir los conflictos y mantener la calidad de vida de los habitantes. Todo lo anterior, es parte de una planeación inicial base que requería establecer, además, los planes de resiliencia, adaptación y preparación para desastres asociados a los desastres naturales más comunes en la zona y en la respuesta ante los cambios climáticos con el objetivo primordial de proteger la vida y propiedades de todos los habitantes.

Desafortunadamente, el manejo y gestión de los residuos sólidos ha sido uno de estos proyectos cuya responsabilidad local a través de la municipal de Guatemala, las municipalidades en el área metropolitana y el gobierno central de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha quedado inconclusa y estancada en paradigmas del manejo y gestión de residuos que no son viables ni sostenibles en las nuevas condiciones de desarrollo urbano del país. Desde el año 1950, la zona 3 de la ciudad de Guatemala ha sido el escenario donde uno de los barrancos de la ciudad se convirtió en un vertedero a cielo abierto durante el gobierno de Juan José Arévalo (Barillas, 2015). Durante más de 70 años, el vertedero continúo funcionando sin los controles adecuados y luego de que se cerrara en 1966 la primera ubicación, años después se volvió a inaugurar un nuevo vertedero sanitario en esa zona. Desde entonces, el relleno sanitario es utilizado en una zona del barranco al que se ingresa desde su parte superior y en donde, los residuos que se han depositado aprovechan la pendiente del barranco para escurrirse hacia abajo con un proceso de compactación por maquinarias pesadas como se observa en la Ilustración 1. El primer gran cambio de paradigmas en el manejo de desechos sólidos se dio en y al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de los primeros rellenos sanitarios en Estados Unidos. Debido al creciente volumen de chatarra y residuos sólidos generados por las bases militares que se crearon, empezaron a crearse terrenos aledaños para almacenar basura.  Para la década de 1950 en Estados Unidos ya había centenares ciudades y bases con rellenos sanitarios que funcionaban utilizando tractores que movilizaban la basura. El mismo sistema que aún hoy en día se utiliza en el relleno sanitario de Guatemala después de décadas utilizando la misma práctica.

En estas nuevas condiciones, las prácticas de los usuarios empezaron a utilizar un sistema de recolección de residuos que enviaba los materiales a rellenos sanitarios. De esta manera, el consumidor o generador perdía absoluta responsabilidad sobre los residuos que se recolectaban y enviaban a los nuevos rellenos sanitarios. Así empezó a crearse un ciclo de nuevas prácticas que cada vez más, eliminaron la responsabilidad sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos de la fuente generadora y que, socializaba y entregaba al gobierno la responsabilidad sobre los mismos. Durante las décadas siguientes, los países del norte global empezaron a invertir en la tecnificación y mejora de la eficiencia del manejo de los residuos sólidos y, con el surgimiento de indicadores ambientales y metas de reducción de la generación de gases de efecto invernadero se empezó a prestar una mayor atención a la mejora de la eficiencia del proceso de recolección de residuos y desechos. Desafortunadamente, en los países del sur global y especialmente en el caso de Guatemala, la inversión y tecnificación de los residuos nunca se implementó debido a que estos costos de inversión no ganaban votos. Es decir, las municipalidades no tenían los incentivos económicos de la presión popular ni de la academia técnica para presionarlos a invertir en la mejora de los rellenos sanitarios existentes ni en la creación de nuevos y, mucho menos, en la creación de plantas estatales de reciclaje y compostaje industrial que velasen por la reducción de la generación de gases de efecto invernadero de estos procesos.

Ilustración 1. Fotografía del relleno sanitario de la zona 3. Fuente: Imagen extraída del documental “Ciudad de Guatemala: La zona 3 y su gente”

Al vertedero de la zona 3, llegan grandes cantidades de residuos que durante más de 70 años no han sido gestionados adecuadamente y según (Espinosa & Parra, 2017) en el año 2017 calculaba que “al relleno sanitario de la zona 3 ingresan cada día 550 camiones (de la capital son 267 y 283 son de otros 13 municipios)” que recibe anualmente más de 668,000 toneladas de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y que, es considerado entre los 50 más grandes del mundo y entre los 13 más grandes de América Latina, con un área de 19.3 hectáreas (Waste Atlas Parternship, 2020). En estas condiciones, este relleno que, históricamente ha sido utilizado como un basurero a cielo abierto ha funcionado sin controles adecuados de saneamiento, reducción de contaminantes gaseosos y líquidos, sin protecciones ambientales para evitar la contaminación de los mantos acuíferos y sin una gestión para evitar el derrame de residuos sólidos a los ríos y riachuelos cercanos a la barranca ha existido sin cambios sustantivos durante más de 50 años.

En este contexto y ante un creciente problema ambiental y social que se acumula frente a las autoridades locales de la ciudad de Guatemala, se han realizado diversas acciones con el fin de consolidar mejoras en la actual situación del manejo y gestión de residuos sólidos en la ciudad de Guatemala y en la búsqueda de repensar la cadena de recolección, manejo y gestión de estos residuos. Ante la crisis existente en el relleno sanitario cuya planeación original no contó con las instalaciones e infraestructura adecuadas para atender las necesidades de más de 3 millones de personas se suma la compleja red de actores en esta cadena de gestión de uno de los servicios públicos más importantes de la vida urbana.

Históricamente, la gestión de residuos y desechos sólidos en Latinoamérica fue una práctica de limpieza pública que, desde las culturas prehispánicas, era realizada por un grupo específico de la población. Según (Tello Espinoza, 2018). “en la gran Tenochtitlán alrededor de mil personas recogían la basura, los tiraderos se ubicaban en tierras pantanosas, la basura se utilizaba para iluminar la ciudad y la materia séptica y excretas se utilizaba como abono.” Con la llegada de la colonia las prácticas de quemar los desechos orgánicos continuaron utilizándose en las ciudades y pueblos y no fue sino hasta que a mediados del siglo XX empezaron a generarse volúmenes mayores de residuos inorgánicos que los principales problemas de gestión de los residuos aparecieron.

La práctica histórica de quemar la basura orgánica generaba CO2, metano, otros gases contaminantes y cenizas que debido a los volúmenes bajos de desechos pasaban desapercibidos. Sin embargo, con las altas tasas de natalidad y la movilización de las poblaciones hacia las zonas urbanas, la acumulación de residuos orgánicos alcanzó niveles que hicieron imposible continuar con la práctica de quemar la basura debido a los altos volúmenes de contaminantes que generaba.  Así, los rellenos sanitarios como el de la ciudad de Guatemala, empezaron a crecer en Guatemala y el resto de América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX.  Junto a este crecimiento, el aumento del consumo de productos empacados o envasados en materiales no orgánicos también creció en estos últimos 70 años y como resultado, los rellenos sanitarios empezaron a sufrir de una ausencia de políticas municipales adecuadas para la creciente generación de residuos de uso domiciliar, comercial, industrial y hospitalario y, como resultado, una crisis ambiental se empezó a generar.

Con la creciente población de la ciudad de Guatemala, la cobertura de los servicios de recolección de residuos en la ciudad de Guatemala se volvió cada vez más inadecuada y, debido a que la población históricamente ha estado acostumbrada a la quema de los residuos, la población empezó a buscar formas alternas para desechas sus residuos orgánicos. Así, según el análisis de la información disponible en el Censo del año 2018, respecto a la cobertura del servicio de recolección indica que, a nivel urbano, el departamento de Guatemala tiene un 85% y el resto del país presenta en promedio un 42% de cobertura (INE, 2018) que, en teoría[1], son transportados en el departamento de Guatemala al relleno sanitario de la zona 3 o al relleno de AMSA en el municipio de Amatitlán. En el país continúa existiendo una alta prevalencia de vertidos ilegales en basureros ilegales, ríos y barrancos y el transporte de residuos y desechos sólidos es principalmente realizado por empresarios informales y, estos empresarios informales, “contratan al menos a 3000 recicladores o guajeros que dependen directamente de la recuperación y comercialización de residuos del vertedero” (Barillas, 2015).

Con la creciente generación de residuos inorgánicos, en Guatemala también ha crecido el mercado de la revalorización de los residuos sólidos a través de empresarios informales que compran productos (principalmente, chatarra, aluminio, plástico, vidrio y cartón) directamente generados en los hogares, industria o comercios. Asimismo, existe un mercado informal de recolectores de residuos que los trabajadores de los camiones de basura y sus empleados guajeros separan y clasifican del resto de residuos recolectados para una posterior reventa. De esta manera, la práctica de separar los residuos para una reventa en proceso de reutilización o reciclaje se ha vuelto una práctica común de las cuadrillas de camiones que recolectan basura, de los guajeros en los basureros legales y clandestinos y de los guajeros recolectores en las calles de la ciudad de Guatemala. Tan solo en las calles alrededor del relleno sanitario de la zona 3 se calcula que hay “entre 600 y 2000 recicladores (guajeros) en el relleno sanitario de la zona 3.” (Rodić & Bethancourt, 2012) Respecto a los guajeros, es importante recalcar que son personas con los más bajos niveles de educación, niños, mujeres y hombres excluidos de la sociedad, usualmente adictos a drogas y que carecen incluso de nombres y que, muchos de ellos, no cuentan con DPI ni registros de sus nacimientos registrados en el Registro Nacional de las Personas lo que los fuerza a vivir en estas condiciones sin posibilidad alguna de integrarse a la sociedad y a la formalidad.

Recientemente, el relleno sanitario de la zona 3 alcanzó su capacidad después de 60 años de funcionamiento y, a pesar de que las autoridades de la ciudad han iniciado actividades de cierre y rehabilitación, el funcionamiento de este relleno se ha mantenido activo debido a la inmensa presión que ejercen organizaciones legales y no legales de recolectores de residuos, guajeros, recicladores y otros actores activos en esta red de acopio. Ante esta situación, ni la Municipalidad de Guatemala ni la Policía Nacional Civil parecen tener control de la toma de decisiones sobre cómo se gestiona y lidera el acceso y movilización dentro del basurero de la zona 3 y, además, las empresas de recolectores de residuos privadas que existen laboran en la informalidad y parecieran estar también controladas por lo que, en el documental sobre el vertedero de Zona 3 que dirigió el documentalista Mijaíl Barynin, se refería a la “mafia del vertedero”.  En el documental, se explica que esta red informal de líderes es “algo peor que la basura” e indica que “los desastres naturales son solo uno de los varios peligros de la zona. Los residentes (guajeros) evitan hablar de más con los visitantes, debido a que temen las repercusiones de la ‘mafia del vertedero’, un grupo de bandas criminales que operan en el área.” (Barinyn, 2017)

La mala gestión de los residuos y desechos sólidos ocasiona altos costos económicos y ambientales al país debido a las malas prácticas que se emplean para la disposición final de estos residuos. A lo anterior, se suman los impactos económicos y sociales negativos que actualmente tiene la falta de una gestión adecuada de los residuos afectando la educación ambiental, la salud pública y el equipamiento tecnológico adecuado de los rellenos sanitarios. Superar la situación actual de abandono que ha tenido la gestión de residuos y la casi absoluta ignorancia de la población respecto al manejo, clasificación y gestión de los residuos y desechos sólidos ha implicado que no exista una demanda pública para la creación de centros de reciclaje y compostaje industriales adecuados.

Al respecto, el país requiere de un proceso complejo de participación de diversos actores y de un apoyo interinstitucional que enfoque sus esfuerzos en hacer de las municipalidades las principales responsables de ejecutar acciones en pro de una gestión adecuada de los residuos y desechos sólidos. Debido a que no ha existido una legislación que regule y estandarice las formas y mecanismos de gestión de residuos y desechos sólidos, cualquier cambio que se proponga requerirá de una activa participación e involucramiento de todos los actores de esta cadena y, así, evitar lo ocurrido con la publicación del Acuerdo Gubernativo 164-2021 que no cumplió con los tiempos de implementación descritos en el Acuerdo y que debió ser postergado debido a que no se siguieron los procesos democráticos de negociación para la implementación de un cambio paradigmático en la forma en que la población en general ha gestionado desde siempre sus residuos y desechos sólidos.

Previamente a presentar el análisis situacional de las razones por las cuales se retrasó la implementación del Acuerdo 164-2021 que debió de entrar en vigor el 11 de agosto de 2023, es importante recalcar los avances que durante muchos años se han realizado en términos de legislación nacional e internacional con el objetivo de regular le manejo y gestión de los residuos sólidos y crear las condiciones para la creación de sistemas de tratamiento adecuado de los residuos sólidos.

Como se puede observar en la Tabla 1, la legislación vigente en el manejo de residuos tiene como objetivo cumplir con los acuerdos internacionales y nacionales que exige la Constitución de la República de Guatemala para garantizar el derecho humano fundamental a la salud, siendo obligación de todas las personas e instituciones velar por su conservación y restablecimiento del medio ambiente. Responsabilidad ante la cual el “Estado de Guatemala, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.” (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)

NombreEnte ResponsableimplicacionesNombre Ley
Código CivilObservancia GeneralSanciona por arrojar basura, animales
muertos, sustancias fétidas, insalubres o peligrosas o escombros en las calles o sitios públicos o fuentes o abrevaderos
Decreto 106 del Congreso de la República
Constitución Política de la República de GuatemalaObservancia GeneralObligaciones ConstitucionalesArtículos 1, 2, 64, 93, 97, 193 y 195
Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente (artículo 4)MARNExige evaluaciones de impacto ambiental para las actividades productivas y vela por localidad ambiental a nivel nacionalDecreto 68-86
Convenio C.A. sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrososMARN, MSPASCumplir el ConvenioDecreto 6-94
Convenio mundial sobre el control intl. de movimientos transfronterizos de desechos peligrososMARN, MSPASCumplir el Convenio de Basilea y las posteriores inclusiones de plásticos en las enmiendas a los anexos II, VIII y IX (las enmiendas relativas a los desechos plásticos) a partir de enero 2021Decreto 3-95
Consejo Nacional para el Manejo de los Desechos Sólidos CONADESCOMARN, MSPAS, INFOM, ANAM, CACIF, ERIS USAC, INGUAT, AMSA Y SEGEPLANComisión interinstitucional de carácter asesor al ministerio en materia de gestión de desechos sólidosAcuerdo G. 700-97
Código Municipal. (artículo 67 y 68 inciso A)Municipalidades de GuatemalaAsigna la principal responsabilidad por la buena gestión de los desechos sólidos a las municipalidadesDecreto 12-2002
Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos para el municipio de GuatemalaMunicipalidad de la ciudad de GuatemalaCreado para cumplir con lo preceptuado en la Constitución de la República, código de salud, código municipal y ley de protección y mejoramiento del medio ambienteConsejo Municipal 26-09-2002
Ley Marco de Cambio ClimáticoConsejo Nacional de Cambio ClimáticoEstablecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en Guatemala.Decreto 7-2013
Creación la Mesa Coordinadora para la Gestión y Manejo Integral de los Residuos y los Desechos SólidosMARNComisión interinstitucional de carácter coordinador de la gestión de desechos sólidosAcuerdo Ministerial Número 666-2013
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos SólidosMARN y apoyado por MINEDUC, SEGEPLAN, MSPAS, MAGA, MEM, INFOM, ANAMFortalecimiento institucional, programa de inversiones, fortalecimiento técnico, programa de educación y participación social en el manejo y gestión de los residuos sólidos.Acuerdo G. 281-2015
 Creación del Departamento para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos.MARNResponsable de la creación de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos SólidosAcuerdo Ministerial Número 51-2015,
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos ComunesMARNEstablece las normas sanitarias y ambientales que deben aplicarse para la gestión de los residuos y asegurar la protección de la salud humana y evitar la contaminación del ambienteAcuerdo G. 164-2021
Tabla 1. Mapeo de la legislación existente en Guatemala sobre residuos y desechos sólidos. Elaboración propia.

¿Quién decide qué es un desecho o un residuo?

En Guatemala, de la misma manera que en el resto de los países de América Latina, la migración del interior a las zonas urbanas fue veloz y elevada desde la segunda mitad del siglo XX.  De 1960 al año 2021, 20 por ciento de la población rural migró a las zonas urbanas pasando del 69 por ciento al 49 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 2023a).  De acuerdo con estos datos, la población guatemalteca ronda los 17.1 millones de habitantes y 8.7 millones de habitantes viven en áreas urbanas. De esta población 5.1 millones de habitantes viven en el territorio metropolitano de la ciudad de Guatemala y sin cambios desde el siglo pasado, solamente existe el relleno sanitario de la zona 3 y el vertedero de AMSA en Villa Nueva para gestionar los residuos de todas estas personas. Ante esta situación, la población no ha contado de otras y nuevas formas de gestionar sus residuos mas allá de entregarlas a los recolectores privados o públicos de la basura. En estas situaciones, la falta de una educación ambiental sobre la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos se ha quedado solamente escrita en el papel de los documentos oficiales. También, a pesar de que es parte del Currículo Nacional Base del Ministerio de Educación, son pocos los alumnos y adolescentes que reciben esta educación y aprenden la responsabilidad que como generadores de residuos tienen todas las personas, no conocen sobre la responsabilidad extendida y la necesidad de colaboración entre distintos actores de la sociedad para la gestión de los mismos y tampoco han aprendido cuáles son las materias primas con las que se elaboran los productos que consumen y la manera adecuada de clasificarlos.

Debido a la situación anterior, un cuasi monopolio sobre la decisión de qué material es un desecho y cuál es un residuo valorizable ha caído en la responsabilidad casi única de los recolectores de basura y los guajeros quienes son los únicos que verdaderamente han realizado un proceso de clasificación de los residuos. La clasificación de residuos no solo es realizada únicamente por estos grupos, sino que la valorización generada de este proceso es recibida inicialmente solo por ellos. Esta cuestión es uno de los principales paradigmas que el Acuerdo 164-2021 falló en prever y replantear en el proceso creado para la valorización de residuos en los artículos pertinentes a la Recolección de Residuos y las Normas para el almacenamiento temporal e infraestructura a crearse según la Sección II del (Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, 2021)

Dado que el entorno urbano es el lugar de los aumentos de la productividad de capitales en América Latina es en territorios como la ciudad de Guatemala donde se genera la mayor cantidad de materiales valorizables. Es por esto por lo que la opinión y participación de actores como las cámaras empresariales, las gremiales relacionadas a la industria de recolección de residuos y las gremiales recicladoras se debieron tomar en cuenta en el proceso de reeducación de todos los actores de la cadena de manejo y gestión de los residuos y desechos sólidos.  Según explica (Jordán et al., 2017) “junto con los beneficios económicos de la urbanización, las ciudades generan también un conjunto importante de externalidades negativas como consecuencia de los patrones insostenibles de producción distribución y consumo.” Estos patrones en la generación de residuos y productos valorizables no han resultado en un incremento paralelo para el enriquecimiento de todos los actores y esto se ha debido en gran medida a la existencia de una gran base de recolectores o guajeros que deben vender los productos valorizables por asociaciones de microempresarios vinculados a grupos fuera de la ley.

El mercado informal de los residuos

Actualmente, la mayoría de los servicios de recolección de residuos, conocidos comúnmente como “camiones amarillos”, recolectan y valorizan los residuos de los hogares, empresas e industrias. Estos grupos de empresarios son, según la investigación de (Rodić & Bethancourt, 2012), a menudo compuestos por el propietario de un camión y los miembros de la familia que lo ayudan, pero la gran mayoría de estas empresas son propiedad de alguna de las tres asociaciones privadas principales: ATRADESGUA[2], ASTRODEGUA, ARSGUA O URBAGUA. Estas asociaciones que sobreviven dentro de un negocio altamente informal se fortalecieron y crecieron desde hace más de 25 años. Por ejemplo, “ATRADESGUA comenzó como una empresa familiar que brindaba recolección de desechos en mulas; actualmente cuenta con 343 camiones registrados. Una asociación coordina las rutas de los camiones y asegura una distribución justa de las áreas entre los camiones, lo que a menudo implica la resolución de conflictos. Las autoridades de la Municipalidad revisan los camiones una vez al año.” (Rodić & Bethancourt, 2012)

Junto a estas asociaciones privadas se incluye la Asociación de Trabajadores Particulares de Extracción de Basura (ATPEB) y la Cooperativa Integral de Servicios Especiales de Transporte Motorizado de Basura, R. L. (CISETMEB) que desde el año 1994 se constituyeron en la “Gremial Metropolitana de Recolectores de Basura (GMRB)” que absorbió a estas organizaciones con el objetivo de mejorar y tecnificar los procesos de extracción, transporte, disposición y tratamiento final de desechos sólidos. (Martínez López, 1996). Estos son algunos de los esfuerzos aparentes de organización, mejora y tecnificación que no han realizado y cuyos intereses económicos de trabajo en la informalidad les han impedido optar a la recepción de fondos internacionales o nacionales de inversión y mejora. La informalidad de la industria de valorización de residuos y desechos sólidos se relaciona directamente con otros problemas que dificultan la integración de estos actores a nuevas y distintas formas de valorización de los residuos y desechos sólidos. En la industria informal de la basura, la delincuencia, la competencia desleal ejercida sobre el llamado comercio establecido, las malas condiciones de salubridad de los recolectores guajeros y la violencia de mafias entorno a este negocio dificultan la solución de diferencias y conflictos según los estándares tradicionales de resolución de estos.

En ausencia de una planeación urbana adecuada y de prestación de servicios públicos como la gestión de los residuos y desechos sólidos existe actualmente una segregación socioeconómica de grupos enteros de la población —la expresión espacial de la desigualdad— que de acuerdo con (Jordán et al., 2017) profundiza y reproduce la inequidad y contribuye a la fragmentación social y los altos niveles de violencia que existen en muchas ciudades en América Latina. No es de extrañar que, las llamadas zonas rojas de la ciudad de Guatemala y las calles entorno al relleno sanitario de la zona 3, se encuentren ubicadas en las zonas de una veloz movilización rural-urbana y que, sea en estas zonas, donde se encuentren los mayores índices de pobreza y desigualdad con una marcada ausencia del Estado en la prestación de servicios públicos básicos.

Ante la falta de una planeación urbana adecuada, el comercio en la informalidad ha sido clasificado en algunos estudios sobre el tema en dos tipos: el de subsistencia, al que pertenecen aquellos que invierten los pocos recursos que poseen para recolectar o comprar mercancía y la venden para sostenerse, y el de alta rentabilidad, en donde se encuentran los comerciantes que invierten un capital considerable y obtienen con ello un margen de ganancia que incluso les permite tener empleados a su servicio y son los que generalmente se arrogan la prerrogativa de usar las zonas más rentables para el comercio callejero tal y como actualmente se han dividido las principales asociaciones privadas de recolección de residuos el mercado de recolección por zonas. En estas son zonas, repartidas por las mafias sin ningún respaldo legal más allá del de la presión de las amenazas y la violencia existen actores que reditan del negocio de la basura y no fueron incluidos en la redacción del Acuerdo Gubernativo 164-2021.

Ante esta situación donde actores formales se relacionan con actores informales, la negociación de cambios al estatus quo del negocio de la basura requiere de una perspectiva distinta de negociación y de tomar en cuenta que, prácticamente, todos los estudios sobre maras y grupos organizados en la informalidad destacan el papel central de la violencia y la fuerza en la cultura de las pandillas. La violencia se presenta más a menudo como conflicto de fuerza, a la forma de amenaza omnipresente (Vigil, 1988) y esta se pronuncia ante el cambio de las condiciones del terreno que controlan. Y, como señala (Horowitz, 1987, p.437-450), se dice que actualmente el comercio informal ha dejado de ser primordialmente un problema de subsistencia para convertirse en una actividad de alta rentabilidad. Rentabilidad que, en la industria de gestión de residuos, genera millones de quetzales para una reducida red de actores y que con el ingreso en vigor del Acuerdo Gubernativo 164-2021 no solo cambiaria las reglas del juego de ese negocio, sino que involucraría más y nuevos actores en el negocio de la valorización de residuos.

Uno de los factores que permite que este tipo de comercio informal de la basura siga aumentando es la poderosa red de corrupción que lo sostiene desde el aparato estatal y en la que participan los distribuidores, las autoridades y los líderes de las agrupaciones comerciales. Estas redes controlan permisos y rentas para uso de los espacios públicos para ejercer el comercio informal de transporte de residuos y la recaudación de las cuotas a cambio de la protección y la representación de sus agremiados. Horowitz explica que, en el mercado informal y de maras, “el pandillero tiene que estar preparado para responder a la violencia en cualquier momento y, por lo tanto, a consolidar su identidad a partir de la fuerza.” (Horowitz, 1987). Consecuentemente con estas acciones de fuerza y de protección de sus territorio, Miguel Carrera, presidente y representante de la Gremial de Recolectores de Basura anunció que “tomarían medidas de hecho” y detendrían la recolección de residuos de los hogares (García & Domínguez, 2023). La anterior, fue una reciente amenaza directa que forzó al MARN a detener la entrada en vigor del Acuerdo y que incluso pondrá en riesgo el ingreso de nuevos reglamentos que busquen modernizar y transformar el proceso de gestión y manejo de residuos sólidos en el país. Situaciones como la anterior, han ocurrido en este sector informal en repetidas ocasiones y son muchas las denuncias que ha habido respecto a la toma de decisiones arbitrarias respecto a la recolección de residuos y desechos sólidos. Por ejemplo, de forma unilateral los recolectores de residuos de los camiones recolectores deciden dejar de recolectar la “basura” cuando empresas deciden de forma voluntaria hacer una separación de residuos reciclables y llevarlos a los centros de acopio directamente. Esto fuerza a los restaurantes y empresas formales a continuar entregando toda su “basura” a los recolectores quienes serán los que clasifiquen estos residuos posteriormente y los vendan a los recicladores.

La creación de un nuevo y moderno sistema de manejo y gestión de residuos requerirá que, desde el Estado y las cámaras empresariales, se reconozca la necesidad de construir un sistema de solución con base en lo que existe en los territorios que dependen del mercado informal como es el caso del negocio de la recolección y gestión de residuos y desechos sólidos facilitando, de primero, la formalización de esta industria y la desintegración de las mafias a lo interno de la industria. Este sistema debe integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia del acuerdo gubernativo que busca reglamentar esta industria. En el país, la Municipalidad de Guatemala habrá de jugar un papel central en este propósito por su conocimiento de negociación con estos grupos informales; pero, a la vez, deberá de cambiar sus prácticas y eliminar la corrupción a lo interno del sistema estatal y replantear un plan en conjunto con estos actores como figuras centrales de futuros acuerdos.

Crear las condiciones de negociación entre actores formales e informales para viabilizar el Acuerdo 164-2021 y futuros acuerdos requerirá de un proceso de mejora y moderniza el sistema de gestión de residuos y desechos sólidos que siga una serie de pasos como se observa en la Ilustración 2. Para lo anterior, debe seguirse un proceso de negociación previamente coordinada en base a la exigencia mínima de principios como el respeto de los derechos humanos de todos los participantes de la cadena de recolección dado que actualmente se violan derechos tan básicos como la vida o la integridad personal de los trabajadores y se deberán crear también sanciones que exijan un mínimo que proteja los derechos humanos de todos. La siguiente fase será crear las condiciones de coexistencia entre el sistema formal e informal para que, con el tiempo, se formalicen las actividades y se cumplan las reglas vigentes en la ley y que, asimismo, se incluyan y comprendan las normas informales que son vigentes en la vida diaria de miles de estas personas trabajando en la informalidad. Esto requiere de una estrategia que permita cierto proceso de modernización y de autonomía y diversidad de formas de solución de conflictos dentro del marco legal. La última y más importante de las fases es prever la pérdida de eficacia de los sistemas una vez se elimine el sistema informal de valorización de residuos contando con una activa vigilancia del mercado por el Estado. Este último es quizá el reto más grande y requiere de la creación de los subsidios adecuados para rentabilizar la recolección, transporte, clasificación y reciclaje de los residuos mientras que, a la vez, se modernizan sistemas y prácticas que utilizaban los actores de la red de recolección.

Ilustración 2. Proceso de negociación entre actores formales e informales. Elaboración propia.

Los factores formales en los que se han acentuado las legislaciones sobre la gestión de residuos y el comercio han fallado en establecer un camino a la regulación del comercio informal y se han basado sólo en aspectos de inmediatez administrativa y económica para los propósitos de los acuerdos gubernativos y reglamentaciones de forma aislada. La construcción de una futura ley nacional de manejo y gestión de residuos y desechos sólidos deberá tomar en cuenta a estos actores informales para conseguir de forma efectiva la modernización de esta industria. Con este objetivo, los círculos normativos relativos a la competencia económica de los proyectos de desarrollo sostenible y de protección ambiental deberán negociar con el derecho de libertad de comercio que protege la Constitución para que incidan directamente en el comercio informal existente en torno a la valoración de residuos y se les proteja formalizando y legalizando los conglomerados de pequeños empresarios y comerciantes aislados que ya existen en la industria. Por lo anteriormente expuesto, la adaptación en lo formal de esta compleja realidad mercantil y laboral deberá de obligar a que en futuras legislaciones que involucren a los mercados informales se tomen en cuenta los factores que se han descrito en este ensayo. Además, para la reorganización del servicio de manejo de residuos sólidos queda aún pendiente que se establezcan con claridad funciones específicas de cada institución gubernamental y se delimite la competencia de cada una de ellas.

Ilustración 3. Fases del proceso de generación, recolección y gestión final de residuos en un sistema de economía circular. Elaboración propia

Dado que la fase de recolección y transporte de residuos es actualmente la principal fase de conflicto en la mejora y modernización de esta industria, es fundamental evitar que esta red detenga su funcionamiento según se presentan en la Ilustración 3 ya que los residuos no recolectados presentarían un impacto ambiental directo si se llegase a acumular en los basureros clandestinos en las cercanías de las áreas urbanas, en predios baldíos, cauces de ríos, puentes y la vía pública. Para esto, es necesario que el proceso de recolección, manejo y gestión de los residuos sólidos esté acorde con los costos reales de todo el proceso hasta la llegada a la fase final de reciclaje, compostaje, tratamiento o incineración. Para esto, es necesario que se internalicen de esta manera los costos del daño ambiental causado por el manejo deficiente de los residuos generados por la industria, el comercio y los hogares. Al internalizar los costos del daño ambiental potencial, no solo se responsabilizará a los habitantes, sino que también a las industrias y comercios para que se dispongan los residuos de una manera sana, clasificada y que permita a los recolectores modernizar y mejorar las condiciones existentes de transporte. De lo contrario, los costos del daño por la contaminación de residuos serán pagados de manera indirecta por los mismos actores comerciales en las cercanías urbanas y también en las cuencas de ríos que nacen en las zonas urbanas y llevan contaminación de residuos sólidos hasta los océanos.

Lograr que la ciudadanía y los diversos actores en la cadena de la gestión de los residuos y desechos sólidos cumplan consciente y voluntariamente con las obligaciones y derechos que le corresponden en lo referente a la entrega clasificada de los desechos sólidos, el cobro y venta de los servicios de recolección y el pago final por la gestión de los residuos y desechos sólidos en plantas de compostaje, reciclaje, incineración o tratamiento en rellenos sanitarios requerirá de estrategias que antecedan la elaboración de reglamentos y legislaciones. Asimismo, será necesario fortalecer el rol de las entidades locales que serán ejecutoras de estos y de los recursos humanos y económicos con la creación de entes responsables en la legislación y modificación de los renglones presupuestarios que les permitan recibir fondos públicos necesarios. La creación de fondos públicos para la modernización de la gestión de residuos también requerirá del apoyo financiero de la comunidad internacional. Quizás, el punto más importante para la implementación efectiva de nuevas legislaciones en términos del manejo y gestión de residuos sólidos será el aspecto cultural y educativo que es una de las fuentes de conflicto actuales. Para esto, debemos cambiar las prácticas colectivas que tienen más de 70 años de practicarse en un modelo de producción lineal en el cual los productos que se consumían eran posteriormente desechados como basura.

Cambiar la cultura lineal de pensamiento y de consumo de los actores requerirá de un cambio cultural sobre la naturaleza de los productos y de fomentar y educar qué es y qué beneficios tiene para la población en general la práctica de la economía circular. Este cambio a una economía circular implica un cambio total de la cultural y del manejo de los desechos sólidos para entenderlos como residuos con un potencial de valorización, de cultivar una consciencia de responsabilidad ambiental y de una ciudadanía ecológica y circular integral. Pero lograr estos cambios de comportamiento y de cultura requerirá de un incremento de los costos de transacción de estos procesos y el Estado debe contemplar este factor en la creación de futuras legislaciones ambientales. Cualquiera que sea la legislación que se cree en este tema, habrá un  incremento del costo económico para los generadores (hogares, industria, comercios y gobierno), incrementos en costos para la recolección (camiones recolectores, recolectores individuales y guajeros, recolectores institucionales) y para los gestores finales (empresas públicas y privadas recicladoras, compostadoras e incineradoras y gestores de rellenos sanitarios) a quienes deberá facilitarse fondos desde los gobiernos municipales y desde el Presupuesto Nacional. Pero, también deberá de contemplarse la educación a los generadores sobre la responsabilidad extendida que tienen sobre los residuos que generan para que, educados al respecto, paguen las cuotas de extracción de residuos de forma individual como parte de sus contribuciones sociales en beneficio de la salud familiar, vecinal, la protección ambiental local y nacional y la protección de los ríos y lagos que actualmente son contaminados por residuos sólidos.

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Vigil, D. (1988). Barrio gangs. Texas University Press. Waste Atlas Parternship. (2020). Waste Atlas: The World’s 50 Biggest Dumpsite. http://www.atlas.d-waste.com/#globalChartsTab


[1] No existen datos exactos de la cantidad de residuos que son recolectados por empresas de transporte público o privado y que no son transportados a los rellenos sanitarios autorizados sino que son lanzados en botaderos ilegales, barrancos o directamente a los ríos. Según el MARN, en Guatemala hay por lo menos 2 mil 370 basureros sin estudios ambientales y, por lo tanto, sin autorización. Asimismo, organizaciones privadas calculan que en Guatemala existen al menos 3,000 basureros clandestinos. A estos números se debe sumar que es una práctica común de la población utilizar todos los ríos de Guatemala como basureros clandestinos.

[2] En 2022, Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala revelaron indicios que una posible red de extorsionistas operaba en un edificio de oficinas ubicado en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Según la nota publicada en el periódico Soy502, la PNC indicó que”en ese lugar funcionan las oficinas de la Asociación de Recolectores de Desechos de Guatemala (Atradesgua). Lo cual arroja suspicacias debido a que las investigaciones determinan que las extorsiones se producen desde ese punto.” Operaciones ilegales similares son relacionadas al negocio de la recolección de la basura y son difíciles de eliminar debido al mercado informal en el que se maneja esta industria. Link a noticia: https://www.soy502.com/articulo/allanan-oficina-extorsionistas-zona-4-32419

Precios competitivos en una Economía Circular

Los principios de la Economía Circular son una realidad que ha demostrado funcionar y ofrecer soluciones para los fabricantes de distintas industrias.  Al centro de este sistema de principios se encuentran los ingresos y eficiencias que permiten convertir lo que antes eran desperdicios en riqueza.

La Economía Circular es un modelo enfocado en mantener los recursos en uso productivo, ie. en la economía, durante el mayor tiempo posible. Al aumentar el tiempo de vida útil de los recursos, se consigue convertir lo que antes hubiese sido un desperdicio o residuo en una fuente de riqueza y sostenibilidad.  Este sencillo principio que continúa implementándose en distintas partes del mundo continúa creciendo y es probable que sea una de las fuentes de ahorro y riqueza más importantes de las últimas épocas llegando a representar miles de millones de dólares en ahorros.

El ahorro que obtenemos proviene de la creación de valor en la economía circular al eliminar el desperdicio y maximiza el uso del producto, en última instancia, dejando de lado las nociones tradicionales que en la universidad nos enseñaron de la Competitividad.

¿Cuáles son las implicaciones para la cadena de suministro?

En la economía circular, lo que se habría perdido la oportunidad económica y comercial (por ejemplo, la pérdida de recursos y los activos subutilizados) se convierte en un motor para el crecimiento. En América Latina ya tenemos algunos ejemplos reconocidos de empresas multinacionales y tomaremos un ejemplo de la industria en la que trabajo.  En INGRUP, una de las fabricantes de plásticos más grandes de la región, diariamente se reciclan 1.6 millones de envases PET y la recuperación de materiales en mejores condiciones está diariamente aumentando con mejores prácticas en el acopio de envases reciclados postindustrial y postconsumo. Adicionalmente, la empresa de reciclaje recibe su energía eléctrica de energías renovables y cuenta con una planta de tratamiento donde se reutiliza casi toda el agua y el agua residual es limpieza para que las plantas la absorban, transformando lo que podría haber sido un desperdicio en un acelerador clave de la cadena de suministro.

Las cadenas de suministro también pueden aprovechar el modelo de producto como servicio en rápida expansión para aumentar la eficiencia, eliminar el desperdicio y mantenerse competitivo en un entorno en evolución. Más allá de maximizar el uso del producto, la economía circular también presenta una valiosa oportunidad para que las empresas mejoren la estrategia comercial, ya que invita a los empresarios a reexaminar todo en su empresa: desde lo que venden y lo que implica su fabricación, hasta las operaciones que respaldan los productos y servicios que recibe el consumidor. De esta manera, consumidores cada vez más exigentes eligen a empresas de alimentos y bebidas que han implementado de manera creativa y sostenible formas de fabricar sus productos ahorrando recursos e impactos ambientales. Al encontrar nuevas formas de reutilizar los productos, las compañías han podido convertir algo que de otra manera se desperdiciaría en una importante fuente de ingresos y un motor de crecimiento.

Lograr un modelo circular

Crear operaciones circulares para participar en esta nueva economía es sin duda un reto inmenso. Sin embargo, si se toman medidas para transformar las cadenas de suministro lineales en redes de suministro digitales que faciliten la circularidad, aumenten la competitividad y mejoren los resultados comerciales los beneficios económicos y de rentabilidad se harán notorios desde el inicio.

Pasos principales para conseguir precios competitivos:

  1. Definir el modelo circular: las empresas pueden sacar provecho de la economía circular de varias maneras, ya sea que aprovechen el modelo de producto como servicio, creen productos a partir de materiales reciclables o vuelvan a colocar materiales en sus suministros. La selección del modelo adecuado para una empresa específica requiere una evaluación profunda de su cartera de producción y base de clientes.
  2. Aprovechar el poder de la información: gracias al potencial disruptivo del análisis predictivo y el acceso a Internet, las empresas que adoptan sistemas digitales tienen una enorme cantidad de datos a su alcance y ahorran el recurso más valioso: el tiempo de sus colaboradores. Es importante utilizar esta inteligencia en su máximo potencial estratégico.
  3. Expandir la red de proveedores, distribuidores y otras empresas: las empresas deben buscar organizaciones que compartan sus valores y aporten la experiencia complementaria que necesitan para implementar nuevos modelos y crear eficiencias a lo largo de toda la cadena de producción. Como lo demuestran casos de las multinacionales que tienen modelos circulares, las empresas que crean redes e infraestructuras unificadas circulares ofrecen nuevos servicios disruptivos basados ​​en la innovación y la sostenibilidad.

Las cadenas de suministro pueden desempeñar un papel crucial, pero deben ser circulares para impulsar estrategias más inteligentes, eliminar el desperdicio y permitir a las empresas maximizar el valor de sus productos. A medida que los procesos lineales son reemplazados por redes controladas digitalmente, los administradores de la cadena de suministro pueden asumir un rol cada vez más estratégico para ayudar a las empresas a lograr eficiencias y obtener una ventaja competitiva.

¿El resultado final?

Luego de implementar un modelo circular se tiene como resultado nuevas fuentes de ingresos e industrias más inteligentes, eficientes y sostenibles que alimentarán a otras empresas que entran a la economía circular. Con el tiempo, el objetivo global de este movimiento es unificar las industrias y enlazarlas en la construcción de un mundo más sostenible y sustentable.