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Bloqueos navales: cuando las olas se convierten en arma. Historia, comercio y el eterno castigo a las naciones más débiles

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Los bloqueos navales no son una novedad del siglo XXI. Son una tecnología de poder tan antigua como el comercio mismo. Y cada vez que uno se activa, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién paga realmente la factura?

En posts anteriores, hemos hablado del Estrecho de Ormuz como uno de los nodos más críticos de la economía global: el punto por donde transita cerca del 21% del petróleo mundial y por donde pasan los alimentos, el agua desalinizada y los insumos industriales que sostienen la vida en el Golfo Pérsico. Pero la tensión actual en esa región no es un fenómeno aislado ni nuevo. Es el último capítulo de una historia milenaria en la que el control del mar ha sido, y sigue siendo, una de las formas más devastadoras de ejercer poder sobre otras naciones. Hoy quiero explorar esa historia, sus mecanismos económicos y lo que nos dice sobre el conflicto que vivimos hoy.

El bloqueo naval como instrumento de guerra económica: una definición

Un bloqueo naval es el uso deliberado del poder marítimo para impedir que una nación —o una región— reciba o exporte bienes por vía marítima. En términos del derecho internacional, es un acto de guerra reconocido desde la Declaración del Derecho Marítimo de París de 1856, que estableció normas para su ejercicio “efectivo” y su alcance legal. Pero más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que hace al bloqueo naval tan poderoso como arma es algo que entendemos bien desde la economía: interrumpir el comercio es interrumpir la vida misma de una sociedad. (les recomiendo leer este blog al respecto).

El comercio marítimo no es una opción más entre muchas. Es, desde hace siglos, la columna vertebral del intercambio global. Como señalaba Geoffrey Till en su análisis del poder naval, el mar no es un vacío: es infraestructura de poder. Y quien controla esa infraestructura, controla el destino económico de quienes dependen de ella.

Los bloqueos navales como herramienta de guerra del Mediterráneo antiguo al siglo XX

La historia de los bloqueos navales es tan larga como la historia del capitalismo mercantil —y en realidad la precede con creces.

Atenas y el bloqueo del Helesponto (405 a.C.) fue uno de los primeros bloqueos estratégicos documentados. Esparta, al cortar el suministro de granos desde el Mar Negro hacia Atenas, logró lo que ningún ejército terrestre había conseguido: rendir a la ciudad más poderosa de Grecia. La lección es brutal en su simplicidad — una ciudad que no puede alimentarse, no puede resistir.

Durante el período napoleónico, el Bloqueo Continental (1806-1814) representa quizás el primer intento moderno de guerra económica total. Napoleón prohibió a toda Europa continental comerciar con Gran Bretaña, buscando asfixiar su economía industrial. El resultado fue paradójico: Gran Bretaña sufrió, sí, pero también se vio obligada a diversificar mercados hacia América Latina (abriendo rutas que luego consolidarían el comercio atlántico), mientras que Francia y sus aliados perdieron acceso a manufacturas británicas y a insumos coloniales que resultaron ser insustituibles. Como analizó David Landes en The Wealth and Poverty of Nations, los bloqueos que pretenden aislar a un poder industrial terminan por reorganizar el comercio global más que por destruirlo — pero siempre a costa de los actores más débiles de la cadena. Por cierto, una reconfiguración muy similar a lo que estamos observando en la actual invasión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La Guerra Civil Estadounidense (1861-1865) provee uno de los ejemplos más estudiados del impacto de un bloqueo sobre economías dependientes de un solo producto. La Unión bloqueó los puertos del Sur, impidiendo la exportación de algodón hacia Europa. El efecto inmediato se sintió no en los campos de batalla de Virginia, sino en los telares de Lancashire, Inglaterra, y en las hilaturas de Lyon, Francia. Miles de trabajadores textiles europeos quedaron desempleados. El Sur, incapaz de financiar su guerra con las divisas del algodón, colapsó también económicamente. El bloqueo no fue un complemento de la estrategia militar: fue parte central de ella. Esta estrategia —conocida como el Anaconda Plan del General Winfield Scott— es un manual clásico sobre cómo el control marítimo puede sustituir batallas terrestres costosas.

El bloqueo aliado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue quizás el más mortífero de la historia moderna en términos de impacto sobre la población civil. La Royal Navy cortó el acceso alemán a alimentos, fertilizantes y materias primas. Se estima que entre 400,000 y 750,000 civiles alemanes murieron por desnutrición y enfermedades relacionadas con el hambre durante y después del conflicto. El historiador económico Avner Offer en su obra The First World War: An Agrarian Interpretation documentó cómo la dependencia alemana de las importaciones de nitratos para fertilizantes —que llegaban por mar— fue uno de los factores decisivos en el colapso de su capacidad de producción de alimentos. Una lección que los estrategas militares no han olvidado.

Ya en el siglo XX, el bloqueo naval de Cuba por Estados Unidos durante la Crisis de los Misiles (1962) —llamado eufemísticamente “cuarentena” para evitar la connotación de acto de guerra— mostró el bloqueo como instrumento de disuasión nuclear. Pero el embargo comercial prolongado que le siguió durante décadas ilustra algo más relevante para este análisis: el bloqueo económico crónico como herramienta de presión sobre naciones más débiles tiene efectos acumulativos devastadores sobre el bienestar de la población civil, independientemente de los objetivos políticos declarados.

La mecánica económica del bloqueo: por qué golpea más duro a los más débiles

Aquí es donde la historia converge con la teoría económica y con el debate Norte-Sur que atraviesa siempre mi investigación académica. Cuando hablamos de un bloqueo naval, no lo debemos analizar como un hecho aislado, sino como un factor más al contexto que actúa sobre la economía de una nación a través de varios mecanismos simultáneos que distorsionan la oferta y demanda global:

Primero, interrumpe la oferta de bienes esenciales. Las naciones que importan alimentos, energía o insumos industriales ven inmediatamente amenazada su seguridad básica. No todas las economías tienen la misma capacidad de sustitución. Un país con industria diversificada y mercado interno amplio puede aguantar meses; uno que importa el 80% de sus alimentos —como varios países del Golfo Pérsico hoy, o como la Grecia clásica hace 2,400 años— entra en crisis en un cerrar de ojos.

Segundo, dispara la prima de riesgo y los costos logísticos. Como indicaba en posts anteriores sobre el Estrecho de Ormuz, no hace falta que falte físicamente el petróleo para que suban los precios: basta que suba la percepción de riesgo para que los seguros marítimos se encarezcan, los fletes aumenten y las navieras desvíen rutas. Este incremento de costos se traslada río abajo, hacia los consumidores finales, con especial ferocidad en los países más pobres, donde la elasticidad de la demanda de alimentos y energía es naturalmente baja.

Tercero, deteriora los términos de intercambio de las naciones exportadoras. Si un país exporta un producto primario —café, petróleo, banano, algodón— y ese canal de exportación se interrumpe, el impacto es doble: pierde ingresos de divisas y ve deteriorarse su posición fiscal. Las grandes potencias que imponen bloqueos, en cambio, suelen tener acceso a mercados alternativos y reservas que amortiguan el golpe.

Esta asimetría no es accidental. Es estructural. Y reproduce exactamente el patrón que la literatura sobre dependencia y sistemas-mundo —desde Raúl Prebisch y la CEPAL hasta Immanuel Wallerstein— ha documentado históricamente: el comercio internacional no opera en condiciones de igualdad, y los instrumentos de coerción económica —incluidos los bloqueos— tienden a reforzar, no a cuestionar, esa desigualdad.

Imagen del USS Stark tras ser alcanzado por dos misiles iraquíes “Exocet” en 1987 durante la Guerra de los tanqueros.

Los efectos en el Estrecho de Ormuz actualmente: el bloqueo que no necesita declararse

El conflicto actual en Asia Occidental ha reactivado la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz con una intensidad que no veíamos desde la Guerra de los Tanqueros en los años 80 entre Iraq e Irán. Y lo que resulta fascinante —y perturbador— desde una perspectiva histórica es que el bloqueo ya no necesita ser declarado formalmente para producir sus efectos.

El simple incremento de riesgo percibido ha sido suficiente para disparar los precios del seguro marítimo, generar desvíos de rutas hacia África, acumular buques varados y trasladar presión inflacionaria a cadenas de suministro que dependen de esa vía. Como he indicado, por Ormuz transitan cerca del 21% del petróleo mundial, aproximadamente el 35% de las importaciones de trigo de los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo y grandes volúmenes de insumos petroquímicos que alimentan industrias globales de plástico, farmacéuticos y fertilizantes.

Pero hay algo más que los libros de historia nos recuerdan: los bloqueos navales no terminan cuando se firma la paz. Sus efectos —inflación estructural, deterioro de las cadenas de suministro, deuda acumulada por importaciones más caras, pérdida de competitividad de exportadores periféricos— pueden durar años. Y como siempre, quienes menos herramientas tienen para protegerse son quienes pagan la factura más larga.

El Sur Global no controla ni las navieras, ni los mercados de seguros, ni los mercados de futuros del petróleo, ni los puertos hub que redistribuyen la carga. Tampoco tiene capacidad de imponer bloqueos. Pero sí tiene que absorber sus consecuencias cada vez que las grandes potencias deciden que el mar es un campo de batalla. Es de esperarse que durante varios años estas disrupciones de las cadenas de suministro afecten los bolsillos y la seguridad alimentaria de millones de personas en el Sur Global y que sea la causa de innumerables muertes por desnutrición y desabasto.

La historia no termina: el mar seguirá siendo político

Desde el Helesponto hasta Ormuz, la lección de fondo no ha cambiado: el que controla el mar controla el precio de las cosas, y con ello, el destino de naciones enteras. Los bloqueos navales son la forma más antigua y efectiva de convertir la geografía en poder. Lo que sí ha cambiado es la escala del impacto en todo el planeta.

En un mundo de cadenas globales de valor, donde un contenedor varado en el Golfo puede traducirse en una línea de producción detenida en Asia o en un estante vacío en América Latina, el impacto de cualquier disrupción marítima se multiplica de formas que ningún almirante del siglo XIX habría podido imaginar.

Por eso, estudiar la historia de los bloqueos navales no es un ejercicio nostálgico. Es una herramienta para entender el presente. Y para quienes trabajamos en comercio internacional, política económica o desarrollo, es también un recordatorio incómodo: mientras el poder global siga concentrado en quienes controlan la circulación, los países del Sur seguirán siendo vulnerables, no por falta de recursos, sino por falta de control sobre los nodos por donde esos recursos deben pasar.

Lecturas recomendadas para profundizar:

Este post es parte de la serie sobre geopolítica y comercio del blog. Si te interesa el tema de los estrechos estratégicos, te recomiendo leer también los posts anteriores: “La geografía vuelve a mandar: Malaca y Ormuz en tiempos de la nueva guerra” y “Mucho más que gasolina: el petróleo está oculto en las cadenas globales cotidianas”.

Feudalismo climático en el nuevo orden global

Esta semana se reunieron los jefes de Estado, CEOs y organismos multilaterales en el World Economic Forum de Davos para debatir sobre los cambios globales. Los debates giraron en torno a la fragmentación del comercio, seguridad económica, la necesidad de continuar la transición verde y la complicada reconfiguración de las cadenas globales de valor. Como se pudo ver en las presentaciones de los líderes del norte global, el tono dominante no fue el optimismo por la globalización democratizadora de décadas pasadas, sino el de la gestión del riesgo a nivel local-regional, la resiliencia selectiva y delimitada a intereses de seguridad económica y la protección estratégica de intereses nacionales. Para quienes observamos estos debates desde el Sur Global, Davos nos da conclusiones claras: el comercio internacional ya no se concibe como un espacio neutral de integración transcontinental, sino como un campo de disputa de intereses que nos hacen recordar las relaciones entre el centro-periferia con jerarquías muy demarcadas por los condicionamientos climáticos, la geopolítica y la búsqueda de poder explícito.

Pero esto no es nuevo. Desde una perspectiva interdisciplinaria y global, en la que analizamos los fenómenos económicos, políticos y ambientales como procesos interconectados a escala internacional, este momento puede entenderse como una coyuntura crítica (critical juncture), en la que decisiones políticas y económicas adoptadas en el corto plazo tienen el potencial de reconfigurar de manera duradera las trayectorias institucionales, comerciales y de poder entre regiones. Esta reconfiguración fue curiosamente muy bien analizada por académicos preocupados por los límites ecológicos del crecimiento y la concentración del poder económico. Desde entonces se anunciaba el riesgo “futuro” de una neofeudalización del orden global que aparentemente se ha acelerado en estos últimos años.

Límites ecológicos y el fin del comercio “neutral”

El debate intelectual se remonta a los años setenta, cuando el Club de Roma cuestionó en 1972 la sostenibilidad de un sistema económico basado en la expansión material ilimitada. A partir de entonces, autores clave que estudiamos como el antiindustrialista Ivan Illich o el economista keynesiano E. F. Schumacher advirtieron en sus obras que los sistemas productivos intensivos en energía y capital generaban dependencias estructurales y erosionaban la autonomía de comunidades y economías periféricas.

Junto a ellos, desde la tradición del liberalismo económico clásico, economistas como Friedrich Hayek advirtieron desde la década de 1940 que la combinación de crisis, planificación centralizada y concentración del poder regulatorio tendría la inevitable capacidad de desembocar en una regresión institucional comparable a formas premodernas de dominación. En la obra Caminos de Servidumbre, Hayek sostuvo que, bajo contextos de emergencia (económica, social o ambiental), los Estados tienden a justificar una expansión del control sobre la producción, el comercio y la asignación de recursos, erosionando la competencia y sustituyéndola por relaciones de dependencia jerárquica. Desde esta óptica, la feudalización del siglo XXI no surge por exceso de mercado, sino por su supresión selectiva: cuando el acceso a energía, tecnología, financiamiento o mercados queda mediado por permisos, subsidios condicionados y alianzas político-corporativas, el sistema económico se transforma en un orden de vasallaje regulatorio, donde pocos actores “protegidos” concentran poder y el resto depende de su acceso. Junto a él, otro de mis favoritos, Milton Friedman, alertó que la sustitución de mercados abiertos por capitalismos administrados, incluso con fines supuestamente nobles como la seguridad o la “estabilidad”, conduce a estructuras rígidas y excluyentes. Según explicaba Friedman, cuando el comercio deja de operar bajo reglas generales y previsibles y pasa a organizarse mediante excepciones estratégicas, sanciones o aranceles, controles tecnológicos y proteccionismo selectivo, se consolida una economía de privilegios que recuerda más a un orden feudal corporativo que a un sistema competitivo en el cual los vasallos tienen las de perder. Desde esta visión clásico-liberal, la actual fragmentación del comercio internacional se está acelerando con la guerra comercial, políticas industriales altamente proteccionistas en el norte global y por regulaciones no armonizadas que están siendo disfrazadas como “regulaciones climáticas”; ante esto, corremos el riesgo de que se esté institucionalizando una jerarquía global donde centros económicos aseguran su resiliencia mediante poder normativo y coerción, mientras las periferias quedan atrapadas en relaciones de dependencia estructural, con movilidad económica limitada y escasa capacidad de decisión soberana.

En el primer cuarto del siglo XXI, estas advertencias se reflejan en un comercio internacional cada vez más condicionado por huellas ambientales, estándares regulatorios complejos y barreras técnicas disfrazadas de preocupaciones ambientales que afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global y a las economías emergentes . La crisis climática no solo redefine qué se comercia, sino quién puede hacerlo y en qué condiciones.

Escasez, poder y comercio como instrumento geopolítico

A finales de los años setenta, el  pionero en el movimiento medioambiental moderno William (Patrick) Ophuls planteó que la escasez ecológica conduciría al debilitamiento del liberalismo económico y a la emergencia de órdenes más jerárquicos y coercitivos (léase el autoritarismo tan popular entre las democracias occidentales), que él mismo calificó como “neomedievales”. Esta lógica es visible hoy en el uso del comercio como herramienta de poder estratégico con el apoyo de la población y en detrimento de los principios básicos protegidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La administración del gobierno estadounidense actual marcó un punto de inflexión al normalizar la “Guerra Comercial” (un término con una larga historía que empezó a aparecer en la prensa económica anglosajona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en contextos de proteccionismo arancelario entre potencias industriales). La versión actual, es una guerra comercial sin precedentes entre los países del norte global industrializados, basada en aranceles, sanciones y controles tecnológicos. Más allá de su liderazgo, este enfoque neoconservador consolidó finalmente en la práctica, la visión del comercio como mecanismo de dominación y alineamiento político que se había mantenido constante y tras bambalinas de grupos politicos y académicos estadounidenses desde el siglo pasado. El debilitamiento del multilateralismo comercial y la fragmentación de la OMC son consecuencias directas de este giro y su resultado acelera la feudalización global.

Cambio climático, regulación y nuevas jerarquías centro-periferia

Desde el Sur Global, los debates de Davos sobre transición verde y comercio “sostenible” revelan una tensión central. Si bien los líderes continúan reconociendo que los objetivos climáticos son legítimos, su implementación se ha debilitado reforzando las relaciones centro-periferia históricas mediante regulación asimétrica, ajustes en frontera y exigencias de diligencia debida sin que estas vayan acompañadas de financiamiento, transición justas, incentivos a la transferencia tecnológica y el factor clave del reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas.

Aquí resulta clave la aportación del sociologo y economista Ulrich Beck que explicó en los 80s que los riesgos ambientales se distribuían de forma desigual y que los actores (países y multinacionales) con mayor capacidad económica pueden comprar resiliencia, asegurar acceso a mercados y proteger sus cadenas de suministro; y que, por nuestra parte, los países periféricos, en cambio, internalizamos los costos de adaptación climática sin potencializar plenamente a los beneficios del comercio internacional. Este fenómeno ha sido reconceptualizado recientemente como feudalismo climático y explica cómo empieza a surgir en nuestra época un nuevo sistema global en el que la seguridad climática, económica y comercial se privatiza y concentra.

El comercio global como arquitectura neofeudal

Desde una lectura estructural que aún se está configurando, el orden comercial actual presenta rasgos inequívocos de neofeudalización:

  • Centros que definen nuevas normas, redefinen valores y que controlan tecnologías, finanzas y acceso a mercados.
  • Periferias obligadas a cumplir estándares crecientes, exportar recursos naturales y asumir riesgos climáticos.
  • Relaciones de realineamiento estratégico que sustituyen principios universales como la no discriminación y el trato especial y diferenciado.

Sobre esto, las advertencias ya se han venido acumulando desde hace décadas por ambientalistas y ecólogos como Richard Heinberg, científicos en inteligencia artificial como Raymond Kurzweil e incluso por urbanistas como Ramón Fernández Durán que no solo anticiparon que la crisis climática y energética del siglo XXI conduciría a procesos de refeudalización económica y social sino que alertaron de la velocidad en que estos cambios se realizarían. Lo que hoy se discute en Davos confirma que estas dinámicas ya no son teóricas.

El mundo que viene

Los debates de Davos muestran un mundo que se reorganiza alrededor del riesgo, la escasez y finitud de los recursos naturales y la acumulación de poder y reconfiguración de alianzas, más que de la cooperación regional y global. Desde el Sur Global, el desafío de los gobiernos será potencializar sus beneficios ante las crecientes amenazas climáticas y la fragmentación geopolítica que consolidará un sistema comercial jerárquico cada vez más claro.

La agenda que viene es un gran reto y requerirá que continuemos fomentando una visión del comercio internacional como herramienta de desarrollo y justicia ante estas nuevas condiciones geopoliticas, y no como mecanismo de subordinación. Las advertencias formuladas por intelectuales de distintas especialidades desde el siglo pasado nos deben servir hoy como un un marco indispensable para comprender —y disputar— el rumbo del orden económico global.

Referencias bibliográficas sugeridas

  • Ulrich Beck: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad
  • Club of Rome: Los límites del crecimiento
  • Raúl Prebisch: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas
  • Celso Furtado: Formación económica de Brasil
  • Ramón Fernández Durán: El inicio del fin de la energía fósil
  • Friedrich A. Hayek: Camino de servidumbre
  • Friedrich A. Hayek: La constitución de la libertad
  • Richard Heinberg: El pico de todo: despertando al siglo de los descensos
  • Ivan Illich: Energía y equidad
  • Ludwig von Mises: La acción humana: tratado de economía
  • Ludwig von Mises: Burocracia
  • Lewis Mumford: El pentágono del poder
  • William Ophuls: Ecología y política de la escasez
  • Marta Peirano: Contra el futuro: resistencia ciudadana frente al feudalismo climático
  • E. F. Schumacher: Lo pequeño es hermoso: economía como si la gente importara
  • Karl Polanyi: La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo
  • James C. Scott: Ver como un Estado: cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado
  • Wolfgang Streeck: Comprando tiempo: la crisis aplazada del capitalismo democrático
  • Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia
  • Daniel Yergin: El nuevo mapa: energía, clima y el choque de las naciones
  • Blog con más contexto del significado de las gráficas: McKenzie, B. Economía más allá de los límites de la Tierra

Salud no es ausencia de enfermedades, es bienestar

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En el curso del doctorado en Desarrollo Sostenible que estudio actualmente, explicaba el doctor Luján Lunsford cuáles eran los retos socioeconómicos y culturales de buscar soluciones a la situación de la salud en Guatemala. Muy claro fue su análisis para explicar que la salud no es ausencia de enfermedades. Especialmente, en países como Guatemala con tan compleja geografía, clima, cultura y sistemas económicos. De esta sesión sale este breve artículo para meditar.

La salud, tradicional e históricamente definida como la ausencia de enfermedad, es una interpretación estrecha que no logra captar ni la complejidad del bienestar humano ni el difícil recorrido humano de las ciencias de la salud que se han enfocado en enterrar pacientes. Particularmente en países tropicales como Guatemala, esta visión limitada pasa por alto la naturaleza multifacética de la salud. Un enfoque más integral considera factores que tienen al centro una visión de análisis global y de desarrollo sostenible. Estos factores deberían de analizar las interrelaciones de factores físicos, mentales, sociales y ambientales, reconociendo que la salud es una interacción intrincada de varios elementos que contribuyen al bienestar general de un individuo. Esta perspectiva holística es crucial para abordar los desafíos únicos que enfrentan las regiones tropicales, donde factores como el clima, las condiciones socioeconómicas y el acceso a la atención médica desempeñan un papel importante en los resultados de salud y en los subsecuentes estilos de vida que requieren del uso de productos químicos, fertilizantes y pesticidas que protejan los cultivos y permitan llevar los alimentos a las mesas de Guatemala y de Europa.

Una visión holística de la práctica del principio de Bienestar en el uso de la tecnología yasegurar beneficios económicos y a la salud de los humanos y del planeta

Los desafíos en los países tropicales

En Guatemala, el clima tropical crea un conjunto único de desafíos de salud, incluida la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue y que se han agravado con el surgimiento del Covid y sus variantes. Sin embargo, abordar estas enfermedades por sí solo no es suficiente para fomentar una población sana. ¿Pero qué es una población sana? Una definición común es la de “aquella que consigue disponer de bienes suficientes para sobrevivir y crece con el excedente que se genera entre lo que produce y lo no consume en mantenimiento, sino lo invierte en su crecimiento.”

Las altas tasas de desnutrición, el acceso limitado al agua potable y el saneamiento inadecuado también afectan significativamente la salud y dificultan identificar qué es una condición “normal” de salud humana. Además, las disparidades socioeconómicas exacerban estos problemas, dejando a las comunidades marginadas particularmente vulnerables y en la mayoría de los casos fuera de los indicadores y encuestas nacionales de condiciones de vida. Por lo tanto, un enfoque holístico de la salud en Guatemala debe abarcar una gama más amplia de determinantes, incluyendo no solo la nutrición, la educación y los servicios sociales sino la felicidad y la estabilidad emocional.

¿Pero qué es el bienestar?

El bienestar implica múltiples dimensiones, cada una de las cuales contribuye a la salud general de las personas y las comunidades. El bienestar físico es fundamental y abarca una nutrición adecuada, ejercicio y acceso a atención médica. Es un proceso intergeneracional de familias que han mantenido condiciones de buen vivir y les han asegurado visiones de vida en las que la enfermedad es resultado de situaciones excepcionales. La salud mental es igualmente importante y requiere sistemas de apoyo para el estrés, la ansiedad y otras afecciones psicológicas y la vida de bienestar implica un amplio cuidado por la salud mental como por la salud física.

El bienestar social implica la calidad de las relaciones y el apoyo comunitario, que son esenciales para la salud emocional y mental de forma continuada y retroactiva. La salud ambiental considera el impacto de las condiciones de vida, como el aire y el agua limpios, la vivienda segura y los espacios verdes. La estabilidad económica y las oportunidades educativas también desempeñan un papel crucial a la hora de permitir que las personas lleven una vida sana y plena.

Fotografía de un retiro de yoga ubicado en el lago de Atitlán, Guatemala

En estas condiciones, ¿qué requisitos deberían de cumplir nuestras sociedades para vivir en bienestar?

Crear una sociedad que promueva el bienestar integral requiere un enfoque multifacético. En primer lugar, es necesario fortalecer los sistemas de salud para brindar servicios integrales que vayan más allá del tratamiento de enfermedades e incluyan atención preventiva, apoyo a la salud mental y educación sanitaria. En Guatemala, esto significa mejorar la infraestructura de atención médica, capacitar a más profesionales de la salud y garantizar el acceso equitativo a los servicios en las áreas urbanas y rurales. Ir más allá de cuidar la salud por el afán de la salud no es suficiente y requiere de una planeación de largo plazo que permita construir las condiciones mínimas de bienestar intergeneracional. Esto implica la contribución estatal constante y enfocada en la reducción de las desigualdades y la construcción de sistemas de servicios públicos que construyan ambientes seguros, espacios verdes y zonas de reunión culturales y sociales.

Importancia de las políticas sociales y económicas

Las políticas sociales deben abordar las causas profundas de las disparidades en salud. Esto incluye implementar programas para combatir la desnutrición, mejorar el agua y el saneamiento y brindar educación y oportunidades económicas. Por ejemplo, los programas de nutrición comunitarios pueden ayudar a abordar la malnutrición, mientras que las inversiones en educación pueden dotar a las personas de los conocimientos y habilidades necesarios para mejorar su salud y sus medios de vida. Las políticas económicas deben apuntar a reducir la pobreza y proporcionar redes de seguridad social, asegurando que todos los ciudadanos tengan los recursos necesarios para mantener su salud. Repensando la salud, los hospitales deberían de dejar de funcionar como centros de captación de enfermos y convertirse en centros de integración social y de participación de la comunidad que sumen a un bienestar integral de las comunidades. En sociedades con mayor bienestar, es muy común ver hospitales rodeados de plazas, jardines y puntos colectivos de reunión y de transporte. El hospital en estos lugares se convierte en una institución de construcción social y no de obnulación y alienación como suele ocurrir con los hospitales que vemos se construyen aún hoy en día con altos muros, barrotes y territorios alejados del acceso de las personas “sanas”.

La salud en países tropicales como Guatemala no puede abordarse adecuadamente centrándose únicamente en la ausencia de enfermedades. Decir que quienes vivimos en estos países vivimos “sanamente” requiere de una comprensión y de un enfoque holístico que abarque el bienestar físico, mental, social y ambiental como factores esenciales para redefinir las condiciones en las que vivimos.

Al fortalecer los sistemas de salud, implementar políticas sociales y económicas integrales, involucrarnos más en nuestras comunidades y promover la gestión ambiental de los recursos naturales que compartimos, Guatemala puede crear una sociedad que apoye el bienestar integral y nos permita a todos prosperar en comunidad. Lograr esto no es difícil siempre y cuando se cuente con una voluntad comunitaria unificada en construir estas condiciones de vida. Lograr el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en general debe partir por construir sociedades que vivan realmente sanas y en bienestar.

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Agenda 2030: ODS11

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS, por sus siglas) tiene como meta que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Este ODS involucra se alcancen las metas de toda la Agenda 2030 en conjunto para asegurar que las poblaciones urbanas y en desarrollo de urbanizarse cumplan desde su diseño con ofrecer servicios públicos y privados accesibles para todas las personas, que sean diseñados para ser resilientes ante el cambio climático y que fomenten el uso sostenible de los recursos energéticos.

En países del sur global donde contamos con estados débiles y falta de acceso a recursos públicos para invertir. Se debe abordar la sostenibilidad como desafíos que requieren acciones desde distintas áreas y actores ya que se requiere de la cooperación del gobierno municipal y del gobierno nacional, de empresarios y ciudadanos y de los países donantes del norte global. Es muy importante que en Guatemala se adapten estrategias globales a nuestras necesidades específicas con poblaciones vulnerables, especialmente mujeres y niños de grupos indígenas, para conseguir una verdadera inclusión, participación comunitaria y desarrollo de capacidades en el lago plazo.

Retos para crear ciudades sostenibles en Guatemala:

  • Recursos limitados: Guatemala cuenta con pocos recursos financieros y capital humano preparado muy limitados para invertir en infraestructura, tecnología y prácticas sostenibles. Se requiere que el gobierno invierta más y mejor el erario público para crear planes sostenibles de largo plazo.
  • Infraestructura: la infraestructura inadecuada y obsoleta en Guatemala y la falta de sistemas de transporte público, limpieza y extracción de basura y el suministro de agua y energía para todos por igual es uno de los principales retos del país para conseguir crear entornos urbanos sostenibles y resilientes.
  • Urbanización: Guatemala ha tenido un inmenso crecimiento de su mancha urbana y desde hace algunos años más de la mitad de la población del país vive en zonas urbanas. Este crecimiento no se desarrollo a la misma velocidad que la infraesctructura y controles sanitarios adecuados. Como resultado, ahora necesitamos mejorar la infraestructura existente y reducir las condiciones de falta de suministro de agua, luz, insalubridad y hacinamiento en las zonas pobres y reducir la contaminación ambiental.
  • Asentamientos informales: Según la SEGEPLAN al 2014 había más de 250 asentamientos precarios donde habitaba casi un millón de personas. Estos sectores de la población no cuentan con viviendas sans y seguras yt ampoco con servicios públicos adecuados. Es vital que el gobierno establezca planes de formalización de estos asentamiento o reubicación de las poblaciones hacia sectores construidos con un plan arquitectónico sostenible y resiliente que permita evitar desastres naturales letales.
  • Débil gobierno: las estructuras de gobernanza y planificación urbana es muy débil por la falta de personal capacitado, la baja recaudación de impuestos y por la inmensa corrupción que afecta al país. Es necesario crear las condiciones para planificar un desarrollo urbano planificado y ordenado a largo plazo.
  • Cambio climático: los países pobres como Guatemala tienen la tecnología y conocimientos inadecuados para adaptarse a los impactos del cambio climático y proteger a la población antes de que los eventos climatológicos ocurran. Además, las construcciones pobres y sin las licencias adecuadas de construcción ponen en alto riesgo las zonas urbanas de todo el país. Las inundaciones, los huracanes y las sequías ocurren anualmente y el gobierno no cuenta con un plan adecuado de prevención con los recursos financieros suficientes.
  • Gestión de residuos y contaminación: desde el siglo pasado, Guatemala no cuenta con un sistema de recolección de residuos y desechos sólidos adecuado. Como resultado, la mayoría de los residuos y desechos son quemados o lanzados a barrancos, ríos y lagos. Y de los residuos que sí son recolectados, la red de transporte está controlada por un grupo informal y no se cuenta con la suficiente participación del Estado en la creación de sistemas de tranpsorte de residuos público. Además, el Estado no participa actualmente en la construcción y administración de plantas de reciclaje, incineración, compostaje y rellenos sanitarios controlados que son vitales para proteger el medio ambiente y la salud humana.
  • Acceso a agua limpia y sana: desafortunadamente Guatemala es uno de los pocos países que no ha legislado el acceso y protección del agua para la población. Sin esta legislación, el Estado ha fallado en asegurar el acceso a agua limpia y la creación de sistemas de drenaje para toda la población y empresas independientemente de su nivel de ingresos. Este es uno de los principales retos que Guatemala debe atender y solucionar.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.