De Keynes a Friedman

Los científicos tienden a indagar por respuestas cada vez más exactas y eficientes para la resolución de los conflictos que identifican en las teorías y postulados que predominan en sus campos. En la búsqueda por respuestas, las investigaciones que realizan los científicos pretenden describir la implementación de las teorías en la práctica y busca explicar cómo la investigación científica llega a conocer y explicar los procesos de la investigación. Al respecto, Thomas Kuhn se refería a estos procesos como paradigmas en los cuales existía un sistema de creencias y premisas que determinaban el actuar de la comunidad de científicos de una época. En ellos recaía partir del y en el paradigma y resolver preguntas a los problemas existentes para buscar nuevas soluciones que, potencialmente, dejarían a un paradigma vencido y caduco para dar vida a un nuevo paradigma científico.

Los descubrimientos realizados por los keynesianos ofrecieron respuestas que permitieron solucionar los efectos negativos de los ciclos económicos y la reducción en la demanda de los consumidores durante las crisis económicas. Además, esta revolución respondió a muchas preguntas que habían quedado sin resolver en la revolución ricardiana y los estudios de economistas marginalistas y neoclásicos en el siglo XIX. De la teoría de Keynes surgieron muchas propuestas económicas innovadoras y una de las más importantes fue la intervención del Estado mediante el gasto público como mecanismo de estimulación de la demanda agregada en momentos de crisis económica y sus impactos directos para reducir y eliminar el desempleo durante estos períodos. Esta propuesta, junto a los estudios de Keynes y sus colegas respecto a los problemas agregado de la economía, los efectos del desempleo y la falta de inversión, la reducción de la producción y del consumo y sus impactos en el ahorro.

Los temas anteriores, convirtieron a Keynes y sus colegas en los autores de las bases de la economía moderna y, como consecuencia de esta teoría revolucionaria, gobiernos en todo el planeta implementaron estas estrategias keynesianas de incremento del gasto público para estimular la producción, empleos e inversión en un mundo cada vez más globalizado. El éxito de la teoría parecía haber conseguido los más importantes avances en muchas décadas; sin embargo, en la misma teoría keynesiana se encontraban las razones por las que una contrarrevolución económica surgiría y debatiría el aparente éxito keynesiano refutando muchos de sus postulados.

La contrarrevolución económica del monetarismo surgió como un esfuerzo de científicos que crecieron y aprendieron de académicos de la generación de Keynes y buscaron demostrar, probar y refutar los postulados teóricos keynesianos enfatizando un problema que ni Keynes ni sus colegas pudieron resolver: el problema de la inflación. Ante esto, los monetaristas explicaban los efectos a largo plazo del gasto público keynesianos para estimular la demanda agregada y enfatizaba la necesidad de controlar el excedente de oferta monetaria que se creaba con el gasto público.

Sin embargo, el keynesianismo tenía vulnerabilidades teóricas a las que se sumó “la incapacidad de prescribir el antídoto efectivo contra la inflación y la sujeción de las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales de la ciencia económica a un liderazgo obsoleto.

El surgimiento de la nueva teoría monetarista resultó por la obvia irrelevancia que había alcanzado la ortodoxia económica al no tener respuestas a los problemas reales del momento y por el nuevo camino que creó la misma teoría keynesiana para que el monetarismo surgiera como una respuesta convincente. Independientemente de las refutaciones y nuevos descubrimientos teóricos realizados por la generación de Keynes y posteriormente por la generación de Friedman, una cosa es cierta, y ambas teorías fueron revolucionarias para resolver los problemas que el siglo XXI continuaría enfrentando para resolver las crisis económicas y establecer estrategias a nivel nacional que permitieran frenar, un poco, las crisis de la demanda, el desempleo y la inflación. El keynesianismo por su parte continúa siendo una teoría que explica y permite enfrentar las recesiones económicas y el desempleo de una mejor manera. Mientras que el monetarismo nos ofrece las soluciones más adecuadas para reducir la inflación que surge posterior a las crisis de demanda. 

Actualmente continúan existiendo problemas económicos y sociopolíticos que hacen mucho más complejo el análisis de los economistas y académicos que intentan buscar soluciones para los efectos de los ciclos económicos y no tenemos aún respuestas definitivas. Es más, estos complejos retos del cálculo económico se vuelven en el siglo XXI aún más complejos con el surgimiento de la inteligencia artificial y las amenazas al empleo que los países desarrollados están enfrentando luego de la reciente crisis de la pandemia Covid-19.  Tan solo en 2022, la industria de tecnología y sistemas digitales enfrentó despidos de casi un millón de empleados que, según explican analistas, serán reemplazados por la inteligencia artificial que sustituirá a estos humanos y realizará un trabajo muchísimo más eficiente y competitivo en términos de costos. Según el artículo publicado por Zippia.com, se calcula que de 2022 a 2030 se podrían perder 73 millones de empleos tan solo en Estados Unidos, equivalentes a 46% del total de empleos existentes en USA, que serán reemplazados por la automatización e inteligencia artificial en un proceso que se aceleró por la pandemia Covid-19. Sin duda, al respecto de estos temas ni Keynes o Friedman pudieron predecir lo que ocurriría en el futuro. Probablemente, estamos ante las puertas de nuevos descubrimientos que acabarán con ortodoxias económicas que, tal y como explica Johnson, deberán desafiar la vieja sabiduría en económica con un enfoque científico superior y estimar nuevas y desafiantes relaciones empíricas.

El Desarrollo y sus alternativas en América Latina

Los países del sur global han sido el escenario de experimentación para la implementación de políticas de desarrollo dirigidas desde una visión eurocéntrica sobre qué y cómo se implementaría el desarrollo sostenible. El desarrollo, entendido como un modelo a ser replicado en todos los países del sur, predominó en los discursos y propuestas internacionales y en su seno se presentaba el éxito de implementar la economía del desarrollo como el objetivo principal.

La propuesta se centraba en crear los mecanismos de largo plazo para asegurar el crecimiento económico y eliminar la pobreza de las poblaciones. Sin embargo, la crítica a estas propuestas, que no solían incluir en la discusión a actores de las ciencias sociales y biológicas, pronto abrió las puertas a un debate más amplio y enriquecido con datos, experimentos y hechos irrefutables que las ciencias naturales nos ofrecieron para la toma de decisiones sociales, políticas y económicas.

La imposibilidad de un desarrollo infinito en términos ecológicos, el impacto climático por y en el desarrollo, la necesidad de la inclusión social y la participación de actores discriminados en la toma de decisiones, entre otros factores, se sumaban a que el desarrollo económico que se proponía partía de una visión etnocéntrica que no tomaban en cuenta a las poblaciones indígenas, la mujer y las particularidades geográficas, culturales e históricas de las regiones del sur global que eran discriminadas de esta discusión.

Los impactos que las teorías del desarrollo económico tuvieron a lo largo de distintas épocas en América Latina fue muy variado y se enriqueció con propuestas nacidas en la región para integrar aspectos culturales de las cosmovisiones locales latinoamericanas a las que se sumaron visiones desde disciplinas científicas como la ecología o visiones sociales desde el feminismo e indigenismo. Asimismo, América Latina también participó de estas teorías al cuestionar con puntos de vista externos a la visión de desarrollo que los economistas buscaban recetarse y recetarnos para hacer del sur global la fuente de medios de producción y de mano de obra de un desarrollo que beneficiaba principalmente a las economías del norte.

Desde el siglo pasado, el proceso de búsqueda del desarrollo económico hizo que en América Latina el desarrollo se convirtiera en un sueño y, a la vez, algo a ser rebatido e incluso denunciado. Desde distintas ideologías y escuelas de pensamiento, activistas y políticos buscaron y continúan rebuscando críticas al desarrollo de países latinoamericanos moviéndose entre ideologías y puntos de vista extremos. En este proceso, América Latina ha sido la región donde se han creado formas únicas de implementación del desarrollo sostenible que apoyan el establecimiento de un Estado sólido que decida sobre los programas de desarrollo pero que, a su vez, fomenta el desarrollo de un capitalismo local competitivo y exportador en beneficio de una elite económica o étnica.

A esto se suma que, sin importar las ideologías reinantes, Latinoamérica ha pasado por un proceso de explotación de los recursos naturales con miras de acelerar el proceso del desarrollo justificando los impactos medioambientales de las industrias con el acelerado proceso de tecnología y la creación de riqueza que ha reducido velozmente la desigualdad económica de la región en el siglo XXI.

Dentro de este proceso, el siglo XXI ha visto un resurgimiento del populismo económico de economía mixta donde, El Estado nacionaliza algunas industrias extractivas y reinvierte las ganancias en el desarrollo socioeconómico mientras que, a su vez, el Estado fortalece las instituciones que protegen a la elite capitalista para crear una industria exportadora que acelere el crecimiento económico y salarial. Como respuesta, muchos de los movimientos ecológicos y ambientalistas no han tenido el impacto en la legislación y gobierno como sí lo han tenido en países del norte global dado que el discurso ambientalista de muchos de estos movimientos continúa siendo poco popular entre las clases medias y pobres dado que su objetivo central se enfocaba en detener el desarrollo económico ante la acelerada escasez de recursos naturales y el impacto medioambiental que la industria tenía acelerando el cambio climático de origen antropogénico.

Sobre esa visión anti desarrollista que surgió en el norte global e impactaría con menor medida en América Latina, el analista uruguayo Eduardo Gudynas presentó una lectura sistémica de esta situación a la que identifica como la “ideología del progreso”. Sobre esta ideología, Gudynas explica que en América Latina su impacto en la política y economía de la región ha pesado desde los años 90s con mayor medida debido al surgimiento de pensamientos más extremos del neoliberalismo y el conservadurismo, al igual que con sus opuestos entre políticos izquierdistas y estatistas. Esta ideología, apegada a lo “irracional y emotivo” tuvo un fuerte impacto en la agenda ambientalista de la región debido al enorme poder que desde los años 1960, los líderes neoliberales promovieron un progresismo veloz que rechazaba los impactos medioambientales del progreso y que no asignaba un rol protagónico a los actores subordinados (campesinos, indígenas, pobres rurales y urbanos, mujeres, niños, entre otras poblaciones).

Como respuesta a esta idea del progreso acelerado, que ignora la escasez de los recursos y el impacto ambiental del desarrollo, surgiría un movimiento “posdesarrollista” que abordaba el desarrollo desde una perspectiva que cuestionaba las instituciones del Estado y las prácticas de sus políticos. En América Latina, se empezó a cuestionar el éxito o fracaso de los objetivos del desarrollo ante una región que vivía en la pobreza aún y a pesar de que el resto de países del norte alcanzaba los ODS, cuestionaba los programas de ayuda y su lento avance para reducir las brechas socioeconómicas, criticaba las acciones de planificación a través de organizaciones internacionales y bancos globales para endeudar a la región sin que se invirtiera en un desarrollo sostenible y cuestionaba la misma institucionalidad creada desde el norte y sin haber tomado en cuenta la participación de los pueblos originarios en la creación de las leyes y constituciones de cada país.

El debate latinoamericano actual de la búsqueda del desarrollo se centra en la implementación de “alternativas al desarrollo” que permitirían reenfocar la discusión de las políticas públicas e institucionales en la creación de nuevos marcos conceptuales y de nuevos ordenamientos sociales, económicos y políticos que anteriormente se definían simplemente como desarrollo.

El posdesarrollo en Latinoamérica se presenta como una visión a las racionalidades de los pueblos originarios, su idea del progreso y sus propias ideologías que, mezcladas con el izquierdismo o el capitalismo del norte global son la fuente de soluciones a los problemas locales y de cada país. Esto es a su vez, una respuesta a la modernidad misma que, desde una visión universalista del norte global, conseguía presentar una visión lineal del progreso. Así, indica Gudynas en su ensayo, el posdesarrollo surge como respuesta a visiones de políticos y presidentes como los izquierdistas Rafael Correa y Alan García, que creían que la tarea del progreso en América Latina era “civilizar” tanto a los “salvajes” como a las áreas silvestres y calificaban a los indígenas de sus países como “atrasados” que impiden el desarrollo”.  Junto a ellos y de manera semejante, muchos otros políticos con ideologías tanto de izquierda o derecha veían y siguen viendo el desarrollo como algo ajeno de la agencia de los pueblos originarios y de las sociedades mestizas latinoamericanas.

Ante las alternativas al desarrollo y los recientes acontecimientos sociopolíticos, se presenta una visión que continúa considerando el desarrollo como progreso y que empieza a entender qué no hay un solo camino o ruta a seguir, sino que, existen distintas visiones sobre cómo avanzar.

Ante tantas y tan diversas visiones sobre el desarrollo y cómo América Latina participa de esta, la cuestión del desarrollo continuará al centro de las discusiones y nos queda como tarea continuar analizando las implicaciones que los “desarrollos alternativos” y las “alternativas al desarrollo” planteados por distintos académicos transforman las políticas públicas en América Latina y el resto del sur global para construir verdaderos caminos, alternativos, al desarrollo sostenible.

El debate sin fin de la economía del desarrollo

El debate sobre la economía del desarrollo y los mecanismos utilizados por distintos países del mundo para alcanzar el crecimiento económico de sus poblaciones ha tenido distintas fases de implementación en los países del norte y sur global.  Las acciones tomadas por los gobiernos para incrementar la riqueza de la población, asegurar mejores condiciones de vida para los más pobres y establecer las bases para un desarrollo de largo plazo han sido discutidas por académicos que, inspirados por sus épocas, proponían la intervención del Estado para fortalecer el crecimiento o la retirada del estado y la liberalización de la mano invisible del mercado. La discusión sobre qué es la economía del desarrollo y cómo se debería de implementar continúa siendo discutida por los principales académicos e instituciones internacionales que, desde sus contextos históricos y sociales, evaluaron las causas del desarrollo económico en países y regiones que involucraron a distintos actores políticos y sociales para construir planes de largo plazo. A lo anterior, se ha sumado la profundización en el análisis histórico de distintos eventos políticos y económicos que, controlados a nivel local por buscadores de rentas y estados patrimonialistas, impidieron la creación de sociedades más desarrolladas, equitativas y con una mayor certeza jurídica.

El progreso económico de los países por sí mismo no ha servido para generar la receta del progreso que distintos académicos de las escuelas del libre mercado promovieron durante el siglo XX. A este progreso, le hacía falta la intervención de un estado con instituciones sólidas que permitiera el desarrollo a largo plazo de gobiernos estables, empresas privadas sólidas y facilidades para la exportación e importación de bienes. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el rol del Estado creció una vez más. Las visiones keynesianas en el manejo de las economías promoviendo un desarrollo veloz que permitió la recuperación de las economías afectadas por la guerra se revitalizó y se establecieron en conjunto con el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, los sistemas económicos globales que permitirían la intervención de los gobiernos nacionales en la inversión internacional. El objetivo de la época fue apoyar el desarrollo de naciones del sur global mediante inversiones y emisión de deuda para los países que se habían quedado atrasados en la brecha del desarrollo como resultado de un pasado colonialista y patrimonialista por sus instituciones débiles, economías locales en las que no existía un estado activo y con condiciones de desarrollo humano de salud, educación y vivienda deficientes. Sin embargo, durante más de veinte años, de 1944 a la década de los 70s, la búsqueda de un mayor desarrollo económico global que permitiera la reducción de las brechas entre los países más ricos y los más pobres no mejoró con las recetas que implementaros los técnicos de esas épocas. Los fundamentos de la teoría del desarrollo que se basaban solamente en ofrecer propuestas para acelerar la industrialización, incrementar la acumulación de capital para invertir, creación de una base de empleados asalariados y la planificación estatal de la economía demostraron no ser suficientes para eliminar la pobreza.

Como respuesta a lo ocurrido en las crisis financieras de la década de 1970, durante los años de 1980 a 2000 se observó el resurgimiento de visiones de libre mercado de autores centrales como Hayek y Friedman que inspiraron y se popularizaron con los gobiernos de países del norte global liderados por Reagan y Thatcher en Estados Unidos y el Reino Unido, respectivamente. La década de los años 80 observó un resurgimiento del libre mercado y la reducción del rol del Estado en la intervención de la economía con el objetivo de crear mayor riqueza y permitir que las reglas de la mano invisible del mercado realizaran los ajustes necesarios para reducir la pobreza, crear ingresos para el fortalecimiento de las empresas y fomentar el desarrollo de la economía global. Desafortunadamente, esta receta tampoco fue suficiente para promover un desarrollo global más equitativo y reducir la pobreza de los países que seguían resabiados en el proceso de creación de economías sostenibles y desarrolladas. En especial, este liberalismo en países con economías patrimonialistas o de “capitalismo de amigos” donde solamente resulto en un incremento de los privilegios que se otorgaba a un minúsculo grupo de la elite y, además, no tenía interés en desarrollar instituciones sólidas que protegiesen los derechos de todos los ciudadanos, la mejora del bienestar social ni la protección del capital humano como roles centrales de un estado desarrollado.

En la revisión histórica de estas teorías en el siglo XX y cómo influyen en nuestra época debemos prestar especial atención a los efectos que la implementación de políticas económicas y estatales desde los países del norte global hacia las periferias con el objetivo de que se implementaran políticas proteccionistas desde el estado hacia sus habitantes y que se enfocaran en la inversión y mejora de las condiciones de vida de la población en general. Junto a estas inversiones, se suma como indispensable según los tomadores de decisiones en el fomento de la economía de desarrollo, la participación del estado en la creación de las estrategias de desarrollo que permitan a los capitalistas locales crear empresas de exportación de bienes y servicios con valor agregado y el rol que juegan las instituciones de un estado para dar seguridad y certeza jurídica a estos inversores locales e internacionales.

Casi un siglo después de que se implementaran distintas visiones de creación de economías desarrolladas por quienes creían en la necesidad de un estado fuerte y proteccionista versus aquellos que creían en los mecanismos invisibles del mercado como las mejores formas de crearla, seguimos aún en difíciles condiciones de desigualdad y pobreza que separan a los países del norte y sur global.

Como agudamente explica el economista Dani Rodrik, “la historia, el poder político y los grados de desigualdad de una sociedad son ahora relacionados con las características de la economía y la calidad de las instituciones”. En esta frase se resume en gran parte las preguntas que al día de hoy siguen sin responderse sobre el debate de la economía del desarrollo. Por una parte, se presenta una historia de las distintas acciones implementadas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo humano en las últimas décadas. Y, también, resume las fallas y omisiones repetidas una y otra vez por los gobiernos que tomaron decisiones económicas y de gobierno aisladas de un análisis de la historia de cada país y región, de sus condiciones culturales y políticas, de la desigualdad local y la herencia postcolonial, de factores geográficos y naturales que han determinado la riqueza de las naciones y, últimamente, los análisis necesarios de la vulnerabilidad al cambio climático que sufren algunos países por encima de otros, entre otros factores.

El debate continúa, y como líderes tenemos la responsabilidad de aprender las lecciones de los distintos momentos por los cuales la economía del desarrollo y la emergencia de distintos estados desarrollistas han pasado. Aún siguen existiendo muchas preguntas que deben ser respondidas por cada país en la creación de instituciones que permitan cerrar la brecha de ingresos entre los países ricos y pobres y que, como explicó Robert Lucas en 1988, “estas brechas deben ahora incluir acciones que también estén encaminadas a ser sostenibles ambientalmente, disminuir las desigualdades y conquistas las libertades individuales.”

Ante esta visión, el estado desarrollista del siglo XXI, involucrará cada vez más factores de análisis económicos a nivel local y regional, mejores sistemas de indicadores y estadísticas nacionales, fortalecimiento de instituciones y estados sólidos para reducir el poder de las plutocracias y el corporativismo, un mayor rol proteccionista del estado para mejorar las condiciones del capital humano y asegurar la protección de la propiedad privada y la certeza jurídica de las inversiones capitalistas en un mundo globalizado.

El Presupuesto y el poder de la corrupción

Ninette Grosjean, nuestra profesora de Pensamiento Político en la Universidad Francisco Marroquín solía decirnos todo el tiempo parafraseando a Lord Acton “¡cuidado jóvenes que el poder corrompe…!” Esa frase que decía, proféticamente, parece haber caído en oídos sordos de muchos colegas marroquinianos que actualmente ocupan una curul en el Congreso de la República de Guatemala. El poder corrompe a todo aquel cuyos principios no están firmes y que, anteponiendo sus intereses irracionales, satisface solo sus necesidades y no las de las personas que lo eligieron. La votación a favor del Presupuesto 2021 es un claro ejemplo de esta corrupción.

El Presupuesto fue aprobado de urgencia nacional con 115 votos a favor de manera opaca, contenía omisiones y anomalías graves y otorgó más espacios para la venta de favores y corrupción. En su redacción final, se aprobaron 99 mil 700 millones de quetzales y, junto con el Presupuesto, se aprobaron dos préstamos que suman 4 mil 908 millones de quetzales.

InstituciónVigente 2020Aprobado 2021Diferencia
Presidencia231225-6
Ministerio de Relaciones Exteriores597.7601.53.8
Ministerio de Gobernación5994.85901.9-92.9
Ministerio de Defensa2646.52630-16.5
Ministerio de Finanzas381.2375-6.2
Ministerio de Educación17783.518690.1906.6
Ministerio de Salud9823.29909.686.4
Ministerio deTrabajo802.2753.6-48.6
Ministerio de Economía2803.4442.7-2360.7
Ministerio de Agricultura1765.41703.8-61.6
Ministerio de Comunicaciones6777.48713.21935.8
Ministerio de Energía y Minas8195.214.2
Ministerio de Cultura y Deportes623588.5-34.5
Ministerio de Ambiente142.3185.643.3
Ministerio de Desarrollo7509.11462-6047.1
Fuente: tabla elaborada por Soy502. shorturl.at/fjFSX

Ese Gasto se financiará con Ingresos Tributarios por Q63 mil millones, dejando un déficit de deuda interna por Q24 mil 157 millones que se contratará con la venta de Bonos del Tesoro en bancos locales y con Préstamos internacionales por Q6 mil 915 millones. En total, el déficit presupuestario y los dos préstamos aprobados sumarán 35 mil 980 millones de quetzales que el Estado no tiene y el pueblo deberá pagar con altos intereses en las próximas generaciones.

Esa deuda representará unos 2 mil 85 quetzales por cada guatemalteco considerando que habemos 17.25 millones de habitantes en el país. Casi un salario mínimo de cada persona viva en el país servirá tan solo para pagar el déficit de un año del Presupuesto.

Como liberal con conciencia social siempre he tenido una preocupación con los déficits gubernamentales excesivos y el efecto de la deuda acumulada que podría llevarnos entornos financieros inestables y una calidad de vida devaluada para las generaciones futuras. En el caso de nuestro Presupuesto esto es  aún más preocupante pues el mismo no fue elaborado pensando en sacarnos de la crisis actual causada por la pandemia de Covid-19 sino que, además, no ha sido elaborado pensando en inversión para el desarrollo y la reestructuración del Estado en aras de una reducción de sus gastos administrativos y burocráticos. El Presupuesto 2021 incluso aumenta 215 millones de quetzales para gastos de alimentación de corruptos y la construcción de un edificio más para el Congreso y otorga 13 millones de quetzales para el mantenimiento del parasitario Parlamento Centroamericano que debería de desaparecer.

Nuestro país requiere de un comportamiento fiscal más responsable mediante el control del gasto deficitario y la acumulación de deuda. Para esta discusión la Escuela Austriaca ha dado importantes aportes a la discusión respecto al análisis del déficit desde este ángulo de escasez y coordinación en el mercado. El primero en hacerlo fue Ludwig von Mises que refutó la viabilidad de una economía socialista y le siguió Friedrich Hayek y Murray Rothbard con sus análisis de la estructura de las fuerzas de coordinación del mercado que son el sostén de la ley de la Oferta y Demanda y del proceso de establecimiento de precios en el mercado.

Las fuerzas son los procesos y toma de decisiones de mercado que coordinan la actividad entre ahorrantes e inversionistas y consumidores y productores. En conjunto, todas estas fuerzas macroeconómicamente se sustentan en un principio fundamental: el ahorro de recursos escasos.

Sabemos que el denominador común de toda actividad económica es el hecho de que el hombre actúa de forma racional en la mayoría de las ocasiones y que los agentes del mercado individuales emplean ciertos medios para alcanzar fines preferidos. Los individuos, que poseemos escalas de utilidad subjetivas y escatológicas, utilizamos los escasos medios de producción para fines específicos que elegimos en base a nuestros deseos y necesidades. Los individuos a nivel micro, lo hacemos para intentar eliminar una necesidad o malestar y conseguir una mejor situación a la que teníamos anteriormente.

El proceso continuo de asignación de recursos en toda la sociedad es simplemente un agregado del cálculo continuo que tiene lugar de forma individual entre los 17 millones de personas que vivimos en este país y que, a su vez, afectado por las decisiones que toman los habitantes en todo el mundo. Estas acciones individuales se coordinan a escala macroeconómica mediante el proceso de fijación de precios con la oferta y demanda y mediante la división del trabajo. Así, los empleados son recompensados con un salario y los productores son recompensados ​​o castigados con ganancias o pérdidas.

Así, los efectos que tendrá el impacto del gasto público del Presupuesto de Guatemala solo pueden evaluarse adecuadamente en el marco de la coordinación del mercado y cómo la inversión socializada deberá ser justificada para que los resultados de la inversión sean mejores que el resultado que se habría producido si esos mismos recursos hubieran sido economizados por los individuos en el mercado. El incremento cada año de los gastos operativos y administrativos del aparato burocrático en Guatemala que no servirá mejorar la situación de la sociedad guatemalteca no se justifica desde el análisis de la economía de mercado.

El gobierno no se enfrenta a las mismas limitaciones ni a las mismas motivaciones cuando gasta tal y como nos ocurre a los empresarios y asalariados en el mercado. Siguen aprobando presupuestos deficitarios que no van enfocados en mejorar la vida de los guatemaltecos y en asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de cada uno de los entes de gobierno. El país es cada vez más pobre, cada vez más vulnerable al cambio climático, cada vez más presa de la impunidad y corrupción por capitalistas irracionales e sin ética y no contamos con un plan de fomento al desarrollo empresarial fundamentado en la cero tolerancia con la corrupción.

El gasto público del Estado no es un método para mejorar la economía del país, ni es un método para emplear recursos supuestamente inactivos. El resultado del gasto público es la pérdida de oportunidades y, una vez más, el costo es la ganancia que se habría producido si se hubiera permitido la economización menos el resultado del gasto público. Desafortunadamente, el gasto público causa más daño que bien porque redistribuye los medios de producción hacia la consecución de fines, no solo  inferiores a los que como individuos dirigiríamos esa inversión privada, sino que estará redistribuyendo los escasos medios de producción para alimentar a un grupo de corruptos, que vende prebendas corruptas, en oficinas de gobierno corruptas y que enriquece a personas privadas corruptas que, con los millones que han robado, pueden escapar a vivir a Miami y vivir y pagar fianzas en efectivo sin quedarse un centavo más pobres por tanto dinero corrupto que robaron del país. ¡Guatemala, Basta ya!

Decida con Objetividad

Estamos a días de las elecciones generales y los sentimientos y emociones empiezan a confundirnos. Las campañas negras aparecerán y el morbo que genera la indecisión de repensar hasta el último minuto nos invade. No obstante, es en estos momentos cuando más objetividad debemos de tener.

La filósofa Ayn Rand, escribió mucho sobre la toma de decisiones racionales e irracionales. Criticó durante toda su vida que los hombres eligieran políticos corruptos e injustos y que, incluso, votáramos a favor de candidatos que explícitamente han dicho que no respetarán los derechos de los ciudadanos.

En las palabras de Rand, el derecho al voto es parte central de un sistema social libre, y su valor depende de la estructura constitucional que implemente y delimite estrictamente el poder de los votantes. En Guatemala, tenemos un sistema republicano de elecciones y tan importante como el voto que daremos a la papeleta de Presidente y Vicepresidente, será la elección que hagamos en las papeletas para Diputados.

En teoría, en Guatemala tenemos un sistema de gobierno representativo. Este gobierno se basa teóricamente en el principio de que el hombre es un ser racional y qué, como diría Rand, somos capaces de percibir los hechos de la realidad, evaluarlos, formar juicios racionales, tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de los mismos. En teoría, porque desafortunadamente durante las últimas elecciones los políticos que hemos elegido han mostrado ir en contra de nuestros intereses racionales.

Las elecciones que tendremos el domingo serán el instrumento mediante el cual los guatemaltecos elegiremos de nuevo representantes y los autorizaremos para que nos representen en el gobierno.

Votar es un derecho derivado de nuestra libertad de acción y de nuestro derecho a la vida. Rand explicaba que los niños no pueden votar porque aún no han adquirido los conocimientos necesarios para formarse un juicio racional sobre cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque la posesión de una facultad racional no garantiza que un hombre la usará, solo que puede usarla y, por lo tanto, es responsable de sus acciones hasta que es capaz de evaluarlas en base a un código de ética propio.

Este domingo debemos votar objetivamente con las herramientas de la razón: hagamos un proceso de identificación e integración basado no en percepciones y opiniones sino analizando la evidencia de lo que cada candidato ofrece y es capaz de darnos. Votemos por quienes defienden nuestra libertad individual y nuestro derecho a ser felices, por quienes nos permitirán buscar nuestra felicidad libremente. Votemos por quienes respeten nuestra independencia y no busquen limitar nuestras acciones privadas ni busquen decirnos a quién podemos o no podemos amar. Votemos por quienes respeten a todos los individuos por igual y por quienes nos ofrezcan un gobierno que cumplirá con sus obligaciones constitucionales, incluyendo las obligaciones en temas de derechos sociales. Votemos por un gobierno que esté dispuesto a repensar el gobierno y que esté abierto a revisar nuestra Constitución para corregir las fallas que en la misma existen y para que podamos construir una república más limitada y basada en leyes abstractas y generales donde todos seamos libres de buscar la felicidad.