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Feudalismo climático en el nuevo orden global

Esta semana se reunieron los jefes de Estado, CEOs y organismos multilaterales en el World Economic Forum de Davos para debatir sobre los cambios globales. Los debates giraron en torno a la fragmentación del comercio, seguridad económica, la necesidad de continuar la transición verde y la complicada reconfiguración de las cadenas globales de valor. Como se pudo ver en las presentaciones de los líderes del norte global, el tono dominante no fue el optimismo por la globalización democratizadora de décadas pasadas, sino el de la gestión del riesgo a nivel local-regional, la resiliencia selectiva y delimitada a intereses de seguridad económica y la protección estratégica de intereses nacionales. Para quienes observamos estos debates desde el Sur Global, Davos nos da conclusiones claras: el comercio internacional ya no se concibe como un espacio neutral de integración transcontinental, sino como un campo de disputa de intereses que nos hacen recordar las relaciones entre el centro-periferia con jerarquías muy demarcadas por los condicionamientos climáticos, la geopolítica y la búsqueda de poder explícito.

Pero esto no es nuevo. Desde una perspectiva interdisciplinaria y global, en la que analizamos los fenómenos económicos, políticos y ambientales como procesos interconectados a escala internacional, este momento puede entenderse como una coyuntura crítica (critical juncture), en la que decisiones políticas y económicas adoptadas en el corto plazo tienen el potencial de reconfigurar de manera duradera las trayectorias institucionales, comerciales y de poder entre regiones. Esta reconfiguración fue curiosamente muy bien analizada por académicos preocupados por los límites ecológicos del crecimiento y la concentración del poder económico. Desde entonces se anunciaba el riesgo “futuro” de una neofeudalización del orden global que aparentemente se ha acelerado en estos últimos años.

Límites ecológicos y el fin del comercio “neutral”

El debate intelectual se remonta a los años setenta, cuando el Club de Roma cuestionó en 1972 la sostenibilidad de un sistema económico basado en la expansión material ilimitada. A partir de entonces, autores clave que estudiamos como el antiindustrialista Ivan Illich o el economista keynesiano E. F. Schumacher advirtieron en sus obras que los sistemas productivos intensivos en energía y capital generaban dependencias estructurales y erosionaban la autonomía de comunidades y economías periféricas.

Junto a ellos, desde la tradición del liberalismo económico clásico, economistas como Friedrich Hayek advirtieron desde la década de 1940 que la combinación de crisis, planificación centralizada y concentración del poder regulatorio tendría la inevitable capacidad de desembocar en una regresión institucional comparable a formas premodernas de dominación. En la obra Caminos de Servidumbre, Hayek sostuvo que, bajo contextos de emergencia (económica, social o ambiental), los Estados tienden a justificar una expansión del control sobre la producción, el comercio y la asignación de recursos, erosionando la competencia y sustituyéndola por relaciones de dependencia jerárquica. Desde esta óptica, la feudalización del siglo XXI no surge por exceso de mercado, sino por su supresión selectiva: cuando el acceso a energía, tecnología, financiamiento o mercados queda mediado por permisos, subsidios condicionados y alianzas político-corporativas, el sistema económico se transforma en un orden de vasallaje regulatorio, donde pocos actores “protegidos” concentran poder y el resto depende de su acceso. Junto a él, otro de mis favoritos, Milton Friedman, alertó que la sustitución de mercados abiertos por capitalismos administrados, incluso con fines supuestamente nobles como la seguridad o la “estabilidad”, conduce a estructuras rígidas y excluyentes. Según explicaba Friedman, cuando el comercio deja de operar bajo reglas generales y previsibles y pasa a organizarse mediante excepciones estratégicas, sanciones o aranceles, controles tecnológicos y proteccionismo selectivo, se consolida una economía de privilegios que recuerda más a un orden feudal corporativo que a un sistema competitivo en el cual los vasallos tienen las de perder. Desde esta visión clásico-liberal, la actual fragmentación del comercio internacional se está acelerando con la guerra comercial, políticas industriales altamente proteccionistas en el norte global y por regulaciones no armonizadas que están siendo disfrazadas como “regulaciones climáticas”; ante esto, corremos el riesgo de que se esté institucionalizando una jerarquía global donde centros económicos aseguran su resiliencia mediante poder normativo y coerción, mientras las periferias quedan atrapadas en relaciones de dependencia estructural, con movilidad económica limitada y escasa capacidad de decisión soberana.

En el primer cuarto del siglo XXI, estas advertencias se reflejan en un comercio internacional cada vez más condicionado por huellas ambientales, estándares regulatorios complejos y barreras técnicas disfrazadas de preocupaciones ambientales que afectan de manera desproporcionada a los países del Sur Global y a las economías emergentes . La crisis climática no solo redefine qué se comercia, sino quién puede hacerlo y en qué condiciones.

Escasez, poder y comercio como instrumento geopolítico

A finales de los años setenta, el  pionero en el movimiento medioambiental moderno William (Patrick) Ophuls planteó que la escasez ecológica conduciría al debilitamiento del liberalismo económico y a la emergencia de órdenes más jerárquicos y coercitivos (léase el autoritarismo tan popular entre las democracias occidentales), que él mismo calificó como “neomedievales”. Esta lógica es visible hoy en el uso del comercio como herramienta de poder estratégico con el apoyo de la población y en detrimento de los principios básicos protegidos en la Carta de las Naciones Unidas.

La administración del gobierno estadounidense actual marcó un punto de inflexión al normalizar la “Guerra Comercial” (un término con una larga historía que empezó a aparecer en la prensa económica anglosajona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente en contextos de proteccionismo arancelario entre potencias industriales). La versión actual, es una guerra comercial sin precedentes entre los países del norte global industrializados, basada en aranceles, sanciones y controles tecnológicos. Más allá de su liderazgo, este enfoque neoconservador consolidó finalmente en la práctica, la visión del comercio como mecanismo de dominación y alineamiento político que se había mantenido constante y tras bambalinas de grupos politicos y académicos estadounidenses desde el siglo pasado. El debilitamiento del multilateralismo comercial y la fragmentación de la OMC son consecuencias directas de este giro y su resultado acelera la feudalización global.

Cambio climático, regulación y nuevas jerarquías centro-periferia

Desde el Sur Global, los debates de Davos sobre transición verde y comercio “sostenible” revelan una tensión central. Si bien los líderes continúan reconociendo que los objetivos climáticos son legítimos, su implementación se ha debilitado reforzando las relaciones centro-periferia históricas mediante regulación asimétrica, ajustes en frontera y exigencias de diligencia debida sin que estas vayan acompañadas de financiamiento, transición justas, incentivos a la transferencia tecnológica y el factor clave del reconocimiento de las responsabilidades diferenciadas.

Aquí resulta clave la aportación del sociologo y economista Ulrich Beck que explicó en los 80s que los riesgos ambientales se distribuían de forma desigual y que los actores (países y multinacionales) con mayor capacidad económica pueden comprar resiliencia, asegurar acceso a mercados y proteger sus cadenas de suministro; y que, por nuestra parte, los países periféricos, en cambio, internalizamos los costos de adaptación climática sin potencializar plenamente a los beneficios del comercio internacional. Este fenómeno ha sido reconceptualizado recientemente como feudalismo climático y explica cómo empieza a surgir en nuestra época un nuevo sistema global en el que la seguridad climática, económica y comercial se privatiza y concentra.

El comercio global como arquitectura neofeudal

Desde una lectura estructural que aún se está configurando, el orden comercial actual presenta rasgos inequívocos de neofeudalización:

  • Centros que definen nuevas normas, redefinen valores y que controlan tecnologías, finanzas y acceso a mercados.
  • Periferias obligadas a cumplir estándares crecientes, exportar recursos naturales y asumir riesgos climáticos.
  • Relaciones de realineamiento estratégico que sustituyen principios universales como la no discriminación y el trato especial y diferenciado.

Sobre esto, las advertencias ya se han venido acumulando desde hace décadas por ambientalistas y ecólogos como Richard Heinberg, científicos en inteligencia artificial como Raymond Kurzweil e incluso por urbanistas como Ramón Fernández Durán que no solo anticiparon que la crisis climática y energética del siglo XXI conduciría a procesos de refeudalización económica y social sino que alertaron de la velocidad en que estos cambios se realizarían. Lo que hoy se discute en Davos confirma que estas dinámicas ya no son teóricas.

El mundo que viene

Los debates de Davos muestran un mundo que se reorganiza alrededor del riesgo, la escasez y finitud de los recursos naturales y la acumulación de poder y reconfiguración de alianzas, más que de la cooperación regional y global. Desde el Sur Global, el desafío de los gobiernos será potencializar sus beneficios ante las crecientes amenazas climáticas y la fragmentación geopolítica que consolidará un sistema comercial jerárquico cada vez más claro.

La agenda que viene es un gran reto y requerirá que continuemos fomentando una visión del comercio internacional como herramienta de desarrollo y justicia ante estas nuevas condiciones geopoliticas, y no como mecanismo de subordinación. Las advertencias formuladas por intelectuales de distintas especialidades desde el siglo pasado nos deben servir hoy como un un marco indispensable para comprender —y disputar— el rumbo del orden económico global.

Referencias bibliográficas sugeridas

  • Ulrich Beck: La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad
  • Club of Rome: Los límites del crecimiento
  • Raúl Prebisch: El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas
  • Celso Furtado: Formación económica de Brasil
  • Ramón Fernández Durán: El inicio del fin de la energía fósil
  • Friedrich A. Hayek: Camino de servidumbre
  • Friedrich A. Hayek: La constitución de la libertad
  • Richard Heinberg: El pico de todo: despertando al siglo de los descensos
  • Ivan Illich: Energía y equidad
  • Ludwig von Mises: La acción humana: tratado de economía
  • Ludwig von Mises: Burocracia
  • Lewis Mumford: El pentágono del poder
  • William Ophuls: Ecología y política de la escasez
  • Marta Peirano: Contra el futuro: resistencia ciudadana frente al feudalismo climático
  • E. F. Schumacher: Lo pequeño es hermoso: economía como si la gente importara
  • Karl Polanyi: La gran transformación: los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo
  • James C. Scott: Ver como un Estado: cómo ciertos esquemas para mejorar la condición humana han fracasado
  • Wolfgang Streeck: Comprando tiempo: la crisis aplazada del capitalismo democrático
  • Joseph A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia
  • Daniel Yergin: El nuevo mapa: energía, clima y el choque de las naciones
  • Blog con más contexto del significado de las gráficas: McKenzie, B. Economía más allá de los límites de la Tierra

El ascenso de la derecha. ¿Cómo el giro hacia la extrema derecha en Europa impacta la globalización, la sostenibilidad y el comercio?

El giro hacia la derecha en las más recientes elecciones del Parlamento Europeo 2024-2029 (resultados provisionales al día de hoy) ha captado la atención de quienes trabajamos en temas de globalización, sostenibilidad y comercio internacional. Aunque en la extrema derecha europea aún existen algunos negacionistas del cambio climático, la realidad es que la mayoría de los partidos europeos de extrema derecha abogan por una forma de ambientalismo que está estrechamente vinculada al nacionalismo y al proteccionismo económico.

En los últimos meses, estos movimientos han ganado considerable apoyo entre las poblaciones más pobres y de clase media de las zonas urbanas y en países con un alto número de agricultores y en zonas que colindan con “fronteras calientes” cercanas a Ucrania o el Mediterráneo. Estos grupos, que han sido los más afectados por las crisis económicas, la guerra y la creciente inmigración se han visto también afectados por los estrictos estándares y regulaciones ambientales, así como por la creciente competitividad de las importaciones provenientes de Latinoamérica, Asia y África.

Ante esta situación, es previsible que un Parlamento con una mayoría de derecha no se oponga directamente a las políticas ambientales, sino que, por el contrario, las utilice como argumento para frenar la importación de productos de países agrícolas más competitivos en los trópicos. Con una mayoría en el Parlamento, las perspectivas y políticas de la derecha europea podrían ser las siguientes:

La Derecha en las prioridades de la economía y el comercio sostenible

La derecha europea, a diferencia de la derecha anti-ciencia del continente americano, suele caracterizarse por apoyar los esfuerzos locales de conservación y la independencia energética, al tiempo que se oponen a lo que consideran políticas verdes demasiado ambiciosas y económicamente dañinas que ponen más candados a las “inversiones verdes”. Por ejemplo, algunos de estos candados que rechazan en la derecha, son aquellos que “sobreregulan o limitan” el comercio; tal fue el caso de la recien aprobada Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilida (CSDDD) propuesta por el Pacto Verde Europeo. Esta Directiva que arrancó muy ambiciosa, terminó siendo aprobada con reglas más laxas y que impactaría en los bolsillos de un numero mucho menor de empresas grandes. Para la derecha europea, las políticas comerciales deben centrarse en el deseo de salvaguardar las industrias nacionales y promover acuerdos comerciales condicionales que se alineen con sus objetivos ambientales y económicos.

La Derecha y el comercio con América Latina y el resto del mundo

Los partidos de extrema derecha suelen favorecer políticas comerciales proteccionistas y en sus discursos a la candidatura por el Parlamento, prometían priorizar los intereses nacionales y sus cultivos y salarios. Esto se extiende a sus puntos de vista sobre el comercio internacional con regiones como América Latina donde ven un importante proveer de alimentos y granos, pero también ven una amenaza comercial que, en los últimos meses, llevó a que el tratado comercial con el Mercosur se detuviese.

Josep Borrel, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), dijo a comienzos del 2024 que “lamentablemente no tenía buenas noticias” sobre el tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur. Aunque los países sudamericanos estaban dispuestos a firmar el acuerdo, en Europa hubo una fuerte resistencia, especialmente en Francia, donde la derecha de Le Pen ganó abrumadoramente en las elecciones. En marzo, el presidente Emmanuel Macron ya temía la reacción de los agricultores, quienes enfrentarían una dura competencia con la agricultura altamente eficiente de Brasil y Argentina. Por estas razones, tres meses después, Macron tuvo que convocar a elecciones legislativas tras las aplastantes victorias de la derecha. La derecha europea prefiere acuerdos comerciales bilaterales que beneficien a las naciones europeas y muestra escepticismo ante acuerdos multilaterales más amplios, percibiéndolos como una amenaza para las industrias y empleos locales.

En esa misma línea, algunos líderes de extrema derecha, como los franceses del partido Rassemblement National -RN- de Marine Le Pen han sabido ganar adeptos entre los más pobres y los más ricos por igual. Este partido ha sido un muy activo propulsor de que los acuerdos comerciales deberían estar supeditados al compromiso de los países socios con los estándares ambientales, como las emisiones netas cero. Este enfoque tiene como objetivo alinear las políticas comerciales con sus objetivos ambientales y al mismo tiempo proteger los mercados internos. Como ven, en la derecha europea sí creen en los impactos del cambio climático y sí creen en la necesidad de metas de neutralidad de carbono siempre y cuando se obligue a ambas partes de los tratados a igualar sus estándares.

La Derecha y la sostenibilidad ambiental

Muy distinto a lo que ocurre con la derecha en América, son muchos los partidos de extrema derecha que han adoptado un concepto llamado “patriotismo verde” o “econacionalismo”. Estos partidos creen que es necesario preservar el medio ambiente y a la vez creen en la importancia del patrimonio nacional. Este enfoque critica los acuerdos climáticos internacionales y enfatiza los esfuerzos de conservación locales o mediante tratado bilaterales. Por ejemplo, la derecha francesa de Rassemblement National -RN- ha pasado de negar el cambio climático a promover la “Nueva Ecología”, que prioriza la protección ambiental local, que es xenófoba y que se opone de forma populista a las iniciativas climáticas internacionales a las que acusa de afectar a los “pequeños productores franceses”. Este discurso ha ganado mucho apoyo no solo en Francia sino también en los partidos de derecha en Alemania, Austria, Polonia e Italia.

Sobre el Pacto Verde Europeo, los partidos de extrema derecha se oponen en general al Pacto en su forma actual y consideran que, movilizados por el discurso populista que les ha dado tantos votos, debe mantenerse siempre y cuando no imponga más regulaciones y cargas económicas excesivas a los más pobres. Por ejemplo, apoyan la reversión de regulaciones ambientales estrictas y prefieren transiciones más graduales que no pongan en peligro la estabilidad económica. A su vez, apoyan un Pacto verde fomente políticas económicas nacionalistas que rayan en xenofobia para asegurar que se proteja indiscriminadamente a las industrias locales de los impactos negativos percibidos de las políticas climáticas y económicas globales. Esto incluye oponerse a políticas que, en su opinión, perjudican a las empresas europeas o conducen a precios más altos al consumidor.

Estas y muchas otras políticas reflejan que el Parlamento Europeo en los próximos años tendrá una clara tendencia hacia un enfoque más proteccionista y nacionalista en la gestión de los desafíos ambientales y económicos globales. Para el comercio desde América Latina y del resto de los países del sur global, se vendrán años de muchos retos ya que este nuevo Parlamento podría impactar significativamente en las exportaciones latinoamericanas hacia Europa. Algunas de las barreras a las que deberemos de poner atención son:

  • la implementación de políticas comerciales proteccionistas destinadas a salvaguardar las industrias locales.
  • el uso de nuevas regulaciones ambientales estrictas como argumento para imponer aranceles más altos o prohibiciones absolutas a los productos agrícolas de América Latina o Asia.
  • reducción del acceso al mercado de los exportadores latinoamericanos, particularmente en sectores como la agricultura y las materias primas en las que nuestra región tiene una inmensa ventaja competitiva y excelentes productos.

Oportunidades, desafíos y perspectivas a futuro de las políticas climáticas y energéticas de la UE

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La evolución de las políticas verdes en la Unión Europea muestra una clara tendencia hacia objetivos cada vez más ambiciosos y enfoques integrales. Inicialmente, la UE fijó objetivos relativamente modestos, como el Paquete 20-20-20 para 2020, que apuntaba a una reducción del 20% de las emisiones para 2030. Con el tiempo, estos objetivos se han vuelto más ambiciosos, como lo demuestra el Pacto Verde Europeo. (EGD), que establece objetivos como una reducción del 55% de las emisiones para 2035 y la neutralidad climática para 2050. Esta progresión pone de relieve el compromiso de la UE de reforzar sus políticas climáticas y energéticas con una perspectiva de largo plazo y alcanzar las metas que, como se observa en la siguiente gráfica, permitirán al continente cumplir sus compromisos globales.

Otra tendencia importante en las políticas climáticas y energéticas de la UE es la ampliación de su alcance para integrar consideraciones climáticas y energéticas en diversas áreas políticas. El EGD ejemplifica esto al colocar las preocupaciones ambientales y climáticas en el centro de las estrategias de desarrollo económico, en lugar de tratarlas como cuestiones separadas. Este enfoque integral refleja el principio de integración de políticas, asegurando que las políticas climáticas y ambientales estén entrelazadas con otros sectores.

Un aspecto crucial de la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE es su alineación con los compromisos internacionales y la influencia de los contextos globales. El EGD, por ejemplo, estuvo influenciado significativamente por acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y por la demanda pública de una acción ambiental más fuerte. Esta tendencia subraya la capacidad de respuesta de la UE a la dinámica climática global y su papel en el impulso de iniciativas climáticas internacionales.

Al considerar los acontecimientos recientes en la política climática de la UE, como el Pacto Verde Europeo, surgen varias oportunidades y desafíos. La crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, por ejemplo, llevó a la UE a reevaluar sus dependencias energéticas, lo que llevó a la creación del Plan REPowerEU. Esta situación pone de relieve una oportunidad para que la UE mejore su seguridad energética y diversifique sus fuentes de energía.

La eficiencia energética, particularmente en los edificios, presenta otra oportunidad importante. Los edificios representaron el 42% del consumo de energía en la UE en 2021, y los edificios residenciales tienen un potencial sustancial para mejorar la eficiencia energética que, desde la pandemia y la guerra con Rusia, ha incrementado el uso de energías renovables. Sin embargo, no todos pueden permitirse el lujo de renovar sus hogares, lo que enfatiza la necesidad de que la EGD apoye las mejoras en la eficiencia energética, especialmente para las poblaciones vulnerables. Abordar las ineficiencias en los sistemas alimentarios también representa un importante impulsor de la acción climática, dada su contribución sustancial a las emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de estas oportunidades, el EGD enfrenta varios desafíos. Un desafío importante es su naturaleza como estrategia de crecimiento, mientras que un enfoque de decrecimiento podría ser más eficaz para lograr una verdadera neutralidad climática. Además, el Mecanismo de Transición Justa dentro del EGD carece de fondos suficientes, lo que plantea una barrera para llevar los compromisos a la práctica y garantizar que nadie se quede atrás durante la transición.

Reflexionar sobre el desarrollo de la política climática de la UE ofrece una perspectiva mixta de esperanza y escepticismo. Por un lado, el EGD marca una mejora significativa con respecto a políticas anteriores al establecer objetivos a largo plazo, apuntar a la neutralidad de carbono e integrar consideraciones climáticas en varios sectores. La Ley Europea del Clima, que hace que estos compromisos sean jurídicamente vinculantes, es un logro notable. Sin embargo, la aplicación de la ley y el logro real de los objetivos del EGD siguen siendo motivo de preocupación. Muchas propuestas legislativas en el marco del Paquete Fit for 55 todavía están en proceso o incompletas, y el progreso en áreas críticas como la gobernanza, la electricidad y la transición justa es lento como se observa a continuación:

Además, sigue predominando la dependencia de instrumentos económicos y regulatorios, a pesar de algunos avances en medidas informativas y procesales. Para garantizar un cambio sustancial, es necesario un mayor énfasis en los instrumentos informativos y procesales, particularmente para aumentar la conciencia pública y permitir la rendición de cuentas.

Si bien el Pacto Verde Europeo representa un paso adelante significativo y ambicioso en la formulación de políticas climáticas y energéticas de la UE, también enfrenta desafíos e incertidumbres notables. Queda por ver si la UE cumplirá con éxito sus objetivos climáticos, pero la evolución de sus políticas hasta ahora ofrece una combinación de avances y áreas que necesitan mejoras adicionales.

Revisa que tu empresa cumple los requisitos de Diligencia Debida para combatir la Deforestación

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Aunque en América Latina, y específicamente en Guatemala, se han logrado grandes avances en reforestación en las últimas décadas, todavía enfrentamos importantes desafíos por delante en el resto del mundo. Ante este contexto global, la Unión Europea implementará el Reglamento de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) que busca analizar a partir del 1 de enero de 2025 la cadena de producción de siete productos:

  • café,
  • aceite de palma,
  • cacao,
  • madera,
  • ganado bovino,
  • caucho y
  • soya

El café, el aceite de palma, el cacao y la madera los principales productos afectados de la economía guatemalteca y estas industrias emplean casi un millón de trabajadores del agro anualmente. Como resultado, cientos de empresas productoras y agricultores guatemaltecos deberán asegurar el cumplimiento de requisitos de diligencia debida y garantizar que sus productos, que alimentan a los más de 450 millones de habitantes de la UE, son productos libres de deforestación.

Como se observa en la siguiente gráfica, Guatemala ha logrado grandes pasos para reducir la deforestación desde el año 2001 y se proyecta que, en los próximos años, el país habrá alcanzado niveles positivos de cobertura forestal gracias a las políticas implementadas por el CONAP e INAB en alianza con comunidades locales, empresarios y agricultores.

Desafortunadamente, en otras regiones del mundo la historia no ha sido igual de positiva como en Guatemala. Según la encuesta anual del Instituto de Recursos Mundiales, en el año 2022 la pérdida mundial de bosques ascendió a 4.1 millones de hectáreas (+10% versus 2021) como resultado de prácticas agrícolas no sostenibles. Como resultado, la deforestación ha puesto en riesgo los ecosistemas locales y contribuido a la aceleración del cambio climático del planeta. Para contribuir a este ritmo de deforestación, el EUDR europeo aspira a detener el ritmo de deforestación en línea con los compromisos firmados por los países del mundo en importantes eventos como las Convenciones de Río y muchos otros acuerdos y tratados firmados y ratificados por Guatemala desde el siglo pasado.

A pesar de que el reglamento EUDR de la UE marcará un paso muy importante para abordar este problema que lleva siglos de consumo lineal aún existen retos a nivel de gobierno y empresas que siguen sin una respuesta concreta respecto a la Diligencia Debida, Mapeo y Geolocalización, Capacitaciones y Procedimientos que las empresas deberán de cumplir y estar preparados para cumplir los nuevos requisitos para la producción y comercio internacional que permitan un flujo sostenible de los recursos y un mapeo de la información cada vez más sostenible.

Ejemplo de un Sistema de trazabilidad en una cadena de suministro agrícola

A continuación les comparto algunas recomendaciones que nos podrán prepararnos y priorizar acciones, mientras nos preparamos para cumplir con la diligencia debida de los productos mencionados en el Reglamento de Deforestación:

  1. Debido a que serán los operadores y comerciantes europeos los que deben demostrar que sus productos están libres de deforestación, es importante mantener una comunicación directa con ellos para preguntar por su conocimiento sobre el tema, informales que las empresa y los gobiernos de América Latina nos estamos preparando para cumplir los requisitos de normativa local vigentes en respeto de una larga lista de obligaciones comerciales, legales y civiles que se exigirán demostrar y presentar la evidencia requerida para demostrar que no se ha deforestado las áreas productivas versus el año 2020. Asimismo, este es aún un excelente momento para solicitar a los operadores sus dudas y preguntas para que los gobiernos locales en América Latina nos permitan consolidar respuestas alineadas y evitar que trabajo innecesario de parte de nuestras empresas.
  2. Debido a que las empresas en Guatemala estarán obligadas a recopilar las coordenadas geográficas de las parcelas de tierra donde se produjeron los productos, es importante solicitar a los gobiernos locales información respecto a qué sistemas nacionales se utilizarán para presentar las imágenes satelitales que verificarán la geolocalización.
  3. Evaluar amenazas, riesgos y mitigación a nivel empresarial es uno de los primeros pasos que las empresas deben realizar para identificar las brechas de mejora respecto a la trazabilidad de geolocalización o de legislación para solicitar, con tiempo, apoyo a los gobiernos locales y elaborar los planes de mitigación de riesgos que consideren necesarios.
  4. Las empresas latinoamericanas debe contribuir con sus gobiernos locales a generar datos estadísticos de protección forestal, reforestación y cumplimiento de prácticas comerciales sostenibles con el fin de elaborar documentación a nivel de país verificable, medible y de cumplimiento de las regulaciones internacionales y estándares altos de protección de los derechos humanos.
  5. Dado que las certificaciones internacionales como Rainforest Alliance, FSC, PEFC y muchas otras no serán aceptadas como evidencia de la diligencia debida y geolocalización según las autoridades europeas, es necesario que las empresas revisen la documentación que ya se presenta para cumplir estas certificaciones y que indaguen con sus gobiernos locales qué otros requisitos deben ser presentados. Lo anterior contribuirá a una mayor trazabilidad y acceso a información a nivel de parcelas de tierra que permitirá una mejor toma de decisiones en las cadenas de suministro para evitar la pérdida de bosques.
  6. Por último, a pesar de que la trazabilidad a nivel de plantas, beneficios de café o bodegas de exportación es un paso intermedio importante para lograr una trazabilidad total, el EUDR exige que las empresas rastreen los productos hasta su origen de cultivo y cosecha con coordenadas exactas a nivel de plantación. Esto requerirá que las empresas se reúnan con todos sus proveedores y trabajen en equipo para mapear las cadenas de suministro completas y se incluyan incluso los proveedores indirectos de productos, materias primas y empaques.

A ocho meses de que la UE empiece a exigir la diligencia debida y geolocalización de la producción de los productos que ingresan a su territorio, nuestras empresas deben continuar prestando mucha atención a la solidez y el alcance de los programas de trazabilidad y seguimiento que ya existen en sus empresas. Estos sistemas internos serán vitales para garantizarles cumplir con los requisitos de diligencia debida en todas las cadenas de suministro cubiertas por el reglamento y, como en el caso de Guatemala, contribuir a acelerar este camino de reforestación nacional que nos permitirá convertirnos en países que han dejado la deforestación como una cosa del pasado. La implementación de prácticas de economía circular es una gran oportunidad para que se fortalezca la colaboración entre proveedores, empresas, gobiernos y actores de la sociedad civil para asegurar que la producción de nuestros alimentos sea cada vez más sostenible.

Comparando los Modelos Políticos de Desarrollo entre Escandinavia y Centroamérica

Ya en el siglo XXI, las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países escandinavos y los centroamericanos parecían abismales y, para los planificadores sociales centroamericanos, casi imposibles de alcanzar. ¿Qué ocurrió detrás de este proceso de desarrollo exitoso en una región y lento y rezagado en la otra? Esa es quizás la pregunta central del estudio elaborado por (Abrahamson, 2007) en el estudio comparativo elaborado para ICEFI. En el estudio, se desarrollan capítulos específicos para tratar de forma comparativa los caminos e indicadores de desarrollo que Escandinavia (conformada por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia) recorrió y cómo Centroamérica (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se atrasó en ese camino de crecimiento durante el siglo XX.

Según explica (Abrahamson, 2007), ambas regiones debieron realizar un proceso de modernización durante los inicios del siglo XX para insertarse regional y nacionalmente a la era de la globalización económica y política y, en ambos casos, el rol que jugaron las elites económicas y políticas fue una pieza fundamental. Desde inicios del siglo pasado, los gobiernos y sus aliados fueron determinantes para establecer y consolidar un estado de bienestar sólido, amplio y que alcanzara a toda la población. Desafortunadamente, la historia de Centroamérica dista de esas metas abismalmente y el estado de bienestar que se intentó crear en las décadas de 1950 y 1960 no se consolidó e incluso se redujo en muchos de los países.

A pesar de tener grandes diferencias históricas y culturas, (Abrahamson, 2007) explica que Escandinavia era, al igual que Centroamérica, una región altamente agraria en la década de 1930 y que, debido a las acciones de sus elites, empezaron un veloz camino hacia el estado de bienestar que cambió el destino de la región para siempre. Mientras tanto, en Centroamérica, las décadas posteriores a 1930 fueron escenario para que coaliciones de la política oligárquica evitaran el surgimiento de una mayor cobertura de la seguridad social y educación pública mientras se protegieron los intereses de una industria monocultivista que requería una amplia base de mano de obra barata, poco o nada educada y que, en la mayor de las posibilidades, no requiriese de un estado con una mayor base impositiva ni de una modernización estatal que permitiese construir los caminos del desarrollo a largo plazo.

Junto a este poder político oligárquico jugó un rol importante el actuar de las clases medias y bajas en ambas regiones. En Escandinavia, las condiciones políticas locales e internacionales les permitieron tener una mayor libertad y democracia en sus gobiernos. Libertad y democracia que les permitirían tener un mayor peso en la toma de decisiones en congresos y parlamentos para construir un estado de bienestar amplio y en consenso con las elites económicas. Mientras que, en Centroamérica, el camino fue distinto debido a la injerencia de países que se enfrentaban en la Guerra Fría y Estados Unidos, principalmente, jugó un papel muy importante para fortalecer gobiernos militares, iliberales y poco democráticos, con la mira de evitar el surgimiento de países aliados a los intereses de la URSS.

Debido a la alianza entre una pequeña elite oligarca y un gobierno político militarizado con el apoyo y dominación de Estados Unidos, la creación de un estado de bienestar se vio completamente detenida a partir de la década de 1950. En ausencia de una sólida democracia entre las elites, la modernización se vio fuertemente debilitada ya que según explica (Abrahamson, 2007. p.16) “la presencia de estos movimientos democratizadores fue condición necesaria para un régimen político moderno, fuera éste un duro sistema militar (como en Guatemala y El Salvador) o una democracia progresista (como en Costa Rica)”. Por esta razón, a pesar de que Centroamérica sí inició un proceso de modernización política, no se establecieron las bases para mejorar la recaudación de impuestos, invertir en un amplio y robusto sistema de salud y de educación pública y mucho menos se fortalecieron los derechos laborales de trabajadores que no tenían voz ni voto en la toma de decisiones políticas. Aunado a esto, no se realizaron las acciones necesarias para incluir en este proceso democratizador y modernizador a las poblaciones indígenas en países como Guatemala y El Salvador ya que, desde el período colonial, estos pueblos servían solamente como factores de producción en una sociedad sin posibilidad alguna de movilidad vertical ni de acceso a la participación política plena que suele caracterizar a los sistemas de gobierno más democráticos. (Abrahamson, 2007) indica que la única diferencia observable respecto a la democratización de la política y la economía se observó en Costa Rica que, históricamente no contó con una industria monocultivista controlada por la oligarquía y que esta condición le permitió participar de formas de mercado más liberales en la industria agrícola y desde finales del siglo XIX, construir una competencia electoral que le abrió el paso a desarrollar un sistema plenamente democrático, desarrollar políticas de bienestar público y movilizar a las clases bajas y medias a participar junto con la burguesía dominante.

Un factor determinante de la gran diferencia existente entre Escandinavia y Centroamérica según explica (Abrahamson, 2007) ha sido la desigualdad en la distribución del ingreso que se redujo en el primero y que se mantuvo estática en el segundo. Como resultado de estas condiciones, a lo largo del s. XX Centroamérica observó cómo los índices de pobreza se mantenían y el riesgo de pobreza extrema aumentaba conforme los efectos del poscolonialismo seguían permeados en la sociedad. Las prácticas y políticas poscoloniales, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial desde las capitales mestizas y criollas, la rivalidad y dominación étnica, la distribución desigual de los recursos, las violaciones de los derechos humanos y la falta de presencia del gobierno en amplios territorios se siguen observando en Guatemala haciendo aún más difícil el desarrollo sostenible del país.

En Centroamérica es aún característico que el gasto gubernamental se enfoque en los centros económicos de los municipios y departamentos donde históricamente había una mayoría de población mestiza y criolla. Por lo anterior, no solo existe una baja inversión del gasto gubernamental en la creación de sistemas de salud y educación pública, sino que su distribución territorial es también desigual. Escandinavia por su parte, desde inicios del siglo pasado consiguió establecer una amplia participación de toda la población en la toma de decisiones y el gasto público se distribuyó de una forma más equitativa entre las zonas urbanas y rurales.

La riqueza actual de los países escandinavos resultó de un amplio pacto social que permitió a las elites políticas y económicas construir un estado de bienestar con amplias inversiones en salud y educación pública que con el paso de las décadas permitieron no solo crear empleos más capacitados y mejor pagados, sino otorgar a la población beneficios sociales característicos de un estado democrático con acceso a infraestructura y servicios a lo largo de los territorios y poblaciones. Por su parte, Centroamérica no logró consolidar un estado de bienestar que invirtiera en la creación de estas condiciones y poner un alto a las políticas coloniales de exclusión en beneficio de pequeños grupos de la población.


Referencia bibliográfica

Abrahamson, P. (2007). Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica.