El rol de las instituciones ante el Cambio Climático, los Estudios Globales y las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson

Los Estudios Globales fueron el campo de especialización que estudié durante mis maestrías en Alemania y Dinamarca hace más de diez años. En ese entonces, esta disciplina era aún difícil de explicar y entender, y a menudo enfrentábamos críticas debido a su enfoque interdisciplinario, que examina exhaustivamente procesos, sistemas y problemas globales con énfasis en la interconexión de las dinámicas económicas, políticas y sociales entre las naciones. Esto nos llevaba a complejas discusiones ad infinitum que a los académicos suele irritar. Con la reciente entrega del Nobel de Economía 2024 a Acemoğlu, Robinson y Johnson, en particular por su análisis de los marcos institucionales y su impacto en el desarrollo económico en Why Nations Fail, considero relevante compartir cómo sus ideas se alinean con los Estudios Globales. Estos académicos exploran el papel fundamental de las instituciones políticas y económicas en la configuración de las desigualdades entre países, y cómo estas instituciones resultan clave para enfrentar la crisis climática actual.

Las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson y de los Estudios Globales se alimentan de una gran diversidad de autores, perspectivas e ideologías y son complementarios por ramas muy importantes como la Teoría de los Sistemas Mundiales de Wallerstein, que considera al capitalismo global como un sistema que mantiene dependencias entre el centro y la periferia, reforzando las disparidades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Asimismo, el análisis de Marx del capitalismo y las luchas de clases ofrece perspectivas fundamentales sobre las estructuras económicas y las relaciones de poder que los Estudios Globales examinan, especialmente para comprender cómo el capitalismo global puede perpetuar las desigualdades. Juntos, estos académicos y muchos otros que se han especializado en territorios o ramas de las ciencias humanas más específicas, contribuyen a una comprensión integral dentro de los Estudios Globales de cómo los sistemas económicos globales y los factores institucionales influyen en las disparidades y dan forma al orden global.

En mi caso, mi especialización en el impacto que el cambio climático y la práctica de nuevos modelos económicos de comercio sostenible como la economía circular me han llevado a ver cómo fenómenos globales, han suscitado preocupaciones no solo en términos de sus impactos medioambientales, sino también en relación con sus efectos en la estructura y funcionamiento de las instituciones. Este artículo busca explorar la relación entre el cambio climático y las instituciones de forma breve y con temas que podrían tomarnos un libro entero para analizar. Asimismo, presentaré cuál es su rol dentro del contexto de la “big history” o “gran historia” que ha inspirado la ideología detrás de estos autores laureados al presentar una perspectiva histórica que sitúa los eventos humanos dentro de la vasta cronología del universo.

La Big History y el cambio climático: un contexto macrohistórico

Cuando hablamos de “big history” nos referimos a un enfoque donde se considera la historia del ser humano no de manera aislada, sino como una pequeña parte de un proceso mucho más extenso que abarca desde el Big Bang hasta el presente. En este marco, el cambio climático representa un punto de inflexión que puede ser interpretado como un desencadenante de transformaciones a gran escala, similar a otros eventos disruptivos como la Revolución Agrícola o la Revolución Industrial y la actual Revolución del Internet y la Inteligencia Artificial que está reconfigurando desde ya el futuro de la humanidad.

El cambio climático es un evento dentro de esta narrativa que fuerza una reinterpretación de la relación de los seres humanos con el entorno natural y con las instituciones que continuarán sosteniendo esta sociedad vulnerable a las dinámicas de la naturaleza planetaria. Este cambio, se ha convertido en un catalizador que no solo modifica el clima y los ecosistemas, sino que también exige la adaptación de las instituciones y las estructuras económicas y políticas.

El rol de las instituciones y su vinculación con el cambio climático. La Adaptación y Resiliencia son clave

Las instituciones, entendidas como los sistemas de normas, reglas y estructuras organizativas que regulan el comportamiento social y económico, juegan un papel fundamental en la respuesta a la crisis climática. Las instituciones políticas y económicas se encuentran ahora en una encrucijada, ya que deben responder a desafíos sin precedentes que ponen a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia. En este contexto, es útil aplicar conceptos de la teoría institucional para analizar cómo las instituciones han reaccionado —o no— ante el cambio climático y cómo otras instituciones han sido las causantes —o no— de la aceleración de este cambio. Al respecto, mencionaré tres funciones clave que pueden resaltar el rol de las instituciones frente a esta problemática:

  1. Regulación ambiental y gobierno eficiente: conforme se intensifica el cambio climático, las instituciones deben desarrollar e implementar regulaciones que promuevan la sostenibilidad y mitiguen los efectos ambientales. Para esto, se requiere crear desde políticas de control de las emisiones de CO2 hasta acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030. La efectividad de estas regulaciones dependerá de la capacidad de las instituciones para adaptarse a la incertidumbre y coordinar respuestas integrales.
  2. Rediseño económico: el cambio climático también ha implicado una reconfiguración económica y el surgimiento de mecanismos de gobierno autoritarios que limiten el libre mercado y regulen la acción humana hacia sistemas proteccionistas y autoritarios. La transición hacia una economía baja en carbono y sostenible requiere una transformación significativa de las instituciones financieras y comerciales que en algunos países ha dependido de sistemas unipartidistas y totalitarios para reafirmar sus objetivos. Otros, como en la Unión Europea, han logrado establecer el consenso para alcanzar estas metas a la vez que protegen sus economías y cierran sus fronteras a la importación de CO2 vía fletes de transporte o productos fabricados como resultado de la deforestación. Es aquí donde el rol de economistas, internacionalistas y politólogos es crucial para analizar y promover políticas que permitan esta transición sin perjudicar el desarrollo económico.
  3. Innovación social y tecnológica: las instituciones también son fundamentales para fomentar la innovación social y la aceleración de la adaptación tecnológica. Estos son elementos necesarios para enfrentar el cambio climático y para fortalecer una población responsable de sus acciones bajo marcos regulatorios sólidos y certeza jurídica. Las universidades, centros de investigación y principalmente las empresas multinacionales han desempeñado un papel clave en esta reeducación social y aceleración tecnológica mediante la promoción de tecnologías limpias, creación de modas “verdes” y cumplimiento de certificaciones y prácticas sostenibles como el uso de empaques reciclables o de fuentes renovables. La colaboración interinstitucional es esencial para que estas innovaciones puedan escalar y ser efectivas a nivel global.

El rol de las Instituciones en el contexto de la Big History y el cambio climático

En el marco de la “big history” y de los estudios globales, el cambio climático puede ser visto como un momento crucial que demanda una reevaluación de las instituciones existentes de la misma manera en que Acemoglu-Robinson analizaron a países, regiones y civilizaciones. A lo largo de la historia, cada gran cambio estructural ha dado lugar a una reconfiguración de las instituciones, desde las primeras civilizaciones hasta las actuales democracias industriales capitalistas y los sistemas totalitarios de economía mixta. Actualmente, las instituciones enfrentan un reto similar: evolucionar o quedar obsoletas y ser víctimas del cambio climático. Las instituciones que logran adaptarse y promover una economía resiliente y sostenible podrían no solo sobrevivir, sino también liderar un nuevo capítulo en la gran historia de la humanidad. Algo que no ocurre por primera ocasión y que el caso de la caída de la civilización maya es un excelente ejemplo respecto a otros momentos críticos en la historia, en los que la respuesta institucional al cambio climático determinó el curso de la civilización humana.

El camino que queda ante nosotros para combatir el cambio climático desde instituciones nuevas y fortalecidas

Para los académicos y los tomadores de decisiones en el gobierno y las empresas, la relación entre el cambio climático y las instituciones ofrece un campo fértil para el análisis de cómo las estructuras de poder y gobernanza están respondiendo a este desafío global. La historia ha demostrado que las instituciones son capaces de cambiar en respuesta a crisis significativas y hoy nos encontramos ante una oportunidad similar. Por su parte, los globalistas tenemos el inmenso reto de diseñar modelos y estrategias socioeconómicas y políticas que faciliten la transición hacia economías sostenibles, considerando no solo los beneficios ambientales, sino también las implicaciones socioeconómicas para diferentes sectores de la sociedad. El cambio climático, en este contexto, se convierte no solo en un problema que resolver, sino en una oportunidad para reformular y reforzar el papel de las instituciones en el desarrollo humano. La premiación que hicieron del Nobel a Acemoğlu-Robinson-Johnson, nos debe invitar a continuar haciendo siempre análisis interdisciplinarios para entender cómo podremos enfrentar el futuro y construir sociedades más resilientes y sostenibles en el marco de los desafíos actuales y venideros.

Instrumentos de Evaluación Ambiental autorizados por el MARN a enero de 2024

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Con la creciente necesidad de crear los mecanismos de adaptación y resiliencia climática los organismos del estado de Guatemala han establecido mecanismos para abordar los desafíos ambientales y cumplir con sus obligaciones constitucionales. El presente ensayo tiene como objetivo ofrecer una síntesis de la legislación e instrumentos de evaluación ambiental vigentes en la República de Guatemala y explicar los procedimientos que deben seguirse para realizar actividades productivas en el país en cumplimiento con la protección del medio ambiente, evitar la degradación ambiental y manejar adecuadamente los recursos del planeta.

Los instrumentos de evaluación ambiental son herramientas creadas para que las empresas prevengan y mitiguen los distintos impactos ambientales adversos que las actividades antropogénicas generan en el medio ambiente. La función de estos instrumentos es cumplir con la legislación vigente y cubrir los procedimientos de evaluación técnica previa a una actividad de construcción evaluando múltiples variables ambientales. Al finalizar la evaluación ambiental correspondiente para cada proyecto, se contribuirá a mejorar la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. El uso de instrumentos de evaluación ambiental es un mecanismo utilizado en muchos países para garantizar un desarrollo sostenible y en Guatemala el ente rector del seguimiento y aprobación de estos instrumentos es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Los instrumentos de evaluación ambiental desempeñan un papel fundamental para fomentar el desarrollo sostenible de la actividad antropogénica en los países y sirve como una herramienta requerida para evaluar y mitigar los posibles efectos adversos de los proyectos en el medio ambiente. No se puede subestimar la importancia de realizar estos estudios y su correcta categorización contribuye significativamente al objetivo general de fomentar el desarrollo ordenado, resiliente y sostenible. Las actividades de construcción, por su naturaleza, a menudo implican la alteración de paisajes, utilización de recursos, modificación del entorno natural y la generación de residuos, lo que puede resultar en diversas formas de contaminación. Al realizar estudios exhaustivos de impacto ambiental, las partes interesadas obtienen información valiosa sobre las posibles consecuencias ambientales de los proyectos propuestos, lo que permitirá tomar decisiones informadas que priorizan la preservación y protección de los ecosistemas. Uno de los principales beneficios de los instrumentos de evaluación ambiental es la identificación y evaluación de posibles fuentes de contaminación que pueden ser evitadas con una correcta construcción y modificaciones en los proyectos que se gestionan ante el Ministerio de Ambiente. Estos estudios permiten un examen integral de los impactos potenciales de un proyecto en la calidad del aire, el agua y el suelo, facilitando el desarrollo de estrategias para minimizar o eliminar la contaminación. Este enfoque proactivo no sólo salvaguarda el entorno inmediato, sino que también contribuirá a alcanzar el objetivo más amplio de la conservación del medio ambiente. Además, los estudios de impacto ambiental ayudan a identificar áreas ambientalmente sensibles y puntos críticos de biodiversidad que pueden verse afectados por las actividades de construcción a niveles meso y macro en los alrededores; así como, los impactos potenciales que un proyecto tendrá en áreas protegidas y en áreas bióticas vulnerables. Esta información es crucial para desarrollar medidas de conservación y mitigación adaptadas para proteger estos ecosistemas vulnerables y requiere de una activa comunicación interinstitucional del gobierno para mantener y actualizar esta información de vulnerabilidad en colaboración entre organismos como la Dirección de Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas del CONAP, el INAB y otras instituciones gubernamentales clave.

La integración de estudios de impacto ambiental en la planificación del desarrollo también se alinea con los principios del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Al evaluar y abordar sistemáticamente los riesgos ambientales potenciales, los instrumentos de evaluación ambiental pueden esforzarse por lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente. Esta postura proactiva no solo minimiza los impactos negativos en los ecosistemas, sino que también promueve el uso eficiente de los recursos, reduce la generación de desechos y fomenta la adopción de tecnologías y prácticas de construcción ecológicas. Como se presentará en el siguiente ensayo, la correcta categorización y estudio de los instrumentos de evaluación ambiental permitirá evitar la contaminación y fomentar el desarrollo sostenible de Guatemala. Estos estudios proporcionan un marco sistemático para evaluar y mitigar los riesgos ambientales potenciales asociados con los proyectos. Al identificar las fuentes de contaminación, proteger la biodiversidad y promover prácticas sostenibles, los estudios de impacto ambiental contribuyen al desarrollo responsable y ético de la infraestructura, asegurando que el progreso económico se produzca en armonía con la preservación del medio ambiente.

Características y categorizaciones de los instrumentos de evaluación ambiental

Los instrumentos de evaluación ambiental tienen como finalidad respaldar el proceso de toma de decisiones en relación con futuros proyectos de construcción, al evaluar los impactos tanto negativos como positivos que estos puedan tener en el entorno ambiental. La principal función de dichas evaluaciones consiste en identificar y prevenir los posibles impactos ambientales y prever el desarrollo de estrategias para modificar dichos impactos. Las evaluaciones ambientales llevan a cabo una comparación científica y técnica de las variables que influyen en el entorno ambiental del proyecto y el análisis abarca factores abióticos, bióticos, económicos, sociales, legales y financieros. Es imperativo considerar y evaluar el análisis ambiental antes de emprender cualquier acción de índole técnica o económica que sea lo suficientemente significativa como para comprometer o perjudicar el proceso de toma de decisiones del proyecto. Asimismo, es esencial crear un presupuesto específico para abordar cualquier resultado que la evaluación ambiental revele durante el proceso de elaboración con el fin de adaptar y mitigar los posibles impactos ambientales de los proyectos, asegurando así una gestión ambientalmente responsable.

La legislación y el MARN vigilan porque se cumpla con una categorización de proyectos de acuerdo con su grado de impacto potencial en el ambiente y esta consta de dos grandes grupos de proyectos:

  • Categoría 1: proyectos que no tienen mayores impactos ambientales y que no requieren de un Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental.
  • Categoría 2: son los proyectos que necesitan ser evaluados con mayor detalle por medio de un Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Como punto de partida, los instrumentos de evaluación de impacto ambiental requieren de la existencia de suficiente información básica de la zona en la que se realizarán trabajos de construcción. Especialmente, estos instrumentos son solicitados para el desarrollo de obras de gran impacto ambiental como minas, hidroeléctricas, carreteras, fábricas e industrias o proyectos agrícolas o forestales. Además, los instrumentos de evaluación ambiental son particularmente importantes cuando los proyectos se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo por ser ecosistemas de conservación y protección ambiental, áreas protegidas registradas o cuando tienen un impacto en las reservas culturales, históricas o de valor religioso para grupos étnicos de Guatemala.

Tipos de instrumentos de evaluación ambiental

A enero de 2024 se tiene documentación de la existencia de 6 distintos tipos de evaluaciones ambientales que deben utilizarse dependiendo del tipo de proyecto a realizar y sus alcances e impactos económicos.

La evaluación ambiental más sencilla se utiliza para proyectos que no tendrán un impacto ambiental significativo y cuya mitigación de impactos es fácil de eliminar o reducir. Para aquellos proyectos cuyo impacto ambiental será hasta nivel medio o para infraestructuras de mayores dimensiones que tendrán un impacto ambiental en el entorno se requiere la elaboración de diagnósticos ambientales de bajo impacto. Cuando el instrumento ambiental se desarrolla para proyectos que tienen el potencial de generar un impacto ambiental de moderado a alto se debe realizar una evaluación de impacto ambiental acumulativo que deberá analizar todos los impactos originados por la actividad antropogénica del proyecto.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8. de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86 de la república de Guatemala se han establecido los siguientes tipos de instrumentos de evaluación ambiental según se grafica en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Escala de requisitos e instrumentos ambientales solicitados por el MARN

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MARN y el Listado Taxativo.

Impacto ambiental no significativo (de evaluación rápida)

Este es un estudio que se realiza por experto autorizados por el gobierno de Guatemala de la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y que realizan una visita a los sitios propuestos para un proyecto. La visita técnica determinará los impactos ambientales del proyecto y si el mismo afecta o no significativamente el medio ambiente. El análisis técnico se basa en la evidencia obtenida de proyectos anterior en relación con su ubicación, tamaño e indicadores específicos del tipo de proyecto. El informe técnico se presenta de forma escrita con el fin de determinar si el proyecto no tiene impactos significativos o si debe realizarse un estudio de impacto mayor. El documento que debe presentarse se incluye en el Anexo 1.

Impacto Ambiental significativo, moderado o de bajo impacto

Estos instrumentos se desarrollan en las fases preliminares o de factibilidad con el fin de recabar información respecto a los impactos naturales, sociales y humanos. Así como para determinar las medidas de mitigación, la disposición de los desechos y residuos sólidos y líquidos, establecer planes de contingencia y de salud y seguridad humana.

Impacto Ambiental de alto impacto ambiental

Este instrumento se utiliza para aquellos proyectos que tendrán altos impactos ambientales y que requieren un estudio completo para analizar los impactos en el medio ambiente, el alcance de los cambios ambientales que se tendrán, los mecanismos de prevención y mitigación de impactos ambientales, alternativas factibles para el desarrollo del proyecto y la opinión y apoyo de la comunidad entorno al proyecto a ser afectada. Los instrumentos con impactos significativos en el medio ambiente requieren que los responsables del mismo garanticen se cumplirá con los requisitos solicitados y se pague una fianza a ser determinada por la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Presidencia de la República de Guatemala.

Según el impacto ambiental que tendrán los proyectos los que caigan en la categoría B1 y A de la Ilustración 1 deberán presentar solamente un estudio predictivo “Estudio de impacto ambiental” y un estudio correctivo “Diagnóstico ambiental -DA-”.  Para los proyectos de categorías superiores según la Ilustración 1 que corresponden a las siglas CR, C, C+PGA y B2 se requiere una “Evaluación ambiental inicial” predictiva y un “Diagnóstico de Bajo Impacto -DABI-” correctivo.

Las categorías mencionadas anteriormente son listadas y determinadas en base al Listado Taxativo creado en base al Acuerdo Ministerial 204-2019 emitido por el (Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, 2019) con el fin de normar el listado de proyectos, obras industrias y otras actividades que establecen la base-técnico descriptiva para categorizar los instrumentos ambientales a cumplir según los sectores industriales siguientes:

  1. Agrícola
  2. Producción animal
  3. Silvicultura
  4. Mineral
  5. Hidrocarburos
  6. Industrial
  7. Energía
  8. Telecomunicaciones
  9. Servicios
  10. Infraestructura, construcción y vivienda
  11. Saneamiento
  12. Salud
  13. Biodiversidad
  14. Áreas protegidas

Factores ambientales para analizar en los instrumentos de evaluación ambiental

Según los impactos ambientales que un proyecto tendrá en el medio ambiente, se debe realizar una medición de los siguientes factores ambientales y sus impactos con el fin de determinar los requisitos de mitigación de los daños a ocasionar en el medio ambiente. A continuación, se presenta una tabla que resume los diversos factores ambientales que se analizan en los instrumentos de impacto ambiental:

Factor AmbientalMedición
Consumo de energíaEnergía utilizada a lo largo de todos los procesos productivos del proyecto.
Materias primasSuma de elementos materiales a utilizarse para el desarrollo del proyecto.
Emisiones al medio ambienteMedición de partículas de aire y gases vertidos al medio ambiente por el proyecto que tienen el potencial de contaminarlo y causar efectos en el cambio climático planetario.
Residuos y desechos líquidosVertidos líquidos que impactarán o se derramarán en ríos, lagos o en la tierra y que tienen potencial de contaminar los mantos acuíferos, reducir el agua potable o causar daños a la salud humana y animal.
Residuos y desechos sólidosMateriales sólidos vertidos en la tierra, ríos o lagos con el potencial de causar daños y contaminar la salud humana, animal y ambiental.
Fuente: elaboración propia.

Los instrumentos de evaluación ambiental siguen procesos para identificar primero la acción a realizar en un territorio específico e identificar los posibles impactos mediante el análisis de causalidad, seguido de la predicción matemática de la magnitud e impactos ambientales sobre el hombre y sobre los componentes bióticos del entorno.  La Ilustración 2 presenta un detalle de qué tipo de instrumento y conclusiones debe entregarse con una interpretación técnica de los resultados observados y establecer mecanismos de prevención de los efectos ambientales del mismo.

Ilustración 2. Tipos de Instrumentos de Evaluación Ambiental predictivos y correctivos

Fuente: elaboración propia en base a datos de (Dirección de Gestión Ambiental MARN, 2023)

Recategorización de los proyectos y cambios en los instrumentos de evaluación ambiental

Según estableció inicialmente el (Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, 2019), la recategorización de los proyectos y los instrumentos ambientales a llevar a cabo será realizada por la Dirección de Gestión Ambiental del MARN y la Dirección de Coordinación Nacional de Guatemala. Este listado fue reformado con el (Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., 2021) que reformó y revisó las categorías establecidas en el Acuerdo Ministerial número 204-2019 de fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales para actualizar las categorías asignadas a cada sector productivo luego de determinar factores que modificaron de manera significativa la categoría del proyecto en base a alguno de los criterios siguientes establecidos en (Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., 2021):

  1. Localización (ubicarse en áreas ambientalmente frágiles o áreas con planificación territorial.
  2. Normativa vigente sobre la actividad específica y grado técnico de tecnificación.
  3. Cuando las características de la actividad productiva puedan generar un aumento o disminución en el impacto ambiental potencial.

Referencias bibliográficas

Acuerdo Ministerial Número 204-2019. Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades, Pub. L. No. 204–2019, MARN (2019). https://www.marn.gob.gt/Multimedios/15548.pdf

Acuerdo Ministerial 402-2021. Reformas al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades., MARN (2021).

Dirección de Gestión Ambiental MARN. (2023). Normativa Ambiental Actual.

La soberanía en evolución y los gobiernos autoritarios en el mundo global

El término “soberanía” que a muchos les mencionaron en la secundaria o que quizás estudiaron en alguna carrera universitaria es muy distinto al término del mundo en que vivimos. La historia de este concepto se origina del término latino medieval “superus” que luego fue traducido por lso franceses como “souveraineté” y que se traduce como “poder supremo”. En este caso, el poder supremo o soberanía es aquella que recae en la autoridad de un estado para gobernarse por sí mismo sin la interferencia de terceros. Este término, que muchos usan y definen como si aún viviésemos en la Europa medieval ha dejado de ser tan “supremo” como algunos pretenden hacernos creer.

Uno de los principales grandes cambios de este concepto en constante evolución, radica en que la soberanía de corte medieval perdió su “poder supremo” ya que dejó de depender del poder que antaño tenían los reyes sobre el pueblo y se trasladó a los parlamentos y al pueblo en los gobiernos republicanos y democráticos. Así, esta definición de la soberanía que sirvió en el siglo XVII luego de la firma de la Paz de Westfalia, se mantuvo “suprema” por muy poco tiempo conforme las fronteras territoriales de la realeza cristiana se transformaron gracias a los crecientes flujos que consolidarían la globalización de una Europa que durante muchos siglos pasó aislada del resto del mundo. De esta manera, el crecimiento del comercio intercontinental, la creciente influencia cultural y religiosa de otros continentes y la divulgación de principios político-filosóficos que negaban el derecho divino de los reyes finalmente llegaron a Europa y, desde ahí, afectaron el futuro de principios como la soberanía derivada del latín medieval.

Con la expansión de Europa por América y Asia, el período colonial y postcolonial fue uno de los grandes momentos en los que la violación de la soberanía fue violada a niveles nunca antes vistos. Las potencias europeas de España, Portugal, Gran Bretaña y Francia invadieron y conquistaron colonias soberanas en África, Asia y América bajo la imposición de gobiernos títeres, la explotación y robo de recursos naturales y la destrucción de los sistemas locales de gobernanza de cada territorio y reino conquistados. De esta manera, durante más de 300 años y aún en el periódo postcolonial, el poder de los países europeos sobre sus antiguas colonias se evidencia y la soberanía de estos territorios es el resultado de una historia muy similar a la que tienen las víctimas del síndrome de Estocolmo.

Junto a estos poderes colonizadores europeos, la soberanía se vió doblemente transformada y diluida en el siglo XX primero con la llegada de Estados Unidos y la Unión Soviética al concierto de las potencias globales y el establecimiento de gobiernos títeres durante la Guerrra Fría que crearon los cimientos de dos de los imperios más poderosos y peligrosos que la historia humana ha conocido. En este proceso, la soberanía dejó de ser un poder que recaía en los gobiernos de los países títeres en Latinoamérica o Asia Central y se mantuvo controlada bajo los designios de los gobiernos que a su gusto ponían y derrocaban gobiernos militares o democráticos. En este mismo periódo, la soberanía sufrió enormes transformaciones debido al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre los países y el surgimiento de las corporaciones globales. Como resultado de este proceso de capitalización de los países del sur global, la soberanía económica dejó de depender en gran medida de la capacidad de los estados para controlar sus monedas y economías y en algunos países fue controlada completamente por los intereses de una o varias multinacionales (tal fue el caso de varios países de Centroamérica durante los años dorados de la UFCO).

Ya en el siglo XXI, la soberanía como un concepto sigue definiendo aquel ideal medieval y muchos gustan de decir que “la soberanía recae en el pueblo” de aquellos países que dicen tener sistemas democráticos de gobierno. Sin embargo, esa soberanía popular es una ficción más que debido al poder que siguen manteniendo las potencias económicas y las grandes multinacionales se muestra como un peligroso ideal que moviliza a las masas con fines engañosos.

Si la historia nos ha demostrado algo, es que en el mundo interconectado en que vivimos, las acciones de los gobernantes de cada país y las acciones de sus ciudadanos tienen de soberana e independientes lo que tiene el estómago o un riñón del resto del cuerpo de un ser humano. Como un cuerpo único, los ciudadanos pertenecemos a una comunidad de naciones en cuyo interés principal se encuentra mantener la estabilidad del sistema económico capitalista en que vivimos, sin interrupciones y sin crímenes de guerra, conflictos armados o desequilibrios políticos significativos. Al respecto, cuando un país o varios deciden alterar este equilibrio, la soberanía, entendida no como en la definición medieval sino en una efinición contemporánea de “poder compartido de decisión de las partes sobre un todo”, se ve afectada cuando alguno de los actores señala que el derecho internacional, los derechos humanos, la economía internacional u otro se han visto alteradas por un tercero.

La soberanía es más que un concepto cáduco del período medieval, la soberanía es una herramienta que debemos de definir como un concepto en constante evolución no solo en sus poderes y alcances sino también en sus límites y extremos. En estas épocas, en que la “violación de la soberanía” es invocada caprichosamente por gobiernos corruptos, autoritarios o déspotas es importante que los ciudadanos educados cuestionemos los intereses de quienes invocan el concepto del “poder supremo de un estado para decidir sobre su propio destino”. Las épocas de estas decisiones quedaron ya en el pasado, muchos siglos atrás y en el actual mundo global en que vivimos no nos queda más que buscar navegar, agenciar y negociar dentro de este mundo de aparente equilibrio global.

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Agenda 2030: ODS16

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS, por sus siglas) tiene como meta Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Este ODS se enfoca en la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho de todos los países y la colaboración internacional para contribuir al desarrollo técnico, educativo y social de sociedades más democráticas, de fomento de la separación de poderes y el respeto de los sistemas legales vigentes en cada país.

Hoy 09 de octubre de 2023, en medio de la débil y grave situación institucional en la que se encuentra Guatemala, luego del asedio del Gobierno Ejecutivo y el Ministerio Público al sistema electoral del país, el ODS 16 se perfila como uno de los más importantes y relevantes.

La Agenda 2030 tiene como objetivo acelerar el proceso de promoción de sociedades más democráticas y respetuosas de todas las personas en los países del sur global. Históricamente, en estos países se han evidenciado los peores casos de discriminación racial, económica y de género que han resultado de estructuras políticas dominadas por elites militares clientelares desde que arrancó el proceso de descolonización. El ODS16 tiene un rol muy importante en el fortalecimiento de las instituciones del Estado en África y América Latina donde se busca romper con las estructuras clientelares y evitar que el Estado de Derecho y la aplicación de la ley continúen sirviendo como herramienta para la protección de privilegios pecuniarios. La paz social, la certeza jurídica y la protección de la propiedad privada y estatal son condiciones básicas para el desarrollo económico de estas regiones.

Protesta ciudadana frente al Ministerio Público exigiendo la renuncia de los empleados públicos Alejandro Giammattei, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cynthia Monterroso y Fredy Orellana (poderes Ejecutivo y Judicial) quienes buscan detener el proceso de transición democrática de las Elecciones Generales realizadas en junio y agosto de 2023.

El ODS16 tiene como objetivo central evitar los conflictos mediante la identificación de las causas estructurales de conflictividad social. La corrupción, los privilegios, la impunidad y los abusos de poder son algunas de estas causas primarias de conflictos que pueden ser evitados con la creación de vínculos entre gremios empresariales, líderes sociales y religiosos, actorse de la comunidad internacional y de los poderes del Estado para crear acuerdos multilaterales que permitan fortalecer instituciones republicanas.

El ODS16 es vital para combatir eventos como los que ocurren actualmente en Guatemala. Si ODS estuviera implementado efectivamente, el país habría encontrado una solución eficaz que evitara el conflicto social de forma temprana, se habría detenido el avance de violaciones de la separación de poderes y se habrían reducido las pérdidas económicas con la participación de los líderes económicos, sociales y políticos mediante mesas de diálogo y asambleas que garantizarían la voz y acceso igualitario de los participantes para resolver las disputas vigentes.

Participación legal inclusiva en la cosa pública es aquella justicia ciega que no discrimina a los ciudadanos por ninguna razón.

La efectiva implementación del ODS16 permitiría a los países evitar conflicto sociales, manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras que resultan como una forma efectiva de protesta mediante la “escucha social de algunas voces que de otro modo difícilmente ingresarían a la agenda o serían parte de la deliberación pública” como determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019. Al respecto, la CIDH continúa indicando que

“… los Estados no pueden limitar la protesta social en base a los prejuicios e intolerancia que los gobiernos o las sociedades tengan frente a una persona o grupo. No se debe perder de vista que según los artículos 13 y 16 de la Convención Americana, la libertad de expresión y de asociación son derechos de “toda persona” y que las restricciones al derecho a la protesta “no deben ‘perpetuar los prejuicios ni fomentar la intolerancia.”

CIDH. (2019). Protesta y derechos humanos. Estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.

Comparando los Modelos Políticos de Desarrollo entre Escandinavia y Centroamérica

Ya en el siglo XXI, las diferencias sociales, económicas y políticas entre los países escandinavos y los centroamericanos parecían abismales y, para los planificadores sociales centroamericanos, casi imposibles de alcanzar. ¿Qué ocurrió detrás de este proceso de desarrollo exitoso en una región y lento y rezagado en la otra? Esa es quizás la pregunta central del estudio elaborado por (Abrahamson, 2007) en el estudio comparativo elaborado para ICEFI. En el estudio, se desarrollan capítulos específicos para tratar de forma comparativa los caminos e indicadores de desarrollo que Escandinavia (conformada por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia) recorrió y cómo Centroamérica (conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) se atrasó en ese camino de crecimiento durante el siglo XX.

Según explica (Abrahamson, 2007), ambas regiones debieron realizar un proceso de modernización durante los inicios del siglo XX para insertarse regional y nacionalmente a la era de la globalización económica y política y, en ambos casos, el rol que jugaron las elites económicas y políticas fue una pieza fundamental. Desde inicios del siglo pasado, los gobiernos y sus aliados fueron determinantes para establecer y consolidar un estado de bienestar sólido, amplio y que alcanzara a toda la población. Desafortunadamente, la historia de Centroamérica dista de esas metas abismalmente y el estado de bienestar que se intentó crear en las décadas de 1950 y 1960 no se consolidó e incluso se redujo en muchos de los países.

A pesar de tener grandes diferencias históricas y culturas, (Abrahamson, 2007) explica que Escandinavia era, al igual que Centroamérica, una región altamente agraria en la década de 1930 y que, debido a las acciones de sus elites, empezaron un veloz camino hacia el estado de bienestar que cambió el destino de la región para siempre. Mientras tanto, en Centroamérica, las décadas posteriores a 1930 fueron escenario para que coaliciones de la política oligárquica evitaran el surgimiento de una mayor cobertura de la seguridad social y educación pública mientras se protegieron los intereses de una industria monocultivista que requería una amplia base de mano de obra barata, poco o nada educada y que, en la mayor de las posibilidades, no requiriese de un estado con una mayor base impositiva ni de una modernización estatal que permitiese construir los caminos del desarrollo a largo plazo.

Junto a este poder político oligárquico jugó un rol importante el actuar de las clases medias y bajas en ambas regiones. En Escandinavia, las condiciones políticas locales e internacionales les permitieron tener una mayor libertad y democracia en sus gobiernos. Libertad y democracia que les permitirían tener un mayor peso en la toma de decisiones en congresos y parlamentos para construir un estado de bienestar amplio y en consenso con las elites económicas. Mientras que, en Centroamérica, el camino fue distinto debido a la injerencia de países que se enfrentaban en la Guerra Fría y Estados Unidos, principalmente, jugó un papel muy importante para fortalecer gobiernos militares, iliberales y poco democráticos, con la mira de evitar el surgimiento de países aliados a los intereses de la URSS.

Debido a la alianza entre una pequeña elite oligarca y un gobierno político militarizado con el apoyo y dominación de Estados Unidos, la creación de un estado de bienestar se vio completamente detenida a partir de la década de 1950. En ausencia de una sólida democracia entre las elites, la modernización se vio fuertemente debilitada ya que según explica (Abrahamson, 2007. p.16) “la presencia de estos movimientos democratizadores fue condición necesaria para un régimen político moderno, fuera éste un duro sistema militar (como en Guatemala y El Salvador) o una democracia progresista (como en Costa Rica)”. Por esta razón, a pesar de que Centroamérica sí inició un proceso de modernización política, no se establecieron las bases para mejorar la recaudación de impuestos, invertir en un amplio y robusto sistema de salud y de educación pública y mucho menos se fortalecieron los derechos laborales de trabajadores que no tenían voz ni voto en la toma de decisiones políticas. Aunado a esto, no se realizaron las acciones necesarias para incluir en este proceso democratizador y modernizador a las poblaciones indígenas en países como Guatemala y El Salvador ya que, desde el período colonial, estos pueblos servían solamente como factores de producción en una sociedad sin posibilidad alguna de movilidad vertical ni de acceso a la participación política plena que suele caracterizar a los sistemas de gobierno más democráticos. (Abrahamson, 2007) indica que la única diferencia observable respecto a la democratización de la política y la economía se observó en Costa Rica que, históricamente no contó con una industria monocultivista controlada por la oligarquía y que esta condición le permitió participar de formas de mercado más liberales en la industria agrícola y desde finales del siglo XIX, construir una competencia electoral que le abrió el paso a desarrollar un sistema plenamente democrático, desarrollar políticas de bienestar público y movilizar a las clases bajas y medias a participar junto con la burguesía dominante.

Un factor determinante de la gran diferencia existente entre Escandinavia y Centroamérica según explica (Abrahamson, 2007) ha sido la desigualdad en la distribución del ingreso que se redujo en el primero y que se mantuvo estática en el segundo. Como resultado de estas condiciones, a lo largo del s. XX Centroamérica observó cómo los índices de pobreza se mantenían y el riesgo de pobreza extrema aumentaba conforme los efectos del poscolonialismo seguían permeados en la sociedad. Las prácticas y políticas poscoloniales, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial desde las capitales mestizas y criollas, la rivalidad y dominación étnica, la distribución desigual de los recursos, las violaciones de los derechos humanos y la falta de presencia del gobierno en amplios territorios se siguen observando en Guatemala haciendo aún más difícil el desarrollo sostenible del país.

En Centroamérica es aún característico que el gasto gubernamental se enfoque en los centros económicos de los municipios y departamentos donde históricamente había una mayoría de población mestiza y criolla. Por lo anterior, no solo existe una baja inversión del gasto gubernamental en la creación de sistemas de salud y educación pública, sino que su distribución territorial es también desigual. Escandinavia por su parte, desde inicios del siglo pasado consiguió establecer una amplia participación de toda la población en la toma de decisiones y el gasto público se distribuyó de una forma más equitativa entre las zonas urbanas y rurales.

La riqueza actual de los países escandinavos resultó de un amplio pacto social que permitió a las elites políticas y económicas construir un estado de bienestar con amplias inversiones en salud y educación pública que con el paso de las décadas permitieron no solo crear empleos más capacitados y mejor pagados, sino otorgar a la población beneficios sociales característicos de un estado democrático con acceso a infraestructura y servicios a lo largo de los territorios y poblaciones. Por su parte, Centroamérica no logró consolidar un estado de bienestar que invirtiera en la creación de estas condiciones y poner un alto a las políticas coloniales de exclusión en beneficio de pequeños grupos de la población.


Referencia bibliográfica

Abrahamson, P. (2007). Política Fiscal y Protección Social en Estados Pequeños. Comparando Escandinavia y Centroamérica.