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El rol de las instituciones ante el Cambio Climático, los Estudios Globales y las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson

Los Estudios Globales fueron el campo de especialización que estudié durante mis maestrías en Alemania y Dinamarca hace más de diez años. En ese entonces, esta disciplina era aún difícil de explicar y entender, y a menudo enfrentábamos críticas debido a su enfoque interdisciplinario, que examina exhaustivamente procesos, sistemas y problemas globales con énfasis en la interconexión de las dinámicas económicas, políticas y sociales entre las naciones. Esto nos llevaba a complejas discusiones ad infinitum que a los académicos suele irritar. Con la reciente entrega del Nobel de Economía 2024 a Acemoğlu, Robinson y Johnson, en particular por su análisis de los marcos institucionales y su impacto en el desarrollo económico en Why Nations Fail, considero relevante compartir cómo sus ideas se alinean con los Estudios Globales. Estos académicos exploran el papel fundamental de las instituciones políticas y económicas en la configuración de las desigualdades entre países, y cómo estas instituciones resultan clave para enfrentar la crisis climática actual.

Las ideas de Acemoğlu-Robinson-Johnson y de los Estudios Globales se alimentan de una gran diversidad de autores, perspectivas e ideologías y son complementarios por ramas muy importantes como la Teoría de los Sistemas Mundiales de Wallerstein, que considera al capitalismo global como un sistema que mantiene dependencias entre el centro y la periferia, reforzando las disparidades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Asimismo, el análisis de Marx del capitalismo y las luchas de clases ofrece perspectivas fundamentales sobre las estructuras económicas y las relaciones de poder que los Estudios Globales examinan, especialmente para comprender cómo el capitalismo global puede perpetuar las desigualdades. Juntos, estos académicos y muchos otros que se han especializado en territorios o ramas de las ciencias humanas más específicas, contribuyen a una comprensión integral dentro de los Estudios Globales de cómo los sistemas económicos globales y los factores institucionales influyen en las disparidades y dan forma al orden global.

En mi caso, mi especialización en el impacto que el cambio climático y la práctica de nuevos modelos económicos de comercio sostenible como la economía circular me han llevado a ver cómo fenómenos globales, han suscitado preocupaciones no solo en términos de sus impactos medioambientales, sino también en relación con sus efectos en la estructura y funcionamiento de las instituciones. Este artículo busca explorar la relación entre el cambio climático y las instituciones de forma breve y con temas que podrían tomarnos un libro entero para analizar. Asimismo, presentaré cuál es su rol dentro del contexto de la “big history” o “gran historia” que ha inspirado la ideología detrás de estos autores laureados al presentar una perspectiva histórica que sitúa los eventos humanos dentro de la vasta cronología del universo.

La Big History y el cambio climático: un contexto macrohistórico

Cuando hablamos de “big history” nos referimos a un enfoque donde se considera la historia del ser humano no de manera aislada, sino como una pequeña parte de un proceso mucho más extenso que abarca desde el Big Bang hasta el presente. En este marco, el cambio climático representa un punto de inflexión que puede ser interpretado como un desencadenante de transformaciones a gran escala, similar a otros eventos disruptivos como la Revolución Agrícola o la Revolución Industrial y la actual Revolución del Internet y la Inteligencia Artificial que está reconfigurando desde ya el futuro de la humanidad.

El cambio climático es un evento dentro de esta narrativa que fuerza una reinterpretación de la relación de los seres humanos con el entorno natural y con las instituciones que continuarán sosteniendo esta sociedad vulnerable a las dinámicas de la naturaleza planetaria. Este cambio, se ha convertido en un catalizador que no solo modifica el clima y los ecosistemas, sino que también exige la adaptación de las instituciones y las estructuras económicas y políticas.

El rol de las instituciones y su vinculación con el cambio climático. La Adaptación y Resiliencia son clave

Las instituciones, entendidas como los sistemas de normas, reglas y estructuras organizativas que regulan el comportamiento social y económico, juegan un papel fundamental en la respuesta a la crisis climática. Las instituciones políticas y económicas se encuentran ahora en una encrucijada, ya que deben responder a desafíos sin precedentes que ponen a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia. En este contexto, es útil aplicar conceptos de la teoría institucional para analizar cómo las instituciones han reaccionado —o no— ante el cambio climático y cómo otras instituciones han sido las causantes —o no— de la aceleración de este cambio. Al respecto, mencionaré tres funciones clave que pueden resaltar el rol de las instituciones frente a esta problemática:

  1. Regulación ambiental y gobierno eficiente: conforme se intensifica el cambio climático, las instituciones deben desarrollar e implementar regulaciones que promuevan la sostenibilidad y mitiguen los efectos ambientales. Para esto, se requiere crear desde políticas de control de las emisiones de CO2 hasta acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030. La efectividad de estas regulaciones dependerá de la capacidad de las instituciones para adaptarse a la incertidumbre y coordinar respuestas integrales.
  2. Rediseño económico: el cambio climático también ha implicado una reconfiguración económica y el surgimiento de mecanismos de gobierno autoritarios que limiten el libre mercado y regulen la acción humana hacia sistemas proteccionistas y autoritarios. La transición hacia una economía baja en carbono y sostenible requiere una transformación significativa de las instituciones financieras y comerciales que en algunos países ha dependido de sistemas unipartidistas y totalitarios para reafirmar sus objetivos. Otros, como en la Unión Europea, han logrado establecer el consenso para alcanzar estas metas a la vez que protegen sus economías y cierran sus fronteras a la importación de CO2 vía fletes de transporte o productos fabricados como resultado de la deforestación. Es aquí donde el rol de economistas, internacionalistas y politólogos es crucial para analizar y promover políticas que permitan esta transición sin perjudicar el desarrollo económico.
  3. Innovación social y tecnológica: las instituciones también son fundamentales para fomentar la innovación social y la aceleración de la adaptación tecnológica. Estos son elementos necesarios para enfrentar el cambio climático y para fortalecer una población responsable de sus acciones bajo marcos regulatorios sólidos y certeza jurídica. Las universidades, centros de investigación y principalmente las empresas multinacionales han desempeñado un papel clave en esta reeducación social y aceleración tecnológica mediante la promoción de tecnologías limpias, creación de modas “verdes” y cumplimiento de certificaciones y prácticas sostenibles como el uso de empaques reciclables o de fuentes renovables. La colaboración interinstitucional es esencial para que estas innovaciones puedan escalar y ser efectivas a nivel global.

El rol de las Instituciones en el contexto de la Big History y el cambio climático

En el marco de la “big history” y de los estudios globales, el cambio climático puede ser visto como un momento crucial que demanda una reevaluación de las instituciones existentes de la misma manera en que Acemoglu-Robinson analizaron a países, regiones y civilizaciones. A lo largo de la historia, cada gran cambio estructural ha dado lugar a una reconfiguración de las instituciones, desde las primeras civilizaciones hasta las actuales democracias industriales capitalistas y los sistemas totalitarios de economía mixta. Actualmente, las instituciones enfrentan un reto similar: evolucionar o quedar obsoletas y ser víctimas del cambio climático. Las instituciones que logran adaptarse y promover una economía resiliente y sostenible podrían no solo sobrevivir, sino también liderar un nuevo capítulo en la gran historia de la humanidad. Algo que no ocurre por primera ocasión y que el caso de la caída de la civilización maya es un excelente ejemplo respecto a otros momentos críticos en la historia, en los que la respuesta institucional al cambio climático determinó el curso de la civilización humana.

El camino que queda ante nosotros para combatir el cambio climático desde instituciones nuevas y fortalecidas

Para los académicos y los tomadores de decisiones en el gobierno y las empresas, la relación entre el cambio climático y las instituciones ofrece un campo fértil para el análisis de cómo las estructuras de poder y gobernanza están respondiendo a este desafío global. La historia ha demostrado que las instituciones son capaces de cambiar en respuesta a crisis significativas y hoy nos encontramos ante una oportunidad similar. Por su parte, los globalistas tenemos el inmenso reto de diseñar modelos y estrategias socioeconómicas y políticas que faciliten la transición hacia economías sostenibles, considerando no solo los beneficios ambientales, sino también las implicaciones socioeconómicas para diferentes sectores de la sociedad. El cambio climático, en este contexto, se convierte no solo en un problema que resolver, sino en una oportunidad para reformular y reforzar el papel de las instituciones en el desarrollo humano. La premiación que hicieron del Nobel a Acemoğlu-Robinson-Johnson, nos debe invitar a continuar haciendo siempre análisis interdisciplinarios para entender cómo podremos enfrentar el futuro y construir sociedades más resilientes y sostenibles en el marco de los desafíos actuales y venideros.

El Costo del Calor, ¿cómo el cambio climático afectará la economía global y amenaza la paz mundial?

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Hace unos días fue publicado el artículo de Adrien Bilal de Harvard y Diego R. Känzig de la Universidad de Northwestern analizando el impacto de los cambios globales de temperatura en la actividad económica y su impacto en el crecimiento del PIB per cápita. Este importantísimo artículo ha sido publicado justamente en una fecha muy lamentable para el estudio del cambio climático antropogénico dado que, a partir del 1 de junio de 2024, la media móvil de 365 días de la temperatura de la superficie global alcanzó 1,63°C por encima de la línea de base preindustrial de 1850-1900. Ante esta situación, los expertos están actualizando todos sus indicadores debido al rápido incremento de la temperatura global que está alterando todos los modelos de proyección. A esta crítica situación de valores atípicos, se suma que la anomalía diaria vuelve a superar los 1,7°C.

En el estudio, “The Macroeconomic Impact of Climate Change: Global vs. Local Temperature” (link al PDF) Bilal y Kännzig exploran las diferencias entre los efectos de la temperatura global y la temperatura local, destacando cómo estos choques climáticos afectan tanto la productividad como la depreciación del capital, impactando a los países ricos y pobres por igual, aunque de manera exponencialmente más fuerte en los países pobres.

Los investigadores descubrieron que un aumento de 1°Celsius en la temperatura global conduce a una disminución del 12% en el producto interno bruto (PIB) mundial (equivalente casi al PIB de China al 2023), este dato es una estimación mucho más alta que la de análisis anteriores. El mundo ya se ha calentado más de 1°Celsius desde la época preindustrial, y muchos científicos del clima predicen que se producirá un aumento de 3°Celsius para finales de este siglo. La causa de esta aceleración del calentamiento radica en que la quema de combustibles fósiles e industrialización se mantendrá incrementando. El anterior, es un escenario que, según el nuevo documento de trabajo tendrá un costo económico enorme.

El estudio evalúa las consecuencias del cambio climático en el bienestar general y en el costo social del carbono. Bilal y Känzig sostienen que sus resultados indican un costo social del carbono (SCC) de $1,056 por tonelada de CO2 y una pérdida de bienestar del 31% en un escenario de calentamiento moderado. Esto es comparable a los efectos de una guerra perpetua en el mundo.

Estos hallazgos subrayan que el cambio climático no solo es una amenaza significativa para la economía mundial, sino que también tiene implicaciones importantes para la política de descarbonización. Bilal y Känzig destacan que muchas intervenciones de descarbonización tienen un costo que varía entre $27 y $95 por tonelada de CO2 eliminada que también confirma el estudio “Implicaciones económicas de las disposiciones climáticas de la Ley de Reducción de la Inflación” realizado por Bistline et al. en 2023.

La recomendación de los autores enfatiza en la importancia de entender estos efectos para poder desarrollar políticas eficaces que mitiguen el impacto económico del cambio climático y promuevan un crecimiento sostenible que evite los conflictos bélicos.

El cambio climático, al alterar los patrones climáticos y reducir la disponibilidad de recursos naturales esenciales como agua y tierras cultivables, puede exacerbar tensiones sociales y económicas, incrementando la probabilidad de conflictos armados. Las poblaciones afectadas por sequías prolongadas, inundaciones y otros eventos extremos pueden verse forzadas a migrar, generando competencia por recursos escasos en las áreas receptoras y potenciales enfrentamientos. Para detener esta trayectoria hacia la conflictividad, es crucial implementar políticas globales y regionales de manejo sostenible de recursos, promover la cooperación internacional para la adaptación climática y la resiliencia comunitaria, e invertir en tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles que optimicen el uso de los recursos naturales. Además, fomentar la descarbonización de las economías y el uso de energías renovables reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigando así los impactos más severos del cambio climático.

Revisa que tu empresa cumple los requisitos de Diligencia Debida para combatir la Deforestación

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Aunque en América Latina, y específicamente en Guatemala, se han logrado grandes avances en reforestación en las últimas décadas, todavía enfrentamos importantes desafíos por delante en el resto del mundo. Ante este contexto global, la Unión Europea implementará el Reglamento de Deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) que busca analizar a partir del 1 de enero de 2025 la cadena de producción de siete productos:

  • café,
  • aceite de palma,
  • cacao,
  • madera,
  • ganado bovino,
  • caucho y
  • soya

El café, el aceite de palma, el cacao y la madera los principales productos afectados de la economía guatemalteca y estas industrias emplean casi un millón de trabajadores del agro anualmente. Como resultado, cientos de empresas productoras y agricultores guatemaltecos deberán asegurar el cumplimiento de requisitos de diligencia debida y garantizar que sus productos, que alimentan a los más de 450 millones de habitantes de la UE, son productos libres de deforestación.

Como se observa en la siguiente gráfica, Guatemala ha logrado grandes pasos para reducir la deforestación desde el año 2001 y se proyecta que, en los próximos años, el país habrá alcanzado niveles positivos de cobertura forestal gracias a las políticas implementadas por el CONAP e INAB en alianza con comunidades locales, empresarios y agricultores.

Desafortunadamente, en otras regiones del mundo la historia no ha sido igual de positiva como en Guatemala. Según la encuesta anual del Instituto de Recursos Mundiales, en el año 2022 la pérdida mundial de bosques ascendió a 4.1 millones de hectáreas (+10% versus 2021) como resultado de prácticas agrícolas no sostenibles. Como resultado, la deforestación ha puesto en riesgo los ecosistemas locales y contribuido a la aceleración del cambio climático del planeta. Para contribuir a este ritmo de deforestación, el EUDR europeo aspira a detener el ritmo de deforestación en línea con los compromisos firmados por los países del mundo en importantes eventos como las Convenciones de Río y muchos otros acuerdos y tratados firmados y ratificados por Guatemala desde el siglo pasado.

A pesar de que el reglamento EUDR de la UE marcará un paso muy importante para abordar este problema que lleva siglos de consumo lineal aún existen retos a nivel de gobierno y empresas que siguen sin una respuesta concreta respecto a la Diligencia Debida, Mapeo y Geolocalización, Capacitaciones y Procedimientos que las empresas deberán de cumplir y estar preparados para cumplir los nuevos requisitos para la producción y comercio internacional que permitan un flujo sostenible de los recursos y un mapeo de la información cada vez más sostenible.

Ejemplo de un Sistema de trazabilidad en una cadena de suministro agrícola

A continuación les comparto algunas recomendaciones que nos podrán prepararnos y priorizar acciones, mientras nos preparamos para cumplir con la diligencia debida de los productos mencionados en el Reglamento de Deforestación:

  1. Debido a que serán los operadores y comerciantes europeos los que deben demostrar que sus productos están libres de deforestación, es importante mantener una comunicación directa con ellos para preguntar por su conocimiento sobre el tema, informales que las empresa y los gobiernos de América Latina nos estamos preparando para cumplir los requisitos de normativa local vigentes en respeto de una larga lista de obligaciones comerciales, legales y civiles que se exigirán demostrar y presentar la evidencia requerida para demostrar que no se ha deforestado las áreas productivas versus el año 2020. Asimismo, este es aún un excelente momento para solicitar a los operadores sus dudas y preguntas para que los gobiernos locales en América Latina nos permitan consolidar respuestas alineadas y evitar que trabajo innecesario de parte de nuestras empresas.
  2. Debido a que las empresas en Guatemala estarán obligadas a recopilar las coordenadas geográficas de las parcelas de tierra donde se produjeron los productos, es importante solicitar a los gobiernos locales información respecto a qué sistemas nacionales se utilizarán para presentar las imágenes satelitales que verificarán la geolocalización.
  3. Evaluar amenazas, riesgos y mitigación a nivel empresarial es uno de los primeros pasos que las empresas deben realizar para identificar las brechas de mejora respecto a la trazabilidad de geolocalización o de legislación para solicitar, con tiempo, apoyo a los gobiernos locales y elaborar los planes de mitigación de riesgos que consideren necesarios.
  4. Las empresas latinoamericanas debe contribuir con sus gobiernos locales a generar datos estadísticos de protección forestal, reforestación y cumplimiento de prácticas comerciales sostenibles con el fin de elaborar documentación a nivel de país verificable, medible y de cumplimiento de las regulaciones internacionales y estándares altos de protección de los derechos humanos.
  5. Dado que las certificaciones internacionales como Rainforest Alliance, FSC, PEFC y muchas otras no serán aceptadas como evidencia de la diligencia debida y geolocalización según las autoridades europeas, es necesario que las empresas revisen la documentación que ya se presenta para cumplir estas certificaciones y que indaguen con sus gobiernos locales qué otros requisitos deben ser presentados. Lo anterior contribuirá a una mayor trazabilidad y acceso a información a nivel de parcelas de tierra que permitirá una mejor toma de decisiones en las cadenas de suministro para evitar la pérdida de bosques.
  6. Por último, a pesar de que la trazabilidad a nivel de plantas, beneficios de café o bodegas de exportación es un paso intermedio importante para lograr una trazabilidad total, el EUDR exige que las empresas rastreen los productos hasta su origen de cultivo y cosecha con coordenadas exactas a nivel de plantación. Esto requerirá que las empresas se reúnan con todos sus proveedores y trabajen en equipo para mapear las cadenas de suministro completas y se incluyan incluso los proveedores indirectos de productos, materias primas y empaques.

A ocho meses de que la UE empiece a exigir la diligencia debida y geolocalización de la producción de los productos que ingresan a su territorio, nuestras empresas deben continuar prestando mucha atención a la solidez y el alcance de los programas de trazabilidad y seguimiento que ya existen en sus empresas. Estos sistemas internos serán vitales para garantizarles cumplir con los requisitos de diligencia debida en todas las cadenas de suministro cubiertas por el reglamento y, como en el caso de Guatemala, contribuir a acelerar este camino de reforestación nacional que nos permitirá convertirnos en países que han dejado la deforestación como una cosa del pasado. La implementación de prácticas de economía circular es una gran oportunidad para que se fortalezca la colaboración entre proveedores, empresas, gobiernos y actores de la sociedad civil para asegurar que la producción de nuestros alimentos sea cada vez más sostenible.

Desafíos y Oportunidades para la Sostenibilidad Ambiental en la Región Metropolitana de Guatemala

La ciudad de Guatemala es parte de una región metropolitana en la que viven más de cinco millones de personas (INE, 2018) y que comprenden las ciudades de Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, San Miguel Petapa y la Ciudad de Guatemala. En esta zona urbana confluyen las principales actividades de comercio e industria del país y la toma de decisiones ambientales se realiza de forma compartida por las municipalidades de cada territorio según lo establece la Constitución de la República de Guatemala y diversas legislaciones que regulan esta materia. Al respecto, la Ley de Desarrollo Social establece la responsabilidad compartida que existe entre “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico, que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”(Ley de Desarrollo Social, 2001). Asimismo, esta responsabilidad compartida es dictada por la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente que indica en el artículo 40 que, en temas ambientales, “deberá integrar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a dichos consejos, con la finalidad de que la Comisión proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, programas y proyectos de desarrollo.” (Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, 1986). De esta manera, la legislación de Guatemala establece que en torno al cuidado y protección del ambiente se han asignado responsabilidades compartidas de todos los actores políticos a nivel local, municipal, departamental y nacional y que estos, deberán de contribuir y proponer políticas, programas y proyectos de desarrollos que velen por el cuidado del medio ambiente. En estas circunstancias colaborativas que indican las normas, pero que en a práctica no se llevan a cabo por falta de un gobierno integrado, colaborativo y efectivo que cumpla con estas obligaciones, la mayoría de los problemas ambientales que existen en el país no han sido resueltos de forma efectiva.

En un contexto de falta de liderazgo gubernamental a nivel local y nacional y ante una población que no exige a sus gobernantes la vigilancia para que se instrumentalicen proyectos y desarrollos ambientalmente sostenibles, los proyectos privados y públicos que se concretan suelen conllevar una serie de problemas ambientales acumulativos. La mayoría de problemas de contaminación en el país son el resultado de comportamientos antagónicos con la naturaleza que carecen de un carácter unitario (filosófico, geográfico, ecológico e histórico) que permita a los actores la toma de decisiones que protejan el medio ambiente de los territorios y sean consistentes con las interacciones sociales que históricamente han evolucionado en Guatemala movilizando a millones de personas a nuevas zonas de habitación, trabajo e industria. Así, el futuro crecimiento de la región metropolitana y del resto del país dependerá de la medida en que la sociedad guatemalteca cambien el carácter de sus relaciones de producción y las alinee a prácticas de economía circular que fomenten la reducción en el uso de recursos finitos y en los impactos ambientales negativos, que fomente la colaboración y alianzas entre distintos actores de la sociedad y fomente sistemas regenerativos de industria y comercio que reduzcan, reparen y eliminen la generación de contaminación industrial, de aguas, de residuos, de usos de químicos y de emanaciones gaseosas y de hidrocarburos en el medio ambiente.

La sociedad guatemalteca, entendida como el conjunto de formas y modos de actividad que de ella se desprenden, ha sido el producto histórico de transformaciones y modificaciones de la naturaleza del país. La región metropolitana es producto de múltiples grupos culturales y sociales de organización que durante siglos acostumbraron a utilizar recursos naturales considerados infinitos para la satisfacción de sus necesidades. Como resultado, la praxis social se ha construido entorno a aprendizajes de éxito y fracaso de prácticas y estilos de vida que han carecido de componentes de sostenibilidad ambiental en la mayoría de las decisiones colectivas. La deforestación, la contaminación y degradación de los suelos, ríos y lagos, el agotamiento de las especies de flora y fauna y la desaparición de zonas silvestres ha sido una constante a lo largo de procesos generacionales cuyos efectos, nocivos para la sociedad, no se entendían como parte de un proceso global de crecimiento desmedido y sin controles económico-ambientales.

Desde la época prehispánica, la zona central de Guatemala que actualmente ocupa el área metropolitana de la capital de Guatemala, fue habitada por los pueblos originarios Kaqchikel quienes, a pesar de tener un cosmología y ciencia enfocada en el estudio de la naturaleza y los astros, conformaron una sociedad extractivista que era liderada por un pequeño grupo militar-religioso que alteró significativamente la relación entre la naturaleza y las sociedades que establecieron. Esta sociedad, descendiente de la civilización Maya con sus avances científicos y tecnológicos, ingresó en un período de reconfiguración político-militar a partir del año 900 e.c. y durante los períodos postclásico temprano y tardíos, durante 600 años, se redujeron los centros habitacionales conformando pueblos militares-defensivos en sitios elevados de montañas y cerros en torno a un gobierno centralizado bajo el control de la capital Iximché ubicada en el departamento de Chimaltenango. Este reino limitaba con las comunidades mayas al norte del reino K’iche’, el reino Achí al oeste, el Tz’utujil y K’iche’ y el Poqomam al sur y este. Las poblaciones originarias de la región que actualmente ocupa el área metropolitana de Guatemala, según (Gámez L., 2015) se organizó en poblaciones reducidas que habitaban “cerca de los edificios públicos, en casas construidas con palos de madera, paredes de barro y adobe y techo de paja.” Estas condiciones de organización social en agrupaciones más pequeñas y dispersas por el territorio se mantuvieron hasta 1524 con la invasión y conquista militar que realizaron los ejércitos españoles aliados con reinos originarios. Las llegada de los españoles y la implementación de sus instituciones y sistemas de gobierno centralizado conformaron un proceso de creación de decenas de ciudades, pueblos y villas que marcarían la historia territorial de Guatemala durante los siguientes 500  años. En esta nueva organización sociopolítica, las perspectivas de territorialidad se fragmentaron en una serie de municipios que al 2023 comprendían 340 municipios y 22 departamentos en los cuales la toma de decisiones ambiental se enfocó en atender problemas urgentes para la localidad sin comprender las externalidades que las decisiones, aparentemente aisladas, tendrían en territorios más amplios.

Partiendo de esta breve historia de la organización territorial, social y política de la región en el área metropolitana de Guatemala, podemos comprender la necesidad de reformular las territorialidades de estudio para comprender los impactos medioambientales de la actividad económica del país e implementar soluciones para reducir la contaminación ambiental metropolitana. Debido a que los impactos ambientales comprenden una red de causas y efectos globales, comprender los impactos de la contaminación a partir de análisis de municipios y/o de la ciudad de Guatemala impide dimensionar la necesidad de integrar nuevas territorialidades que permitan la creación de las condiciones estatales para regir y velar por la protección que la legislación guatemalteca entrega a las municipalidades. Ciertamente, es en el municipalismo que en Guatemala nos hemos acostumbrado a ver a las personas y sus necesidades. Sin embargo, comprender los impactos ambientales que las acciones de estas personas toman y velar porque el medio ambiente entorno a ellos se proteja no debería de ser una cuestión que dependa de los municipalismos y se requiere de una visión más amplia de territorialidad en la gestión ambiental. Analizar los impactos de distintas formas de contaminación desde una territorialización de cuencas hidrográficas o de una integración metropolitana que involucre a varias municipalidades podría permitir comprender las causas y fuentes de contaminación y determinar las estrategias adecuadas para reducirlas, eliminarlas y reglamentar futuras actividades económicas e industriales.

Actualmente, las diversas fuentes de contaminación en la ciudad de Guatemala son problemas que impactan a los territorios aledaños y que también se ve impactada por las acciones colectivas que se realizan en los municipios aleñados. Según (“Dependencia y deterioro ambiental: el caso de Guatemala”, 1991) uno de los ejemplos más visibles de contaminación que surge en la ciudad de Guatemala y que tiene efectos a nivel metropolitano y a nivel nacional es la contaminación por residuos y desechos sólidos que refleja condiciones de un “deterioro social, y natural considerado por algunos como parte de la idiosincrasia, del folklore o de las condiciones climático-geográficas” pero que, en realidad, deben ser consideradas como una relación de profunda desconexión entre la sociedad y la responsabilidad inherente al medio ambiente en que habitamos y ante la cual debemos reaccionar proactivamente. Los residuos de 5 millones de habitantes y de las industrias del área metropolitana, son generados por la falta de una gestión y manejo adecuado posterior de los residuos y desechos sólidos que actualmente la municipalidad de Guatemala y las municipalidades de los municipios en el área metropolitana no han realizado por motivos de esa herencia histórica y cultural que ahora, que es reconocida por todos, debería ser la fuente de cambios que corrijan la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que han hecho que los ríos más importantes de las cuencas hidrográficas de la vertiente del Pacífico y de la vertiente del Mar Caribe contribuyan a ser una de las principales fuentes de contaminación antropogénica que desembocan en el océano Pacífico y Atlántico.

Como podrá observarse en el Mapa 1, el área metropolitana de Guatemala es la zona de nacimiento de decenas de ríos y riachuelos que durante la época de lluvia arrastran residuos sólidos y líquidos que son mal gestionados por la población y los gobiernos locales debido a que fueron depositados en basureros clandestinos en las orillas de barrancos creados por la zona montañosa de la Sierra Madre. Sin embargo, una de las principales fuentes de generación de residuos sólidos se origina en la ciudad de Guatemala y los riachuelos que alimentan el río Las Vacas alrededor del Relleno Sanitario de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Como resultado de esto, municipios aledaños son los primeros en verse afectados por las grandes cantidades de residuos sólidos que arrastra la lluvia en la época lluviosa y, finalmente, los residuos llegan al océano Atlántico descendiendo en el río Motagua.

Mapa 1. Mapa de las Cuencas hidrográficas Fuente: MAGA, 2009.

Según la organización (The Ocean Cleanup, 2021) en base a un análisis probabilístico, se determinó que el río Motagua deposita al océano más de 78,500 toneladas de residuos sólidos al año y es el río más contaminado de Centroamérica. De cerca, le sigue el río María Linda, cuya cuenca es alimentada también por el área metropolitana de la ciudad de Guatemala y anualmente deposita 44,000 toneladas de residuos anualmente al océano Pacífico. Tan solo en estos dos ríos, la contaminación generada supera 122,000 toneladas de residuos sólidos equivalentes al peso de más de mil ballenas azules (105 toneladas cada una). Esta mala gestión de residuos sólidos es resultado de una falla administrativa por organizaciones locales en municipalidades que deben lidiar con un problema generado fuera de sus territorios asignados y cuyos responsables son millones de personas actuando de forma desordenada y sin la educación ambiental adecuada alrededor de la zona metropolitana de Guatemala y las barrancas por las que transitan los ríos.

Como se observa en la Ilustración 1, durante el inicio de la época de lluvias del año 2023, grandes volúmenes de residuos sólidos fueron arrastrados hacia riachuelos y arrastrados hasta la hidroeléctrica Las Vacas ubicada en un punto de unión de varios riachuelos pequeños alrededor de la ciudad de Guatemala y municipios al norte de este. Tan solo en este lugar se acumulan cientos de toneladas de residuos sólidos que pudieron haber sido gestionados y recolectados de forma adecuada por distintas organizaciones municipales y gestionadas de forma rentable en centros de acopio y clasificación que permitieran gestionar estos residuos de forma económicamente sostenible.

Ilustración 1. Residuos colectados en el río Las Vacas que posteriormente fluirán hacia el río Motagua y al océano Atlántico. Fuente: The Ocean Cleanup. 2023.

Junto a los residuos sólidos, la generación de residuos líquidos que se generan en el área metropolitana de Guatemala no son debidamente regulados y administrados por las distintas municipalidades del territorio y, como resultado, la frecuente contaminación de riachuelos y ríos se observa solamente cuando alcanza niveles de toxicidad que acaban con la vida de peces y reptiles. En la zona metropolitana se han reportado numerosas contaminaciones de líquidos que han llegados a los periódicos debido al alto nivel de mortandad para animales. Sin embargo, no se realizan los controles metropolitanos adecuados para impedir la generación de contaminantes líquidos por las industrias y hogares generadores y tampoco se establecen las normativas de reparación para los daños generados al medio ambiente y/o a humanos y otros animales.

De acuerdo con la (Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo & Servicios para el Desarrollo (SER), 2014), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reportó que “más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas” y las principales fuentes de contaminación provienen de zonas urbanas como la del área metropolitana donde se acumulan y llegan a los ríos sin los sistemas de tratamiento adecuados que según (Funcagua, s/f) se generan como resultado de:

  1. Vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar.
  2. Vertido de desechos industriales sin tratamiento.
  3. Aumento en temperatura de agua ocasiona la baja de oxígeno en su composición.
  4. La deforestación y erosión del suelo.
  5. El uso de pesticidas y fertilizantes.
  6. Arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua.

La falta de legislación adecuada y programas de fiscalización metropolitana dificulta la regulación y prevención de contaminación de hogares e industria que desechan aguas con residuos químicos que contaminan las fuentes de agua. Al 2023, Guatemala aún no cuenta con una Ley de Agua que regule el dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las materias relacionadas con dicho dominio en el marco de las competencias delimitadas en la Constitución de la República de Guatemala y otras leyes vigentes. Como resultado, actualmente se le impide al Estado garantizar el derecho humano al agua y velar por la seguridad de esta. Actualmente, la falta de gestión en todo el país del agua es el resultado de una serie de normas dispersas sobre el tema que suelen estar sujetas a diferentes interpretaciones de los administradores municipales y los encargados de velar por la protección de los recursos. Como consecuencia, en su mayoría, las aguas residuales de los hogares y las industrias no son tratadas de forma holística y los municipios descargan sus residuos directamente a los ríos y lagos sin controles que permitan vislumbrar las externalidades negativas que la generación de contaminación en un municipio terminará teniendo en los demás.

La contaminación por gases, sólidos y líquidos que son generados en la ciudad de Guatemala es el resultado de un proceso histórico de desterritorialización que ha resultado en la ausencia de un sentido colectivo de responsabilidad por los medios geográficos de la ciudad de Guatemala y del área metropolitana de la ciudad de Guatemala que fomente la participación colectiva de todas las municipalidades en la creación de sistemas de manejo y gestión de residuos contaminantes. El no contar con un ente encargado a nivel metropolitano para atender estas necesidades y al existir un sistema de gobierno nacional con una débil participación presupuestaria para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales continuará siendo muy difícil que se creen los mecanismos participativos para solucionar la contaminación por residuos sólidos, líquidos y gaseosos que continúa incrementándose diariamente en la zona más densamente poblada de toda Centroamérica. Anualmente, con la llegada de las lluvias se visibilizan los problemas generados por la contaminación por residuos sólidos y la atención de los medios de comunicación y la preocupación de la población se hace notar. A lo anterior se le suma la escasez creciente del acceso a agua potable y a el acaparamiento con fines comerciales que actualmente realizan industrias para proveerse de agua en detrimento del acceso regulado y económicamente sostenible del agua como un recurso escaso.

Durante muchos años organizaciones locales y empresas privadas han buscado mejorar las condiciones de limpieza y reducción de la contaminación de residuos, pero desafortunadamente la escala requerida para solventar de raíz un problema de gran territorialidad se escapa de las manos de unos cuantos actores. Como se observa en las siguientes imágenes captadas en el río Las Vacas, las iniciativas de clasificación y residuos de desechos sólidos ya existen y continúan creciendo. Sin embargo, no son ni serán suficientes para resolver un cambio estructural que debe realizarse en cada hogar e industrias guatemaltecas donde la invisibilización de un problema ambiental demasiado grande para comprender y detener ha sido la causa (o excusa) de quienes han evitado llevar a la discusión nacional el fortalecimiento de los Ministerios y oficinas de gobierno nacional y municipal que deberían fomentar un manejo y gestión adecuados de los recursos naturales.

Ilustración 2. Fotografías captadas en la planta de acopio de la empresa BiosferaGT en las cercanías del Río Las Vacas a 11 kilómetros de distancia del centro de la ciudad de Guatemala. La acopiadora es parte de una asociación sin fines de lucro que cuenta con el patrocinio de empresas nacionales y multinacionales para la extracción y clasificación de residuos de plásticos PE, PP y PET; y el uso de estos residuos para la fabricación de madera plástica, empaques flexibles, envases de bebidas y textiles. Fuente: elaboración propia.

Referencias

Agenda 2030: ODS1

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 (ODS, por sus siglas) es poner fin a la pobreza antes del año 2030.

El fin de la pobreza en el mundo es uno de los principales objetivos que se han trazado todos los países miembros de las Naciones Unidas. Eliminar la pobreza implica reducir también las diferencias y la desigualdad y, en países como Guatemala, implica la implementación urgente de políticas nacionales que faciliten la generación de empleos, la mejora de la educación y de las condiciones de vida de la población.

A pesar de que al 2015, la pobreza extrema se había reducido a la mitad en todo el mundo, en Guatemala este indicador fracasó y casi 4 millones de guatemaltecos vivían en condiciones de extrema pobreza. Como resultado, desde el 2015 las migraciones a Estados Unidos y México de guatemaltecos buscando más y mejores oportunidades económicas se han incrementado.

Guatemala para el año 2030 tiene como objetivo: “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.”

Al año 2023, la pandemia de Covid-19 y los conflictos armados en Europa y Asia incrementaron de nuevos los niveles de pobreza mundiales y los gobiernos del mundo tendrán grandes retos para alcanzar sus objetivos y metas de la Agenda 2030. Centroamérica ha sido uno de los países más afectados por los incrementos de los costos de vida en los últimos años y esto se ha visto reflejado en un incremento de la pobreza, el crimen y la migración. A lo anterior, se suman las condiciones de precariedad existentes en vivienda e infraestructura pública que hacen más vulnerables a las personas en condiciones de pobreza para protegerse de los impactos negativos que el cambio climático está teniendo en la alimentación y el cultivo de alimentos básicos.

Los ODS son parte de una agenda compartida entre todos los países y funcionan como una herramienta común para alcanzar indicadores globales de mejora de las condiciones de vida para todas las personas. Guatemala se ha comprometido con sus ciudadanos y con los países del mundo para alcanzar en alianza los 17 ODS y los futuros gobiernos deberán velar por el alcance de estos compromisos. Reducir la pobreza mediante acciones legislativas, inversión estatal y privada y mediante programas de gobierno con impactos multidimensionales serán necesarios para mejorar las condiciones de vida económica y de salud, alimentación, educación, vivienda y acceso a los servicios básicos.